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Inmobiliarios ven una reactivación en el rubro comercial con alquiler de locales

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El presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones, Juan Ramón Maidana consideró que el 2020 fue un año impensado, pero se mostró optimista en relación al año que comenzó.

En una entrevista con Economis, Maidana indicó que “el rubro inmobiliario arranca el año con optimismo, luego de un 2020 que nos golpeó. No solo al corretaje inmobiliario, sino al mundo entero. Hemos logrado recuperarnos, no como estábamos antes, pero hay un buen camino por recorrer con mucho optimismo”.

Indicó que “el sector comercial sin dudas fue el mas afectado. Hubo rubros del sector comercial que más sintieron la pandemia. Al punto que muchos de ellos tuvieron que cerrar sus puertas, otro tanto logró algún tipo de acuerdo con los propietarios para seguir adelante con la locación”.

“Esto llevó a una conversación constante entre propietarios, inquilinos y entre los dos darse una mano y seguir adelante”, indicó Maidana, quien se mostró conforme con la reacción de inquilinos y propietarios.

Para Maidana la pandemia fue algo que no estuvo en los cálculos de nadie. El año pasado se comenzó a tratar la pandemia, “pero no con la seriedad de los efectos que fuimos viendo a lo largo del año”, por ello advierte que aún con la salida de las vacunas, aún quedan muchos problemas por resolver.

Uno de los desafíos del Colegio para este año es realizar la asamblea del Colegio de Corredores y la posterior elección de las nuevas autoridades. No tenemos plazo porque dependemos de las autorizaciones que establezca el Gobierno.

En cuanto al sector de alquileres comerciales, comentó que “hoy estamos viendo desde los últimos días de diciembre y los primeros de enero como hay una reactivación en el rubro comercial, hay muchos locales que se volvieron a ocupar, hay gente que está volviendo a apostar a la inversión con la expectativa que este sea un mejor año”.

El sector inmobiliario no estuvo exceptuado de los cambios que impulso la pandemia y el aislamiento. Maidana indicó que “sin dudas esta pandemia aceleró pasos que veníamos dando para instaurar el nuestro circuito comercial, como ser los pagos online por transferencia bancaria, pero aún a pesar de eso hay mucha gente que no tiene un manejo fluido de estas herramientas y por eso debimos preparar los protocolos para que algunos puedan hacer los pagos en efectivo. Pero si hubo una modificación muy importante en algunas inmobiliarias, con la incorporación de reuniones vía Zoom, la implementación del pago electrónico, los contacto por Whatsapp, lo que ha significado un cambio muy importante en las oficinas”.

El Gobierno nacional decidió, el pasado sábado (23/01), extender hasta el 31 de marzo próximo el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos. La medida, tomada en los primeros meses de la pandemia y que vencía el próximo 31 de enero, comprende a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados.

Al ser consultado sobre esto, Maidana recordó que “en cuanto al sector de alquiler de viviendas, el Gobierno nacional ha congelado el pago de los alquileres por la emergencia, por ello todas hemos acatado esta norma. Se impedía actualizar los montos locativos (que están estipulados en los contratos) e impedía los desalojos por mora en el pago. Esperemos que sea una solución porque hasta ahora viene retrazando muchos los valores locativos y viene generando un problema para el inquilino, porque no lo excluye al inquilino a pagar las actualizaciones una vez que termine la vigencia del decreto, eso quiere decir que debe cumplir con lo que estipulaba el contrato”.

Explicó que “este decreto establece que al terminar el congelamiento de los alquileres deberá pagar las actualizaciones en hasta 6 pagos, consecutivos por el monto que le corresponda por la actualización del contrato realizado anteriormente a la sanción de la nueva Ley de Alquileres (julio 2020)”.

“Ha habido mucho dialogo entre los propietarios los corredores inmobiliarios y los inquilinos. Ha sido un trabajo arduo entre las partes y esa es la función del corredor inmobiliario. Nosotros debemos mediar entre ambos para que ambos tengan la mejor solución y puedan estar tranquilos”, remarcó el Presidente del Colegio.

A nivel nacional la situación es similar en Misiones, debido a que las deudas de alquileres y expensas no se condonan, lo que se debe se debe y alguien lo va a pagar.

Tanto propietarios como inquilinos ven con preocupación la medida, aunque es mayormente la voz de los primeros la que más se queja sobre esta medida que mantendría los precios de las rentas en el mismo número, por lo menos, hasta fines de marzo.

“Esta medida en realidad se vuelve en contra del inquilino, y también a las inmobiliarias, porque muchos propietarios prefieren sacar sus viviendas del mercado, y el que las deja lo hace pidiendo un 40% de aumento”, sostiene Enrique Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina.

Como socio del estudio de abogados Abatti & Rocca, este especialista en derecho inmobiliario asegura que ya están “haciendo demandas anticipadas de desalojo, para que cuando venza la prohibición de desalojos las sentencias se puedan ejecutar. Muchos inquilinos no podrán pagar los aumentos del año en apenas 6 cuotas y veremos como muchos fiadores o que pusieron la garantía tendrán que responder”, advierte.

Por su parte, Jorge Griselli, presidente de la Asociación de Defensa de Inquilinos (ADI), sostiene que esta prórroga “va a impactar de manera negativa, pero para los propietarios, que vienen con los precios congelados desde marzo de 2020”.

Desde el lado de vista de los inquilinos, el titular de ADI asegura que vienen pidiendo que este tipo de decisiones vengan acompañadas de otras medidas como subsidios o créditos blandos para poder pagar los ajustes a los que habrá que enfrentar al fin del congelamiento. Es que hasta acá, muchos inquilinos no pagaron el alquiler o solo pagaron la base, y fueron prorrateando hacia adelante los aumentos, acumulando en ambos casos deudas que tendrán que enfrentar cuando finalice el congelamiento.

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Gobierno extiende congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos hasta el 31 de marzo

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El Gobierno nacional decidió hoy extender hasta el 31 de marzo próximo el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos, informaron fuentes oficiales.

La medida, tomada en los primeros meses de la pandemia y que vencía el próximo 31 de enero, comprende a los inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados.

La nueva resolución, será publicada en el Boletín Oficial la próxima semana y en ella se establecerá también la extensión de los contratos de locación cuyos vencimientos hayan operado desde el 20 de marzo pasado en adelante.

De este modo, no podrán aplicarse intereses ni otras penalidades previstas en el contrato, tanto para el pago de la diferencia entre la cuota que hubiere debido abonarse según las prescripciones contractuales y la que efectivamente deberá pagarse por la medida, como para el pago de deudas.

La prórroga del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos fue solicitado por distintas asociaciones que nuclean a inquilinos, los que en algunos casos pidieron incluso que la prórroga vaya más allá de los dos meses fijados por el Gobierno en esta oportunidad.

La contraparte, que representa a los dueños de los inmuebles y está conformada por las cámaras inmobiliarias y los colegios de martilleros, explicitaron su desacuerdo con la extensión.

Esta será la tercera oportunidad en la que el Gobierno extiende los plazos de vencimiento del congelamiento de alquileres, suspensión de desalojos y prórroga de contratos.

El primer decreto -320/2020- fue publicado en el Boletín Oficial el 11 de marzo de 2020, antes incluso de que se decretarán las medidas de aislamiento, con vencimiento previsto para el 30 de septiembre.

Antes de que opere el final de ese plazo, a través del decreto 766/2020, el Poder Ejecutivo nuevamente prorrogó el vencimiento, en este caso hasta el 31 de enero.

Ahora, cuando apenas restan diez días para que venza esa prórroga, el Gobierno oficializa nuevamente la decisión de extenderlo hasta el 31 de marzo próximo.

Los contratos de locación de inmuebles alcanzados por el decreto son los destinados a vivienda única urbana o rural; habitaciones en pensiones, hoteles o alojamientos similares; los destinados a actividades culturales y/o comunitarias; los rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias.

También están incluidos los alquilados por monotributistas, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; por las MiPyMES, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; por las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); y por los por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión.

Los decretos no suspenden el pago de alquileres, sino que aquellos que no pudieran abonarlo acumularán la deuda y se les podrán aplicar intereses compensatorios, pero no intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad.

Desde el Consejo Profesional Inmobiliario -en un informe dado a conocer a principios de semana- señalaron que el 90 por ciento de los inquilinos que residen en la Ciudad de Buenos Aires abonaron el alquiler en diciembre en tiempo y forma, buscando demostrar que la extensión es innecesaria.

En tanto, una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Nacional reflejó que en diciembre, el 40% de los inquilinos registra algún tipo de deuda en el pago del alquiler.

Por otra parte, un relevamiento de Zonaprop indicó que con la nueva Ley de Alquileres los precios aumentaron un 62% interanual y la oferta se contrajo.

El congelamiento de alquileres fue una de las medidas económicas que se tomaron el año pasado por la pandemia de la Covid-19.

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Alquileres: la incertidumbre del mercado y la importancia del ahorro en gastos

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La cláusula Covid o cláusula de salvaguardia es una cláusula que sirve para proteger a quienes quieran alquilar una propiedad de lo inesperado que pueda suceder debido a la pandemia. Ya sea una persona física que busca vivienda o un emprendedor que quiera empezar su propio negocio.

En un mercado tan complejo e incierto como el actual, las diversas ofertas están influenciadas por muchos factores y es por ello que merece la pena prestar la debida atención a la seguridad del hogar y la cartera, intentando limitar los gastos y ahorrar dinero donde sea posible.

De hecho, ahora todos los gastos se han vuelto relevantes. Entonces, ¿por qué no intentar protegerse también en relación al alquiler, la electricidad y el gas? Poder ahorrar en su factura no es poca cosa.

¿Qué es la cláusula Covid en detalle?

La cláusula covid permite renegociar, suspender o reducir la tarifa en caso de un evento de fuerza mayor, previsto o no, como el cierre forzado a causa de la propagación del virus.

La cláusula tiene por objeto proteger a ambas partes de situaciones de incertidumbre o riesgo, o aquellas contingencias de fuerza mayor que puedan ocurrir fuera de la voluntad.

Hasta la fecha, la cláusula Covid está contemplada en el contexto de cambios repentinos causados por medidas para combatir la pandemia que se lanzan con frecuencia en respuesta a las emergencias sanitarias. Para obtener más actualizaciones sobre esto, siempre es recomendable consultar la página web oficial del gobierno.

Protección para el alquiler residencial

Con respecto al contexto de la vivienda, el inquilino cuyo negocio está cerrado o que está sujeto a las restricciones puede solicitar insertar una cláusula específica en su contrato de alquiler. Por tanto, esta cláusula puede activar una suspensión o renegociación del contrato o prever una reducción del alquiler en caso de fuerza mayor.

La cláusula debe insertarse antes de cumplir el contrato, señalando el riesgo para uno mismo (es decir, para el propio negocio) de estar sujeto a las restricciones impuestas. Una vez hecho esto, puede solicitar la inclusión de la cláusula en el contrato.

En el caso de un contrato en curso, la situación se complica. Con los contratos anteriores a marzo de 2020, no existe una situación de referencia previa y, por tanto, es raro que exista una cláusula de salvaguardia. Esto significa una falta de protección para los contratos firmados antes de la pandemia.

En ese caso, las dos partes pueden reunirse y buscar una solución. En el ámbito regulatorio, la situación es compleja ya que no existe un cuadro único, de hecho algunas sentencias se han basado en el caso de fuerza mayor, pero muchas otras han rechazado la solicitud.

Entonces, para los contratos anteriores a Covid, se debe buscar un acuerdo con el propietario renegociando y mediando.

Protección para el alquiler comercial

Los contratos comerciales generalmente tienen una duración mayor que los de uso residencial e involucran cifras más altas. Por tanto, es necesario que los contratos de arrendamiento comercial contengan una cláusula específica adaptada al caso en función de las actividades, las consecuencias de un posible cierre y las medidas a tomar en el caso.

Para un restaurante, hoy en día es fundamental insertar una cláusula de fuerza mayor para poder protegerse en caso de cierres impuestos por medidas anticontagio. Dado que las restricciones impuestas son diferentes, es bueno estipular una cláusula que permita una renegociación flexible en función de la situación.

Protección para gastos de energía y servicios públicos

Si bien no existe una cláusula específica que permita el mismo nivel de protección para los gastos relacionados con su propiedad, ya sea alquilada o propia, ahorrar en facturas no es difícil en este momento de gran dificultad.

El primer paso es saber navegar por los diferentes elementos que inciden en la factura para aprender a leerla y comprender qué aspectos tienen mayor impacto en el gasto final.

Un segundo paso es mirar el mercado, fácilmente te darás cuenta de cuántos proveedores están proponiendo soluciones a precios fijos y bloqueados que pueden ser convenientes en una fase en la que, como te ves obligado a quedarte en casa, el consumo de kWh aumenta inevitablemente.

De hecho, la energía influye en un sinfín de aspectos de nuestra vida diaria y sus efectos repercuten en muchas facetas, desde la cocina hasta el ocio, desde el trabajo hasta la limpieza. Conocer y comprender el propio consumo y saber regular los gastos es, por tanto, de vital importancia.

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El Gobierno prorrogó el congelamiento de los precios de los alquileres y de las cuotas de créditos

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El Gobierno nacional prorrogó esta noche el congelamiento de los precios de alquileres y la suspensión de los desalojos por falta de pago, así como la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

A través del Decreto 766/2020, el Poder Ejecutivo extendió hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres.

La norma prorroga hasta febrero de 2021, el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago.

Por otra parte, el Decreto 767/2020 extiende la mediación obligatoria por el plazo de 6 meses, a partir del 30 de marzo de 2021, y la suspensión establecida con anterioridad.

Entre otras cosas, esto implica prolongar el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios hasta el 31 de enero próximo, con lo que seguirá vigente el de marzo cuando se dictó la emergencia sanitaria en todo el país.

También dispone suspender las ejecuciones hasta la misma fecha, sean “hipotecarias, judiciales o extrajudiciales”. La norma además alcanza a los “lanzamientos ya ordenados” y que no se hubiesen llevado a cabo.

Además, establece que las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y deban pagarse entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022 no podrán superar el valor determinado en un esquema de convergencia elaborado por el Poder Ejecutivo.

En tanto, el artículo 4 dispone que desde las 0 horas del 25 de septiembre y hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35 por ciento de sus ingresos actuales. Además, las insta a “contemplar situaciones especiales debidamente acreditadas que deriven en una variación de los deudores/codeudores considerados o deudoras/codeudoras”.

En otro punto, se fija que las deudas que pudieren generarse desde el 1° de octubre de 2020 y hasta el 31 de enero del año 2021, originadas en la falta de pago o por pagos realizados fuera de plazo o por pagos parciales, podrán ser convertidas a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y refinanciadas a pagar a partir de la finalización del cronograma vigente del préstamo, en cuotas que no podrán superar la cuota original del préstamo.

Además, señala que de aplicar intereses compensatorios, estos no deberán exceder la tasa de interés del préstamo original.

Finalmente, determina que las deudas acumuladas previstas por los artículos 6° y 7° del Decreto N° 319/20 podrán ser refinanciadas, y agrega que “las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte deudora”.

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Maidana: “Es momento de consensuar puntos de acuerdo entre propietarios e inquilinos”

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El presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Misiones, Juan Maidana destacó que el mercado inmobiliario se adecuó en buena medida a la parálisis provocada por la pandemia del coronavirus. “La mayoría de los propietarios entendió la situación de la pandemia, que nos abarca a todos. Hay que entender que el alquiler de un local comercial es un producto económico para el propietario, tuvimos que ceder todas las partes. Los propietarios entendieron y es un mensaje que bajamos desde el Colegio: consensuar, buscar un punto de acuerdo beneficioso para las partes”, precisó el directivo en una entrevista con el programa Hola Misiones que se emite por Canal 12. 

Maidana consideró que el mercado inmobiliario está “pasando por una etapa de transición por el fenómeno de la pandemia, ha sufrido una transformación y estamos en ese proceso. Han cambiado muchas cosas en tiempos muy veloces, con la influencia también de las divisas y la ley de Alquileres recientemente aprobada”.

Esa confluencia trajo efectos negativos, como la desocupación de muchos locales comerciales dentro de las cuatro avenidas de la capital misionera. “Sin dudas muchos comerciantes, ante la imposibilidad de trabajar, han optado por cerrar sus puertas, ya que la carga impositiva y los costos para mantener los locales, son muy caros”, explicó Maidana.

Por eso consideró fundamental el rol del corredor inmobiliario. “En algunos casos, en acuerdo entre propietarios e inquilinos, con un rol relevante del corredor inmobiliario, como intermediario, se pudo mantener el local abierto”. 

Maidana recordó que hay un decreto presidencial que impide incrementos o desalojo por falta de pagos mientras dure la cuarentena. “Esto ha ayudado y permitido que se pueda reprogramar la economía. Está en el ánimo de la gente, consensuar para que el propietario cobre los alquileres y el inquilino siga trabajando”, señaló.

“La mayoría entendió la situación de la pandemia, que nos abarca a todos. El alquiler de un local comercial es un producto económico para el propietario, tuvimos que ceder todas las partes. Los propietarios entendieron y es un mensaje que bajamos desde el Colegio: consensuar, buscar un punto de acuerdo beneficioso para las partes”, cerró Maidana.

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