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Anses amenaza con recortar giros para financiar cajas previsionales de las provincias

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La ANSeS viene financiando una porción de los déficits de las cajas previsionales que quedaron en manos de las provincias tras la privatización del sistema jubilatorio mediante una transferencia automática todos los 20 de cada mes, tal como prevé la Ley de Reparación Histórica. Pero desde el mes próximo, condicionará el envío de estos fondos a que las cajas le envíen la información de los beneficiarios, lo que genera preocupación en los tesoros provinciales.

Hasta el 30 de abril último, el organismo que dirige Emilio Basavilbaso transfirió a las provincias $ 2666,67 millones en cuatro cuotas mensuales e iguales a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santa Cruz, Neuquén, Corrientes, La Pampa, Formosa, Misiones y Tierra del Fuego.

Pero el 6 de abril último, el director General de Finanzas del organismo, Esteban Santa Cruz, les envió una nota a las cajas provinciales informándoles que “a partir de junio del corriente, se procederá a suspender el giro de los fondos hasta tanto se logre recopilar toda la información necesaria para dar cumplimiento a la Ley 27.260”.

Los datos que solicita ANSeS son el padrón de los beneficiarios hasta diciembre de 1999 y la historia laboral de los jubilados posteriores a enero de 2000.

 

La preocupación de las cajas previsionales es que si en un par de meses no transfieren la información para que ANSeS pueda simular el resultado como si la caja provincial hubiese sido transferida, podrían perder esos recursos con los que los tesoros provinciales contaban este año.

“La mayoría de las cajas estamos en una situación compleja, porque la carga de datos es extensa y el plazo es exiguo y, por otro lado, no tenemos la herramienta”, dijo Daniel Elías, presidente del Consejo Federal de Previsión Social, que reúne a los organismos provinciales. “Las provincias tenemos voluntad de cumplir con lo dispuesto por la ley 27.260, pero manifestamos que frente a una comunicación en la que se nos indica tener toda la información grabada a junio de este año, que es un plazo de imposible cumplimiento”.

Según relevó en las jornadas plenarias del 24 y 25 de abril, en la que no estuvo presente Santa Cruz, habían avanzado con la carga de la información Córdoba, Santa Fe y Formosa.

La ANSeS estableció que el envío se realice por medio de archivos de texto plano y éstos, a través del Sistema Integrado de Transferencia, Almacenamiento y Control de Información (SITACI).

“El intercambio se encuentra en la etapa de prueba habiendo hasta el momento interactuado solo con la provincia de Córdoba. Y se han respondido consultas de Chaco, Formosa y Santa Fe”, explicaron en ANSeS. “Finalizada esa etapa, se iniciará el proceso definitivo de ingreso de archivos a la base ANSeS”.

Para el organismo, no es posible estimar el resultado financiero sin contar con esos datos.

“Hasta tanto las provincias no cumplan con el envío de dicha información, la ANSeS estima prudente no continuar con los anticipos más allá del mes de junio. Caso contrario, aquellas provincias que cumplan con el envío de información se les realizará la simulación y la auditoría correspondientes, a afectos de reanudar con la transferencias financieras a que hubiera lugar”, explicaron.

El año pasado, el organismo transfirió $ 12.099,37 millones tras auditar doce (no revisó Chubut) cajas previsionales y de acuerdo con el porcentaje de armonización con la liquidación a nivel nacional.

Para este año, el presupuesto nacional prevé $ 14.000 millones. De ese total, $ 8000 millones se depositarían en 12 cuotas iguales y consecutivas. La porción que le toca a cada provincia se fija en un 50% en función del déficit auditado por ANSeS el ejercicio anterior, en un 25% por la población de cada distrito y en un 25% por la cantidad de beneficiarios.

Los $ 6000 millones restantes debían completarse tras simular el pago de las jubilaciones, retiros y pensiones de cada provincia en el sistema de liquidación de la ley 24.241 menos los recursos que reciban las provincias de otras fuentes.

Hasta esta comunicación, las provincias descontaban el ingreso automático de fondos y preveían una negociación política por el resto. Hoy temen que los dos tipos de transferencias terminen siendo negociadas con los gobernadores.

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Renunció Martín Lousteau a la embajada de Argentina en EEUU

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El embajador y exdiputado nacional Martin Lousteau renunció este lunes a su cargo de embajador de Argentina ante los Estados Unidos, según confirmaron fuentes oficiales y medios porteños. Se prevé que con su salida diplomática regrese a la discusión política porteña donde competiría en las Legislativas de octubre.

El embajador argentino había asegurado en enero que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “dice claramente que no va a haber Cambiemos” en la Ciudad y que pone “excusas políticas” para no incorporar a su partido, Eco, a una disputa interna en las PASO porteñas de este año. Dentro de su bloque, consideran que Lousteau debería presentarse en las elecciones de este año si mantiene sus intenciones de competir en 2019 por la jefatura de Gobierno porteño.

La salida se da en medio de una situación en la que canciller Susana Malcorra debió desmentir una supuesta “compra” de armas a los Estados Unidos, denunciada por diputados de la oposición. Malcorra sí reconoció el “interés” de las Fuerzas Armadas argentinas en “rezagos” militares norteamericanos para llevar a cabo “un refuerzo de su equipamiento”.

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Anses suspendió el pago de la AUH a alrededor de 15 mil chicos en Misiones

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Marcelo Julien, delegado del organismo en Misiones, explicó que se trata del 20 por ciento que se retiene mes a mes y que se debe pagar a fin de año cuando los tutores presentan el certificado de escolaridad y calendario de vacunación. “Venció el 31 de marzo, tuvieron un año para presentar los papeles y no lo hicieron”, dijo.

La Anses confirmó que suspendió el pago anual de la Asignación Universal por hijo a alrededor de 15 mil niños en Misiones.

Marcelo Julien, delegado del organismo, explicó que se trata del 20 por ciento que se retiene mes a mes (deben cobrar 1240 pesos y perciben 970) y que se les devuelve a fin de año una vez que los padres o tutores de los beneficiarios presentan el certificado de escolaridad y el calendario de vacunación. “No presentaron los papeles, tuvieron un año desde el 31 de marzo de 2016 al 31 de marzo de 2017 para presentar los papeles, incluso dispusimos que se acerquen sin turno”, sostuvo el funcionario a Economis.

Asimismo, aclaró que podrían ser menos chicos los que se queden sin el beneficio porque muchos fueron a último momento.

Julien aclaró en tanto, que para volver a percibir el beneficio desde abril, esas familias deberán hacer nuevamente el trámite presentando el certificado de escolaridad y el DNI de cada menor.

A partir de esta información que se hizo pública, la ministra de Derechos Humanos, Lilia “Tiki” Marchesini, envió una carta al titular del organismo nacional, Emilio Basavilbaso para que “deje sin efecto la medida”.

“Teniendo en cuenta de que si se hace efectiva la medida unos 30 mil niños se quedarían sin cobertura del beneficio de la seguridad social lo cual constituye un grave perjuicio para estas familias por ser en gran parte, este el único sustento con el que cuentan”. Pide además una prórroga para presentar los papeles.

En la tarde del lunes mantuvieron una reunión Marcelo Julién y la ministra de Derechos Humanos. 

De acuerdo a lo que informó la Marchesini, en la reunión se habló de la creación de una ventanilla única para los casos desde el 2015 de beneficiarios del programa que tengan problemas con los trámites o requisitos a presentar. Expuso la necesidad de poner a disposición recurso humano en la sede y un trabajo en conjunto con el Ministerio de Derechos Humanos.

Solicitó asimismo, la base de datos de los casos que ya no reciben el beneficio “para poder ir caso por caso en búsqueda de las soluciones. Todo por medio de un procedimiento de excepción sin turnos”.

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Blanqueo: Gobierno ya pagó u$s7.750 millones a jubilados

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El Gobierno, hasta ahora, cumplió en gran parte con la promesa de destinar lo obtenido fiscalmente en el blanqueo de capitales para pagar a los jubilados dentro del plan de Reparación Histórica (RH) sancionado por el Congreso como destino obligatorio del resultado del sinceramiento que termina este viernes 31 de marzo. Según los datos oficiales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), obtuvo hasta la semana pasada unos 122.230.445.775,30 pesos, lo que representa unos 7.750 millones de dólares. Este dinero sirvió para cumplir con la RH a unos 894.668 jubilados que aceptaron la propuesta oficial, y que renunciaron a continuar litigando contra el Estado. El Gobierno estima que entre mayo y junio la cantidad de jubilados beneficiados superaría el millón de personas; y que una vez terminado el período de reconocimiento de beneficiarios, se terminará con la amenaza de juicios contra el Estado de parte de unos 2 millones de jubilados y pensionados.

El dinero para cumplir con estos pagos corresponden a los recursos obtenidos por el fisco nacional por el impuesto especial del 5, 10 o 15% (según el bien declarado y el momento de acceder al plan), por el valor de los activos que se fueron exteriorizando desde que comenzó el llamado. Por el mandato de la Ley 27.260 de Reparación Histórica a los Jubilados y Pensionados, ese dinero sólo puede ser destinado a cancelar las deudas declaradas y reconocidas por el organismo que maneja Emilio Basavilbaso; a jubilados y pensionados, acumuladas por errores reconocidos judicialmente en la liquidación mensual de haberes. Los fondos deben servir además para subir los haberes actuales de los jubilados beneficiados con el pago de la deuda previsional, más allá de la actualización semestral correspondiente a la movilidad jubilatoria.

Los beneficiarios fueron, en su totalidad, jubilados y pensionados que se anotaron voluntariamente en los listados de la ANSES, y cuyo reclamo fue avalado por el organismo previsional. Los 894.668 beneficiados renunciaron además a continuar con los juicios contra el Estado a futuro; y, en más de un 45%, dejaron ya de pertenecer a la categoría de jubilación mínima de 6.377 pesos; mientras que un 25% ya supera los 14.500 pesos mensuales de retribución previsional.

Con esto el Gobierno de Mauricio Macri apunta a terminar con los más de 450.000 juicios que a junio del año pasado había iniciados contra la ANSES con sentencia firme en contra del Estado nacional; provenientes de la jurisprudencia del caso “Badaro, Adolfo Valentín”, que obtuvo sentencia el 26/11/2007 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que obliga a la ANSES a ajustar 88,6% la jubilación por el período enero 2002 y diciembre 2006, según la evolución de los salarios. La cantidad de reclamos podría haber ascendido con el tiempo a más de 2 millones de casos; lo que hubiera sido fiscalmente insostenible en el tiempo.

El dinero para cumplir con la deuda proviene del blanqueo de capitales que vence el próximo viernes, aunque los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 17 de abril próximo para completar la documentación necesaria. Para ingresar al régimen se deberá pagar las multas correspondientes hasta el viernes, pero luego habrá tiempo hasta el 17 de abril para cumplir el trámite. Hasta el viernes 31 d e marzo se deberá abonar la totalidad del impuesto especial que corresponda a la declaración de bienes, o modificar el pago con BONAR 2023. Vencido este plazo, no se podrá ampliar el valor de lo declarado y habrá que pagar el 5% del impuesto especial para los inmuebles y del 15% para el resto de los bienes, siempre y cuando se abone mediante transferencia bancaria nacional o internacional. Cuando la opción sea la suscripción del BONAR 2023, deberán hacerlo por un monto equivalente a un tercio del total de fondos a sincerar. Luego del pago, la resolución de AFIP establece que hay tiempo hasta el 17 de abril para incorporar las tasaciones en el caso de inmuebles a través del sitio web del organismo.

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Puerto Rico: La Anses verificó datos en el lugar y restituyó jubilación a una abuela de 92 años

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En el país y en Misiones, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) continúa arrebatando sus derechos adquiridos a los jubilados, por el solo hecho de ser extranjeros, la mayoría con un promedio de edad de 80 años.
Uno de los casos, quizás de los más dolorosos, es el de Juana Antonia “Anto” Andino González, que el próximo 6 de mayo cumplirá 92 años. Vive en el barrio Municipal de Puerto Rico, y está postrada en una silla de ruedas como consecuencia de haber sufrido un Accidente Cerebro Vascular (ACV), hace un año, que le produjo problemas motrices.
Como en muchos otros casos, el Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social se ocupó de este tema en la Anses, presentó recursos de amparos (por ella y otros ancianos) y felizmente, hace unos días, el diputado Héctor Bárbaro recibió la buena noticia de que a la abuela Antonella le restituyeron su jubilación. “Anduvimos mucho con el caso de esta abuelita, el responsable de Anses en Posadas, Marcelo Julién también se ocupó del tema, y esto nos da la esperanza de que quizás se puedan resolver las otras jubilaciones cáidas”, expresó el legislador.
Uno de sus hijos, Nicomedes Ojeda, relató con alegría que semanas atrás, y después de meses de angustia, un funcionario inspector de la Delegación de Anses de Oberá, Fernando Saravia, fue hasta la casa de la anciana a verificar su estado; cómo y dónde vive; buscó cuatro vecinos como testigos para comprobar el tiempo que vive en el barrio, y solicitó copias del diagnóstico sobre su  ACV. 
“Esos datos junto con la nota periodística que se publicó en los medios sobre el caso, envió la central de Anses en Buenos Aires. 

Y una semana después nos llamó para decirnos que mi madre iba a recuperar el beneficio”, relata el hombre.

Trámites para que la jubilada vuelva a tener su obra social
La inspección que hicieron en la vivienda de la abuela “Anto” Andino fue en febrero, y felizmente este mes, ella volvió a cobrar. 
Su familia agradeció las gestiones que realizó el Partido Agrario y Social, “lo que hizo el diputado Bárbaro ayudó mucho para que le devolvieran el beneficio, igual que los testigos que convocó el inspector y que son del barrio Municipal, donde ella vive hace más de 50 años, y ahí todos la conocen”.
Aunque por su patología, la anciana no puede expresarse mucho, también demostró alegría cuando le contaron la buena noticia. Sus hijos ya están haciendo todos los trámites, para que también vuelva a tener la obra social del Pami, porque son muy necesarios los pañales, los medicamentos y la cobertura médica para ella, que ahora cobrará en Puerto Rico, y no en Oberá como sucedía antes. 
“Ojalá que otros abuelos y abuelas a los que les sacaron el beneficio como a mi mamá, también les devuelvan, para que no tengan que sufrir lo que está pasando ahora”, señaló Ojeda. 
Ese es el deseo de cientos de jubilados y desde hace unos meses, también de pensionados, a los que el Gobierno Nacional les arrebató sus derechos.
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