AJUSTE FISCAL

Caputo anuncia acuerdo con el FMI y asegura acceso a USD 1.000 millones para sostener el programa económico

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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que Argentina alcanzó un Staff-Level Agreement con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF). El entendimiento, sujeto a aprobación del Directorio del organismo, habilitaría un desembolso cercano a los USD 1.000 millones.

El anuncio se produjo tras negociaciones entre el equipo económico argentino y técnicos del organismo en Washington. Según lo informado, el acuerdo forma parte del seguimiento del programa vigente y apunta a consolidar el proceso de estabilización macroeconómica iniciado por el Gobierno.

Revisión del programa y señales al mercado

El entendimiento técnico se inscribe dentro del acuerdo de 48 meses firmado con el FMI. La segunda revisión evalúa el cumplimiento de metas fiscales, monetarias y externas, así como el avance de reformas estructurales.

De acuerdo al organismo, el proceso se dio en un contexto de fortalecimiento del “momentum reformista”, con la aprobación del Presupuesto 2026 y otras iniciativas legislativas vinculadas a formalización de activos, flexibilización laboral, acuerdos comerciales e incentivos a la inversión, particularmente en sectores estratégicos.

Además, el FMI destacó mejoras en el esquema monetario y cambiario, con compras de divisas por parte del Banco Central que superan los USD 5.500 millones en lo que va del año, lo que contribuye a reforzar las reservas.

Metas fiscales, reservas y política monetaria

El nuevo entendimiento incluye un paquete de políticas orientado a sostener la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y recuperar el crecimiento.

En el frente fiscal, el programa mantiene el equilibrio como ancla central, con un superávit primario proyectado de 1,4% del PBI. Este objetivo se apoya en el control del gasto público, aunque contempla márgenes para asistencia social focalizada.

En materia monetaria, se prevé continuar con una política contractiva, con medidas para reducir la volatilidad de tasas y mejorar la transmisión del crédito. También se profundiza el esquema cambiario con bandas más amplias y mayor transparencia en los objetivos del programa.

En el plano externo, el compromiso oficial apunta a incrementar las reservas internacionales netas en al menos USD 8.000 millones durante 2026, a partir de compras sostenidas de divisas y financiamiento en moneda extranjera.

El esquema de financiamiento incluye emisiones de deuda en dólares bajo legislación local, utilización de activos estatales, operaciones del Banco Central y préstamos externos.

Respaldo internacional y disciplina interna

El acuerdo refuerza la posición del Gobierno en dos niveles. Hacia el exterior, consolida el vínculo con el FMI y envía una señal de continuidad del programa económico ante los mercados. Hacia el plano interno, ratifica el rumbo basado en ajuste fiscal, desregulación y apertura.

El respaldo técnico del organismo también se apoya en avances legislativos recientes, lo que sugiere un alineamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en aspectos clave del programa.

Al mismo tiempo, el esquema establece condicionamientos claros: el cumplimiento de metas y la implementación de reformas estructurales siguen siendo requisitos para sostener el financiamiento y avanzar hacia el acceso a mercados internacionales.

Reservas, crédito y acceso a financiamiento

El desembolso potencial de USD 1.000 millones se suma a una estrategia más amplia de fortalecimiento de reservas, un punto crítico para la estabilidad cambiaria.

Según el FMI, la mejora en los buffers externos y la recomposición del marco macroeconómico buscan facilitar el retorno a los mercados internacionales de crédito en condiciones más favorables.

En paralelo, la continuidad de una política monetaria restrictiva y el orden fiscal apuntan a sostener el proceso de desinflación, aunque con impacto en la dinámica del crédito y la actividad económica.

Efectos indirectos en economías del NEA

Para regiones como el NEA y Misiones, el acuerdo no tiene medidas específicas, pero su impacto puede sentirse de forma indirecta.

La estabilidad macroeconómica, el acceso a financiamiento y la evolución del tipo de cambio inciden en variables clave para las economías regionales, como el costo del crédito, la inversión productiva y la competitividad exportadora.

En particular, sectores vinculados a la forestoindustria, la agroindustria y la energía podrían verse condicionados por la disponibilidad de financiamiento y el ritmo de apertura económica.

Aprobación pendiente y cumplimiento de metas

El acuerdo aún debe ser aprobado por el Directorio del FMI, paso necesario para habilitar el desembolso. Además, el cumplimiento de las metas fiscales, monetarias y de reservas será determinante para las próximas revisiones.

En el corto plazo, el foco estará en la evolución de las reservas, la dinámica inflacionaria y la capacidad del Gobierno para sostener el programa sin desvíos.

El entendimiento técnico marca un nuevo capítulo en la relación con el organismo, pero deja abierto el interrogante central: si el esquema actual logrará traducirse en estabilidad sostenida y recuperación económica.

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Milei ratifica ajuste y promete baja de inflación tras el 3,4% de marzo

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El presidente Javier Milei reconoció este martes el impacto del último dato de inflación —3,4% en marzo según el INDEC— pero aseguró que el proceso “va a empezar a bajar” en los próximos meses. Lo hizo durante su exposición en la AmCham Summit 2026, frente a empresarios y funcionarios, donde defendió la continuidad del programa económico y sostuvo que la economía retomará la senda de crecimiento.

El mandatario admitió que el índice “no le gustó” y que muestra una tendencia al alza desde mediados del año pasado, aunque lo vinculó a factores específicos: caída previa en la demanda de dinero, estacionalidad de marzo —con impacto en educación— y efectos externos como la guerra y el transporte, además del comportamiento de precios como la carne.

Inflación, teoría económica y estrategia oficial

En su exposición, Milei insistió en que el Gobierno no modificará el rumbo. Afirmó que la política monetaria se mantiene sin cambios y que el aumento reciente responde a ajustes de precios relativos más que a un fenómeno inflacionario estructural.

El Presidente explicó que durante la segunda mitad del año pasado se produjo una fuerte caída en la demanda de dinero, lo que impactó en variables como tasas de interés, riesgo país y nivel de actividad. Según su diagnóstico, ese proceso aún se está “purgando”, lo que explicaría parte de la dinámica actual de precios.

También señaló que la inflación mayorista se ubica en torno al 10% y que la economía debe converger hacia ese nivel, lo que implicaría una desaceleración progresiva del índice general.

Continuidad del ajuste y foco en el equilibrio fiscal

El mensaje central fue político: no habrá cambios en la estrategia. Milei confirmó que el Gobierno profundizará el ajuste fiscal, continuará con la reducción del gasto público y avanzará en desregulación económica.

En esa línea, ratificó que se seguirá “recortando el gasto” para bajar impuestos y sostuvo que se mantendrá la política de retirar pesos de circulación como mecanismo para contener la inflación.

Además, vinculó la recuperación económica a la recomposición del crédito y del capital de trabajo, variables que —según afirmó— ya muestran señales de mejora.

Señal al mercado y disciplina interna

El discurso ante AmCham funcionó como un mensaje directo al empresariado y a la dirigencia política. Por un lado, buscó sostener expectativas en torno al programa económico, incluso frente a datos adversos. Por otro, reforzó la idea de disciplina interna en el gabinete, al reiterar que no habrá desviaciones del equilibrio fiscal.

En ese marco, Milei también cuestionó a la “política” por lo que definió como intentos de desestabilizar el programa económico mediante iniciativas legislativas, aunque sostuvo que no lograron alterar el rumbo.

Entre la desaceleración y la expectativa de rebote

El reconocimiento del dato inflacionario y su explicación técnica reflejan una tensión central del programa: la coexistencia de señales de desaceleración con indicadores que aún muestran volatilidad.

Según lo planteado por el propio Presidente, la recuperación dependerá de la evolución de la demanda de dinero, el crédito y la estabilidad macroeconómica. La mejora en esas variables sería clave para reactivar el consumo y la inversión.

Efectos indirectos en economías del NEA

Aunque el discurso no incluyó referencias específicas a las provincias, el rumbo económico tiene impacto directo en regiones como Misiones y el NEA, donde la dinámica del consumo, el crédito y los costos logísticos resultan sensibles a la inflación y las tasas de interés.

Una eventual baja sostenida de la inflación podría aliviar costos productivos, mientras que la continuidad del ajuste fiscal mantiene bajo observación el nivel de obra pública y transferencias.

Escenario abierto

El Gobierno apuesta a que la inflación comience a descender en los próximos meses, apoyado en la recuperación de la demanda de dinero y la estabilidad fiscal. Sin embargo, variables como los precios internacionales, la evolución del crédito y el comportamiento del consumo seguirán marcando el ritmo.

El dato de marzo introdujo una señal de alerta que el Ejecutivo busca relativizar. La consistencia entre expectativas y resultados será uno de los factores a observar en el corto plazo.

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El Gobierno formalizó el auxilio financiero a doce provincias y redefine el equilibrio fiscal

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El Gobierno nacional formalizó el 1 de abril, mediante el Decreto 219/2026, un esquema de asistencia financiera por hasta $400.000.000.000 destinado a doce provincias, en un movimiento que combina contención fiscal con control político sobre las jurisdicciones. La medida, que incluye a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, llega en un contexto de restricciones de liquidez subnacional y abre una tensión implícita: ¿se trata de un salvataje transitorio o de un mecanismo de disciplinamiento fiscal en pleno ajuste?

El decreto no sólo habilita los anticipos, sino que fija condiciones estrictas de devolución dentro del mismo ejercicio fiscal, con una tasa fija nominal anual del 15% y la posibilidad de retención automática sobre fondos coparticipables. La decisión introduce un elemento central en la dinámica política: la Nación asiste, pero al mismo tiempo refuerza su capacidad de condicionar financieramente a las provincias.

Un instrumento legal con impacto directo en la caja provincial

La herramienta utilizada no es nueva, pero su implementación en este momento adquiere otra dimensión. El Gobierno se apoya en el artículo 124 de la Ley 11.672, que autoriza al Ministerio de Economía a otorgar anticipos a cuenta de la coparticipación federal. Bajo ese marco, las provincias deberán reintegrar los fondos mediante retenciones automáticas de los recursos que reciben por la Ley 23.548.

El decreto explicita que los gobernadores enfrentan dificultades transitorias para atender compromisos urgentes de gasto y amortización de deuda. Esa definición, técnica en su forma, traduce una realidad política concreta: tensiones en las finanzas provinciales que obligan a recurrir a la asistencia nacional.

Sin embargo, la asistencia no es neutra. La Secretaría de Hacienda definirá el monto específico para cada provincia en función de su capacidad de repago, medida a partir de su participación en la recaudación nacional. Esto introduce un criterio que combina técnica financiera con discrecionalidad administrativa.

Además, las jurisdicciones deberán autorizar la afectación de su coparticipación y otros recursos sin asignación específica, habilitando a la Nación a retener automáticamente los fondos necesarios para cancelar el anticipo más intereses. Es, en términos políticos, una cesión explícita de margen de maniobra.

Reordenamiento de tasas y señales de equidad interna

El decreto también modifica una decisión previa: sustituye la tasa de interés aplicada al anticipo otorgado a la provincia de Entre Ríos por el Decreto 922/2025, alineándola al 15% fijado en esta nueva medida. El argumento es “ajustar en equidad a todas las jurisdicciones”, pero la señal es más amplia.

La unificación de condiciones evita asimetrías entre provincias, pero también consolida un esquema uniforme de financiamiento donde la Nación fija las reglas del juego. En un contexto de recursos escasos, esa homogeneización puede leerse como un intento de ordenar el frente fiscal subnacional bajo parámetros centralizados.

Asistencia con condicionamientos

El impacto político del decreto trasciende lo financiero. Por un lado, las provincias acceden a liquidez inmediata para afrontar compromisos urgentes, lo que reduce el riesgo de tensiones administrativas o atrasos en pagos. En ese sentido, la medida descomprime en el corto plazo.

Por otro lado, el mecanismo refuerza la dependencia de las provincias respecto del Tesoro Nacional. La posibilidad de retenciones automáticas sobre la coparticipación limita la autonomía fiscal y coloca a las jurisdicciones en una posición de mayor exposición frente a decisiones del Poder Ejecutivo.

La inclusión de un conjunto amplio de provincias —sin distinción explícita en el texto— sugiere una estrategia de cobertura federal, pero también diluye la posibilidad de que alguna jurisdicción quede al margen del esquema de condicionamientos.

Un movimiento táctico en un tablero en tensión

El anticipo financiero dispuesto por el Decreto 219/2026 se inscribe en un momento donde la recaudación muestra señales de desaceleración y las cuentas públicas enfrentan presión. En ese contexto, el Gobierno opta por sostener a las provincias sin resignar herramientas de control.

La clave estará en la implementación: los acuerdos individuales que firme la Secretaría de Hacienda, los montos efectivamente asignados y la dinámica de las retenciones marcarán el verdadero alcance político de la medida.

En las próximas semanas, el foco se desplazará hacia cómo reaccionan las provincias frente a estas condiciones y si el esquema logra estabilizar las finanzas subnacionales sin abrir nuevos frentes de conflicto. La asistencia ya está en marcha; el equilibrio, en cambio, sigue en construcción.

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Crisis del transporte en las provincias: cae la cantidad de pasajeros y se agrava la presión sobre el precio del boleto

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El transporte público de pasajeros en el interior del país enfrenta una crisis estructural que combina caída de usuarios, retiro del apoyo nacional y crecientes tensiones entre empresas y gobiernos provinciales. La decisión del Gobierno de eliminar el sistema de subsidios para las provincias dejó a los sistemas urbanos bajo una presión inédita: menos pasajeros, tarifas más altas y empresas que comienzan a abandonar servicios.

La situación quedó expuesta en las últimas semanas con dos episodios que sintetizan el escenario. En Rosario de la Frontera, en Salta, la empresa Aponte SRL anunció la suspensión definitiva del servicio tras una fuerte caída en el corte de boletos. En paralelo, en Chaco, la firma ERSA Urbano comunicó que dejará de operar el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (SITAM) a partir del 30 de abril.

El dato central no es solo la salida de empresas. Es el contexto en el que ocurre: el número de pasajeros transportados se reduce mes a mes, mientras los costos del sistema continúan subiendo. Esa combinación genera una ecuación que hoy parece difícil de sostener en buena parte del interior del país.

Empresas, provincias y el vacío que dejó la Nación

La crisis del transporte provincial se explica por una cadena de decisiones que comenzó con la retirada del Estado nacional del esquema de subsidios al interior. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires mantiene asistencia estatal, las provincias deben sostener el sistema con recursos propios o trasladar los costos al boleto.

El conflicto de Chaco expone esa tensión. La empresa ERSA Urbano, que opera líneas como la 101, 107, 2, 9, 106, 204 y 205 entre Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, anunció su retiro argumentando falta de rentabilidad y abrió un proceso preventivo de crisis.

El gobierno provincial rechazó esa justificación y anticipó sanciones contractuales, ejecución de garantías e incluso acciones judiciales para impedir la salida del operador. Según la administración provincial, entre julio de 2025 y marzo de 2026 se transfirieron más de $463 millones en asistencia financiera a la empresa. A ese monto se suman otros aportes: $500 millones en julio de 2025, $400 millones en noviembre de 2025 y $400 millones en febrero de 2026 mediante el programa “Chaco Subsidia”.

Las autoridades también recordaron que las unidades del sistema fueron adquiridas mediante créditos del Nuevo Banco del Chaco cuyas cuotas paga el propio Estado provincial.

El conflicto refleja una paradoja política: las provincias intentan sostener el servicio con recursos propios mientras las empresas reclaman condiciones de rentabilidad en un mercado que pierde pasajeros.

Menos pasajeros y más costos: la ecuación que presiona al sistema

Detrás de la crisis aparece una variable que atraviesa a casi todas las jurisdicciones: la caída sostenida de la demanda.

En Salta, los viajes pagos descendieron de 9,2 millones en enero de 2025 a 7,8 millones en enero de 2026. La reducción representa 1,6 millones de viajes menos en apenas doce meses, equivalente a una contracción del 16%.

El fenómeno también se observa en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde la baja oscila entre el 8% y el 22%, según datos del sector empresario.

Sin embargo, el impacto es muy distinto entre el AMBA y el interior. Mientras el sistema metropolitano mantiene subsidios nacionales, en las provincias el boleto mínimo supera los $1.500 en ciudades como Bariloche, Córdoba o Rosario.

En Tucumán, empresarios del sector estiman que la caída de pasajeros ronda el 32% respecto de 2025. Allí el gobierno provincial destina cada mes $4.900 millones para sostener el sistema, a lo que se suman $900 millones del municipio de San Miguel de Tucumán.

Ese esfuerzo financiero permite mantener políticas como el Boleto Estudiantil Gratuito y descuentos de hasta el 50% para docentes. Pero la presión sobre los costos sigue creciendo.

En el último mes, el litro de gasoil pasó de $1.500 a $1.795. Al mismo tiempo, el costo laboral acumulado desde enero alcanza el 18% tras la última paritaria con el gremio de choferes UTA. En el esquema de costos del sector, los salarios ya representan cerca del 60%.

El impacto social y la desigualdad territorial del ajuste

La crisis del transporte público no solo expone un problema económico. También revela una tensión política vinculada a la distribución territorial del ajuste fiscal.

En ciudades pequeñas o medianas, el transporte urbano cumple una función esencial para el acceso al trabajo, la educación y los servicios públicos. Cuando el sistema se debilita, el impacto se traslada directamente a la vida cotidiana.

En San Salvador de Jujuy, por ejemplo, el boleto más caro alcanza los $2.035. Para un trabajador que utiliza el colectivo diariamente, el gasto representa una proporción significativa del salario mínimo.

Las consecuencias ya se sienten en el mercado laboral del sector. En Chaco, la salida de ERSA pone en riesgo a más de 230 trabajadores y genera incertidumbre sobre la continuidad de los servicios que utilizan miles de usuarios.

La línea 904, que conecta Resistencia con Corrientes a través del puente General Belgrano, también podría verse afectada, aunque su operación depende de jurisdicción nacional.

El avance de nuevas formas de movilidad

Otro factor que explica la caída de pasajeros es el crecimiento de aplicaciones de movilidad, especialmente servicios de moto que compiten con precios flexibles.

En varias ciudades del norte del país estas plataformas capturan una parte creciente de los viajes que antes realizaban los colectivos. La tendencia se combina con cambios estructurales en los hábitos de movilidad, como el teletrabajo y la reducción de desplazamientos cotidianos.

La suma de variables configura lo que algunos actores del sector describen como una “multicausalidad”: crisis económica, nuevas formas de transporte, menor demanda y retiro del financiamiento nacional.

Un sistema en transición

La crisis actual plantea un interrogante de fondo sobre el futuro del transporte público en el interior del país.

Si las provincias deben sostener el sistema sin subsidios nacionales, el margen fiscal será cada vez más estrecho. Si las tarifas continúan aumentando para cubrir costos, la demanda podría seguir cayendo.

En varias jurisdicciones ya se analizan alternativas para evitar el colapso de los servicios, desde nuevas licitaciones hasta esquemas de subsidios provinciales más agresivos.

Pero el problema central permanece abierto: el transporte público funciona como un servicio esencial, aunque cada vez se lo somete más a la lógica del mercado.

El desenlace de esa tensión —entre servicio público y rentabilidad privada— comenzará a definirse en los próximos meses, cuando los gobiernos provinciales deban decidir cuánto están dispuestos a financiar para evitar que el sistema termine de vaciarse.

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El 8M en perspectiva económica

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8M y economía: un informe advierte que las brechas de género se profundizan en el nuevo esquema fiscal. Un diagnóstico económico que reabre la discusión política sobre el modelo

En la antesala de un nuevo 8 de marzo, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe que vuelve a poner en el centro del debate el impacto social del actual programa económico. El documento sostiene que las políticas implementadas durante la gestión del gobierno nacional no afectan de forma neutral a la población, sino que amplían brechas estructurales entre varones y mujeres, especialmente en empleo, ingresos, acceso a políticas públicas y protección social.

Los datos relevados al tercer trimestre de 2025 muestran un patrón persistente: menor participación femenina en el mercado laboral, mayor precariedad, ingresos más bajos y una sobrerrepresentación en los segmentos de menores recursos. La pregunta que subyace al diagnóstico no es solo estadística. También es política: ¿puede sostenerse un programa de ajuste fiscal sin ampliar desigualdades preexistentes?

El informe propone leer las cifras dentro de un contexto más amplio: la reconfiguración del gasto público, la reforma laboral aprobada en febrero y los cambios en programas sociales y de cuidados, que forman parte del nuevo equilibrio fiscal impulsado por la administración nacional.

Radiografía de las brechas: empleo, ingresos y pobreza

Los indicadores laborales muestran una desigualdad persistente entre varones y mujeres.

La tasa de actividad femenina alcanza el 52,6%, mientras que en los varones llega al 70,1%, una diferencia de 17,5 puntos porcentuales. La brecha también se observa en el desempleo: 7,4% para mujeres frente a 5,9% en varones.

En materia de informalidad laboral la distancia también aparece, aunque más acotada. El 38% de las mujeres trabaja en condiciones informales, frente al 35,5% de los varones.

La brecha salarial resulta todavía más marcada. Según el informe, los ingresos masculinos superan entre 27,3% y 29% a los femeninos, diferencia que se amplía hasta 40% entre trabajadores informales.

Ese diferencial tiene consecuencias directas sobre la estructura social. Las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos, un aumento respecto al 61,4% del año anterior, lo que refuerza el fenómeno que los economistas denominan “feminización de la pobreza”.

La contracara es la distribución en los niveles altos de ingresos. En el decil superior, la participación femenina cae al 37%, mientras que 63% de ese segmento corresponde a varones.

El peso del trabajo no remunerado

Uno de los factores estructurales que condiciona la inserción laboral femenina se encuentra fuera del mercado de trabajo formal.

El informe señala que las mujeres dedican tres horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado, lo que impacta en su disponibilidad para empleos formales o de jornada completa.

Ese patrón se refleja también en la composición sectorial del empleo. El trabajo en casas particulares, altamente feminizado, muestra cifras contundentes: 98,8% de quienes desempeñan esa actividad son mujeres.

Además, el sector sufrió un deterioro reciente. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 22.436 puestos de trabajo, acompañado por una caída del salario real del 35,2%.

El impacto del ajuste en políticas públicas

El informe del CEPA pone especial atención en el rediseño presupuestario implementado en los últimos años. Según el relevamiento, el presupuesto 2026 consolidó la reducción o eliminación de programas orientados a reducir desigualdades de género.

El dato central: 7,5 de cada 10 programas vinculados a la reducción de brechas sufrieron recortes o directamente dejaron de existir.

Entre los principales cambios se destacan: Moratoria previsional: ajuste del 41,71%. Prestación Alimentar: reducción del 17,26%. Pensiones para madres de siete hijos: caída del 0,83%.

En contraste, el único programa con crecimiento real es la Asignación Universal por Hijo, que registra un aumento del 74,64%, interpretado en el informe como un mecanismo de contención social frente al ajuste general.

En paralelo, tres programas orientados a reducir brechas laborales —Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven— fueron virtualmente eliminados en el presupuesto proyectado para 2026.

Violencia, salud y políticas de cuidado: el reordenamiento presupuestario

Las áreas vinculadas a políticas de género también muestran cambios significativos.

Los programas destinados a protección de víctimas de violencia de género registraron un ajuste global del 86,5% respecto a 2023.

En el mismo período, la Línea 144, destinada a la atención de casos de violencia, registró una caída del 90% en la cantidad de personas asistidas durante 2025, mientras que la meta proyectada para 2026 sería 79,1% menor que en 2023.

En el área de salud sexual también aparecen modificaciones relevantes: Educación Sexual Integral (ESI): reducción del 98%, quedando sin crédito presupuestario para 2026. Salud Sexual y Procreación Responsable: ajuste del 20,9%. Programa de VIH e infecciones de transmisión sexual: incremento del 11,2%.

El informe agrega un dato llamativo: durante 2025 no se distribuyó ningún preservativo en el marco del programa nacional correspondiente.

En el campo de las políticas de cuidado, la paralización de la obra pública impactó en programas vinculados a infraestructura social. Según el documento, no se proyecta construir ningún jardín de infantes en 2026, tras la eliminación de programas de infraestructura educativa y de cuidado.

Reforma laboral y tensiones sobre derechos laborales

El documento también analiza los efectos potenciales de la reforma laboral aprobada en febrero, que introduce cambios en el funcionamiento del mercado de trabajo.

Entre los aspectos destacados aparecen: Fondo de Asistencia Laboral (FAL): financiado con aportes patronales equivalentes al 1% del salario en grandes empresas y 2,5% en PyMES, compensado con reducción de contribuciones al sistema previsional. Despido por embarazo: se elimina la posibilidad de solicitar reincorporación, limitando la respuesta estatal a una indemnización agravada. Banco de horas: permite compensar horas extras con descanso en lugar de pago. Teletrabajo: derogación de la ley que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral. Período de prueba: extensión a seis meses para trabajadoras de casas particulares, cuando antes era de 15 días.

Según el informe, estos cambios podrían generar mayor flexibilidad laboral pero también nuevas tensiones en materia de estabilidad e ingresos, particularmente en sectores con alta presencia femenina.

Un debate económico que trasciende el 8M

El informe del CEPA llega en un momento de fuerte discusión pública sobre el rumbo económico del país. El gobierno nacional sostiene una estrategia centrada en orden fiscal, reducción del gasto y desregulación del mercado laboral, mientras distintos centros de estudios advierten sobre impactos sociales diferenciados.

Las cifras presentadas no resuelven el debate. Pero sí introducen un elemento que vuelve cada año en la agenda del 8 de marzo: la economía no es neutral. Las decisiones fiscales, laborales y presupuestarias reordenan incentivos, recursos y oportunidades.

La discusión que se abre hacia adelante no será solo estadística. También será política: cómo se distribuyen los costos del ajuste y quiénes quedan más expuestos en el nuevo equilibrio económico.

8M 2026 en Perspectiva Económica by CristianMilciades

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