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Más plazo y más flexibilidad para el programa INSERTAR de Economía del Conocimiento

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El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, dispuso una ampliación clave del Programa INSERTAR, orientado a promover el empleo formal en actividades de la Economía del Conocimiento, mediante la Resolución 255/2025, publicada el 16 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial.

La medida habilita un nuevo plazo para la adhesión de provincias, extiende por 12 meses el período para que las empresas presenten solicitudes de beneficios y flexibiliza condiciones operativas del programa, financiado con recursos del Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC). El objetivo explícito es ampliar el alcance territorial, mejorar la ejecución y fortalecer la generación de empleo calificado, en el marco del régimen creado por la Ley N° 27.506.

Más provincias y más tiempo: ampliación del alcance territorial y empresarial

Uno de los ejes centrales de la Resolución 255/2025 es la apertura de un nuevo período de dos meses para que las provincias que aún no se adhirieron al Programa INSERTAR puedan presentar sus actas de adhesión. El plazo comienza a regir desde la publicación de la norma y responde a la manifestación de interés de nuevas jurisdicciones, verificada durante la ejecución del programa.

En paralelo, el Ministerio resolvió extender por doce meses, hasta el 31 de octubre de 2026, el plazo para que las empresas presenten sus solicitudes de beneficios. El vencimiento original estaba fijado para el 31 de octubre de 2025, conforme a las Bases y Condiciones aprobadas en 2023.

Desde el punto de vista institucional, la decisión busca evitar que el diseño temporal del programa limite su impacto, permitiendo una mayor participación de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) vinculadas a actividades promovidas por la Ley de Economía del Conocimiento.

Cambios operativos y mayor flexibilidad para las empresas

La resolución introduce además modificaciones relevantes en la operatoria del programa, orientadas a facilitar su implementación y asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos. Entre ellas, se habilita a las empresas a dar de alta nuevos trabajadores desde el mes en que presentan la solicitud y hasta el último día del mes siguiente a la notificación de aprobación del beneficio, contemplando incluso períodos no coincidentes con el mes calendario.

Asimismo, se refuerzan los requisitos de control al establecer la obligatoriedad de presentar el Formulario F.931 junto con la nómina de personal al momento de la solicitud. Esta exigencia permite a la autoridad de aplicación realizar un análisis más riguroso de la dotación laboral previa, asegurando que el beneficio se destine efectivamente a la creación de nuevos puestos de trabajo.

En la misma línea, la norma aclara que el Código N° 8 corresponde a la modalidad de contratación “A tiempo indeterminado / trabajo permanente”, según la codificación vigente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), despejando interpretaciones divergentes en la aplicación del beneficio.

Un programa clave dentro del Régimen de Economía del Conocimiento

El Programa INSERTAR fue creado en 2023 con financiamiento del FONPEC, fondo integrado principalmente por aportes de las empresas beneficiarias del régimen promocional. Su finalidad es incentivar el empleo formal, financiar capital de trabajo y promover la formación de recursos humanos calificados en sectores intensivos en conocimiento y digitalización.

Con esta resolución, el Ministerio de Economía introduce ajustes que recalibran el equilibrio entre control fiscal, flexibilidad operativa y alcance federal, en un contexto donde la generación de empleo calificado aparece como uno de los ejes estratégicos de la política productiva.

La ampliación de plazos y la flexibilización administrativa podrían generar una mayor demanda por parte de empresas y provincias, especialmente en aquellas jurisdicciones que aún no habían adherido formalmente al programa, reconfigurando su impacto territorial durante 2026.

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Ganancias: ARCA actualizó el régimen de operaciones internacionales y simplificó informes

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo cambios de alto impacto en los regímenes general y simplificado de precios de transferencia y operaciones internacionales del Impuesto a las Ganancias, mediante la Resolución General 5798/2025, publicada el 16 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial. La norma eleva de manera significativa los montos mínimos que activan obligaciones informativas, actualiza parámetros clave y ajusta procedimientos, en línea con la actualización de umbrales dispuesta por el Decreto N° 767/2025.

La medida redefine el alcance práctico del régimen para contribuyentes con operaciones internacionales y grupos multinacionales, con impacto directo en la carga administrativa, el cumplimiento fiscal y los mecanismos de fiscalización sobre precios de transferencia.

Nuevos montos y redefinición del alcance del régimen general

Entre los cambios centrales, la resolución modifica la Resolución General N° 4.717, elevando de forma sustancial los importes que determinan la obligación de presentar información ante el organismo recaudador. En ese sentido, el umbral general del artículo 41 pasó de $30 millones a $1.500 millones, mientras que en los artículos 44 y 48 los parámetros conjuntos e individuales se incrementaron a $150 millones y $15 millones, respectivamente.

Asimismo, se redefinen las condiciones para la presentación del Informe Maestro por parte de los Grupos de Entidades Multinacionales, estableciendo que deberán cumplir simultáneamente dos requisitos: ingresos anuales consolidados superiores a $100.000 millones y transacciones con vinculadas del exterior que superen $150 millones en conjunto o $15 millones de forma individual.

La norma también habilita, bajo condiciones específicas, la presentación de una nota de ratificación con carácter de declaración jurada, cuando no existan cambios respecto del último Informe Maestro presentado, incorporando así un mecanismo de simplificación formal para los sujetos cumplidores.

Ajustes operativos, formularios y régimen simplificado

En paralelo, la Resolución General 5798/2025 introduce modificaciones operativas relevantes en los formularios y procedimientos. Se actualiza el uso del formulario F. 4501, que deberá incluir el Estudio de Precios de Transferencia, la certificación profesional y las firmas digitales correspondientes, y se redefine el alcance del formulario F. 2668, permitiendo que los contribuyentes queden dispensados de su presentación tras dos períodos fiscales consecutivos sin movimientos.

En cuanto al Régimen Simplificado de Operaciones Internacionales, regulado por la Resolución General N° 5.010, se amplían de manera sustancial los rangos de ingresos para ejercer la opción: el nuevo tramo se ubica entre $500 millones y $3.000 millones, reemplazando los valores anteriores significativamente menores. También se elevan los montos de operaciones que obligan a informar, alineándolos con los nuevos parámetros del régimen general.

La resolución incorpora además un nuevo Anexo IV, que establece el procedimiento técnico para la confección y presentación del formulario F. 2673, fijando requisitos digitales, formato de archivo y condiciones de remisión mediante el servicio “Presentación de DDJJ y Pagos”.

Impacto fiscal e institucional de la reforma

Las modificaciones entran en vigencia desde su publicación y resultan aplicables a los períodos fiscales cerrados a partir del 31 de octubre de 2025, lo que marca un cambio relevante en el esquema de control fiscal sobre operaciones internacionales. Desde la perspectiva institucional, la norma busca adecuar el régimen a la nueva escala nominal de la economía, reducir cargas formales innecesarias y concentrar la fiscalización en operaciones de mayor relevancia económica.

ARCA fundamenta estos cambios tanto en la actualización de montos dispuesta por el Poder Ejecutivo como en la experiencia acumulada en la aplicación del régimen, sin perjuicio del proceso de revisión integral actualmente en curso, llevado adelante mediante el mecanismo de Elaboración Participativa de Normas iniciado en marzo de 2023.

Para los contribuyentes alcanzados, el nuevo esquema redefine el mapa de obligaciones en materia de precios de transferencia, con posibles reacciones positivas en términos de simplificación administrativa, aunque también con mayores exigencias documentales para los grupos de mayor volumen económico.

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Menos trámites para usuarios de controladores fiscales

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A partir del próximo enero, los contribuyentes que utilicen controladores fiscales para emitir comprobantes tendrán una menor carga administrativa. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) redujo el número de trámites que los usuarios de estos dispositivos deben presentar ante el organismo. La decisión fue instrumentada por medio de la Resolución General 5801/2025, publicada en el Boletín Oficial.

A partir de ahora, los monotributistas, responsables inscriptos en IVA y exentos deberán presentar ante ARCA de forma mensual y ya no semanal tanto el Formulario 8011 “Reporte Resumen de totales”, así como también el Formulario 8010 “Reporte Cinta Testigo Digital”. Al mismo tiempo, se elimina la obligación de presentar el formulario 8012 para evitar la repetición innecesaria en la carga y almacenamiento de datos.

De esta manera, ARCA facilita el cumplimiento tributario, al simplificar las obligaciones de los usuarios de controladores fiscales. La medida va en línea con la implementación del IVA simple y del régimen simplificado del impuesto a las ganancias para personas humanas.

¿El Formularios 8010 puede presentarse en forma semanal?

Sí, aquellos casos de responsables inscriptos que por su volumen de facturación les convenga continuar con la presentación semanal, como por ejemplo las grandes empresas, podrán generarlo con una periodicidad inferior a mensual y presentar la totalidad de la información finalizada al período mensual a informar. Adicionalmente, se permitirá la presentación de este reporte en formato ZIP.

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Caputo prueba la remonetización en dólares con la liberación de fondos del blanqueo

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A partir del 1° de enero de 2026, los contribuyentes que blanquearon más de u$s100.000 en 2024 podrán retirar sin costo los fondos depositados en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA). La medida, prevista en el esquema vigente del blanqueo, abre un test clave para la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, orientada a impulsar una “remonetización” de la economía en dólares y captar parte de los u$s243.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.

Liberación de dólares y el test de confianza al esquema fiscal

El cambio normativo habilita, desde enero de 2026, la libre disponibilidad de los fondos blanqueados por encima de u$s100.000 sin pagar el impuesto especial del 5% que regía como penalidad por retiros anticipados. Se trata de un hito dentro del blanqueo 2024, que pone a prueba la expectativa oficial de que esos dólares no regresen al “colchón” y, por el contrario, se canalicen hacia el consumo, la inversión o el sistema financiero.

La apuesta del Palacio de Hacienda se apoya en un concepto incorporado en uno de los artículos del Presupuesto: la presunción de inocencia fiscal. Bajo este principio, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) debería probar el origen ilícito de los fondos y no el contribuyente justificar su procedencia, un cambio que apunta a incentivar el uso de ahorros fuera del sistema y a avanzar hacia una suerte de blanqueo permanente.

En este contexto, el consultor Camilo Tiscornia consideró que “tiendo a pensar que no se los van a llevar”, al señalar que la dinámica reciente de los depósitos en dólares muestra aumentos y no una salida de fondos. “Si la gente se anima a gastar sería mejor”, sostuvo, y agregó que una eventual salida masiva impactaría negativamente en las reservas del Banco Central. Para el economista, cuanto más se consolide la perspectiva de estabilidad, mayor será la probabilidad de que parte de esos dólares migre incluso hacia inversiones en pesos.

Cuántos dólares se liberan y dónde podrían ir

Las estimaciones privadas dimensionan el desafío. Según Fernando Marull, “el próximo 1 de enero se ‘liberan’ u$s23.000 millones que se blanquearon en 2024 y que están en Cuentas CERA”. La liberación implica que esos fondos quedan disponibles sin pagar la multa del 5% que aplicaba si se retiraban antes. “Mucho de esto se invirtió en bonos y acciones y están con ganancias de +20%. Otros están en cash”, precisó el analista.

Marull sostuvo que “es mucha plata y se va a mover”, con posibles destinos que incluyen activos financieros, activos reales, campos e inmuebles. Un dato relevante es que la mayor parte del blanqueo 2024 fue protagonizada por pequeños ahorristas con montos inferiores a u$s100.000, que no pagaron impuesto y aun así optaron por dejar los fondos en el sistema, una señal que el Gobierno interpreta como un respaldo implícito a la estabilidad macro.

No todos comparten el optimismo. Pablo Moldován, de C-P, advirtió que “es muy difícil estimar cuán grande va a ser el efecto” y consideró que “aunque sea chico, debería pegar en las cotizaciones de los activos financieros que captaron el blanqueo y en el volumen de depósitos en dólares”. Además, señaló que la liberación coincide con el inicio del año, cuando se revierte el ingreso de fondos que se utilizó para evitar el pago de Bienes Personales.

Escenarios de mercado y posibles repercusiones

El destino final de los dólares liberados dependerá, en buena medida, del clima macroeconómico y del avance de las reformas. Para Andrés Rechini, de F2 Finanzas, “habrá muchos aguardando noticias en materia de reformas antes de tomar una decisión”. En su visión, el hecho de que los fondos no se hayan retirado antes, aun con penalidad, refuerza la idea de que una salida abrupta no es el escenario base. “Puede haber algo de volatilidad transitoria, pero si prevalecen los fundamentos no debería haber inestabilidad”, sostuvo.

Walter Morales, CEO de Wise, coincidió en que “no va a haber grandes variaciones con el destino de los fondos” en lo inmediato, aunque no descartó que más adelante aparezcan retiros para invertir en real estate. Según su análisis, el inversor conservador podría rotar parte de su tenencia hacia carteras cortas en dólares, vía obligaciones negociables y bopreales, mientras que perfiles más agresivos podrían apostar a bonos en dólares ante la expectativa de avances en reformas estructurales, el Presupuesto 2026, el RIGI y el Mini RIGI, con una eventual baja del riesgo país hacia los 500 puntos.

En términos de impacto económico e institucional, la liberación de fondos del blanqueo se configura como una prueba decisiva para la estrategia oficial: si los dólares permanecen en el sistema o se canalizan a inversión y consumo, el Gobierno habrá validado su apuesta por la remonetización y la presunción de inocencia fiscal; si, en cambio, regresan al circuito informal, la señal para el mercado y las reservas del Banco Central será adversa.

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Gobierno emite deuda por más de $32 billones y US$3.500 millones

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El Gobierno autorizó una emisión de deuda por más de $32 billones y US$3.500 millones para financiar el Tesoro en 2025

El Ministerio de Economía avanzó con una de las operaciones de financiamiento más relevantes del año al autorizar la emisión y ampliación de instrumentos de deuda pública por un monto superior a los $32 billones y US$3.500 millones. La medida, formalizada mediante la Resolución Conjunta 63/2025 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, se enmarca en el programa financiero del Tesoro Nacional y busca cubrir necesidades presupuestarias del ejercicio 2025 a través de una estrategia diversificada de colocaciones en pesos y dólares, con distintos mecanismos de indexación.

La decisión quedó plasmada en el Boletín Oficial del 15 de diciembre y respalda la licitación realizada el 11 de diciembre, habilitando tanto la emisión de nuevos títulos como la ampliación de instrumentos ya existentes. El esquema combina letras y bonos capitalizables, instrumentos ajustados por inflación (CER), deuda a tasa TAMAR y títulos vinculados al dólar estadounidense, lo que refleja una estrategia de cobertura frente a distintos escenarios macroeconómicos.

Un menú amplio de instrumentos para captar financiamiento en pesos y dólares

La resolución autoriza la emisión de cinco nuevos instrumentos de deuda pública, tres de ellos capitalizables en pesos y dos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). En conjunto, estos títulos pueden alcanzar hasta $28 billones de valor nominal original.

Entre los instrumentos destacados se encuentra la Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de abril de 2026, por hasta $8 billones, con intereses a tasa efectiva mensual capitalizable, a determinar en licitación. A ella se suman dos emisiones adicionales: una letra con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 y un bono con vencimiento el 31 de mayo de 2027, ambas por hasta $5 billones cada una, también capitalizables en pesos y con amortización íntegra al vencimiento.

El paquete se completa con dos instrumentos indexados por inflación: una Letra del Tesoro ajustada por CER con vencimiento en noviembre de 2026 y un Bono del Tesoro en pesos cero cupón con ajuste CER a mayo de 2027, cada uno por hasta $5 billones. En estos casos, el capital se ajusta según el CER informado por el Banco Central, conforme a lo establecido en el decreto 214/2002, y los intereses se estructuran bajo la modalidad de descuento o cero cupón.

Todos los títulos serán negociables en A3 Mercados SA y en los mercados de valores del país, contarán con exenciones impositivas vigentes y se emitirán mediante certificados globales registrados en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos del BCRA.

Ampliaciones de emisiones previas y refuerzo del financiamiento en dólares

Además de las nuevas colocaciones, la Resolución Conjunta 63/2025 autoriza ampliaciones significativas de emisiones ya vigentes, lo que eleva el volumen total de endeudamiento autorizado a más de $32 billones en pesos y US$3.555 millones.

En pesos, se amplían la Letra Capitalizable con vencimiento en mayo de 2026 hasta $4,3 billones, la Letra ajustada por CER al mismo vencimiento hasta $5,09 billones, y la Letra a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026 hasta $4,8 billones. Estas ampliaciones refuerzan el perfil de deuda en moneda local y buscan captar demanda de inversores con distintos apetitos de riesgo y cobertura.

En paralelo, el Gobierno habilitó una ampliación clave en moneda extranjera: la Letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de abril de 2026, que podrá alcanzar hasta US$3.555.982.900. Este instrumento ofrece cobertura cambiaria y se posiciona como una opción para inversores que buscan reducir exposición al peso sin salir del esquema de financiamiento del Tesoro.

Marco legal, programa financiero y efectos sobre el mercado

Desde el punto de vista institucional, la medida se apoya en un entramado normativo amplio. Las emisiones se realizan bajo las facultades conferidas por la Ley 24.156 de Administración Financiera, la Ley 27.701 de Presupuesto —vigente para 2025 conforme al artículo 27 de la ley 24.156— y una serie de decretos que ajustaron los límites y condiciones del financiamiento público entre 2023 y 2024.

Los considerandos de la resolución destacan que todas las operaciones se encuentran dentro de los límites autorizados por el Presupuesto y cuentan con intervención del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía. Además, se dispone la imputación presupuestaria de un bono CER con vencimiento en junio de 2028, emitido previamente, por un monto de $5 billones, reforzando la consistencia contable del esquema.

En términos de impacto, la estrategia apunta a sostener el financiamiento del Tesoro sin recurrir exclusivamente a un solo tipo de instrumento, diversificando riesgos entre inflación, tasa de interés y tipo de cambio. Para el mercado financiero, la licitación ofrece un abanico de opciones que puede influir en la curva de rendimientos en pesos, en la demanda de instrumentos indexados y en la dinámica de cobertura cambiaria.

La magnitud de la emisión también anticipa un rol activo del Estado en el mercado de deuda durante 2025, con potenciales efectos sobre la liquidez, la tasa de interés y las decisiones de inversión institucional. En ese contexto, la capacidad del Tesoro para renovar y colocar estos instrumentos será un factor central para la estabilidad financiera y la ejecución del programa económico.

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