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El Gobierno extiende hasta diciembre los descuentos en tarifas eléctricas para industrias electrointensivas

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El Gobierno prorrogó los descuentos en tarifas eléctricas para industrias electrointensivas hasta fin de 2025

El Ministerio de Economía oficializó este viernes la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 de los descuentos sobre los precios estacionales de la energía eléctrica destinados a grandes usuarios industriales electrointensivos, con el objetivo de preservar la competitividad del sector productivo. La medida quedó plasmada en la Resolución 1119/2025, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a aquellas empresas que ya venían siendo beneficiarias y que se encuentren en curso normal de cumplimiento de las condiciones fijadas en la normativa vigente.

El esquema de descuentos para grandes consumidores industriales fue originalmente creado en 2016 mediante la Resolución Conjunta 122/2016 del ex Ministerio de Energía y Minería y 312/2016 del ex Ministerio de Producción, y consolidado en 2017 con la Resolución Conjunta 1/2017, que fijó un mecanismo de reducción de los precios estacionales de referencia para grandes demandas de distribuidores y grandes usuarios directos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Desde entonces, el beneficio fue prorrogado en distintas oportunidades (2019, 2020, 2021 y 2022), en el marco de las políticas implementadas para amortiguar el impacto del incremento tarifario iniciado en 2016 sobre sectores manufactureros que enfrentan una alta dependencia del consumo eléctrico para su producción.

La nueva extensión: condiciones y alcance

La Resolución 1119/2025 dispone que la prórroga será válida desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, para todas las empresas que resultaron beneficiarias de los artículos 1° y 2° de la Resolución 1/2017. Además, se mantiene vigente el beneficio previsto en el artículo 4° de esa misma resolución.

El texto aclara que la extensión del régimen “resultará aplicable respecto de las empresas beneficiarias que, a la fecha del dictado de la presente medida, se encuentran alcanzadas por el beneficio”, y no afectará relaciones jurídicas preexistentes.

Asimismo, la norma instruye a CAMMESA, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), los entes provinciales y las distribuidoras de energía eléctrica a notificar y aplicar la medida.

El Gobierno reconoce en los considerandos de la resolución que los beneficiarios del programa son “sectores manufactureros que hacen un uso de la energía eléctrica superior a otros subsectores”, al comparar su gasto en demanda de potencia y consumo energético con el total de sus costos, el valor agregado o el volumen de ventas.

Por ello, señala que el régimen es clave para sostener la competitividad y viabilidad de industrias electrointensivas, como las vinculadas a la producción de acero, aluminio, cemento, papel, vidrio, entre otras.

Fundamentos y objetivos

Según el Ministerio de Economía, la medida responde a la necesidad de “mantener una adecuada estructura de costos productivos” en un contexto en el que la administración nacional busca consolidar un programa de estabilización económica y al mismo tiempo apoyar la reactivación industrial.

El documento destaca además que, si bien las políticas tarifarias corresponden a la Secretaría de Energía, la cartera económica tiene la competencia para evaluar el alcance y destinatarios de las medidas de fomento que impactan en el entramado productivo nacional.

La extensión del beneficio hasta fin de año otorga previsibilidad a los sectores alcanzados, en momentos en que la política energética y los precios del MEM siguen bajo revisión. Sin embargo, los especialistas advierten que, hacia el mediano plazo, el desafío será compatibilizar la sostenibilidad fiscal con la necesidad de mantener incentivos a la producción electrointensiva, sobre todo en un escenario de apertura comercial y mayor exposición a la competencia internacional.

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Financiamiento PyME: Economía amplía el plazo de inclusión al sistema de Factura de Crédito Electrónica

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El Gobierno amplía el plazo para que las grandes empresas se inscriban en el régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs

La Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento extendió hasta el 14 de agosto de 2025 el plazo para que las compañías que deben ser consideradas “grandes empresas” puedan completar el trámite de inclusión en el régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs, establecido por la Ley 27.440. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 162/2025, busca evitar que dificultades administrativas afecten la cadena de pagos y el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas proveedoras.

El sistema de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs fue creado por la Ley 27.440 bajo el título “Impulso al Financiamiento de PyMEs”, con el objetivo de agilizar el cobro y mejorar las condiciones de financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. El mecanismo permite que las PyMEs, que emiten facturas a grandes empresas por ventas de bienes o prestación de servicios a plazo, puedan anticipar el cobro de esos créditos a través de la negociación de las facturas como instrumentos financieros.

En la práctica, el régimen otorga liquidez a las PyMEs al transformar sus créditos en títulos negociables, reduciendo la dependencia de otras líneas de financiamiento y fortaleciendo el flujo de caja de estas empresas.

Qué cambia con la nueva resolución

La Resolución 162/2025 amplía de manera excepcional el plazo para que las empresas que superan los topes de facturación establecidos para la categoría “Mediana Tramo 2” —y que, por ende, deben ser consideradas grandes empresas— puedan completar el trámite de inclusión en el régimen. El nuevo vencimiento será el 14 de agosto de 2025.

“Se ha tomado conocimiento de situaciones en las que determinadas empresas, pese a reunir los requisitos establecidos por la normativa vigente para ser consideradas dentro del universo de ‘Empresas Grandes’, no han podido completar en tiempo y forma el procedimiento de solicitud correspondiente”, señala el texto de la resolución.

La medida fue adoptada con el visto bueno de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que prestó su conformidad mediante la Nota NO-2025-02672298-ARCA-DIPYNR#SDGREC, según lo informado en los considerandos.

El régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs está reglamentado por el Decreto 471/2018, que asignó al entonces Ministerio de Producción —hoy Ministerio de Economía— la autoridad de aplicación. La AFIP (Resolución General 4367/2018) tiene a su cargo la actualización anual del universo de empresas grandes obligadas al sistema.

En 2019, mediante la Resolución Conjunta 1/2019 de la ex Secretaría de Simplificación Productiva y la ex Secretaría de Emprendedores y PyMEs, se estableció el procedimiento y el cronograma de implementación, con el objetivo de no afectar la cadena de pagos ni el desarrollo comercial de las empresas involucradas.

La extensión del plazo resulta especialmente relevante para las grandes empresas que todavía no habían cumplido con el trámite, ya que evita eventuales conflictos con sus proveedores PyMEs. Para estas últimas, el régimen constituye una herramienta central para acceder a financiamiento a tasas más competitivas, fortaleciendo su posición financiera frente a los grandes compradores.

En un contexto de reactivación económica y de necesidad de mejorar la liquidez del entramado productivo, la decisión apunta a garantizar la continuidad del flujo de pagos entre grandes empresas y PyMEs, minimizando los riesgos de disrupción.

El nuevo plazo brinda margen para que las compañías ajusten sus sistemas administrativos y cumplan con la normativa. De cara al futuro, el desafío para el Gobierno será optimizar el monitoreo del cumplimiento y reforzar la articulación entre la autoridad de aplicación, la AFIP y los actores privados, con el fin de consolidar el régimen como una herramienta eficaz de financiamiento PyME.

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Reorganización en Cultura: Milei avanza con una reestructuración técnica y federal

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El Decreto 531/2025 oficializa una profunda reorganización administrativa, funcional y normativa de la Secretaría de Cultura de la Nación, con cambios claves en el Instituto Nacional del Teatro, el Parque Tecnópolis, y las bibliotecas populares.

El Gobierno nacional, a través del Decreto 531/2025 publicado el 4 de agosto en el Boletín Oficial, introdujo una reconfiguración integral de la Secretaría de Cultura dependiente de Presidencia. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro Guillermo Francos, redefine la estructura organizativa de primer y segundo nivel, con el objetivo declarado de optimizar funciones y evitar duplicidades, sin incrementar la cantidad de unidades organizativas dentro de la Administración Pública Nacional.

Este rediseño se enmarca en las facultades otorgadas por la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y responde a los lineamientos de simplificación, eficiencia y desregulación impulsados desde el Poder Ejecutivo.

Desde principios de año, la Secretaría de Cultura ha sido blanco de varias modificaciones estructurales, producto de la fusión, transformación o disolución de organismos descentralizados dictadas por los Decretos 345 y 346/2025. La nueva norma consolida esa transformación, actualizando objetivos, responsabilidades y relaciones jerárquicas en todos los niveles.

El decreto deroga una decena de normas anteriores —entre ellas el Decreto 1078/1989 y la Resolución 827/2017 del INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO—, en un intento por unificar criterios organizativos y legales dispersos. También se readecúan funciones en el marco del Convenio Colectivo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por Decreto 2098/08.

Cambios clave: Teatro, Bibliotecas y Monumentos

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la actualización de los objetivos y funciones del Teatro Nacional Cervantes, que ahora deberá no solo difundir la cultura escénica sino también fomentar la dramaturgia nacional y realizar investigaciones teatrales sobre el patrimonio cultural argentino.

También se redefinen las funciones del Instituto Nacional del Teatro, que pasa a tener dos nuevas direcciones:

  • La Dirección de Gestión Operativa y Fortalecimiento Teatral, encargada de la articulación administrativa, legal y presupuestaria del Instituto.
  • La Dirección de Políticas de Desarrollo de las Artes Escénicas, que será la responsable de implementar y evaluar los beneficios establecidos por la Ley Nacional del Teatro N° 24.800.

Asimismo, se refuerza la estructura de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, incorporando direcciones específicas para la gestión bibliotecológica y la evaluación de políticas de fortalecimiento federal.

En cuanto a patrimonio histórico, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos ve reforzadas sus facultades de fiscalización y resguardo, con participación vinculante en la gestión legal y física de bienes protegidos.

Tecnópolis y cultura federal: más control y planificación

Otro eje central del rediseño es el Parque Tecnópolis del Bicentenario, que se organiza ahora con tres direcciones específicas:

  • Planificación y Programación
  • Mantenimiento e Infraestructura
  • Producción y Logística

La reestructuración también contempla la consolidación de espacios culturales estratégicos como el Centro Cultural Borges y el Palacio Libertad – Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, dotándolos de nuevas unidades de planificación y producción propias.

Además, se jerarquiza el área de Integración Federal y Cooperación Internacional Cultural, con nuevas competencias para el diseño de políticas culturales federales e internacionales, fortaleciendo el rol de la Secretaría como coordinadora de estrategias entre Nación, provincias y municipios.

Desde una perspectiva técnico-institucional, el decreto plantea una estructura más racional, con criterios claros de competencias por áreas, aunque también puede interpretarse como una centralización operativa bajo el ala de Presidencia. La creación de nuevas unidades organizativas en áreas específicas es compensada con la eliminación o fusión de otras, cumpliendo con la directiva de no aumentar el tamaño del Estado.

El rediseño tiene como fundamento la necesidad de contar con una administración cultural “moderna, eficiente y federal”, con foco en la rendición de cuentas, el cumplimiento normativo y la planificación estratégica de actividades culturales.

Escenarios: ¿consolidación o resistencia sectorial?

A mediano plazo, este rediseño abre interrogantes sobre su aplicación efectiva y la aceptación de los sectores culturales afectados, en particular aquellos con fuerte tradición de autonomía institucional como el Teatro Nacional Cervantes o el Instituto Nacional del Teatro.

Desde el Gobierno aseguran que no habrá despidos masivos ni desfinanciamiento, aunque el artículo 9 del decreto aclara que el personal alcanzado por la medida está sujeto a las previsiones del artículo 11 de la Ley N° 25.164, que regula los derechos y deberes del empleo público en reestructuraciones. La referencia a “estabilidad” no es menor en el actual contexto de racionalización del gasto.

El decreto ya está vigente y su cumplimiento será monitoreado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional (Secretaría de Transformación del Estado) y la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía, que participaron en su elaboración.

En paralelo, cada área deberá implementar los cambios operativos, administrativos y funcionales detallados en los más de siete anexos técnicos que acompañan el decreto.

El éxito de la medida dependerá de la capacidad de articulación entre las nuevas direcciones, la agilidad en la reasignación de recursos y la legitimidad que logre construir entre los agentes del sector.

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Canje de deuda con el BCRA: Finanzas transforma $5,4 billones en bonos de mayor plazo

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El Tesoro convierte deuda por más de $5,4 billones con el Banco Central para reforzar el programa financiero 2025. La operación busca optimizar el perfil de vencimientos en pesos y fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Economía y el BCRA.

El Ministerio de Economía dispuso este 1° de agosto una operación de conversión de títulos con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), por un total de hasta $5,4 billones de valor nominal original, según establece la Resolución Conjunta 36/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida implica el canje de la Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 15 de agosto de 2025 (LECAP S15G5) por el Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 15 de diciembre de 2025 (BONCAP T15D5).

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, firmaron la resolución que formaliza la operación. Según la normativa, esta conversión “se encuentra dentro de los límites establecidos en el artículo 38 de la Ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional” y busca dar cumplimiento a las necesidades del programa financiero vigente.

Detalles técnicos de la operación

La conversión se realiza con dos componentes:

  • Afectación de saldo no colocado: Se imputan $3,91 billones del monto emitido y no colocado del BONCAP T15D5, emitido originalmente en 2024.
  • Ampliación de emisión: Se autoriza una ampliación por hasta $1,5 billones del mismo bono, que será entregado al BCRA para completar la operación.

El precio de conversión se determinó según los valores de mercado vigentes el 1° de agosto antes de las 13:30 horas en las pantallas de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), con liquidación a 24 horas.

El artículo 3 de la resolución precisa que el Banco Central recibirá los nuevos bonos calculados según una fórmula técnica que contempla el valor nominal y los precios de mercado de ambos instrumentos.

Contexto normativo y respaldo legal

La operación se enmarca en lo dispuesto por:

  • Artículo 38 de la Ley 27.701 (Presupuesto 2023 prorrogado al ejercicio 2025).
  • Artículo 11 del Decreto 331/2022, que habilita las suscripciones y conversiones de deuda pública con independencia de la moneda de pago.
  • Los decretos 280/2024, 459/2024 y 453/2025, que actualizaron el marco presupuestario vigente.

Esta normativa permite que el Tesoro ofrezca al BCRA instrumentos más largos a cambio de letras de vencimiento cercano, contribuyendo a aliviar la presión sobre el perfil de pagos de corto plazo.

Coordinación con el Banco Central

El BCRA se convierte en un actor central de esta estrategia, dado que intercambia posiciones en títulos de deuda por instrumentos de mayor plazo. Esto le permite al Tesoro ganar tiempo en la gestión de sus vencimientos mientras que el Central mejora el rendimiento de sus activos en pesos.

“Se impulsa una operación que optimiza el stock de deuda y mantiene el equilibrio financiero en el marco del programa vigente”, explicaron fuentes del Ministerio de Economía.

La medida llega en un momento donde el Tesoro busca consolidar la confianza en la curva de deuda en pesos y garantizar liquidez para enfrentar los desafíos del segundo semestre del año.

Analistas financieros destacan que este tipo de conversiones reduce el riesgo de concentración de vencimientos y otorga mayor previsibilidad a la política de financiamiento. “Es una estrategia que da oxígeno a las cuentas públicas en un contexto de ajuste y coordinación con el FMI”, señaló un operador de la City.

Se espera que en las próximas semanas el Ministerio de Economía continúe avanzando con nuevas colocaciones y canjes, en línea con el objetivo de reforzar el ancla fiscal y monetaria acordada con el organismo internacional.

La conversión apunta a descomprimir el perfil de deuda de agosto y trasladar obligaciones hacia diciembre, alineando los vencimientos con la planificación financiera del Tesoro. Además, mejora la posición patrimonial del BCRA al reemplazar letras de corto plazo por bonos con capitalización y vencimiento posterior.

En un contexto donde el Gobierno busca fortalecer la estabilidad cambiaria y contener expectativas inflacionarias, este tipo de operaciones se vuelven fundamentales para sostener el equilibrio entre política fiscal, monetaria y de deuda.

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Innovación con identidad misionera: Raiza amplía su oferta de alimentos saludables

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Raiza lanza una nueva línea de snacks de mandioca y apuesta a consolidar el valor agregado misionero en el mercado nacional

En un movimiento que refuerza la identidad productiva de Misiones y su capacidad de innovación, Raiza, la empresa misionera dedicada a la producción de alimentos saludables, presentó una nueva línea de snacks de mandioca frita saborizados que ya comenzaron a llegar a las góndolas de los supermercados. El lanzamiento incluye cinco variedades —panceta, queso y cebolla, barbacoa, crema y cebolla, y próximamente picante y limón—, fortaleciendo la presencia de productos con sello local en el competitivo mercado de los snacks.

Este es uno de los cinco sabores que lanzamos junto al de queso y cebolla, barbacoa, crema y cebolla. Próximamente se viene el de picante y limón”, explicó Hugo Herrera, uno de los responsables del emprendimiento, durante la presentación oficial.

El lanzamiento llega después de que Raiza se consagrara como uno de los ganadores de la final provincial del Programa Emprendimiento Argentino 2025, realizado en Silicon Misiones. Este certamen, impulsado por el Ministerio de Economía de la Nación y organizado a nivel provincial por ADEMI, buscó identificar y fortalecer proyectos con alto potencial de crecimiento.

Participaron 60 emprendimientos de la provincia. Seis fueron preseleccionados en las categorías desarrollo y expansión para luego llegar a las dos ganadoras”, detalló Herrera, poniendo en valor el reconocimiento logrado por Raiza en un evento que reúne a lo más destacado del ecosistema emprendedor misionero.

Innovación con raíz misionera

Raiza no es una novedad en el mercado. Con sede en Candelaria y más de cinco años de trayectoria, la empresa se consolidó en la producción de hortalizas mediante hidroponía, alimentos congelados y snacks de mandioca frita saborizados, apostando por un modelo productivo que combina innovación y desarrollo agrícola.

Es un cariño realmente porque trabajamos muchísimo a diario para desarrollar y potenciar la economía regional. Todos nuestros productos son desarrollo agrícola y de nuestra chacra”, expresó Herrera, destacando el valor del trabajo local y la apuesta por generar productos con identidad misionera.

El valor agregado como estrategia de crecimiento

En una provincia donde la mandioca es uno de los cultivos emblema, el desarrollo de líneas de productos industrializados se presenta como un paso clave hacia la diversificación y la generación de mayor valor agregado. Raiza busca, con este lanzamiento, no solo fortalecer su presencia en Misiones, sino también expandirse hacia el mercado nacional.

Nuestra misión y visión es hacernos fuertes a nivel nacional, es que lo que producimos y comercializamos en nuestra provincia pueda llevarse a cada rincón del país, sobre todo los congelados y los snacks”, afirmó el emprendedor.

El crecimiento de Raiza refleja una tendencia en la que emprendimientos locales avanzan hacia la industrialización y la conquista de nuevos mercados, un camino que puede inspirar a otros productores a transformar materias primas tradicionales en productos con mayor valor comercial.

Para el sector agroindustrial de Misiones, la expansión de empresas como Raiza representa una oportunidad para consolidar cadenas de valor integradas, generar empleo calificado y posicionar a la provincia como un polo de alimentos innovadores con proyección nacional e internacional.

La empresa ya anunció que la nueva línea de snacks tendrá continuidad con el desarrollo de sabores innovadores, buscando adaptarse a las tendencias de consumo y conquistar nuevos segmentos del mercado. En paralelo, continuará fortaleciendo su presencia en ferias y programas de apoyo a emprendedores para posicionar a Misiones como un referente en la producción de alimentos saludables y de calidad.

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