mié. Ene 14th, 2026

Anses

Anses aclara sobre los pagos pendientes de Progresar

By Administrador Economis 9 años ago
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Ante la situación generada en torno de los beneficiarios del programa Progresar, desde la Anses se comunicó la respectiva aclaración al respecto con el objetivo de despejar cualquier tipo de duda.

En estos días, el Ministerio de Educación y Deportes ha vuelto a requerir a las jurisdicciones e instituciones de nivel superior (terciarios y universitarios) que verifiquen el cumplimiento de los requisitos académicos de los alumnos identificados como no-informados, a fin de remitir la información a la ANSES y habilitar los pagos pendientes de esta prestación. Si hubiera casos particulares no alcanzados por esta rectificación, la ANSES habilitará la vía de reclamo individual. Se estima que en los primeros días de julio estos casos recuperarán el cobro, incluyendo el retroactivo de mayo.

PROGRESAR prevé por norma una instancia anual de certificación de regularidad educativa para el nivel superior y dos instancias semestrales de certificación para los niveles obligatorios.

El Ministerio de Educación y Deportes certifica por los alumnos de nivel superior, aprovechando las bases nominales de alumnos que comparte con las jurisdicciones y universidades. Para el nivel obligatorio, cada beneficiario realiza la acreditación de manera individual a través de la web u oficinas de la ANSES.

Con respecto a los estudiantes de nivel primario, secundario, modalidad especial y FINES, se recuerda que cada uno debe acreditar mediante el formulario PS.2.68 la escolaridad correspondiente al período agosto-diciembre de 2016.

Este formulario debe estar completo con los datos personales de cada alumno y firmado y sellado por la institución a la cual concurrió el año pasado. Su presentación puede hacerse de dos maneras:

* Por Internet, ingresándolo a través de la sección Inscripción (dentro de la pantalla principal), opción Acreditación de Escolaridad.
* Personalmente en las oficinas de la ANSES, previa solicitud de turno aquí. En este caso, se toma como fecha de presentación la fecha del turno.

Para más información sobre la presentación del formulario o acreditación del nivel superior, los interesados pueden enviar un correo electrónico a progresar@anses.gov.ar o llamar al número gratuito 130.

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En Misiones se suspendió el 70 por ciento de las becas Progresar

By Administrador Economis 9 años ago
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De 50 mil jóvenes beneficiarios, hoy se paga a poco más de 16 mil chicos de universidades públicas y privadas. La demora en la entrega de certificaciones por parte del Ministerio de Educación de la Nación a la Anses, hizo caer el pago del beneficio.

Desde este mes, alrededor del 70 por ciento de las becas del programa nacional Progresar, destinada a estudiantes de escuelas y universidades públicas y privadas fue suspendida en Misiones.

De acuerdo a datos a los que accedió este medio, hasta el año pasado se abonaban 50 mil becas en la provincia, pero desde este mes de junio solo se pagaron 16.558.

La demora en la entrega por parte del Ministerio de Educación de la Nación a la Anses, de los certificados de rendimiento académico que entregan las universidades, sería la razón de la suspensión del beneficio.

Los requisitos para acceder al Progresar son aprobar como mínimo dos materias al año y cumplir requisitos socioeconómicos que demuestren la necesidad de la ayuda. Se pagan 720 pesos por mes, más el 20 por ciento acumulativo una vez presentada la documentación requerida. No hubo aumento en el monto en dos años.

Fuentes consultadas agregaron además, que a los jóvenes que deciden independizarse, ahora les solicitan un certificado de convivencia, para corroborar que ya no viven con sus padres.

Ante esta situación, Anses ya formalizó un comunicado precisándole a los jóvenes de la situación, refiriendo “dificultades técnicas” ya que el Ministerio de Educación de la Nación, junto al Instituto Nacional de Educación Tecnológica y el programa Nacional de Becas Universitarias, se encuentran analizando aquellos casos que resulten susceptibles de revisión. Y agrega que el organismo asume el compromiso de abonar los retroactivos correspondientes a los meses impagos.

 

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Exigen verificaciones in situ antes de que Nación corte pensiones en la provincia

By Administrador Economis 9 años ago
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En las últimas semanas se registraron decenas de casos de personas discapacitadas y adultos mayores de escasos recursos que, por decisión del gobierno nacional, dejaron de cobrar las magras pensiones graciables de las que eran beneficiarios, hecho que ocasiona dramáticas situaciones de extrema necesidad e injusticias, sobre todo en el área rural de la provincia.

Ante esta situación, el Partido Agrario y Social repudió “la afectación inhumana que estas políticas de ajuste afectan a los sectores más vulnerables”, y exige a los referentes de Cambiemos que establezcan mecanismos para que no se corte ningún beneficio sin una previa auditoría, verificación o informe socioambiental in situ.

“Diputados nacionales y senadores por Misiones deben exigir que de inmediato se repongan los beneficios y que la Nación mande a sus muchos empleados a verificar casa por casa para frenar de una vez este ajuste feroz con los que menos tienen”, disparó el legislador Héctor “Cacho” Bárbaro, quien refirió que los cortes en las pensiones se recrudecieron en el último mes.

“Le cortaron la pensión, por ejemplo, a una abuelita que tiene lepra y que no tiene ni para comer. Al parecer decidieron que no le corresponde el beneficio porque un pariente comenzó a cobrar una jubilación mínima, que además está por debajo de la línea de pobreza. Estos casos se repiten y repiten, es una locura, deciden sobre vidas que se van apagando por la tristeza y la impotencia”, advirtió.

Las pensiones no contributivas para adultos mayores sin recursos, personas con discapacidad, o madres de 7 o más hijos se crearon para atender desde el Estado a los casos de mayor vulnerabilidad social, pese a lo cual “el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no realiza una previa verificación in situ antes de decidir que alguien debe dejar de comer o de comprar sus remedios”.

Todo esto, “pese a que tienen todos los recursos económicos para hacer un relevamiento socioambiental sobre cómo sobrevive la gente que recibe la pensión”.

Según la Ley, los beneficios se otorgan a personas que están sin amparo previsional o no contributivo; que no poseen bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia; y que no tienen parientes obligados legalmente a proporcionarles alimentos o que, teniéndolos, se encuentran impedidos para hacerlo.

Según advirtió Bárbaro, desde las oficinas del gobierno nacional deciden arbitrariamente quiénes deben ser beneficiarios y a quiénes cortar el magro aporte, cuando uno de los parientes que convive con el beneficiario comienza a cobrar una jubilación mínima de $6.394. “Si un abuelo comienza a cobrar esa jubilación, de igual manera no puede mantener y dar de comer a su esposa discapacitada o pensionada. El monto de la jubilación mínima está muy por debajo de la línea de pobreza e indigencia, pero desde la Nación consideran que alcanza para vivir y mantener una demanda tan especial como la de los abuelitos o las personas con discapacidad”, refirió el diputado.

Finalmente, Bárbaro instó a todos los sectores políticos de la provincia, oficialistas y opositores, a manifestar su repudio a este tipo de medidas.  

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Allanaron varias oficinas públicas por operaciones irregulares con fondos de la Anses

By Administrador Economis 9 años ago
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El juez federal Claudio Bonadio ordenó allanamientos en el Ministerio de Finanzas y empresas privadas en una causa en la que se investigan operaciones presuntamente irregulares con los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Fuentes judiciales informaron que los operativos son en la causa que ya fueron imputados el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y otros dos ex funcionarios que condujeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El fiscal Jorge Di Lello los acusó del presunto delito de administración fraudulenta de fondos públicos.

Por orden del juez, los allanamientos lo realiza la Policía Federal en el ministerio de Finanzas, en ANSES, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y en la constructora IECSA, esta última hasta hace poco titularidad de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Los allanamientos fueron ordenados tras un pedido de pruebas solicitadas por Di Lello.

Según la denuncia, en octubre del 2016 el FGS aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,12% emitido por Córdoba para la financiación de gasoductos. En esa acta, los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda pública con un rendimiento del 12,5%. Según el denunciante, la medida habría generado una pérdida de u$s 75 millones al Estado.

Según la acusación fiscal, el bono monetizado habría sido ofrecido a entidades financieras internacionales y mencionó los antecedentes profesionales de Caputo con el JP Morgan y el Deutsche Bank. En su requerimiento, Di Lello también pidió investigar al FGS por la venta de las acciones que el Estado tenía en Solvay Indupa a Unipar Carboclor.

En tanto, fuentes de ANSES aseguran que la recomendación de financiar los gasoductos de Córdoba “estaba basada en las cualidades del proyecto, el plazo, monto y tasa de la inversión”. Además sostuvieron que “la recomendación en su momento de monetizar el activo de EPEC no era basado en un tema de liquidez sino en la alternativa de vender un activo a un precio por encima de la par para capturar esa ganancia que junto con el capital original poder analizar otras alternativas rentables de inversión”. Por su parte, recalcaron que el activo de EPEC no fue vendido y el proceso de venta se encuentra suspendido, este activo sigue en cartera del FGS.

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Anses amenaza con recortar giros para financiar cajas previsionales de las provincias

By admin 9 años ago
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La ANSeS viene financiando una porción de los déficits de las cajas previsionales que quedaron en manos de las provincias tras la privatización del sistema jubilatorio mediante una transferencia automática todos los 20 de cada mes, tal como prevé la Ley de Reparación Histórica. Pero desde el mes próximo, condicionará el envío de estos fondos a que las cajas le envíen la información de los beneficiarios, lo que genera preocupación en los tesoros provinciales.

Hasta el 30 de abril último, el organismo que dirige Emilio Basavilbaso transfirió a las provincias $ 2666,67 millones en cuatro cuotas mensuales e iguales a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santa Cruz, Neuquén, Corrientes, La Pampa, Formosa, Misiones y Tierra del Fuego.

Pero el 6 de abril último, el director General de Finanzas del organismo, Esteban Santa Cruz, les envió una nota a las cajas provinciales informándoles que “a partir de junio del corriente, se procederá a suspender el giro de los fondos hasta tanto se logre recopilar toda la información necesaria para dar cumplimiento a la Ley 27.260”.

Los datos que solicita ANSeS son el padrón de los beneficiarios hasta diciembre de 1999 y la historia laboral de los jubilados posteriores a enero de 2000.

 

La preocupación de las cajas previsionales es que si en un par de meses no transfieren la información para que ANSeS pueda simular el resultado como si la caja provincial hubiese sido transferida, podrían perder esos recursos con los que los tesoros provinciales contaban este año.

“La mayoría de las cajas estamos en una situación compleja, porque la carga de datos es extensa y el plazo es exiguo y, por otro lado, no tenemos la herramienta”, dijo Daniel Elías, presidente del Consejo Federal de Previsión Social, que reúne a los organismos provinciales. “Las provincias tenemos voluntad de cumplir con lo dispuesto por la ley 27.260, pero manifestamos que frente a una comunicación en la que se nos indica tener toda la información grabada a junio de este año, que es un plazo de imposible cumplimiento”.

Según relevó en las jornadas plenarias del 24 y 25 de abril, en la que no estuvo presente Santa Cruz, habían avanzado con la carga de la información Córdoba, Santa Fe y Formosa.

La ANSeS estableció que el envío se realice por medio de archivos de texto plano y éstos, a través del Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento y Control de Información (SITACI).

“El intercambio se encuentra en la etapa de prueba habiendo hasta el momento interactuado solo con la provincia de Córdoba. Y se han respondido consultas de Chaco, Formosa y Santa Fe”, explicaron en ANSeS. “Finalizada esa etapa, se iniciará el proceso definitivo de ingreso de archivos a la base ANSeS”.

Para el organismo, no es posible estimar el resultado financiero sin contar con esos datos.

“Hasta tanto las provincias no cumplan con el envío de dicha información, la ANSeS estima prudente no continuar con los anticipos más allá del mes de junio. Caso contrario, aquellas provincias que cumplan con el envío de información se les realizará la simulación y la auditoría correspondientes, a afectos de reanudar con la transferencias financieras a que hubiera lugar”, explicaron.

El año pasado, el organismo transfirió $ 12.099,37 millones tras auditar doce (no revisó Chubut) cajas previsionales y de acuerdo con el porcentaje de armonización con la liquidación a nivel nacional.

Para este año, el presupuesto nacional prevé $ 14.000 millones. De ese total, $ 8000 millones se depositarían en 12 cuotas iguales y consecutivas. La porción que le toca a cada provincia se fija en un 50% en función del déficit auditado por ANSeS el ejercicio anterior, en un 25% por la población de cada distrito y en un 25% por la cantidad de beneficiarios.

Los $ 6000 millones restantes debían completarse tras simular el pago de las jubilaciones, retiros y pensiones de cada provincia en el sistema de liquidación de la ley 24.241 menos los recursos que reciban las provincias de otras fuentes.

Hasta esta comunicación, las provincias descontaban el ingreso automático de fondos y preveían una negociación política por el resto. Hoy temen que los dos tipos de transferencias terminen siendo negociadas con los gobernadores.

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