El presidente Mauricio Macri consiguió, ahora sí, imponer las condiciones para iniciar su gobierno a placer. Las reformas fiscales, laboral y previsional contarán con la bendición de la mayoría de los gobernadores que aportaron su grano de arena para que el Gobierno nacional cuente con las herramientas que considera necesarias para salir del pantano.
Ahora sí, se espera, comience el ansiado segundo semestre, la llegada de inversiones y la generación de empleo.
Contar con tanto respaldo, obliga también, a Macri, a comenzar a dar verdaderas respuestas. Ya no puede ser una excusa la falta de respaldo. Superada la primera prueba electoral, el Presidente presionó por las reformas para relanzar su gestión. El efecto amarillo obligó a los gobernadores a deponer algunos reparos y poner su firma en un acuerdo en el que, hay que decirlo, hubo un empate técnico en lugar de las habituales derrotas provinciales de pactos anteriores, acostumbrados en los 80 y 90, previos a la gran crisis desatada.
El último gran pacto fiscal fue firmado el 20 de noviembre de 2000, un año y un mes antes de la caída del efímero Fernando De la Rúa. “Se congela el gasto público en la Nación y las Provincias por cinco años. Es una medida que reclama el FMI para así garantizar un apoyo financiero que superaría los 17 mil millones de dólares. Otra es la reforma previsional que recorta futuras jubilaciones”, rezaba el diario Clarín en ese entonces.
Las cláusulas son idénticas al pacto actual. El escenario, claro está, es distinto. Pese al enorme endeudamiento acumulado en los primeros dos años de gobierno de Macri, se está lejos de la bomba de tiempo que no supo controlar el radical antes de huir en helicóptero.
Para las provincias, en cambio, es un acuerdo en el que al menos pudo rescatarse un “empate técnico” en lugar de una derrota catastrófica. Al menos en el corto plazo no resignarán recursos cuantiosos. Pero habrá restricciones de gasto y pérdida de independencia fiscal, con la imposición de rebajas de impuestos para alentar hipotéticas inversiones.
El nuevo escenario es ideal para el sector empresario, que pagará menos impuestos y tendrá menos costos laborales. Es su momento y las reformas van en línea con lo que se reclama en los foros y cámaras locales y nacionales. Al igual que al Presidente, el acuerdo también le da, una mayor responsabilidad y expone a los empresarios a tener que realizar las inversiones y generar empleo, que demoraban por “falta de condiciones”.
Sin embargo, no hay garantías de que eso suceda. El delegado del Banco Mundial en la Argentina, Jesko Henschel, advirtió que “las reformas impositivas por si solas no van a bajar la informalidad laboral”, que es uno de los principales objetivos del pacto.
Leyes o pactos no garantizan nada en la economía. Y el empleo no depende de lo que se firme en un documento. El empleo no está entre los “brotes verdes” y solo unas horas después de la foto entre Macri y los Gobernadores, la firma Dass de Eldorado confirmó el despido de 60 trabajadores. La explicación es sencilla. La apertura de las importaciones inundó el mercado de zapatillas y cayó la producción.
No es la única economía regional afectada.
La gran ganadora del acuerdo rubricado en la Casa Rosada, es sin dudas, la favorita de Macri: María Eugenia Vidal. A cambio de bajar su reclamo de actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, se quedó con 20 mil millones de pesos para 2018, garantizados por la Nación y la promesa de financiarle otros 45 mil millones que surgen de la diferencia de lo que reclama y el cálculo de lo que le corresponde del impuesto a las Ganancias. Es ella también, al parecer, la única que tiene permitido desobedecer lo que firmó. Apenas consumado el nuevo pacto fiscal que obliga a no sumar más personal público, la sonriente anunció el pase a planta permanente de 15 mil estatales bonaerenses.
El resto de las provincias no tiene esos “permitidos” ni tantos motivos para sonreír.
El nuevo “consenso fiscal” obliga a desistir de los juicios entre la Nación y las Provincias (son 56 juicios en total) de modo que sea el acuerdo político y no un fallo de la Corte el que termine resolviendo la distribución de los recursos. Ya sea tanto el juicio por el Fondo del Conurbano que podía perjudicar a las provincias en favor de Buenos Aires, como los juicios por el 15 por ciento de la Anses y la Afip que podían perjudicar a la Nación en beneficio de las provincias.
Lo “histórico” del acuerdo es que por primera vez las Provincias y la Nación resuelven por la política y no por la justicia, los conflictos por la distribución de los recursos. Claro que igual hay perdedores.
Hubo un consenso para reducir “gradualmente” la presión tributaria nacional y acordar una reducción gradual de impuestos provinciales.
La Nación compensa a las provincias por el desestimiento de los juicios. En el caso de Misiones está compensación no cubre totalmente la caída de recursos por la reforma tributaria nacional y reducción de Ingresos Brutos, lo que implica que habrá que ajustar las cinchas.
Las cuentas en orden, el congelamiento del ingreso al Estado, salvo en áreas sensibles, y la austeridad característica, evitan que el impacto sea mayor.
Un análisis hecho por Economis revela que Misiones y otras provincias tendrán un perjuicio en los giros automáticos por Ganancias que la Nación saldrá a cubrir “de su bolsillo”. En el caso de nuestra provincia, son unos 1.300 millones menos de giros automáticos, a números del 2017.
Ahora deberá ser la Nación la que ponga esa diferencia, cuya actualización habrá que monitorear (y negociar) muy de cerca para no perder en el futuro. La historia indica que cuando una provincia cede giros automáticos, tarde o temprano termina recibiendo menos recursos.
Como el resto de las provincias, Misiones aceptó retirar la demanda por más fondos Coparticipables ante la Corte Suprema. A cambio, recibirá un bono con una compensación parcial por ese reclamo.
La pregunta es. ¿Y por qué firmaron los gobernadores la cesión de giros automáticos a cambio de compensaciones? Hay que tener en cuenta que la opción era dejar que la Corte Suprema fallara y si lo hacía a favor de Buenos Aires, esos fondos se perderían. Habría que negociar compensaciones en evidente desventaja.
Al final, la Casa Rosada se garantizó el apoyo de las provincias a la reforma en la ley de movilidad previsional. Es la norma que garantiza la actualización de las jubilaciones. Ahora se hace dos veces al año y la fórmula de actualización comprende una combinación que tiene como principal variable la recaudación impositiva.
Con los cambios las jubilaciones se ajustarán trimestralmente, con subas atadas a la inflación (también se incluirá la evolución de la masa salarial como variable). Se estima que la Nación se ahorra más de 100.000 millones de pesos en el 2018 por este reajuste. Es decir, ese dinero lo dejarían de percibir los jubilados. En Misiones hay, entre jubilados y pensionados, unos cien mil beneficiarios.
Macri se garantizó apoyo en la ley de responsabilidad fiscal y las provincias le arrancaron la promesa de financiar con celeridad las cajas jubilatorias provinciales que tienen deudas de la Anses.
El gobernador Hugo Passalacqua calificó al acuerdo como “histórico” y llevado adelante en una “atmósfera de diálogo y consenso que supera al propio acuerdo”. Pero advirtió que queda mucho por trabajar en acuerdos bilaterales para que las provincias no sean perjudicadas.
“Queremos que la Argentina nos vea trabajar juntos. Queda mucho por recorrer y ahora se abre un camino de consensos para trabajar por años, apostando siempre al diálogo”, remarcó Passalacqua.
Passalacqua aclaró que “con esta baja de impuestos, los privados se convierten en protagonistas de dar empleo y mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente”, al tiempo que recalcó que “habrá que ser más austeros e inteligentes en el gasto”.
Aunque lo más probable es que no lo admitan públicamente por obvios motivos, en rigor ningún gobernador parece muy entusiasmado por este acuerdo. Donde, como se dijo al principio, la gran ganadora es la mandataria bonaerense, Maria Eugenia Vidal. Pero había que negociar, de eso se trata y la presión de la Casa Rosada por firmar algún tipo de entendimiento fue extraordinaria: Repartió “palos” y “zanahorias” y mostró una gran flexibilidad para otorgar concesiones menores.
Passalacqua dio otra muestra de gobernabilidad al dar su respaldo al programa de la Nación en la búsqueda de recuperar la economía, crear empleo y bajar la inflación. Ya no depende de Misiones.
Fue una semana intensa para el Gobernador. Además de los acuerdos negociados puntillosamente en Buenos Aires, la gestión comienza a reacomodarse después de las elecciones de octubre.
El primero en dar su previsible paso al costado fue el presidente de Emsa. Acorralado por las críticas a su gestión, Sergio Ferreyra se vio obligado a presentar su renuncia. Passalacqua lo llamó a su despacho después de que diera a conocer un supuesto aumento tarifario que todavía no está decidido en Misiones y que, en última instancia, depende de lo que decida el Gobernador. No hubo tiempo para más y por la tarde, Ferreyra dejaba la empresa.
No se le pueden atribuir a él muchas de las fallas de Emsa, pero si se le reprocha la falta de sensibilidad para atender algunas problemáticas puntuales, especialmente en las últimas tormentas que azotaron la provincia. “Habló más con los medios que con los intendentes”, definió un funcionario enterado de su partida. A contramano de lo que pregona el gobernador. Guillermo Aicheler suena como el candidato más fuerte a reemplazar a Ferreyra. Con una extensa carrera docente y años en el cooperativismo de Montecarlo, Aicheler está convencido de que puede sanear a Emsa y mejorar el servicio eléctrico.
La salida de Ferreyra no será la única salida. A Eduardo Torres, quien pidió su salida en diciembre, le seguirán varios funcionarios que serán reemplazados por una camada de dirigentes de mediana edad y menor exposición. El 10 de diciembre se conocerán a los nuevos rostros.
