AJUSTE FISCAL

Argentina cumple la meta con el FMI, pero con fuerte ajuste y rojo oculto

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El Sector Público Nacional (SPN) cerró agosto con un superávit primario de $1,56 billones, aunque el resultado financiero fue deficitario en $0,39 billones, tras destinar $1,17 billones al pago de intereses de deuda. No obstante, al incluir los intereses capitalizados en las LECAP, el déficit real se amplía a $2,86 billones en agosto y acumula $14,59 billones en los primeros ocho meses de 2025, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Los ingresos totales del SPN alcanzaron $11,36 billones, con una suba real del 2,7% interanual, pese a la eliminación del Impuesto PAIS a fines de 2024. Entre los tributos, se destacaron las caídas en Bienes Personales (-79,5% i.a.) y en el rubro “Resto de tributos” (-52,1% i.a.), que incluía al Impuesto PAIS. Los derechos de exportación retrocedieron 29,8% interanual, mientras que los derechos de importación crecieron 35,8% i.a., impulsados por el aumento del comercio exterior.

En paralelo, las Rentas de la Propiedad casi se duplicaron (+199,3% i.a.), gracias a transferencias extraordinarias del Banco Nación por utilidades de inversiones financieras.

El gasto público: subsidios y obra pública en retroceso

El gasto total fue de $9,8 billones, lo que implica una contracción de 6,4% interanual y de 28,6% frente a 2023. El ajuste alcanzó a casi todas las partidas:

Jubilaciones y pensiones: +9,1% i.a., pero aún 3,1% por debajo de 2023. Desde junio se aplica un aumento de 7,2% en haberes y un bono de $110.000, ajustado por inflación.

Universidades: crecieron 9,3% i.a., aunque permanecen 24,7% debajo de 2023.

Subsidios económicos: cayeron 47,2% i.a.; los de energía se redujeron 51,1% y los de transporte 26,2%, tras la eliminación de compensaciones en el AMBA.

Obra pública: gasto de capital con baja de 37,2% i.a. y desplome de 82,2% frente a 2023.

Programas sociales: recorte de 31,3% i.a. y 63,7% respecto de 2023, afectando Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

FMI, metas fiscales y perspectivas

Pese al ajuste, el SPN acumula hasta agosto un superávit primario de $11 billones, superando la meta anual de $10,52 billones acordada con el FMI. Para sostenerla, será necesario mantener un promedio mensual de $0,22 billones de superávit hasta diciembre.

Sin embargo, el déficit financiero real refleja la presión que ejercen los instrumentos de deuda en pesos indexados. Para CEPA, el desafío será sostener la disciplina fiscal sin profundizar la contracción social y sin afectar la capacidad de crecimiento.

El sendero elegido abre interrogantes sobre la gobernabilidad política, en un año donde el ajuste impacta en subsidios, obra pública, salarios estatales y programas sociales.

2025 09 19 Informe Fiscal Agosto 2025 by CristianMilciades

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Presupuesto 2025: el Gobierno recorta en Cultura y Comunicación y refuerza Justicia y transferencias a provincias

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En medio de las tensiones fiscales y el objetivo de alcanzar un superávit primario del 1,6% del PBI, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron la Decisión Administrativa 23/2025, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial. La medida introduce modificaciones significativas al Presupuesto General de la Administración Nacional, con impacto directo sobre salarios estatales, programas sociales, organismos descentralizados y empresas públicas.

La normativa se dicta en el marco de la Ley 27.701 de Presupuesto 2023, prorrogada para 2025 conforme al artículo 27 de la Ley de Administración Financiera 24.156. Según los considerandos, la adecuación busca “afrontar gastos impostergables para el normal funcionamiento de las jurisdicciones”, priorizando salarios, transferencias y servicios básicos, mientras se compensan reducciones en gastos de capital.

Entre las justificaciones, se destaca la necesidad de:

  • Atender refuerzos en créditos de personal y gastos de funcionamiento.
  • Cumplir con transferencias específicas establecidas por decretos previos, como el Decreto 377/2025, que derivó fondos de la Secretaría General de Presidencia al Ministerio de Defensa.
  • Incorporar recursos provenientes de la aplicación del Decreto 575/2025, que regula la administración de bienes recuperados de actividades ilícitas.

Ajustes presupuestarios: quién gana y quién pierde

Las planillas anexas muestran con precisión el destino de los cambios:

  • Recortes en Presidencia y Cultura: La Secretaría General de la Presidencia reduce $7.138 millones en gastos corrientes, principalmente en consumo, viáticos y servicios de comunicación institucional. La Secretaría de Cultura también ajusta $3.602 millones, con impacto en museos, organismos estables y transferencias al Instituto Nacional del Teatro.
  • Refuerzos en el Ministerio Público y la Justicia: se destinan más de $13.179 millones al Ministerio Público para obras de infraestructura (nuevas sedes en Tucumán, Bahía Blanca, La Pampa, Esquel y Formosa). La Corte Suprema recibe $2.000 millones para equipamiento.
  • Jefatura de Gabinete: la Vicejefatura Ejecutiva incorpora $5.237 millones, en su mayoría para salarios, contratación de personal y servicios de limpieza. En contraste, programas de federalización científica y turismo registran ajustes negativos por más de $3.800 millones.
  • Transferencias a provincias y municipios: destacan $8.800 millones destinados a administraciones provinciales para obras de capital, bajo el paraguas de la Vicejefatura del Interior. Al mismo tiempo, se reducen transferencias a fondos fiduciarios como el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (–$12.848 millones).
  • Políticas ambientales: se readecúa el Programa de Control Ambiental con un esquema mixto de incrementos y bajas, incluyendo proyectos financiados por el BID para construcción de centros ambientales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Formosa y Córdoba.

Reorganización de cargos y reasignaciones institucionales

El Artículo 2° de la Decisión redistribuye cargos entre ministerios y organismos descentralizados:

  • +17 cargos para la Secretaría de Justicia.
  • –16 cargos en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Ministerio de Capital Humano).
  • Transferencias puntuales: un cargo del Ministerio de Seguridad Nacional al Ministerio de Justicia, y uno del Instituto Nacional del Teatro al Tribunal Fiscal de la Nación.

Estas modificaciones responden a decretos anteriores que ordenaron la reestructuración ministerial, como el Decreto 151/2025 sobre el Instituto Emilia y Manuel Patiño y la Decisión Administrativa 6/2025.

La adecuación revela la prioridad del Ejecutivo por sostener la caja corriente —salarios, transferencias y gastos sociales— en detrimento de los gastos de capital, lo que podría afectar la inversión en infraestructura.

En el plano político, el ajuste sobre Cultura, Comunicación y Presidencia será leído como una señal de austeridad en áreas de alta visibilidad pública, mientras que el fortalecimiento del Ministerio Público y la Justicia refuerza la capacidad institucional en medio de la agenda de reformas judiciales.

Las provincias aparecen como receptoras netas de recursos, aunque con un esquema selectivo que puede tensar la relación con gobernadores por el manejo discrecional de transferencias.

Próximos pasos

La Decisión Administrativa 23/2025 marca un cambio de prioridades en la ejecución presupuestaria. De cara a los próximos meses, los analistas anticipan:

  • Mayor presión para nuevas adecuaciones si la inflación erosiona la capacidad real de las partidas.
  • Discusiones políticas sobre el sesgo del ajuste hacia recortes en cultura, comunicación y programas sociales.
  • Un seguimiento atento del cumplimiento de los compromisos de deuda pública, ya que la Jurisdicción 90 –Servicio de la Deuda– también fue ajustada para garantizar pagos.

El documento subraya que la medida se dicta en el marco del artículo 37 de la Ley 24.156, lo que otorga al Jefe de Gabinete amplias facultades para reestructurar el presupuesto sin pasar por el Congreso.

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Milei vetó la ley de financiamiento universitario

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El presidente Javier Milei firmó este miércoles el veto total a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por ambas cámaras en agosto. La norma preveía la recomposición de partidas presupuestarias para las universidades públicas, actualización salarial docente y no docente, y la creación de fondos específicos para infraestructura, becas y carreras estratégicas. El decreto con el rechazo fue publicado en el Boletín Oficial y remitido al Congreso, que deberá definir si lo ratifica o lo rechaza.

El proyecto había sido reclamado por el sistema universitario en su conjunto y votado con mayoría parlamentaria. Establecía un esquema de financiamiento progresivo, equivalente al 1% del PBI en 2026, con una meta de 1,5% hacia 2031.

En los fundamentos del veto, el Ejecutivo argumentó que la normativa generaba un “incremento desproporcionado del gasto público sin recursos suficientes para solventarlo”, lo que derivaría en un desequilibrio fiscal y en riesgos macroeconómicos.

Según el texto oficial, un aumento del gasto sin respaldo real obligaría a financiarse con emisión monetaria, trasladando “un costo al conjunto de la sociedad en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de los salarios”.

La Casa Rosada defendió la medida como parte del compromiso de “lograr el equilibrio fiscal y mantenerlo a largo plazo”, advirtiendo que el ámbito adecuado para discutir asignaciones es el proyecto de Presupuesto 2026, que Milei presentará por cadena nacional el próximo lunes.

El Congreso y los sindicatos universitarios preparan la respuesta

El veto presidencial abre un nuevo frente de disputa con el Parlamento. El Congreso tiene ahora la potestad de insistir con la sanción original –lo que requeriría mayoría especial– o convalidar la decisión del Ejecutivo.

El antecedente inmediato no favorece al Gobierno: semanas atrás, ambas cámaras rechazaron el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en una derrota política que expuso las dificultades del oficialismo para sostener apoyo legislativo.

En paralelo, los sindicatos universitarios anunciaron un paro nacional y cortes de calle en facultades, además de una movilización frente al Congreso cuando se trate el tema. “El veto demuestra la falta de compromiso del Gobierno con la educación pública y la comunidad académica”, señalaron dirigentes gremiales, que ya habían realizado medidas de fuerza los días 1 y 2 de septiembre.

El veto a la ley universitaria se suma a la decisión oficial de rechazar también la Ley de Emergencia Pediátrica (Hospital Garrahan) y la de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por los gobernadores. Este paquete de vetos refuerza la estrategia del Ejecutivo de sostener el ajuste fiscal incluso frente a consensos parlamentarios amplios.

Para el Gobierno, la señal es clara: ninguna iniciativa que implique un aumento del gasto sin financiamiento sustentable tendrá luz verde. Para el Congreso y los sindicatos, en cambio, se trata de una ofensiva contra la educación pública y las provincias.

En este escenario, la discusión por el Presupuesto 2026 aparece como el próximo capítulo de una pulseada política que definirá la magnitud del ajuste, el alcance de la autonomía universitaria y el margen de gobernabilidad de Milei tras las elecciones legislativas de octubre.

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Tensión fiscal: Nación acusa a provincias de aumentar 0,7% del PBI en gasto

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El Gobierno nacional advirtió que las jurisdicciones subnacionales incrementaron el gasto en 0,7 puntos del PBI en 2025, contrariando la política de ajuste fiscal de Nación. Desde el Ministerio de Economía anticipan reformas y nuevos controles para alinear las cuentas provinciales con la meta de déficit cero.

En un nuevo capítulo de tensión fiscal, el equipo económico de Javier Milei acusó a provincias y municipios de no acompañar el ajuste que la Casa Rosada impulsa desde diciembre de 2023. Según datos del Ministerio de Economía, mientras el gasto público nacional cayó al 14,6% del PBI, el consolidado de provincias y municipios trepó del 16,6% en 2024 al 17,3% en el primer semestre de 2025, un aumento equivalente a 0,7 puntos del producto.

El contraste refuerza la narrativa oficial de que el ordenamiento fiscal requiere un compromiso integral. “El gasto público nacional no ha parado de bajar. Sin embargo, provincias y municipios aumentaron el gasto en 2025”, señaló Felipe Núñez, asesor del ministro Luis Caputo, a través de redes sociales.

Contenido técnico: cifras y referencias oficiales

  • Gasto consolidado subnacional (provincias y municipios): 17,3% del PBI (junio 2025).
  • Gasto consolidado en 2024: 16,6% del PBI.
  • Gasto nacional: 14,6% del PBI (junio 2025).
  • Niveles previos: 18,7% del PBI a fines de 2023.
  • Fuente: Ministerio de Economía (Nación) y datos provinciales a marzo.

En el caso de los municipios, las cifras son preliminares y responden al primer trimestre del año. Para el Palacio de Hacienda, el desvío en el gasto pone en riesgo los equilibrios alcanzados en el nivel nacional y amenaza la consistencia del ancla fiscal.

El reclamo se enmarca en la creación del Consejo de la Libertad, organismo que buscará diseñar reformas liberales para que las provincias “acompañen el camino de la Nación hacia la libertad”, según palabras del presidente Milei. La estructura convivirá con el Consejo de Mayo —encargado de velar por el cumplimiento del Pacto de Mayo— y con el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, reactivado por Caputo en 2024 tras cinco años de inactividad.

El objetivo común es avanzar hacia la meta de reducir el gasto público consolidado al 25% del PBI, compromiso asumido en el Pacto de Mayo. La ofensiva se complementa con el veto presidencial a leyes con impacto fiscal, la prohibición de financiar gasto primario con emisión monetaria y el próximo envío al Congreso de un proyecto para “amurallar” el déficit cero.

La advertencia oficial llega en medio de un año electoral y tras una serie de votaciones en la Cámara de Diputados que, a juicio del Ejecutivo, incrementan el gasto. El presidente ya vetó iniciativas como la suba del 7,2% en las jubilaciones y el aumento del bono previsional, la reinstauración de la moratoria y la declaración de la emergencia en discapacidad.

Para el Gobierno, cualquier deterioro del equilibrio fiscal puede trasladarse rápidamente a precios y tipo de cambio. “Si vos afectás el ancla fiscal, podés tener una caída de la demanda de dinero y eso es inflacionario”, advirtió el consultor Federico Domínguez, enfatizando que el mero cambio de expectativas puede impactar en el mercado cambiario.

Provincias: aumento del gasto, pero con superávit

Pese al señalamiento de Nación, informes privados como el de Eco Go muestran que el gasto primario provincial (sin municipios) llegó al 15,1% del PBI en el primer trimestre de 2025, tras un piso de 14,4% en el tercer trimestre de 2024. Aunque implica un repunte, se mantiene por debajo del pico de 17,1% en 2023 y de los máximos históricos de 2017 (17,8%).

La consultora Politikón Chaco informó que el consolidado de provincias y CABA sumó $25,7 billones de gasto total en el primer trimestre, con un alza real interanual del 16,4%, pero aún 12,2% por debajo de 2023. Además, cerraron el período con superávit financiero del 0,27% del PBI y superávit primario del 0,34%, aunque en niveles menores a los del año anterior.

El Ministerio de Economía anticipa que el foco estará en “alinear” la dinámica del gasto provincial y municipal con la meta nacional. El Consejo de la Libertad será la herramienta política y técnica para promover reformas estructurales y condicionar transferencias discrecionales.

La expectativa oficial es que el debate se traslade al Congreso con la ley de blindaje fiscal. Sin embargo, economistas advierten que la ejecución presupuestaria subnacional responde a factores estacionales y políticos —como el calendario electoral y la obra pública—, lo que podría tensar la relación Nación-provincias en la segunda mitad del año.

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Un giro ortodoxo ante la escasez de dólares

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Un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz hace foco en las medidas de ajuste ante la fuga de divisas y la necesidad de cumplir las metas fiscales acordadas con el FMI.

La estructura económica se impone como una restricción que condiciona la política, obligando al peronismo a un ajuste de la economía para estabilizar el mercado de cambios ante el bajo nivel de reservas internacionales. La intención de ampliar el mercado interno mediante un círculo virtuoso que se inicia en el consumo, impulsa la producción y permite mejorar los ingresos reales de amplios sectores de la población se ve relegada ante la necesidad de frenar la corrida financiera, cambiaria y, aunque sea tardíamente, acumular reservas.

En 2019, el  gobierno liberal de Macri se vio obligado a reintroducir los controles cambiarios, que había eliminado al iniciar su gestión, ante el riesgo de desestabilizador que generaba la corrida cambiaria del fin de su mandato. Hoy vemos al peronismo virar hacia políticas económicas de corte ortodoxo en un intento de ganarse la “confianza de los mercados” y atenuar las presiones sobre el dólar de los últimos meses. En uno y otro caso es la economía la que impone restricciones a la política señalándole los límites de lo posible en términos de la ampliación de las bases materiales de una sociedad.

Ante las presiones cambiarias, el plan Massa parece optar por un ajuste vía ingresos, centrado en la reducción del gasto público y las restricciones a importar, mientras se ofrecen estímulos a sectores exportadores para que liquiden divisas y se pasa la gorra a nivel internacional en búsqueda de dólares financieros. Se evita un ajuste vía precios ya que una devaluación brusca, partiendo de los actuales niveles de inflación, se juzga riesgosa en términos de estabilidad económica y social. […]


CLAVES DEL INFORME


► La estructura económica se impone como una restricción que condiciona la política, obligando al peronismo a un ajuste de la economía para estabilizar el mercado de cambios ante el bajo nivel de reservas internacionales.

► El plan Massa parece optar por un ajuste vía ingresos, centrado en la reducción del gasto público y las restricciones a importar, mientras se ofrecen estímulos a sectores exportadores para que liquiden divisas y se “pasa la gorra” a nivel internacional en búsqueda de dólares financieros.

► Se evita un ajuste vía precios ya que una devaluación brusca, partiendo de los actuales niveles de inflación, se juzga riesgosa en términos de estabilidad económica y social.

► El “ancla fiscal y monetaria” puede tener algún efecto sobre el mercado de cambios (vía caída de la actividad e importaciones, junto a una menor liquidez que reduce las fuentes de presión sobre el dólar paralelo). Sin embargo, no tiene efectos concretos sobre una inflación de base inercial. Por el contrario, el salto en las tarifas de los servicios públicos para equilibrar las cuentas públicas, alimenta aún más las tasas de aumento de los precios que amenazan con alcanzar los tres dígitos.

► El plan Massa debe ser un puente hacia un programa de estabilización de precios heterodoxo que relance la gestión al dar respuesta a la principal demanda de la sociedad en materia económica: una estabilidad de precios que permita la recomposición de los ingresos.

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