Escribe Martín de Ambrosio / Inter Press Service – París era una fiesta. Al menos, el júbilo estalló en la sala de periodistas cuando el ex ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, bajó el martillo y dio por cerrada la 21 Conferencia de las Partes (COP30) de las Naciones Unidas, en ese diciembre de 2015, y abrochado así el Acuerdo de París como tratado que orienta la acción mundial contra el cambio climático.
La alegría parecía algo exagerada porque apenas era un papel, que mostraba voluntades, desde ya, pero no era el final de nada.
Una década después, y con el cambio climático acechando de manera cotidiana en todo tipo de eventos extremos, llega la hora inevitable de los balances y de pensar cómo serán, por ejemplo, los próximos 10 años, lo que tendrá una oportunidad durante la COP30, que acogerá la ciudad brasileña de Belém do Pará, desde el lunes 10 y hasta el 21, que estará precedida por una Cumbre de Líderes desde este jueves 6.
Lo que fue París y lo que es
Para América Latina, en particular, existe un consenso entre los expertos en que “París” no fue todo lo que pudo haber sido; apenas si es una pieza en el tortuoso sendero de poner a 196 países en sintonía a la hora de tomar medidas para proteger sociedades y naturalezas (porque no hay lo primero sin lo segundo).
Su fragilidad y su fortaleza provienen de ese mismo origen, de la voluntad de los países de detener las peores consecuencias de los cambios que tiene la atmósfera como consecuencia de las emisiones de gases contaminantes que comenzaron con la era industrial (en el lejano siglo XVIII) y el uso intensivo de energía de base fósil (carbón, petróleo y gas).
Pero la voluntad, como la donna de la ópera de Guisseppe Verdi, è mobile. Y el contexto internacional no parece muy apto para las conversaciones multilaterales, sino más bien para las acciones de hecho, en guerras comerciales o tradicionales. No es precisamente el camino que propone “París”.
De todos modos, los protagonistas tienen claro que el fantasma que se debe evitar es el fantasma del Protocolo de Kioto, aquel tratado climático pionero de 1997, cuya arquitectura era quizá más justa para los países no desarrollados, a los cuales no se les obligaba reducir sus emisiones, pero que tenía vicios políticos que lo terminaron deshilachando.
“En general, el Acuerdo de París sigue siendo una frontera y un horizonte. Una frontera para no ir para atrás y un horizonte, un instrumento global para defender el ambiente. El gran problema del Acuerdo son las señales políticas. El límite es la motivación política, que se ve agravado por los gobiernos negacionistas, que ponen interrogantes fuertes”, sintetiza Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.
De todas maneras, Nápoli cree que para la región latinoamericana “es un buen instrumento” porque la existencia de los compromisos nacionales de reducción de emisiones permite, por ejemplo, reclamar políticas.
“El Acuerdo es una herramienta desde la cual nuestros países pueden exigir compromisos y justicia, pero –en la práctica– el apoyo ha sido limitado. Las promesas no se han traducido en suficiente acción ni recursos. Pero es algo; pienso que sin este marco común estaríamos aún peor”, coincide Florencia Ortúzar Greene, directora del programa Clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida).
El tratado en la región
En esta ardua década de negociaciones, que respetaron frecuencia anual salvo durante el año de la pandemia, se avanzó en la forzosa implementación del Acuerdo de París, en cómo conseguir los objetivos de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y hacer esfuerzos para que no supere los 1,5 °C.
En ese transcurrir, la adaptación a las consecuencias del cambio climático ganó espacio: no sólo había que dejar de emitir gases contaminantes sino también adaptarse a las consecuencias que esa inédita atmósfera generaría en los eventos meteorológicos.
También fueron muy discutidos los números de la financiación, es decir, cuánto dinero deben aportar los países industrializados -que lograron serlo a costa del cambio climático- a los países todavía en vías de desarrollo (los latinoamericanos, desde ya). Y eso ha sido un problema en los últimos diez años (y antes también).
“Si no fluye el financiamiento, se avanza mucho más lento de lo esperable”, se lamenta Walter Oyhantçábal, ingeniero agrónomo integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), grupo que asesora científicamente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Oyhantçábal agrega que la reglamentación del Acuerdo de París demoró mucho en operacionalizarse. Y todavía están en discusión los números y los plazos de esa transferencia de dinero.
Aun así, el ingeniero agrónomo, que trabajó en el ministerio de ganadería de Uruguay, destaca que “la adaptación se puso en un mismo plano y eso para América Latina es muy positivo. Porque nuestras emisiones son de agricultura, difíciles de reducir».
«Se puede dejar de usar petróleo, porque hay energía renovable, hay tecnología. No hay dudas. Pero para la agricultura no hay reemplazo. Salvo que se puedan implementar cambios en las dietas. Pero hay consideraciones acerca de si es posible y qué pasa con los rumiantes en nuestros pastizales en cuanto a la pérdida de diversidad”, agrega.
Dado que América Latina, salvo núcleos concentrados sobre todo en Brasil, México y, cada vez menos, en Argentina, es ante todo una región agropecuaria, un foco son precisamente las emisiones del sector. “Estamos emitiendo un poco más, por más stock y más producción”, admite Oyhantçábal.
A la vez, Oyhantçábal destacó el caso de Uruguay, que logró producir más con la misma cantidad de metano emitido.
“Se hace por las vías de buenas prácticas. De mejores dietas, controles en la fertilidad del rodeo, con menos animales que no queden preñados y emiten igual. Además se mejoran los ingresos económicos del campo”, agregó, en un ejemplo que podrían extenderse a otra zona agraria de la región.
Un último punto de análisis es la transición energética. La necesidad de un abandono del tipo de explotación energética que llevó a la humanidad a este escenario. Aquí parece cundir la idea de que los recursos que aún existen bajo suelo latino deben explotarse. Sobre todo ante la ausencia de estímulos económicos externos, es decir, de esa transferencia de dinero del Primer Mundo cuya ausencia es brillante.
Así lo dice Nápoli: “Es cierto que la región está lejos en transición energética. Que hay una apuesta a los combustibles fósiles, a nuevas cuencas offshore en el Caribe, en el mar argentino… Faltan decisiones políticas para la región, y establecer políticas de direccionamiento conjunto. La región tiene problemas comunes, en cuanto a biodiversidad, desertificación, con las olas de calor intensas, pero todavía carece de respuestas conjuntas”.
París, Belém y el fantasmal Kioto
En este contexto, a nivel global, no es que “París” está teniendo un suceso que no se acompaña en la región latinoamericana, más bien lo contrario.
Taryn Fransen, directora de Ciencia, Investigación y Datos del Programa de Clima Global del World Resources Institute, resumió la situación. “Cuando fue adoptado el Acuerdo de París, en 2015. El mundo iba hacia un desastre de un calentamiento de 4°C (promedio respecto de la era preindustrial)”.
“Gracias a las energías limpias y a las políticas climáticas que algunas de las grandes economías hicieron al amparo del Acuerdo de París. La curva comenzó a doblarse”, manifestó. Pese a reconocer que uno de los objetivos del acuerdo, mantenerse a menos de 1,5°C se desdibuja.
En ese sentido, Fransen reconoce que “las tensiones geopolíticas y la falta de confianza representan desafíos serios. Ahí es donde el proceso de la COP se vuelve crucial. Es el único foro global donde todos los países, especialmente los más vulnerables, tienen un lugar en la mesa.
La COP no se trata solo de negociar objetivos. Es un espacio vital para alzar la voz de los menos responsables del cambio climático y los más afectados por él”.
Ese proceso mencionado tendrá en noviembre de 2025 una continuidad cuando se realice la COP30, en Belém, en plena Amazonía brasileña.
Allí se discutirá cómo sigue la agenda, cómo se incentivan más las energías renovables y cómo se logra en un mundo con tambores de guerra, que se dedique cada vez más dinero para que países y pueblos puedan también adaptarse a las nuevas condiciones del cambio climático. Todo esto para que “París” no se convierta en otro “Kioto”.
Crisis climática y fronteras: el LIF celebra su décimo aniversario con un ciclo de conferencias internacionales.
El Laboratorio de Investigación sobre Fronteras (LIF) del CONICET-UNaM lanza una propuesta para repensar los territorios y las geografías del cambio climático con la participación de destacados especialistas de Argentina y Canadá.
Un espacio de reflexión interdisciplinaria sobre los territorios en crisis
En el marco de su décimo aniversario, el Laboratorio de Investigación sobre Fronteras (LIF), perteneciente al Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESyH, CONICET-UNaM), organiza un nuevo encuentro dentro del Ciclo de Conferencias sobre Fronteras, que busca abrir el debate sobre los límites, las tensiones y las transformaciones espaciales en un mundo atravesado por el cambio climático.
La conferencia titulada “Los lugares, territorios y terrenos de un mundo en llamas. Una tríada espacial para la crisis climática” se realizará el martes 4 de noviembre a las 17 horas (Argentina) en modalidad virtual, y será transmitida en vivo a través del canal de YouTube @iesyh.conicetunam.
El evento contará con la disertación del Dr. Gastón Gordillo, investigador de la Universidad de British Columbia (Canadá), reconocido por sus estudios sobre geografía crítica, territorialidad y espacialidad en contextos de conflicto y transformación ambiental.
La conferencia será comentada por Facundo Rojas, investigador del IANIGLA (CONICET-Universidad Nacional de Cuyo), y moderada por Tania Porcaro, integrante del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (GEFRE).
Una tríada espacial para entender el cambio climático
El encuentro propone repensar las dimensiones espaciales de la crisis climática a partir de tres conceptos centrales —lugar, territorio y terreno—, en el marco de un mundo marcado por los incendios forestales, el extractivismo y la degradación ambiental.
“Reflexionaremos sobre cómo los incendios y los desastres ecológicos reconfiguran las nociones tradicionales de espacio, y cómo el territorio se convierte en un campo de disputa política, económica y simbólica”, señalaron desde la organización del LIF.
La propuesta busca tender puentes entre la geografía crítica, la antropología, la ecología política y los estudios ambientales, promoviendo un diálogo entre investigadores del norte y del sur global sobre las fronteras como espacios dinámicos de conflicto y resistencia.
Este ciclo se inscribe en una línea de trabajo consolidada por el LIF en la última década. Orientada al análisis de las fronteras geográficas, sociales, culturales y epistemológicas desde una mirada interdisciplinaria.
Una década de investigación sobre fronteras y territorialidades
El Laboratorio de Investigación sobre Fronteras (LIF) celebra en 2025 diez años de trayectoria como espacio de referencia en el estudio de las dinámicas de frontera en América del Sur. Integrado al IESyH (CONICET-UNaM), el laboratorio ha impulsado investigaciones sobre movilidad, soberanía, extractivismo, migraciones, pueblos originarios y conflictos ambientales en zonas de frontera.
El ciclo de conferencias, que se desarrolla a lo largo de todo el año, tiene como propósito fortalecer la red académica regional e internacional. Y consolidar un enfoque crítico sobre las transformaciones territoriales contemporáneas.
“El LIF reafirma su compromiso con la producción de conocimiento situado, interdisciplinario y con perspectiva latinoamericana”, destacaron desde la organización.
Planta de procesamiento de Sigma Lithium en el valle de Jequitinhonha, en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil. La empresa canadiense afirma producir litio “neutro en carbono”, pero los proyectos utilizados para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas están siendo investigados por el gobierno federal por presuntos delitos ambientales (Imagen: Gil Leonardi / Imprensa MG)
La empresa Sigma Lithium suele decir que su modelo minero en Brasil está elevando la calidad del negocio global del litio.
La compañía canadiense ”está a la vanguardia de la sostenibilidad ambiental y social en la cadena de suministro de materiales para baterías de vehículos eléctricos”, según sus comunicados de prensa. A su producto estrella, que extrae en el norte de Minas Gerais, Sigma lo bautizó primero como “litio verde triple cero” y más recientemente como “litio verde quíntuple cero”.
Esos múltiples “ceros” aluden a las tecnologías con que Sigma dice estar trazando “un nuevo estándar para la minería” y “el camino hacia delante para el sector metalúrgico”. Según explica, utiliza “cero agua potable” (ya que toda es agua sucia tratada y recirculada), tiene “cero presas de relaves” (dado que elimina sus residuos vendiéndolos o reciclándolos para pavimentar carreteras), usa “cero electricidad carbono intensiva” (porque toda la que usa viene de fuentes renovables) y genera “cero químicos tóxicos” (gracias a que emplea un método llamado “separación de medios densos”). Es una narrativa que está en el centro de su marketing, pero también parte de una estrategia de negocios que le ha permitido cosechar precios más altos en el mercado.
Hay un quinto cero fundamental en la narrativa de Sigma: su operación minera, dice, es “cero carbono” o “cero emisiones netas de carbono”. Eso significa que la cantidad de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático que arroja a la atmósfera es igual a la que ha eliminado. Algo que ha logrado, en sus palabras, “reduciendo eficazmente su huella de carbono con una serie de iniciativas pioneras”, como las compensaciones u offsets de carbono.
Cuando Sigma Lithium anunció el 26 de julio de 2023 su primer envío de 30.000 toneladas de litio y subproductos (enviados a China en presencia del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y del gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema), explicó que había logrado la neutralidad en carbono para su envío “compensando el carbono restante «difícil de reducir o abatir» emitido durante su proceso de producción” tanto en su mina como en su planta de procesamiento. Lo hizo mediante la compra de 59.000 créditos de carbono de un proyecto del mercado voluntario de carbono en la Amazonía brasileña.
Según se informa, este proyecto redujo a cero la huella de carbono de su operación minera en su primer año de producción. Sin embargo, ha sido objeto de investigación por parte de la justicia brasileña durante más de un año, por sospechas de deforestación ilegal, apropiación indebida de tierras públicas, corrupción y otros posibles delitos, como lo demuestran una investigación periodística y la “Operación Greenwashing” de la Policía Federal de junio de 2024. Ese señalamiento llevó a que la certificadora internacional que lo avaló en su momento lo suspendiera. A hoy el proyecto sigue en pausa.
Rocas ricas en litio en una mina de Divisa Alegre, Minas Gerais. (Imagen: Ana Torres / Imprensa MG)
Cuando fue consultada por los periodistas para este reportaje, Sigma Lithium afirmó que no ha utilizado créditos de carbono desde 2024, cuando cambió su estrategia de utilizar compensaciones ambientales por reducir las emisiones de su propia producción: “La empresa reafirma su compromiso con una minería de muy bajo impacto ambiental, basada en la innovación tecnológica, la salud, la seguridad y la responsabilidad socioambiental, en línea con los objetivos globales de descarbonización”.
Estos son los hallazgos de una investigación periodística hecha por Repórter Brasil y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en el proyecto Litio en Conflicto que reunió a diez medios de la región para entender algunos de los conflictos que rodean a la industria del litio en América Latina. Esta investigación también contó con el apoyo del Rainforest Investigations Network del Pulitzer Center.
Litio verde en Brasil
La mayor atención en el mercado del litio la suelen tener Argentina, Bolivia y Chile, el llamado “triángulo del litio”, que contiene las mayores reservas del mundo.
Brasil, que alberga unos 1,3 millones de toneladas de recursos de litio, según el informe anual sobre minerales del Servicio Geológico de los Estados Unidos, también está tratando de entrar en este mercado. Ocupa el décimo lugar a nivel global en depósitos de litio de extracción económica o técnicamente factible. A diferencia de sus vecinos al oeste, cuyo litio se encuentra en piscinas de salmuera en lo alto de los Andes, el brasileño suele hallarse en rocas de origen volcánico.
Una de estas empresas es Sigma Lithium, una minera canadiense que lleva una década operando en el valle de Jequitinhonha, en el noreste de Minas Gerais. Allí, en los municipios de Itinga y Araçuaí, a 600 kilómetros al norte de la capital del estado, Belo Horizonte, se encuentran sus principales activos: la mina Grota de Cirilo y la planta de procesamiento Greentech.
En octubre de 2024, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) del estado brasileño aprobó un financiamiento de 486,8 millones de reales brasileños (unos 89,37 millones de dólares, al tipo de cambio de la época) para la puesta en marcha de una nueva unidad de procesamiento que Sigma denomina su “segunda fábrica neutra en carbono Greentech”.
El posicionamiento público de Sigma gira en torno a los logros tecnológicos que actualmente le permiten vender su litio como “verde” y “quíntuple cero”. Es una narrativa que la empresa ha presentado en varias cumbres de Naciones Unidas sobre cambio climático, entre ellas las de Glasgow en 2021, Sharm al Sheikh en 2022 y Dubái en 2023.
‘Un producto premium con precio premium’
El 26 de julio de 2023, Sigma Lithium anunció con orgullo que había hecho su envío inaugural de 15.000 toneladas de “litio sostenible de alta pureza apto para baterías” y otras 15.000 toneladas de subproductos desde el puerto de Vitória.
“Fuimos fundados con la misión de producir litio ambientalmente sostenible con las menores emisiones de gases de efecto invernadero posibles”, declaró en su momento Ana Cabral, directora ejecutiva de Sigma.
Ese carácter ambientalmente sostenible y carbono neutro le permitió a Sigma vender su litio a un precio más alto en el mercado de 3.500 dólares por tonelada de litio y 350 dólares por tonelada de subproductos. “Un producto premium con precio premium”, en palabras de la minera.
Su cliente fue Yahua International Investment and Development Co Ltd, una empresa con sede en Hong Kong que forma parte del grupo chino Yahua. Provee hidróxido de litio a fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla en Estados Unidos y BYD en China.
Para cumplir su promesa de alcanzar la carbono neutralidad en toda su cadena de producción de litio, Sigma acudió al mercado voluntario de carbono. Compró 59.000 créditos de carbono para compensar el mismo número de toneladas de CO2 emitido.
El negocio es, en el papel, un gana gana. Los proyectos REDD+, el tipo de iniciativa del mercado de carbono que eligió la minera, suelen enlazar a comunidades locales o propietarios privados que evitan la deforestación en ecosistemas estratégicos para frenar la crisis climática con empresas que buscan, como Sigma, compensar su huella de carbono pagándoles a los primeros por poder usar sus resultados ambientales.
Desde 2005, el programa internacional de acción climática REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) ha tratado de hacer que los bosques tropicales valgan más vivos que muertos mediante pagos basados en los resultados por el carbono que almacenan.
Desde su creación, REDD+ se ha visto obstaculizado por unos niveles de financiación demasiado bajos y demasiado lentos para competir con los beneficios de la deforestación.
Para ello, Sigma firmó un acuerdo con la empresa Carbonext, una de las mayores en el mercado de carbono en Brasil. Ambas celebraron públicamente la alianza. La minera enfatizó que “los créditos de carbono generados por Carbonext y sus socios son de alta calidad e integridad”. Janaína Dallan, la presidenta de Carbonext, subrayó que “proyectos como los que apoya Sigma protegen más de dos millones de hectáreas del bioma amazónico, con seguimiento constante por satélite y sobre el terreno para garantizar la alta integridad y calidad de los proyectos de conservación forestal”. Como anunciaría Sigma, gracias a ese esquema “logró exitosamente emisiones netas de carbono cero” en su envío pionero.
Sigma no es la única empresa minera que destaca públicamente su desempeño ambiental.
“Hoy resulta cada vez más beneficioso económicamente tener un discurso sobre sostenibilidad. Muchas empresas lo están haciendo no solo para tranquilizar a la sociedad civil o a los reguladores, sino que ha surgido una especie de mercado secundario para el ‘litio verde‘”, dijo a esta alianza periodística Thea Riofrancos, investigadora estadounidense y autora del libro recientemente publicadoExtraction: The Frontiers of Green Capitalism (Extracción: las fronteras del capitalismo verde).
Un proyecto de carbono que escondía deforestación
Solo que el proyecto de carbono que terminó eligiendo Sigma Lithium a mediados de 2023 para compensar sus emisiones, llamado Unitor REDD+ Project, arrastraba un problema grave que saldría a la luz pública casi un año después.
El 28 de agosto de 2023, Sigma Mineração S.A., una de las dos filiales brasileras de Sigma, canjeó 59.000 créditos, según el registro de transacciones de la certificadora estadounidense Verra que avaló la iniciativa. Lo hizo, según el propio registro que desglosa seis transacciones, con el objetivo de “compensación ambiental de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con la producción anual de Sigma Lithium en Brasil”.
El proyecto elegido gira en torno a 15 propiedades agrícolas vecinas en Lábrea, en el suroeste del estado de Amazonas. Según el documento de diseño del proyecto, este municipio tuvo la cuarta tasa más alta de deforestación de Brasil entre 2008 y 2020. Al unirse al proyecto, estas propiedades privadas, que suman un total de 99 035 hectáreas, buscaban evitar la deforestación y la venta de madera ilegal.
Los promotores del proyecto eran la empresa desarrolladora del mercado de carbono Carbonext Consultoria Ltd; y la empresa agrícola Ituxi Administração e Participação Ltd, propietaria de una de las propiedades incluidas en el esquema ambiental. La cara visible de toda la iniciativa ambiental era el empresario Ricardo Stoppe Junior, un médico de São Paulo descrito por un portal de noticias económicas como el mayor vendedor individual de créditos de carbono de Brasil.
Validado por la auditora española Aenor y certificado por Verra en mayo de 2022, el proyecto Unitor vendió sus primeros créditos ese mismo año.
Sin embargo, no todo es lo que parecía. En mayo de 2024, se descubrió que Unitor y otro proyecto llamado Fortaleza Ituxi, (ambos ligados a Ricardo Stoppe Jr.) presentaban inconsistencias entre el volumen de madera declarado a las autoridades y la cantidad realmente talada, según imágenes de satélite. El análisis de las imágenes fue realizado por el Center for Climate Crime Analysis (CCCA) para la investigación periodística de Mongabay, en el marco del proyecto colaborativo Carbono Opaco, liderado por el CLIP.
La discrepancia encontrada en las imágenes sugería irregularidades en la gestión de la madera. El Grupo Ituxi, empresa responsable de ambos proyectos, negó a Mongabay cualquier relación con las sospechas y afirmó que todas sus iniciativas están auditadas y certificadas.
Dos semanas después de la publicación de la investigación, la Policía Federal lanzó la Operación Greenwashing contra los responsables de los proyectos de carbono, investigando posibles vínculos con el acaparamiento de tierras y la deforestación ilegal. Este año, la Policía Federal concluyó la investigación e indició a Stoppe Junior y a otras 30 personas por apropiación indebida de tierras públicas para la generación de créditos de carbono, entre otros delitos, según reveló en octubre el periódico Folha de Sao Paulo. Para la Policía Federal, existía una organización criminal en torno al esquema.
Stoppe fue detenido en junio de 2024, pero se encuentra actualmente en libertad provisional, con vigilancia electrónica. El informe final de la investigación de la Policía Federal está siendo analizado por el Ministerio Público Federal, que decidirá si denuncia el caso ante la justicia.
El 13 de junio de 2024, una semana tras la Operación Greenwashing, la certificadora Verra —que había aprobado los proyectos originalmente— los suspendió “hasta que se hayan resuelto todos los problemas o incertidumbres detectados”. Carbonext señaló a esta alianza periodística que el 8 de junio escribió a Verra informando del operativo policial y de su decisión de “suspender cualquier venta, transferencia, generación y emisión de créditos de dichos proyectos hasta nuevo aviso de las autoridades”. A octubre de 2025 Unitor aparecía en la plataforma de Verra como “en pausa”.
Sigma Lithium dijo a nuestros periodistas que está centrada en su estrategia “Quíntuple Cero”, que describió como un “modelo pionero en el sector de la minería sostenible”.
Además de Sigma, entre las empresas que compraron créditos a Unitor se encuentran la firma auditora PwC International, la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, la petrolera estatal austriaca OMV, la empresa belga de chocolate Guylian y la concesionaria del aeropuerto de Belo Horizonte.
Un problema de posible integridad ambiental para Sigma
Aunque Sigma Lithium no es responsable de las acciones de los promotores del proyecto Unitor y hasta donde esta alianza periodística ha podido comprobar no está señalada en la investigación policial, su nombre y su condición de compradora de créditos del proyecto apareció en al menos un documento de las autoridades brasileñas.
“Hay información sobre grandes empresas y marcas globales que utilizan los créditos irregulares mencionados para hacerse pasar por sostenibles ante sus consumidores”, afirma una recomendación legal del Ministerio Público Federal de Amazonas. En ella se pide la suspensión de los proyectos REDD+ en el estado.
Al menos desde mediados de 2024 le debió quedar claro a Sigma que los créditos de Unitor que usó para compensar sus emisiones —y anunciar la carbono neutralidad de sus operaciones el año anterior— eran problemáticos. Era un problema porque la meta de carbono neutralidad de la minera está fuertemente amarrada a las compensaciones u offsets. Como explica en un informe a sus accionistas, sus “ambiciosas metas de cero emisiones netas” son “medidas como emisiones menos créditos de carbono”.
Otro informe similar de 2023 detallaba su estrategia de cero emisiones netas. Sigma asumiría la responsabilidad de todas sus emisiones, tanto del ámbito 1 (emisiones directas), como del ámbito 2 (emisiones por consumo de energía) y del ámbito 3 (emisiones de la cadena de valor). Para este último, proponía lograrlo en dos fases: la primera en 2023, que incluiría las emisiones del transporte de sus mercancías a lo largo de los 700 kilómetros que separan Minas Gerais del puerto de Vitória; y otra a partir de 2024, que incluiría las emisiones del transporte marítimo. Para el transporte, tenía previsto utilizar biocombustibles, mientras que para las emisiones residuales —o aquellas que no pudieran reducirse por otros métodos— recurriría a créditos de carbono.
En julio de 2023, se enviaron aproximadamente 30..000 toneladas de litio brasileño desde el puerto de Vitória, en el estado de Espírito Santo, a China. (Imagen: Cristiano Machado / Imprensa MG)
Dado que el mercado del carbono es relativamente nuevo, no hay una metodología clara y explícita sobre cómo deberían proceder las empresas que se percatan de que los créditos que compraron y usaron resultaron ser tener problemas graves ambientales o sociales. Sin embargo, tres expertos consultados por Repórter Brasil y el CLIP coinciden en que hay una responsabilidad de transparencia de esas empresas hacia sus clientes, inversionistas y la ciudadanía.
“Si se trata de una empresa seria, al tener conocimiento del caso, debería informar a los inversionistas y clientes, avisar que va a descartar los 59.000 créditos por no estar segura de su integridad y comprar otros para garantizar la producción carbono cero, esta vez prestando más atención a su calidad”, afirmó Shigueo Watanabe Jr, investigador de la organización medioambiental ClimaInfo.
Otra investigadora entrevistada por el reportaje, que prefirió permanecer en el anonimato por trabajar en el sector, coincide en que las empresas deberían actuar de forma pública y transparente. “Una empresa que sea parte interesada en un proyecto involucrado en un escándalo por posibles delitos ambientales debería hacer algún tipo de notificación pública, además de indicar su postura y lo que está haciendo para remediar la situación. Es una cuestión de reputación”, dijo.
Carbonext señaló a esta alianza periodística que, tan pronto tuvo conocimiento de las investigaciones, rescindió judicialmente los contratos de prestación de servicios para el desarrollo de los tres proyectos de carbono y notificó a Verra.
A raíz de que “dichos créditos podrían verse afectados en cuanto a su propiedad y legalidad”, explicó la desarrolladora de proyectos de carbono, decidió suspender “cualquier venta, transferencia, generación y emisión de créditos de dichos proyectos hasta nuevo aviso de las autoridades”.
Carbonext no respondió si notificó de la suspensión de Unitor a las empresas que usaron sus créditos, ni si recomienda algún procedimiento a los compradores para reemplazarlos. En su visión, “no ha habido ningún problema de integridad ambiental” dado que “los trabajos propuestos por el proyecto se han implementado, auditado y sus resultados se han comprobado”.
La certificadora Verra dijo a esta alianza periodística que no informa a los usuarios de créditos de la suspensión de un proyecto dado que “Verra no participa en transacciones de mercado, lo que significa que no tenemos una relación directa con el ‘usuario final’”.
Al menos uno de los principales accionistas de Sigma tiene un interés declarado de que sus inversiones sean cada vez más bajas en emisiones de gases de efecto invernadero. El Norges Bank Investment Management, que administra el Fondo de Pensiones del Gobierno de Noruega y a través de éste el fondo soberano de inversión más grande del mundo, busca que todas las empresas en su portafolio “se comprometan a alcanzar la carbono neutralidad para 2050 o antes y que alineen sus actividades con los objetivos del Acuerdo de París” y “establezcan objetivos intermedios de reducción de emisiones basados en datos científicos”.
Consultado por si estaba al tanto de los problemas de posible falta de integridad ambiental de los créditos de carbono usados por Sigma para certificar su carbono neutralidad en 2023, Norges Bank Investment Management dijo a esta alianza periodística que “no tiene ningún comentario”.
Entre el centenar de accionistas de Sigma hay sobre todo gestoras globales de inversiones (asset managers, en inglés) y bancos de todo el mundo. La mayor inversionista, con 43% de las acciones, es la empresa brasilera A10 Investimentos Ltda, una gestora de inversiones que es representada legalmente por la presidenta de Sigma Ana Cabral y controlada, según el informe financiero anual más reciente de la minera, por Marcelo Freire da Paiva, co-presidente con Cabral de la junta directiva de Sigma.
El destino del litio ‘quíntuple cero’
El comprador del primer cargamento de litio, que Sigma declaró “carbono neutral” tras comprar créditos del proyecto Unitor, fue la empresa hongkonesa Ya Hua International Investment and Development Co. Limited, una filial de la empresa china Sichuan Yahua Industrial Group Co. más conocida como Yahua Group.
Fundada en 1952, Yahua Group es una de las empresas químicas más antiguas de China. Actualmente, sus negocios se dividen entre explosivos no militares y la cadena de producción de litio, que incluye la exploración minera, el procesamiento y la venta de productos.
La empresa afirma desempeñar un “papel fundamental en la cadena de valor de la energía limpia” y cuenta con una importante cartera de clientes. Entre sus proveedores directos se encuentran empresas de vehículos eléctricos y baterías, como Tesla, BYD y CATL. Además, Yahua destaca que sus productos llegan a otras empresas del sector, como BMW y Volkswagen.
Al igual que su proveedor Sigma, Yahua concede gran importancia a la reducción de sus emisiones y ha “firmado varios compromisos para reducir la huella de carbono de sus productos”, que describe en su último informe de sostenibilidad como “verdes y con bajas emisiones de carbono”.
Una planta química de litio en Divisa Alegre, en la frontera entre los estados de Minas Gerais y Bahía.(Imagen: Ana Torres / Imprensa MG)
Esta alianza periodística preguntó a Yahua si Sigma Lithium le informó que su carga vendida en 2023 fue compensada con créditos de carbono de un proyecto que estaba siendo investigado por la Policía Federal y que había sido suspendido. Hasta la fecha de publicación, Yahua no había respondido.
El fabricante de baterías CATL confirmó que Yahua Group forma parte de su cadena de suministro, pero señaló que “según nuestro sistema de trazabilidad y el mapeo de nuestra cadena de suministro, podemos verificar que los materiales suministrados a CATL por Yahua no provienen de Sigma Lithium”. La empresa añadió que realiza “rigurosos protocolos de debida diligencia” a sus proveedores.
BYD no respondió a un correo electrónico preguntando qué medidas adoptó para verificar el origen del litio comprado a Yahua Group y garantizar que no presenta irregularidades sociales o ambientales. Tesla también fue contactada pero no respondió.
Alertas por posibles impactos en el territorio
El cuestionamiento en torno al “litio carbono cero” no es el único tema que rodea a la empresa. Asociaciones de pueblos tradicionales, organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos han denunciado los posibles impactos negativos de la industria del litio en la región.
“Más de 100 familias afectadas alrededor del proyecto sufren a diario impactos negativos, daños colectivos e individuales, como altos índices de ruido, polvo, grietas en las casas, problemas de salud y pérdidas en la producción de alimentos”, afirma una carta firmada el 21 de agosto por 68 entidades. Entre ellas se encuentran organizaciones quilombolas (comunidades formadas por descendientes de esclavos africanos) e indígenas, sindicatos de trabajadores y políticos locales. Un mes después, el Instituto de Defensa del Consumidor (Idec) publicó un estudio retomando algunas de esas preocupaciones y cuestionando la pertinencia del financiamiento concedido por el BNDES estatal en el marco de su programa Guía de Bancos Responsables. Entre otras cosas, el Idec señala una “posible contradicción entre el discurso de sostenibilidad y las prácticas efectivas de Sigma”.
La carta fue una respuesta al homenaje rendido por la asamblea legislativa de Minas Gerais a la directora ejecutiva y cofundadora de Sigma Lithium, Ana Cabral. Dos días después, recibió el título de ciudadana honoraria del estado por sus “relevantes servicios prestados a Minas Gerais”.
En un dictamen publicado en diciembre de 2024, el Ministerio Público Federal (MPF) advirtió que la explotación del litio es una actividad de alto impacto ambiental “con potencial para agravar la vulnerabilidad de comunidades tradicionales”. El documento identificó 258 comunidades tradicionales afectadas por diversas empresas. “El punto central es la negación y la invisibilización de las comunidades tradicionales y la interferencia en su modo de vida sin consulta previa”, señaló Helder Magno da Silva, fiscal del MPF que solicitó el dictamen.
A principios de septiembre, el MPF envió una recomendación a la Agencia Nacional de Minería solicitando la suspensión y revisión de las autorizaciones de exploración y extracción de litio en Araçuaí, donde Sigma opera. El documento enfatiza la necesidad de una consulta libre, previa e informada a las comunidades afectadas que no hayan sido debidamente escuchadas antes de la aprobación de los proyectos.
Además del acceso al agua, otro problema señalado por el MPF es la emisión de polvo y la presencia de residuos tóxicos “asociados a problemas respiratorios y enfermedades de la piel en las poblaciones cercanas”. Una de ellas es la comunidad de Piauí Poço Dantas, una aldea de agricultores familiares cercana al complejo minero Grota do Cirilo. “Respiramos polvo las 24 horas del día”, contó un residente que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, refiriéndose a una de las veces que el polvo invadió la comunidad.
Los residentes de Piauí Poço Dantas también informaron del aumento del ruido en la comunidad y de grietas en las casas provocadas por las sacudidas generadas por las detonaciones. Estas percepciones figuran en un informe técnico de la Fiscalía del Estado de Minas Gerais (MPMG), en el que se escuchó a cuatro comunidades de los alrededores del proyecto.
Esta alianza periodística preguntó a Sigma por el informe del Idec cuestionando la financiación concedida por el BNDES, por los documentos del Ministerio Público Federal y por la carta firmada por 68 organizaciones. La empresa no respondió, pero en otros medios negó cualquier irregularidad en la consulta previa, relación con comunidades vecinas o su récord ambiental.
Mientras tanto, Sigma ha seguido vendiendo su “litio quíntuple cero”, que incluye la garantía de neutralidad en carbono, a otras empresas globales.
En septiembre de 2024, la minera informó que envió 22.000 toneladas al gigante automotriz japonés Mitsubishi. Entre ese mismo mes y abril de 2025, reportó haber hecho cuatro cargamentos sumando 76.000 toneladas a la empresa comercializadora de metales y minerales críticos IRH Global Trading Ltd de Emiratos Árabes Unidos, propiedad del Royal Group de Abu Dhabi.
En todas esas transacciones la minera enfatizó el “cero emisiones”, aunque no reportó públicamente si usó créditos de carbono o a cuáles proyectos acudió para lograrlo. El registro público de transacciones de Verra no lista más operaciones en las que Sigma figura como beneficiario, aunque el mercado voluntario de carbono permite a los usuarios elegir que su nombre no figure públicamente. Ante la consulta, Sigma respondió que no usa créditos de carbono desde 2024, aunque no detalló las medidas de descarbonización y eficiencia ambiental que incorporó en sus operaciones.
Al final, Sigma dio un revolcón a su estrategia de compensaciones ambientales después de que los créditos que usó para reducir las emisiones de su primer año de producción vinieron de un proyecto que está bajo investigación de la Policía Federal por posibles delitos ambientales. A pesar de eso, la minera hasta hoy sigue sin hablar de ese problema públicamente.
Inter Press Service – Una persona del 0,1 por ciento más rico del mundo emite más de 800 kilos de dióxido de carbono (CO2) al día, mientras que alguien del 50 % más pobre emite una media de solo dos kilos diarios, muestra el más reciente informe, sobre el desastre climático, de la coalición internacional contra la pobreza Oxfam.
“La crisis climática es una crisis de desigualdad. Las personas más ricas del mundo están financiando y beneficiándose de la destrucción del clima, dejando que la mayoría de la población mundial soporte las fatales consecuencias de su poder sin control”, afirmó Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam International.
El estudio, colmado de datos y cifras y titulado “El saqueo climático: cómo unos pocos poderosos están llevando al mundo al desastre”, se realizó de cara a la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se inicia el 10 de noviembre en Belém, una ciudad de la Amazonia brasileña.
Una persona del 0,1 % más rico (a lo sumo unos ocho millones en una población mundial que rebasa los 8200 millones) produce más contaminación por carbono en un día que alguien del 50 % más pobre en todo un año.
Desde 1990, el 0,1 % más rico ha aumentado su cuota de emisiones totales en 32 %. Mientras que la mitad más pobre de la humanidad ha visto reducir su cuota en tres por ciento.
Si todo el mundo emitiera carbono como el 0,1 % más rico, el presupuesto de carbono —la cantidad de CO2 que se puede emitir sin provocar un desastre climático— se agotaría en menos de tres semanas.
Para mantenerse dentro de los límites del umbral de 1,5 grados centígrados (°C), el 0,1 % más rico tendría que reducir sus emisiones per cápita en 99 % para 2030.
Con el Acuerdo de París de 2015, la casi totalidad de las naciones pactaron trabajar para que el calentamiento del planeta no superase el umbral de 1,5 °C sobre la temperatura media de la era preindustrial (1850-1900) para el año 2050, ni más de dos grados para finales de este siglo.
Las emisiones del uno por ciento más rico son suficientes para causar 1,3 millones de muertes relacionadas con el calor a finales de siglo. Así como 44 billones (millones de millones) de dólares de daños económicos a los países de ingresos bajos y medios-bajos para 2050.
Los efectos de estos daños climáticos afectarán de manera desproporcionada a quienes menos han contribuido a la crisis climática. En particular a las personas que viven en el Sur global, con mayor impacto en las mujeres, las niñas y los grupos indígenas, indica Oxfam.
La investigación también detalla cómo los multimillonarios están utilizando su influencia política y económica para mantener a la humanidad dependiente de los combustibles fósiles. Con el fin de maximizar sus beneficios privados.
Señala que los súper ricos no solo consumen carbono en exceso. Sino que también invierten activamente en las empresas más contaminantes y se benefician de ellas.
El multimillonario promedio produce 1,9 millones de toneladas de CO2 equivalente al año a través de sus inversiones, revela la investigación. Esos multimillonarios tendrían que dar casi 10 000 vueltas al mundo en sus jets privados para emitir semejante cantidad.
Casi 60 % de las inversiones de los multimillonarios se clasifican como sectores de alto impacto climático, como el petróleo o la minería. Lo que significa que sus inversiones emiten dos veces y media más que una inversión media en el índice de capitalización bursátil S&P Global 1200.
Las emisiones de las carteras de inversión de solo 308 multimillonarios suman más que las emisiones combinadas de 118 países.
El poder y la riqueza de las personas y empresas multimillonarias también les han permitido ejercer una influencia injusta en la elaboración de políticas. Y diluir las negociaciones sobre el clima, sostiene el reporte de Oxfam.
En la COP29 (en Bakú, 2024), se concedieron acreditaciones a 1773 lobistas del carbón, el petróleo y el gas. Más que a los 10 países más vulnerables al clima juntos.
Varios países ricos y con altas emisiones, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, han diluido las leyes climáticas tras recibir grandes donaciones de los lobistas contrarios al clima.
Behar comentó que “los súper ricos y las empresas que dirigen tienen un historial mortífero de financiar a grupos de presión, difundir desinformación sobre el clima. Y demandar a las ONG y los gobiernos que intentan interponerse en su camino”.
“Debemos romper el dominio de los superricos sobre la política climática gravando su riqueza extrema, prohibiendo sus actividades de presión. Y, situando a los más afectados por la crisis climática en primera línea de la toma de decisiones”, agregó el responsable de Oxfam.
La coalición presenta una serie de demandas en el contexto de la COP30. Comenzando por reducir drásticamente las emisiones de los súper ricos. Y hacer que los contaminadores más ricos paguen -mediante impuestos sobre la riqueza extrema- tributos sobre los beneficios excesivos de las empresas de combustibles fósiles.
Estima que un impuesto de 60 % sobre los ingresos totales del uno por ciento más rico a nivel mundial podría reducir las emisiones de carbono equivalentes al total de las del Reino Unido y generar alrededor de 6,4 billones de dólares.
Apunta a frenar la influencia económica y política de los más ricos. Prohibiendo a las empresas de combustibles fósiles participar en negociaciones climáticas como la COP. Con normas de sostenibilidad a las empresas y las instituciones financieras.
Propone reforzar la participación de la sociedad civil y los grupos indígenas en las negociaciones sobre el clima. Y abordar los efectos desiguales del cambio climático.
Además, adoptar un enfoque de reparto equitativo del presupuesto climático restante, comprometiéndose con las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC en inglés) que reflejen la responsabilidad histórica y la capacidad de actuar, y garantizando que los países ricos proporcionen una financiación climática ambiciosa.
Finalmente expresa como propuesta “construir un sistema económico equitativo que anteponga a las personas y al planeta. Rechazando la economía neoliberal dominante y avanzando hacia una economía basada en la sostenibilidad y la igualdad”.
En la región de América Latina y el Caribe (ALC), los niños, niñas, adolescentes y jóvenes enfrentan riesgos sin precedentes. Que amenazan no solo su presente, sino también sus oportunidades futuras. El cambio climático los afecta de manera desproporcionada, ya que son más vulnerables, tanto física como fisiológicamente. Y tienen menos capacidad para soportar y sobrevivir a condiciones climáticas extremas como inundaciones, sequías, tormentas y olas de calor.
Esta vulnerabilidad también se debe a su alta dependencia económica. La prevalencia de la pobreza y la falta de acceso a servicios esenciales para su desarrollo. Como los de salud, nutrición, educación y protección social, lo que a su vez limita los recursos disponibles para hacer frente a un clima cambiante. A medida que estos impactos se intensifiquen se espera que estas tendencias se agudicen, pudiendo resultar en una vida de oportunidades perdidas.
En un nuevo estudio del autor Rafael Van der Borght, titulado: “The impact of climate change on child and youth poverty in Latin America” (El impacto del cambio climático en la pobreza infantil y juvenil de América Latina), publicado por la Sección de Cambio Climático, Ambiente, Energía y Reducción del Riesgo de Desastres de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Unidad de Cambio Climático de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se pueden leer varios desarrollos sobre el tema.
Tres escenarios posibles en la región
Principalmente analiza el impacto potencial del cambio climático sobre la incidencia de la pobreza infantil y juvenil en América Latina en 2030. Con base en datos de pobreza armonizados para 18 países de la región, los resultados muestran que el cambio climático provocará un aumento considerable de la pobreza infantil y juvenil en América Latina. Aunque la magnitud final de este aumento dependerá 1- del escenario climático hacia el cuál el planeta se dirija y 2- de las políticas públicas que la región implemente.
En este nuevo documento se cuantifican los impactos del cambio climático bajo tres escenarios climáticos. Los cuales se identifican como (I)-Net Zero 2050; (II)- Políticas actuales y (III) Muy poco, muy tarde.
Estos escenarios reflejan los diferentes esfuerzos de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel global. En cada escenario, los impactos económicos del cambio climático contemplan los efectos crónicos relacionados con el aumento tendencial de las temperaturas. Así como los efectos agudos asociados con cuatro tipos de eventos meteorológicos extremos: olas de calor, sequías, inundaciones y ciclones tropicales.
Asimismo, se explora cómo una profundización de la desigualdad económica impulsada por los efectos del cambio climático y reflejada por un aumento del coeficiente de Gini (es un indicador de la desigualdad en la distribución de ingresos u otros bienes dentro de una población, variando entre 0 y 1. Un valor de 0 representa una igualdad perfecta -todos tienen el mismo ingreso-. Mientras que un valor de 1 indica una desigualdad máxima -una persona tiene todos los ingresos-. Esta distribución del ingreso podría impactar la evolución de la pobreza infantil y juvenil (efecto cambio climático y desigualdad).
En 2030, aún en un escenario en donde se implementen reducciones de emisiones de GEI ambiciosas y rápidas a nivel global (Net Zero 2050), se estima que el cambio climático podría empujar a la pobreza a 5.9 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes adicionales a los ya existentes.
Por el contrario, en un escenario de inacción climática (Muy poco, muy tarde), esta cifra podría triplicarse a 17.9 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes adicionales. A modo de comparación, aproximadamente 11 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes quedaron en situación de pobreza como resultado de la pandemia del COVID-19.
Bajo el impulso del cambio climático, las desigualdades preexistentes podrían profundizarse, si el coeficiente de Gini de distribución del ingreso se deteriorara un 1 por ciento por añoⁱⁱ, en 2030, la cantidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de pobreza por el cambio climático podría, aproximadamente, duplicarse con respecto a las estimaciones anteriores. Esto recalca la importancia de promover un modelo de desarrollo más inclusivo. En el cual la política pública atenúe las presiones del cambio climático sobre la desigualdad.
Cómo abordar estos cambios en la región
Ante la dimensión de estos impactos, resulta esencial abordar el cambio climático como un factor clave en la lucha contra la pobreza infantil y juvenil. Para ello, se recomienda impulsar una mayor articulación entre las políticas climáticas y las políticas de protección y defensa de la infancia y la juventud en la región en por lo menos las siguientes áreas prioritarias:
1.- Fortalecer la resiliencia climática de los servicios sociales y mejorar la infraestructura crítica (salud, nutrición, educación y desarrollo de la primera infancia con enfoque climático). Mediante el diseño de programas que proporcionen servicios combinados de salud, nutrición y cuidado temprano con especial énfasis en los primeros 1.000 días de vida, diseño y construcción de escuelas resistentes a los fenómenos climáticos y facilitando el acceso a agua potable, saneamiento e higiene.
2.-Aumento del financiamiento climático. A fin de desarrollar programas sensibles a la niñez y a la juventud que fortalezcan los servicios sociales críticos con el fin de hacerlos más resilientes al clima. Y, a la vez, asegurar la inclusión de sus derechos y su participación como actores relevantes y agentes de cambio.
3.- Fomentar políticas de protección social adaptativas y de respuestas a emergencias que tomen en cuenta las necesidades específicas de la niñez y la juventud. A través del desarrollo de sistemas de protección social adaptativos o responsivos a desastres, mejorando la accesibilidad a servicios de salud integrales. Y adecuando los protocolos de respuesta a las emergencias con base en los requerimientos físicos y psicológicos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
4.- Promover una mayor consciencia, educación y empoderamiento climático de la niñez y la juventud. Que generen habilidades para la vida en un mundo cambiante propiciando su participación a nivel local, regional y mundial. Y apoyando y fortaleciendo los movimientos climáticos liderados por niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la inclusión de la educación ambiental y climática en los currículos y programas escolares.
Si bien los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático. También tienen ideas novedosas e iniciativas que contribuyen a aumentar la resiliencia de sus familias, comunidades y países.
Conclusión
Para evitar que el cambio climático empuje a la pobreza a una cantidad cada vez más grande de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es imprescindible contar con políticas climáticas y sociales integradas.
El presente y futuro de los jóvenes en América Latina depende de las medidas que se tomen para protegerlos de los efectos del cambio climático. Promover un crecimiento equitativo y evitar el riesgo de pobreza brindándole a cada uno de ellos una oportunidad en equidad para mejorar su bienestar.
