Escriben Paul M. Bisca, Alexei Miksjuk, Christian Mumssen, Gaëlle Pierre – Unos 1.000 millones de personas en 38 estados frágiles y afectados por conflictos experimentan un menor crecimiento económico y son más vulnerables a los choques que en otros países. En la mayoría de los casos, la fragilidad y el conflicto no se detienen en la frontera, afectando a las regiones vecinas y al mundo mediante la inseguridad transfronteriza, los flujos migratorios y de refugiados, y en algunos casos, la interrupción comercial. La situación ha empeorado, lamentablemente, en los últimos años, y puede complicarse aún más por los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio.
Aunque las políticas económicas no presentan soluciones fáciles ni pueden abordar todos los problemas por sí solas, pueden contribuir significativamente a abordar la fragilidad promoviendo el crecimiento sostenible y la creación de empleo, priorizando el gasto clave mientras mantienen la deuda en un camino sostenible y combatiendo la inflación. Nuestra nueva investigación muestra cómo las decisiones de política económica cuidadosas pueden marcar la diferencia.
La fragilidad adopta muchas formas. A menudo implica una capacidad estatal débil, desafíos de gobernanza, tensiones sociales, pobreza e indiferencia, y una alta vulnerabilidad a choques como el aumento de los precios de los alimentos. Todo esto aumenta la incertidumbre y dificulta que los gobiernos afronten múltiples desafíos con recursos limitados. Y cuando no se abordan, los problemas económicos pueden desencadenar y perpetuar conflictos. Aunque estas condiciones son más prevalentes en estados frágiles, algunas también pueden surgir en otros países de bajos ingresos, mercados emergentes o incluso algunas economías avanzadas, como muestra nuestra investigación.
Los costes económicos de la fragilidad son altos. Para los estados más pobres y frágiles, el crecimiento económico medio se mantuvo por detrás de sus homólogos más estables en 17 de los últimos 20 años, con una media del 3,5 por ciento frente al 4,6 por ciento, según descubrimos. El crecimiento fue aún menor en países donde la fragilidad institucional se combinó con conflictos y abundantes recursos naturales. El crecimiento más lento en los estados más pobres y frágiles refleja un menor crecimiento de la productividad y una inversión extranjera e nacional más limitada, lo que se ve obstaculizado por sistemas financieros subdesarrollados.
Aunque los estados más pobres y frágiles experimentan la mayor necesidad, también tienden a tener los menos recursos disponibles. Esto limita tanto el gasto público como su capacidad para responder a crisis.
Aunque estos países necesitan gastar en servicios públicos, infraestructuras y protección social, sus presupuestos son ajustados. Su ratio mediano de ingresos fiscales respecto a la producción económica es de aproximadamente el 10 por ciento. Las investigaciones del FMI muestran que, si los países de bajos ingresos tienen una proporción así por debajo del 15 por ciento, les resultará extremadamente difícil fomentar el crecimiento, fortalecer la capacidad institucional y alcanzar los objetivos de desarrollo.
Debido a sus grandes necesidades de financiación, estos países se enfrentan a altos costes de servicio de la deuda y vulnerabilidades a la deuda. Unas tres cuartas partes de los estados más pobres y frágiles están en alto riesgo o en dificultades de deuda.
Las bajas reservas fiscales y de divisas dificultan el apoyo a las economías en una recesión o cuando se necesita estabilización. De hecho, muchos de estos países sufrieron cicatrices de crecimiento —un crecimiento anémico tras los recientes choques globales— y algunos sufren una inflación de dos dígitos.
Abordar la fragilidad en un país o región es fundamental para garantizar una paz y estabilidad más amplias. Una de las mejores formas de lograr avances es priorizar políticas sólidas que ayuden a fortalecer las funciones centrales del gobierno: estabilizar la economía, prestar servicios públicos y apoyar mercados eficientes (incluido el desarrollo del sector financiero). Esto no solo fomenta el rendimiento económico, sino que también ayuda a fortalecer el contrato social al ofrecer beneficios y oportunidades visibles a las personas.
Un desafío clave para los líderes nacionales es construir y mantener amplias coaliciones que apoyen políticas efectivas e implementen los tipos de reformas necesarias para mejorar los resultados económicos. Por supuesto, perseguir reformas no es fácil ni siquiera en las economías más estables, pero puede acabar conduciendo a un círculo virtuoso.
Por ejemplo, incluso en contextos difíciles de estados frágiles, una mejor administración tributaria puede aumentar los ingresos del gobierno. Esto puede utilizarse para mejorar los servicios públicos y hacer que las instituciones fiscales sean más eficaces y transparentes. Esto, a su vez, puede fortalecer la legitimidad, mejorar el cumplimiento fiscal y aumentar los ingresos.
La magnitud de los desafíos para los Estados frágiles significa que la comunidad internacional tiene un papel importante que desempeñar en el apoyo a sus políticas y reformas. Esto se puede lograr mejor mediante asesoramiento político personalizado, desarrollo de capacidades y financiación.
Esto es especialmente cierto en países donde la fragilidad es más intensa y conlleva un alto riesgo de conflicto. Para los países que enfrentan un riesgo creciente de fragilidad, un apoyo temprano y dirigido puede evitar que los desafíos se conviertan en una crisis agravada.
En última instancia, políticas económicas sólidas y reformas son cruciales para el bienestar de la población en estados frágiles. Implican, sobre todo, fortalecer las instituciones, generar confianza y reducir la vulnerabilidad, para que los países puedan dejar atrás la fragilidad.
Paul M. Bisca, es Oficial Senior de Proyectos en el Departamento de Estrategia, Política y Revisión del FMI, donde asesora al personal en la implementación de la Estrategia para Estados Frágiles y Afectados por Conflictos (FCS) del Fondo
Alexei Miksjuk, es economista en el Departamento de Estrategia, Política y Revisión. Su trabajo analítico actual se centra en el sistema monetario internacional y la red de seguridad financiera global.
Christian Mumssen, es Director del Departamento de Estrategia, Política y Revisión del Fondo Monetario Internacional. En este cargo, lidera el trabajo del FMI en estrategia institucional, diseño de políticas y revisión de operaciones.
Tomo prestado, con todo respeto hacia el Gran Maestro del Pensamiento Nacional, Arturo Jauretche, el título de este artículo ¡Han vuelto, son los mismos!.
Así lo había expresado, al constatar que los civiles convocados para sumarse a la muy infame “revolución fusiladora” (o en muchos casos para dirigirla, después de instigarla), eran los mismos o sus directos susesores que se habían perpetuado en el Poder Real en la muy corrupta y apátrida “década infame”.
Ese período, transcurrido entre 1930 y 1943, en un contexto de negociados alevosos perpetrados con descaro y alevosía, un asesinato en el Congreso para acallar al denunciante fogoso y patriota de fuerte verba Lisandro De La Torre (su leal amigo Enzo Bordabehere lo cubrió con su cuerpo, recibiendo los disparos de un mercenario); en años de total falta del más elemental patriotismo, con subordinación explícita a los poderes imperiales extranjeros.
La más descarada sumisión a los poderes imperiales, fue el Pacto Roca – Runciman, en cuyo acto de rúbricas, en Londres, el representante argentino “Julito” Roca (careciente del patriotismo de su padre), expresó eufórico que “Argentina es la joya más preciada de la corona de Su Majestad”. Jauretche, con su filosa pluma cargada de patriotismo, llamó a ese pacto, El Estatuto Legal del Coloniaje.
Los apellidos más conocidos y de fuertes influencias, de orientación liberal, de la “década infame”, volvieron a ser opiniones relevantes, como el caso de Federico Pinedo, entre otros muchos del “elenco estable” al servicio del establishment, en “la fusiladora”.
Varios otros apellidos “ilustres” vinculados al apátrida liberalismo, y luego a su profundización doctrinal que fue el neoliberalismo, siguieron como “elementos estables” del establishment, entre ellos los de Krieger Vasena, Alsogaray (padre e hija), Cavallo y otros.
Las constantes políticas de ajuste perpetradas, fueron causantes de mayores niveles de deuda externa, disminución del poder adquisitivo de los salarios, frenos y/o parálisis de las obras públicas, desestímulos a las inversiones industriales cuando no claras medidas industricidas; y en política exterior, sumisión implícita o incluso explícita, a los dictados del hoy conocido como Bloque Atlantista, en particular EEUU y el Reino Unido.
En los últimos años, vemos el brutal accionar de personeros de un real proceso de destrucción socio económica, con perpetradores que repiten sus acciones con total impunidad, pues las denuncias que se puedan realizar, por más bien fundamentadas que estén, con muy pocas excepciones parecen chocar con acciones de “cajoneo” de expedientes, cuando no de la doble vara, según de que sector socio político sean los denunciados.
La deuda externa llevada a niveles absurdamente impagables, con abundantes fondos de divisas, que se dilapidan para sostener en el tiempo destructivas medidas de timba financiera asociadas a fugas de divisas, permitidas e incluso promovidas; en un marco de artificial sobrevalorización de nuestra moneda; políticas abiertamente industricidas con apertura total de las importaciones; con disminuciones de impuestos a los bienes suntuarios, mientras que se alega falsa imposibilidad de mejorar los salarios, y se destroza con aviesa intencionalidad todo el marco social y económico; con perpetradores principales que se repiten en sus funciones y metodologías, probadamente nefastas, como los casos muy conocidos de Luis Caputo y Sturzenegger, y con otros varios menos nombrados pero que rotan en diversas funciones en los sucesivos gobiernos neoliberales (y sus profundizadores libertarios).
Y también los problemas y amenazas a nuestra soberanía, se repiten y profundizan.
Cabe recordar que durante la crisis terminal de 2001 – 2002, cuando algunos personeros del poder imperial yanqui, afirmaban que, ante la supuesta incapacidad de los argentinos para gobernarnos, ellos debían nombrar a algún administrador para “conducirnos” (o sea para formalizar nuestra total dependencia), en ese contexto, con una deuda externa poco menos que impagable; las dos conductoras televisivas de mayores audiencias, las rubias platinadas, Mirta y Susana, repetían en forma plañidera, supuestamente muy preocupadas, instalando la muy cipaya idea según la cual -decían-, “debemos resignarnos a canjear la deuda externa por territorios”, apuntando para esa infamia al sur de La Patagonia.
Reducida sustancialmente esa asfixiante deuda externa, y cancelada la totalidad con el FMI, en los gobiernos de los Kirchner; las deudas a niveles alevosos, con los componentes de políticas que permitieron y fomentaron las fugas de divisas, volvieron a significar desde el macrismo y muy acentuado en el libertarismo un peligroso condicionante, que ante la desesperante situación de implosión que amenaza darse por la negativa política económica, nos ataron a condicionantes mendicantes, ante el poder financiero transnacional, en particular de EEUU.
Con ese contexto, las renovadas amenazas a nuestra integridad territorial, vuelven a ser una muy preocupante realidad; la cual evidencia corporizarse ante el claro desprecio del gobierno libertario a nuestra soberanía, con sus explícitas políticas destructivas, clara y desvergonzadamente expresadas por el verborrágico y dudosamente equilibrado presidente, quien afirmó ser el topo que busca destruir al Estado Argentino.
Y en sus delirantes acciones, con preocupantes tintes que evidenciarían rasgos psicópatas, busca meternos sin lógica ni motivo alguno, en una guerra que no nos concierne, y que con ello pisotea el conocido accionar pacifista, que caracterizó y enalteció la política exterior argentina.
Pese a que muchos pseudo patriotas -con y sin uniforme- no parecen haberse dado por enterados, es necesario enfatizar que SIN ESTADO NO HAY NACIÓN, Y SIN NACIÓN NO HAY PATRIA.
Es de recordar que, muy suelto de cuerpo, entre muchas otras aberraciones conceptuales (como insultar al Papa Francisco), expresó que le hubiera gustado impedir el accionar del Mesías -cuya doctrina considera “origen del comunismo”-, llegando a instigar la violencia y el desprecio al cristianismo, al afirmar que hubiese querido impedir el nacimiento de Jesús. ¡Y eso lo dijo siendo presidente de Argentina, que en un marco de respeto y tolerancia religiosa, apoya constitucionalmente al culto Católico Apostólico Romano!
Intolerable sumatoria de desquicios, que agravan la clara destrucción social y económica intencionalmente en perpetración. En un contexto lógico, todo eso debería ser considerado como actos de traición a la Patria, pues nos empujan a la disolución nacional.
Escriben Era Dabla-Norris y Rodrigo Vadés – La política fiscal siempre ha implicado compensaciones. ¿De quién se financiarán las prioridades? ¿De quién se apondrán las cargas? ¿Bajo qué condiciones? Hasta hace poco, los gobiernos podían posponer estas decisiones pidiendo prestado en condiciones convenientes. Pero ahora, niveles de deuda sin precedentes y mayores costes de endeudamiento han elevado la apuesta. Al mismo tiempo, la demanda de fondos públicos sigue creciendo incluso cuando los recursos están muy limitados. Las sociedades solo pueden reconciliar con éxito prioridades en competencia si dependen de algo que a menudo se pasa por alto y actualmente escasea: la confianza pública.
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la deuda pública seguía aumentando de forma constante. En muchas democracias, las plataformas políticas favorecían un mayor gasto y déficits, mientras posponían las reformas estructurales (Cao, Dabla-Norris y Di Grigorio 2024). El crecimiento económico modesto, el gasto para atender a una población mayor en crecimiento y la reticencia a subir los impuestos solo empeoraron las cosas. Se pospusieron decisiones difíciles y se acumuló deuda, sostenida por los tipos de interés inusualmente bajos de las dos últimas décadas.
Luego, en 2020, ante el peor colapso económico desde la Gran Depresión, los gobiernos comenzaron a endeudarse extensamente. La deuda de la economía avanzada aumentó decenas de puntos porcentuales del PIB; en algunos países superó el 120 por ciento (véase el Gráfico 1). Los países de mercados emergentes y de bajos ingresos, aunque más limitados, también se endeudaron en exceso. La respuesta evitó una catástrofe más profunda y, aunque los niveles de deuda se han estabilizado en muchos casos, los países ahora se enfrentan a un mundo en el que endeudarse ya no es barato.
Hoy en día, los responsables políticos se enfrentan a la versión fiscal del COVID prolongado: tipos de interés más altos y aumento del coste de la deuda. La deuda pública global subió al 93,9 por ciento del PIB en 2025 y está en camino de superar el 100 por ciento para 2028, niveles nunca vistos en tiempos de paz, marcando un punto de inflexión para la política económica y la política (Gráfico 2). Mientras tanto, las fuerzas estructurales a largo plazo —el envejecimiento de la población, el cambio climático, el aumento de las demandas sociales y, en el caso de los países de bajos ingresos, la disminución de los flujos de ayuda y los persistentes altos costes de endeudamiento— siguen afectando los presupuestos incluso cuando las tensiones geopolíticas emergentes ejercen presión para gastar en política de defensa e industrial.
Carga de la deuda
La era de los tipos de interés ultra bajos ha terminado, pero las tendencias de crecimiento económico no han cambiado de forma apreciable. En poco tiempo, los costes de préstamo se han duplicado o triplicado. Las facturas de intereses ahora afectan más los presupuestos, desplazando otras prioridades. En Estados Unidos, por ejemplo, los pagos netos de intereses subieron de aproximadamente el 2 por ciento del PIB antes de la pandemia al 4,2 por ciento en 2025, superando el gasto en defensa, y se espera que siga aumentando. En los países de bajos ingresos, los pagos de intereses consumen de media el 21 por ciento de los ingresos fiscales.
La deuda alta implica menos margen para responder a los shocks, interfiere en la economía en general al aumentar el coste del capital y complica la elaboración de la política monetaria mientras motiva la represión financiera. También puede amenazar la estabilidad financiera, especialmente en los mercados emergentes, si los rendimientos suben a medida que los inversores empiezan a dudar de la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones. A medida que las condiciones de financiación se endurecen, los ajustes pueden volverse más bruscos y repentinos—recordando la idea del economista alemán del siglo XX Rudi Dornbusch, que dice que “las crisis tardan mucho más en ocurrir de lo que crees, y luego ocurren más rápido de lo que pensabas.” Y una deuda elevada traslada la renta nacional hacia los acreedores a costa de otras necesidades.
En un mundo de baja deuda y tipos de interés bajos, los gobiernos podrían eludir decisiones difíciles pidiendo más préstamos y esperando que el crecimiento económico genere suficientes ingresos fiscales adicionales para cubrir y, eventualmente, reembolsar la deuda. Pero hoy, la era de las decisiones fáciles ha terminado. Cada dólar que un gobierno pide prestado sin ingresos equivalentes implica impuestos más altos o un gasto menor en el futuro, al menos para cubrir los intereses adicionales que genera la nueva deuda. A partir de cierto punto, más endeudamiento obliga a tomar decisiones dolorosas—mediante austeridad, inflación, represión financiera o incluso impago. La pregunta se vuelve inevitable: con un espacio fiscal limitado, ¿cuáles serán los sacrificios y quién asumirá el coste?
Situación fiscal
Un compromiso duradero se centra en el tamaño del gobierno. El aumento del nivel de vida ha llevado a los ciudadanos a esperar redes de seguridad social fiables, educación y sanidad asequibles, una inversión pública sólida y protección frente a una gama creciente de riesgos, incluidos fenómenos meteorológicos extremos y pandemias. Las economías avanzadas expandieron considerablemente sus estados de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial; muchos lo hicieron de nuevo tras la crisis financiera global de 2008 y en respuesta al COVID-19. Las economías de mercados emergentes enfrentan una fuerte presión para reforzar sus redes de seguridad más modestas, ya que los ciudadanos exigen crecimiento con equidad. El problema es que el apetito por beneficios suele superar la disposición de las sociedades a movilizar ingresos. Y las decisiones para reducir los impuestos no siempre van acompañadas de contención del gasto. Los gobiernos no pueden proporcionar beneficios a nivel nórdico sin una tributación a nivel nórdico, y aun con tales impuestos, el envejecimiento y otras presiones desafían la aritmética.
Equilibrar credibilidad y flexibilidad plantea otro dilema. Los gobiernos necesitan espacio para responder a los shocks, pero también deben tranquilizar a los mercados y a los ciudadanos de que la deuda seguirá bajo control. Normas fiscales rígidas —como un techo de deuda excesivamente vinculante— o recortar gastos y subir impuestos demasiado rápido pueden profundizar las recesiones, y ignorar los déficits puede desencadenar una reacción en el mercado, como ocurrió durante la crisis de la deuda de la zona euro. El reto es un compromiso sólido con la sostenibilidad sin una política de camisas de fuerza. Esto requiere anclas fiscales creíbles a medio plazo con cláusulas de escape para sorpresas raras; planes transparentes que prioricen la inversión mientras protegen a los vulnerables; y marcos institucionales que generen confianza sin socavar la capacidad del gobierno para responder a recesiones severas. Conseguir este equilibrio adecuado nunca ha sido tan importante—ni tan difícil.
Un tercer dilema es si invertir ahora o conservar potencia de fuego para más adelante. Las necesidades urgentes —seguridad nacional, resiliencia ante los choques, transición climática, inclusión social y desarrollo— demandan recursos. Pero cada dólar gastado hoy significa un colchón más delgado para la próxima crisis. En un mundo de descargas frecuentes, el equilibrio es duro. Los países que agoten la capacidad de endeudamiento en tiempos favorables se verán peligrosamente expuestos cuando llegue la próxima recesión o desastre. No se trata de planificar en torno a los mejores escenarios, sino de diseñar estrategias fiscales viables cuando surjan sorpresas: conviene guardar algo cuando la próxima crisis puede estar a la vuelta de la esquina.
Cada decisión presupuestaria ahora tiene ganadores, perdedores y momentos explícitos, y la economía política de esas decisiones se ha vuelto más complicada. ¿Quién o qué tiene prioridad? ¿Qué impuestos la financiarán y qué programas deben ceder? Estas preguntas ya no pueden taparse con nuevas deudas. Deben responderse claramente, y eso está resultando ser un desafío formidable.
Desafíos intergeneracionales
Una deuda pública elevada es más que una preocupación macroeconómica; también es una cuestión de equidad entre generaciones. En palabras del estadista del siglo XVIII Edmund Burke, “La sociedad es una sociedad… entre los que están vivos, los que están muertos y los que están por nacer.” La deuda permite financiar proyectos que impulsan el crecimiento, amortiguar un choque o repartir los costes de forma más equitativa a lo largo del tiempo. Pero los déficits persistentes se financian con deuda que los trabajadores y contribuyentes del mañana deben cubrir. Cuando la deuda es grande y los tipos de interés suben, más recursos públicos fluyen hacia los tenedores de bonos que hacia los bienes públicos. Esa transferencia continúa mientras la deuda permanezca—y crece si continúa el endeudecimiento.
La demografía intensifica el desafío de dos maneras. A medida que las sociedades envejecen, el coste de proporcionar pensiones y atención sanitaria comienza a crecer más rápido que los ingresos fiscales. Y donde las tasas de natalidad se desploman, estos costes los asume una plantilla en declive. Las economías avanzadas ahora cuentan con unos tres trabajadores por jubilado, frente a unos cuatro en 2000, y la cifra se acerca a dos trabajadores para 2050 (OCDE 2025). Además, muchas obligaciones de pensiones y sanidad permanecen fuera del balance del gobierno y, a medida que la población envejece, estas obligaciones implícitas aparecen en los presupuestos, a menudo con fuerza desestabilizadora. Eso plantea decisiones difíciles: subir los impuestos, reducir las prestaciones o seguir pidiendo prestado y simplemente retrasar el ajuste de cuentas.
Cuanto más se pospongan las decisiones difíciles, más abrupto y gravoso será el ajuste cuando los acreedores o la realidad fiscal finalmente obliguen a actuar. Y peor aún, la factura recae en menos personas. Mientras tanto, las transferencias y otros gastos y servicios de la deuda actuales pueden desplazar la inversión en educación, tecnología e infraestructuras, erosionando la prosperidad de la próxima generación. La economía política magnifica el desafío. Los votantes actuales se resisten a los recortes a los beneficios ganados o prometidos, y los votantes mayores pueden formar un bloque electoral especialmente poderoso.
Los políticos, tentados a evitar medidas impopulares como subir la edad de jubilación, recortar prestaciones o ampliar la base impositiva, dejan que la deuda asuma la presión. Este sesgo hacia el presente plantea importantes cuestiones de equidad. Los jóvenes ven que los gobiernos acumulan deuda y sospechan que recibirán el cheque a través de impuestos más altos y servicios públicos más ajustados cuando se jubilen. La confianza se erosiona y el contrato social entre generaciones se deshilacha. Los mercados financieros también toman nota, exigiendo primas de riesgo más altas o retrocediendo cuando perciben que el ajuste fiscal se está posponiendo indefinidamente.
Pero pedir prestado no es inherentemente malo para los jóvenes. La deuda puede ayudar a construir un futuro mejor si impulsa el crecimiento o evita recesiones profundas. Las inversiones financiadas por deuda en infraestructuras, educación y resiliencia climática pueden aportar beneficios a los futuros ciudadanos. Lo preocupante es que demasiada deuda reciente ha financiado el consumo actual o la evitación de decisiones difíciles, transfiriendo efectivamente más carga a los futuros contribuyentes en lugar de a quienes se benefician hoy. La cuestión clave es si estamos dejando un mundo mejor y más próspero para la próxima generación, o simplemente dejándoles el proyecto de ley.
Si la política fiscal consiste en distribuir los costes a lo largo del tiempo y los grupos sociales, entonces la confianza es la moneda que hace que esta distribución sea políticamente viable. Sin confianza, incluso las reformas más sensatas y bien diseñadas pueden flaquear cuando los ciudadanos dudan de sus motivos y resultados. Con la confianza, las sociedades están más dispuestas a aceptar sacrificios difíciles y mantenerlos a lo largo del tiempo.
Miedos de los ciudadanos
La confianza es la creencia de que algo es seguro y fiable, o que una persona es buena y honesta. Cada uno de estos elementos tiene un equivalente fiscal: los acuerdos deben ser comprendidos, justos, transparentes y competentes; de lo contrario, no se les confiará.
Muchas sociedades sufren un déficit de confianza (Gráfico 3). Investigaciones recientes, basadas en una encuesta realizada a 27.000 personas en 13 países en 2024, arrojan luz sobre las lagunas de percepción que alimentan esta desconfianza (Bianchi, Dabla-Norris y Khalid 2025). Muchas personas —tanto de economías avanzadas como emergentes— no entienden cuestiones fiscales básicas. Por ejemplo, solo alrededor del 42 por ciento de los encuestados entendía que subir impuestos o recortar el gasto reduciría el déficit público. De manera similar, más del 60 por ciento subestimó el nivel deuda-PIB de su país, especialmente en países con alta deuda. Si la gente cree que la deuda no es tan alta o dañina, naturalmente verá las llamadas a la reforma fiscal como exageradas o políticamente motivadas. Estas percepciones erróneas atenuan la sensación de urgencia y dificultan la formación de apoyo para una acción correctiva oportuna.
Sin confianza, el pesimismo sobre las políticas gubernamentales aumenta. Los encuestados que reportan mayor confianza en su gobierno tienen un 20 por ciento más de probabilidades de creer que sus políticas ayudarán a estabilizar o reducir la deuda pública. Aunque los encuestados en general tienden a dudar de que las políticas actuales para reducir la deuda les vayan a beneficiar, quienes confían más en el gobierno tienen un 17 % más de probabilidades de esperar un impacto positivo en su propio bienestar.
La encuesta también reveló preocupaciones que atraviesan líneas de ingresos y demografías. Muchas personas temen perder pensiones o servicios esenciales de los que dependen. Y dudan de que la carga de resolver los problemas fiscales se reparta de forma justa. Estas ansiedades influyen en cómo votan y protestan los ciudadanos. Las personas que esperan verse perjudicadas por las reformas fiscales son mucho menos propensas a apoyarlas, independientemente de la razón económica. Por ejemplo, si los trabajadores de clase media asumen que la reducción del déficit significa una edad de jubilación más alta o una pensión más baja, se opondrán a ello. Si los contribuyentes ricos sospechan que la reforma significa un impuesto sobre la riqueza dirigido a ellos, ellos también se opondrán. Y si el público piensa que los nuevos impuestos se malgastarán por corrupción o mala gestión, verá pocas razones para pagarlos.
La experiencia también moldea la confianza. En países que han soportado repetidas rondas de austeridad sin mucho resultado, la gente se vuelve cínica respecto a cualquier nuevo plan fiscal. Si los recortes severos no logran reducir la deuda, los ciudadanos se preguntan comprensiblemente: “¿Por qué creer que esta próxima ronda de recortes de gasto o impuestos más altos solucionará algo?” De manera similar, la corrupción o el mal uso de fondos de estímulo socava la confianza pública en la competencia gubernamental. En este entorno, incluso las propuestas de reforma leves pueden provocar indignación, porque la gente asume motivos ocultos o efectos injustos. Si mencionas la reforma de las pensiones, estallan protestas cuando la gente teme que su seguridad ganada con esfuerzo desaparezca. Hablar de reforma fiscal hace que muchos sospechen inmediatamente que sus ingresos ganados con esfuerzo serán mal aprovechados. La experiencia con las reformas de las subvenciones al combustible es reveladora: los costes fiscales, la mala segmentación y las distorsiones económicas están bien comprendidos, pero la implementación ha demostrado repetidamente complejidad política y social.
La desconfianza puede desencadenar un círculo vicioso. Los líderes, temiendo represalias, posponen medidas duras; Los problemas de deuda empeoran, erosionando aún más la confianza. Pero cuando los ciudadanos creen que los sacrificios se comparten de forma justa y conducirán a un futuro mejor, han demostrado estar dispuestos a aceptar incluso reformas dolorosas, como ajustes en los sistemas de pensiones (FMI 2024, 2025). Solo la confianza convencerá a los votantes de aceptar sacrificios a corto plazo por una estabilidad a largo plazo.
Construyendo confianza
La alta deuda pública actual está poniendo a prueba a gobiernos y sociedades de formas sin precedentes, y la urgente necesidad de actuar es evidente. Cada año de deriva deja a los países más expuestos a choques en los tipos de interés y cambios en la confianza del mercado. Pero arreglar las finanzas públicas no se trata de austeridad indiscriminada. Se trata de dar pasos graduales y bien calibrados para poner la deuda en un camino sostenible mientras continúan invirtiendo en el futuro. Esto exige honestidad sobre los sacrificios y disposición a ceder: los responsables políticos deben ser sinceros con la gente sobre las decisiones difíciles, y la gente debe reconocer que algunos programas muy apreciados no pueden continuar sin recursos o reformas adicionales.
La confianza es central en esta ecuación. La gente debe creer que los sacrificios se compartirán con justicia y que las reformas conducirán a beneficios tangibles. La gente es más propensa a apoyar medidas difíciles si percibe la política fiscal como competente, transparente y justa. Pero la confianza no se invoca de la noche a la mañana. Debe ganarse y mantenerse.
No existe un único plan para construir confianza, pero ciertas instituciones y prácticas pueden ayudar. La transparencia presupuestaria y una gestión financiera pública bien estructurada sentan las bases. Los consejos fiscales independientes —con mandatos claros, autonomía real y sólida experiencia técnica, como en los Países Bajos— ofrecen evaluaciones imparciales y exigen responsabilidades a los gobiernos por sus planes fiscales. Las evaluaciones de gastos, los informes de gasto fiscal y las evaluaciones de impacto, elaboradas por gobiernos o organismos independientes, ayudan tanto a los responsables políticos como al público a entender hacia dónde va el dinero y qué aporta. Una gestión prudente de la masa salarial pública y una contratación eficiente pueden reducir la percepción de desperdicio. Reducir regímenes fiscales especiales y privilegios de pensiones mejora la equidad, mientras que una estricta supervisión de las empresas estatales señala responsabilidad y competencia. Estas medidas no son una solución para todo, pero ayudan a cerrar la brecha entre lo técnicamente posible y lo políticamente factible. Crean espacio para la reforma reforzando la credibilidad de la política fiscal y demostrando que los gobiernos se toman en serio ofrecer una relación calidad-precio.
Equilibrar el realismo sobre las limitaciones con las ambiciones de cambio es esencial. Si gestionamos sabiamente el desafío de la deuda, podemos asegurar una base estable para la prosperidad a largo plazo y preservar el contrato social entre generaciones. Si fracasamos o esperamos demasiado, corremos el riesgo de una crisis económica y una mayor erosión de la fe en las instituciones. El camino fiscal que elijamos hoy definirá la prosperidad y la justicia mañana.
ERA DABLA-NORRIS, es subdirector en el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.
RODRIGO VALDES, es el director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.
La jornada financiera avanza con una dinámica partida, mientras Wall Street opera mayormente en baja y vuelve a castigar a buena parte del bloque tecnológico, la Bolsa porteña logra sostener un sesgo positivo gracias al impulso de YPF y de un grupo acotado de papeles energéticos. De todos modos, la mejora del índice local no alcanza para esconder una rueda todavía selectiva, con bonos en dólares en retroceso, riesgo país en alza y ADR argentinos con recorrido dispar.
En Nueva York, el mapa sectorial muestra predominio del rojo y las grandes tecnológicas vuelven a quedar bajo presión y condicionan el tono general del mercado. Microsoft retrocede 1,08%, Nvidia 1,50%, Meta 1,81%, Google 1,59%, Amazon 0,82% y Tesla 1%, en una rueda donde el mercado vuelve a recortar posiciones en nombres de alta ponderación.
También aparecen bajas relevantes dentro del universo de semiconductores, con Micron cayendo 3,57%, lo que refuerza la idea de que el segmento growth sigue sin encontrar un piso firme.
El Merval se sostiene por pocos nombres
En la plaza local, el Merval sube 0,4% hasta 2.779.276,36 puntos, mientras que el Merval en dólares avanza 0,1% hasta 1.885,97 puntos. En el balance mensual, el índice acumula una mejora de 5,2% en pesos y de 4,2% en dólares, aunque en la comparación interanual todavía permanece en terreno negativo.
La suba del panel líder tiene un protagonista excluyente. YPF trepa 3% en pesos y encabeza con claridad la rueda local. También muestran avances Metrogas con 2,2%, TGN con 1,7%, Transener con 1,3%, Banco Macro con 0,7%, Galicia con 0,8% y Pampa Energía con 0,3%. Del otro lado aparecen Central Puerto con una baja de 2,8%, IRSA con 2,4%, Supervielle con 1,6% y Cresud con 1,3%.
La Bolsa local no sube de manera pareja, sino empujada por un núcleo chico de acciones con peso específico y la foto del panel general refuerza esa idea porque ahí aparecen retrocesos mucho más marcados, con ECOG desplomándose 4,19% y varias especies de menor liquidez operando en rojo. Por eso, más que una rueda de mejora general, lo que aparece es una plaza que resiste gracias a algunos nombres muy puntuales.
Los ADR argentinos muestran una rueda partida
La operatoria de los ADR argentinos replica esa misma dispersión. YPF gana 2,7% y vuelve a ser la figura del día, acompañada por Ternium con 0,8%, Globant con 0,8%, Banco Macro con 0,8%, Galicia con 0,2% y Loma Negra con 0,5%. También se sostienen en verde Pampa Energía, Telecom y TGS, aunque con variaciones más moderadas.
En cambio, entre las bajas sobresalen IRSA con 3,5%, Central Puerto con 3,4% y Corporación América con 2,7%. También operan en rojo Cresud, Supervielle, BBVA, Edenor y Mercado Libre. El dato vuelve a ser el mismo. No hay una dirección uniforme para los activos argentinos en Nueva York y el mercado sigue discriminando entre sectores, balances y expectativas.
YPF acumula un alza de 19,1% en el último mes, mientras Pampa sube 11,1%, Edenor 13,1% y TGS 9,3%. En paralelo, parte del segmento financiero sigue corriendo de atrás, con retrocesos mensuales de 7,1% en Macro, 8,1% en Supervielle y 5,1% en BBVA. La energía, al menos por ahora, continúa siendo el refugio relativo dentro del equity argentino.Los bonos y el riesgo país se recalientan
El costado más frágil de la rueda vuelve a estar en la renta fija soberana. Los bonos en dólares operan con bajas generalizadas tanto en su cotización cable como en pesos. Entre los principales títulos se observan retrocesos de 1% en AL41D, 1% en GD35D, 1,3% en AL35D y 0,9% en GD46D. En la pantalla en pesos, las bajas también son amplias, con AL41 cayendo 1,5%, AE38 0,8%, AL35 0,6% y GD46 0,5%.
La debilidad no se limita al movimiento intradiario. En la comparación mensual, varios títulos de la curva larga siguen acumulando pérdidas relevantes. GD46 baja 5,1% en el mes, AL41 retrocede 5%, AL35 pierde 3,8% y GD35 cae 3,5%. Eso explica por qué el mercado todavía no logra reconstruir una narrativa alcista consistente para la deuda argentina en moneda dura.
En ese marco, el riesgo país sube 3,5% hasta 623 puntos y muestra una suba de 8,9% en el mes y de 9,1% en el año. El movimiento del indicador vuelve a funcionar como síntesis de la rueda porque, aun con acciones locales algo más firmes, la deuda soberana sigue transmitiendo una señal de cautela mucho más marcada.
¿El dólar? Calmo
El dólar mayorista se ubica en $1.395,50 y el oficial en $1.415, mientras que el MEP opera en $1.422,45 y el CCL en $1.473,66. El dólar cripto ronda los $1.474,16, prácticamente en línea con el contado con liquidación.
La estabilidad del mercado cambiario evita que la presión se traslade con fuerza al resto de los activos, pero no alcanza para modificar el cuadro general. De hecho, la combinación que hoy domina la rueda sigue siendo bastante clara.
El dólar no mete ruido, las acciones argentinas encuentran un sostén parcial, pero los bonos no reaccionan y el riesgo país vuelve a avanzar.
En enero de 2026, las ventas en los grandes supermercados a nivel nacional fueron por $2,34 billones y registraron un descenso real del 1,2% interanual; mientras que en comparación con el mes previo, las ventas también vieron retrocesos que fue del -1,5%.
En Misiones también hubo descensos de las ventas en estos establecimientos: las ventas totalizaron $ 25.307 millones en enero de 2026 y en relación con igual mes del 2025 mostraron una caída del 7,6% real, siendo la novena baja consecutiva en este nivel comparativo; además, la provincia registró el tercer mayor descenso del país (quedando solo por encima de Tucumán y Jujuy).
Por grupos de artículos, ninguno de los once que releva el INDEC exhibió subas en Misiones: en ese marco, las caídas más leves se vieron en Otros (-2,5%), Rotisería (-3,9%) y Verduras y frutas (-5,7%) mientras que las bajas más pronunciadas estuvieron en Panadería (-10,0%), Indumentaria (-11,2%) y Limpieza y perfumería (-11,3%). Por su parte, el rubro de Almacén, que es el de mayor participación en el total de la facturación, presentó una baja del 6,1%.
A nivel nacional, como se mencionó, la caída fue del 1,2% interanual y en ese marco, doce provincias exhibieron incrementos lideradas por Neuquén (4,8%), La Pampa (3,3%) y San Luis (3,2%); en el otro extremo del ranking, Misiones (-7,6%), Tucumán (-8,6%) y Jujuy (-12,1%) mostraron los descensos más abruptos.
