AMNISTÍA INTERNACIONAL

8M: dramáticos niveles de violencia afectan a Argentina y el mundo, especialmente Medio Oriente

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En el Día Internacional de las Mujeres, Amnistía Internacional señaló las deudas en derechos humanos que persisten en Argentina, especialmente en violencia de género, educación sexual e interrupción del embarazo. Además, destaca que, a lo largo de diversos países, como Irán y Afganistán, las vulneraciones de garantías se han profundizado a niveles alarmantes.

“Las distintas manifestaciones de violencia afectan a niñas y mujeres, y las alarmas prendidas parecen no sensibilizar a los Estados que no logran revertir esta situación. Desde Afganistán en donde las alumnas ni siquiera pueden estudiar hasta, sin ir más lejos Argentina, en donde el año pasado se registraron más de 230 femicidios, el recorrido por diversos países es un mensaje a la comunidad internacional de todo lo que falta por hacer”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Argentina

En el país, estos son algunos de los ejes que destaca Amnistía Internacional:

Violencia de género: en 2022, de acuerdo al monitoreo de la sociedad civil (MuMaLá) se registraron 233 femicidios, de los cuales 9 fueron transfemicidios o travesticidios. El 91% fue cometido por personas del círculo cercano de la víctima.

De las más de 125.000 llamadas atendidas por la línea 144, 24.558 comunicaciones fueron derivadas a distintos canales de asistencia para su seguimiento y el 91% corresponde a situaciones de violencia doméstica.

Es indispensable realizar un diagnóstico sobre las deficiencias de las políticas públicas existentes, abordar causas profundas y adoptar un enfoque integral. El brutal escenario en relación a las altas cifras de asesinatos y ataques no es acompañado por soluciones en materia judicial.

Solo el 15,5% de denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias. Es urgente contar con una justicia rápida, reparadora y con perspectiva de género y diversidad.

Violencia online: la hostilidad también permea las redes sociales. Un estudio de ONU Mujeres realizado el año pasado recoge que el 80% de las mujeres con voz pública entrevistadas dejó de opinar sobre determinados temas, el 40% se autocensuró y un tercio cambió de puesto laboral.

Amnistía Internacional ya alertó que, 1 de cada 3 mujeres del país, ha sufrido violencia online. Las expresiones de violencia en línea trascienden la virtualidad. Estas agresiones tienen impacto en la salud, integridad, vida laboral y socialización.

Aborto legal: ya se cumplieron más de dos años de la aprobación de la ley que consagró el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina, una conquista que inspira a otros países. Sin embargo, su efectiva implementación aun es una deuda.

Desde 2021 se han registrado 132.754 abortos en el sistema público de salud, aunque no se ha producido información sobre el sistema privado. Las mujeres y personas gestantes aún enfrentan barreras.

ESI: otra ley cuya correcta implementación aún está pendiente es la de Educación Sexual Integral (ESI), herramienta fundamental para el acceso a los derechos de las mujeres y personas LGBTI+ y generar un cambio social. En el contexto del reciente inicio de clases, Amnistía Internacional señaló que solo el 4% de las y los estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos, prioritarios y obligatorios.

A esto se suma que, 7 de cada 10 docentes, sostienen que necesitan más capacitación, lo que pone en evidencia la falta de políticas públicas para fortalecer su formación. La ESI es una herramienta central para que niñas, niños y jóvenes puedan tomar decisiones, aprender sobre diversidad y respeto y alertar situaciones violentas, entre otras cosas.

Ejes Internacionales

Mujeres, niñas y diversidades son grupos que sufren violaciones de derechos en la región y en el mundo. En los últimos tiempos se ha visto recrudecer la violencia, especialmente en países como Irán y Afganistán. 

Irán: la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini, de 22 años, a manos de la policía de “moral” en septiembre de 2022, provocó un levantamiento popular sin precedentes que continúa en todo el país. En respuesta, las autoridades iraníes reprimieron con munición real, perdigones metálicos y gases lacrimógenos de forma extensiva e ilegal.

Desde Amnistía Internacional registraron los nombres de cientos de manifestantes y transeúntes asesinados ilegítimamente por las fuerzas de seguridad, incluidos al menos 44 niños y niñas.

A pesar del peligro, las mujeres iraníes continúan en resistencia. El lema revolucionario “Mujer, Vida, Libertad” sigue viéndose y oyéndose en todo Irán.

Afganistán: desde que tomaron el control del país, en agosto de 2021, los talibanes han violado los derechos de las mujeres y niñas a la educación, al trabajo y a la libre circulación. Niegan a poyo a quienes sufren violencia de género, contribuyen al aumento de matrimonios infantiles y forzados, les prohíben asistir a la universidad, ordenaron a las ONGs prescindir de su personal femenino. Además, en los últimos meses, detuvieron ilegítimamente a intelectuales y defensores de derechos.

Muchas víctimas han sido detenidas arbitrariamente, sin tener acceso a una defensa legal ni a sus familias. En muchos casos no se da información sobre los motivos de la detención, y el paradero de la persona detenida suele desconocerse, lo cual constituye desaparición forzada.

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A dos años de la histórica ley de aborto, persisten a nivel federal los desafíos para su plena implementación

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Se cumplen dos años de la icónica madrugada en que el Congreso de la Nación, gracias a la lucha de millones de mujeres y de diversos sectores sociales, aprobó la ley de aborto. En un mundo donde hay países que restringen este derecho, Argentina es un ejemplo en el reconocimiento de la autonomía reproductiva.

Si bien en el primer año y medio de implementación de la norma se registraron 106.764 prácticas en centros de salud públicos de todo el país, aún persisten barreras en el acceso a este derecho relacionadas con la falta de información y calidad de la prestación, y a situaciones de violencia y maltrato, tanto en el sector público como en el privado.

En tal contexto, Amnistía Internacional realiza un monitoreo permanente sobre las políticas implementadas por el Estado nacional y los Estados provinciales en torno al acceso a abortos de calidad. Dicho trabajo incluye viajes y entrevistas a referentes y autoridades de distintas provincias, y acompañamiento a decenas de mujeres y personas gestantes que enfrentan obstáculos al momento de querer realizar la práctica.

“Tras la aprobación de la ley y luego de mucho manifestarnos y trabajar por la conquista del derecho a la interrupción del embarazo, ahora toca monitorear para garantizar su efectivo cumplimiento. Desde nuestra organización, durante 2022, documentamos los obstáculos que persisten en la garantía de la práctica y, sin dudas, no dejaremos de exigir al Estado que todas las mujeres puedan, por fin, ser efectivamente iguales ante la ley”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.  

De norte a sur

Salta ha estado en el foco de atención por la injusta criminalización a la médica Miranda Ruiz tras garantizar un aborto legal. Finalmente, la profesional fue sobreseídaMendoza fue demandada por no brindar información. Buenos Aires tampoco es la excepción ya que todavía presenta serios desafíos para el acceso a la práctica a nivel municipal.

El trabajo conjunto de distintas organizaciones, incluida Amnistía Internacional (AI), logró que se ordene al municipio de La Plata a informar cómo da cumplimiento a la Ley 27.610.
Además, AI documentó las barreras en el acceso al aborto a través de obras sociales y empresas de medicina prepaga, y acompañó a 17 personas de distintas jurisdicciones del país que enfrentaron barreras para el acceso a un aborto.

A dos años de la aprobación de la ley, el caso de Tierra del Fuego es paradigmático. A tal punto que la organización internacional realizó una investigación en terreno y, como conclusión de dicha visita, lanzó un contundente informe.  

En Río Grande el único hospital público que debe garantizar la interrupción del embarazo no lo hace debido a que los 13 médicos de su servicio de tocoginecología son objetores de conciencia.

Por esta razón, desde que la ley 27.610 entró en vigencia, al menos 34 personas de esa ciudad con embarazos de más de 12 semanas tuvieron que viajar más de 200 kilómetros hasta el Hospital Regional de Ushuaia para acceder a un aborto.

Estos traslados aumentaron en un 50 por ciento la demanda del hospital de Ushuaia.Pero, además, no solo no hay campañas públicas de información, sino que se toleran altos grados de desinformación, como por ejemplo la difusión de cartelería sobre líneas telefónicas “para acompañar embarazos inesperados” que es atendida por personas que buscan disuadir a las mujeres de su decisión de abortar.

Ante este panorama, el Ministerio de Salud fueguino tan solo lanzó una convocatoria a profesionales no objetores de conciencia y no obtuvo resultado. Tampoco adoptó ninguna medida para mejorar en lo inmediato el circuito de información, acceso y derivaciones, ni para respaldar y fortalecer el trabajo de los equipos que actualmente garantizan la práctica.

Amnistía Internacional celebra los avances y esfuerzos que realiza Argentina en el reconocimiento de la autonomía reproductiva de las personas. Sin embargo, para garantizar la efectiva implementación, la organización continuará monitoreando el acceso a la práctica y, una de las herramientas para tal fin es su formulario de denuncia para que aquellas personas que experimenten barreras puedan denunciarlas. 

Fuente: Amnistía Internacional.

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El jugador iraní Amir Nasr-Azadani podría ser ejecutado, por defender los derechos de las mujeres

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De acuerdo a “Iranwire”, Amir Nasr-Azadani (26) fue condenado a muerte por “traición a la patria” después de mostrar su apoyo a los derechos humanos y defender los derechos de la mujer en su país.

Amir Nasr-Azadani, de 26 años y que ha jugado en algunos de los clubes de fútbol más importantes de Irán, fue condenado a muerte por “traición a la patria”, después de participar en protestas contra el gobierno de su país, algo que condena el sindicato internacional de jugadores. “Nos solidarizamos con Amir y exigimos que se elimine inmediatamente su sentencia”, escribe Fifpro.

“Iranwire”, afirma que tanto el jugador como su familia fueron amenazados varias veces. “Ahora pagará el precio máximo por sus protestas”, señala Fifpro. En un comunicado en Twitter, Fifpro escribe que se encuentran “tristes y conmocionados” por esta situación. “Fifpro está conmocionado e indignado por los informes de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrente a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades fundamentales en su país. Nos solidarizamos con Amir y exigimos que se levante su sentencia de inmediato”.

A su vez, Amnistía Internacional realizó un comunicado al respecto de esta condena. “La organización ha pedido a la comunidad internacional que utilice todos los medios necesarios para presionar al gobierno iraní para que detenga las ejecuciones y la pena de muerte”, afirma Diana Al Tahavi, de Amnistía Internacional.

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Cómo es la situación en el sistema de salud privado en Argentina, en relación al aborto legal

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Argentina, un país a la vanguardia con su ley de aborto legal, pero con desafíos a la hora de implementarlo: cómo es la situación en el sistema privado

En un mundo donde Estados Unidos o países europeos como Hungría restringen el acceso al aborto, Argentina es un ejemplo en el reconocimiento de la autonomía reproductiva. Sin embargo, a la hora de implementar la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), persisten barreras que las usuarias de los servicios de salud deben superar, tanto en el sector público como en el privado.

Desde la sanción de la ley, y pese a las resistencias de ciertos sectores y ataques judiciales frustrados, el sector público de salud registró 73.487 interrupciones del embarazo y aumentó en 420 la cantidad de efectores que garantizan la práctica. Si bien estos datos no niegan la persistencia de barreras, como, por ejemplo, la baja disponibilidad de servicios que aún aqueja a algunas jurisdicciones, al menos rinde cuentas sobre los avances. Amnistía Internacional continúa monitoreando y documentando el Estado de la implementación de la ley a nivel federal, y en esta oportunidad difunde el resultado de una primera investigación sobre lo que sucede en el sector privado. 

La situación en el sector privado

Lamentablemente no se ha producido información pública que releve, al menos, a nivel nacional, cuántas IVE/ILE fueron garantizadas por el sector privado y de la seguridad social, pese a la enorme relevancia de dicho sector en Argentina. A través del acompañamiento de casos y de acceso a información pública, Amnistía Internacional ha identificado barreras en el acceso a servicios de IVE/ILE que todavía enfrentan usuarias y afiliadas de Obras Sociales (OS) y Entidades de Medicina Prepaga (EMP).

Los reclamos recibidos por los organismos nacionales de control y supervisión de dicho sector dan cuenta de que, desde la sanción de la ley, cientos de usuarias se enfrentaron con graves obstáculos de acceso a la práctica. Un 35% de las reclamantes ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y un 54% de los reclamos ante la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores denunciaron que se le negó el acceso a la práctica. 

La cuarta parte de los reclamos debieron resolverse en el sistema público de salud, aumentando el colapso y cuello de botella que, en algunos casos, enfrentan los efectores de ese sector. Además, una empresa de medicina prepaga fue multada en 4 millones de pesos por negar la cobertura correspondiente de control post aborto a una usuaria e incumplir el deber de brindar información y un trato digno. En otro caso, la prepaga debió bonificar con 12 cuotas a la usuaria por las mismas razones.

“En un país con un territorio tan vasto y en el que al menos el 60% de la población cuenta con cobertura privada de salud, para que las personas puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos es necesario un fuerte compromiso de todos los actores de dicho sector. Las obras sociales y empresas de medicina prepaga deben brindar a sus afiliadas la cobertura integral obligatoria de la IVE e ILE, mediando un trato digno y pleno acceso a la información. La Superintendencia de Servicios de Salud y las autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor deben fortalecer los equipos de trabajo que resuelven los reclamos por obstáculos de acceso a IVE, aplicar las sanciones correspondientes frente a incumplimientos, y exigir garantías de no repetición para que ninguna otra mujer tenga que enfrentar nuevamente barreras en el ejercicio de derechos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Amnistía Internacional celebra los esfuerzos que realizan países como Argentina, Colombia y México, que, a contramano de países europeos o de EE.UU. avanzan en el reconocimiento de la autonomía reproductiva de las personas con capacidad de gestar. La organización continuará haciendo campaña para que el aborto sea legal en todo el mundo y vuelva a serlo en lugares que hoy en día muestran una preocupante tendencia regresiva.

Salta y el caso Miranda

La semana pasada fue sobreseída Miranda Ruiz, médica que estaba imputada sólo por haber hecho su trabajo; es decir, por haber garantizado un aborto en Salta.

Si bien la provincia ha realizado importantes esfuerzos para garantizar la práctica, aún hay muchos desafíos. A partir del diagnóstico de la “escasez de profesionales no objetores de conciencia” en la provincia y frente a la obligación de garantizar el acceso, el Ministerio de Salud adoptó normativa y organizó capacitaciones para aumentar la capacidad de respuesta de los centros de salud en cada área sanitaria de la provincia. Sin embargo, referentes locales advierten que es necesario continuar ampliando la oferta de servicios para cubrir la demanda en toda la provincia.

Sólo unos pocos profesionales garantizan interrupciones legales en edades gestacionales avanzadas, por lo que deben trasladarse o trasladar a las pacientes de un lado a otro de la provincia a fin de garantizar el acceso a esa práctica.

Además, no hay información en centros de salud y en el espacio público sobre dónde y cómo acceder a la práctica, ni se puede acceder a ella de manera espontánea. Los centros de salud derivan a las pacientes que consultan al 0800 del Ministerio de Salud de la Nación, y si bien existen líneas telefónicas locales, no se han difundido ampliamente entre la población.

El Ministerio informó que está próximo el lanzamiento de una campaña con cartelería pública con un código QR que incluiría información sobre el derecho al aborto, que incluiría canales de reclamo por obstáculos en obras sociales y empresas de medicina prepaga. Pese a ello, no consta que se vaya a difundir activamente información precisa sobre los lugares, días y horarios en donde se puede acceder a una consulta, lo que es central para mejorar sustancialmente el acceso a la práctica.

La organización difunde su formulario de denuncia  para aquellas personas que experimenten barreras en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

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El Congreso debe aprobar ya la ley de humedales, plantea Amnistía Internacional

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En el marco del Día de la Tierra, Amnistía Internacional lanzó una campaña para exigir al Congreso Nacional el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley que busca regular, proteger y conservar a los humedales. A su vez, la organización llevará el reclamo a la movilización por el clima convocada para hoy a las 17.30, de Plaza de Mayo a Congreso.

El 2 de marzo, el proyecto de ley de humedales fue presentado nuevamente en la Cámara de Diputados tras haber perdido estado parlamentario por tercera vez a fines de febrero. El texto de la norma ha sido ampliamente consensuado por más de 380 organizaciones y defensores y defensoras ambientales y, establece presupuestos mínimos nacionales para promocionar la conservación, el uso sostenible y la restauración de los humedales.

“El proyecto de ley está por cumplir diez años de postergaciones. Los legisladores parecen ignorar este tema urgente, que pone en juego el futuro de nuestro ambiente y nuestros derechos. En el Día de la Tierra, recordamos la necesidad de que nuestro país demuestre compromisos sólidos con la agenda climática, algo que nuestros representantes no parecen estar haciendo”, afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

Los tratados internacionales a los que Argentina se encuentra obligada prevén el uso racional de todos los humedales mediante planes, políticas y legislación nacional.

¿Qué son los humedales?

Los humedales son territorios que permanecen por un determinado periodo, o de manera constante, bajo el agua. Son clave para reducir los efectos de la crisis climática porque:

• Aportan diversidad biológica y cultural.
• Son fuentes para el almacenamiento de carbono, ya que retienen más gases de efecto invernadero.
• Almacenan agua, así amortiguan los impactos de las lluvias, fundamental para el control de las inundaciones.
• Ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías. De este modo, colaboran con la protección contra los incendios y reducen los riesgos de inundaciones.
• Generan gran variedad de productos de plantas, animales y minerales que son utilizados como alimentos, medicinas e insumos.

En Argentina, representan el 21% de los territorios nacionales y aportan al control de incendios e inundaciones.

Los incendios sobre el Delta Paraná y Corrientes, y los consecuentes efectos sobre el medio ambiente, volvieron a poner en agenda la necesidad de tratar la Ley de humedales con celeridad.

Se estima que Argentina cuenta con 600.000 km2 de esta clase de territorios, aunque no se sabe con exactitud su extensión ni su estado de conservación y destrucción, por ello, es fundamental que se realice un inventario.

Movilización por el Día Internacional de la Tierra

Amnistía Internacional participará de las movilizaciones enmarcadas en el Día de la Tierra. La movilización se realizará en al menos 10 puntos en todo el país.

“En un contexto de agravamiento permanente de los efectos de la crisis climática y la inacción de los Estados, es fundamental que levantemos nuestras voces y nos movilicemos para exigir un futuro posible. Por eso, desde Amnistía Internacional estaremos apoyando las movilizaciones de los y las defensoras del ambiente en todo el país y exigiendo una ley de humedales ya”, concluyó Mariela Belski.

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