Argentina

La CNV endurece el control sobre los ALyC y fija límites de liquidez y apalancamiento desde mayo

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La Comisión Nacional de Valores avanzó el 27 de abril de 2026 con la Resolución General 1130, una reforma que redefine el régimen informativo y operativo de los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), al imponer límites concretos de liquidez y apalancamiento y exigir reportes mensuales más detallados. La medida entra en vigencia de inmediato tras su publicación y activa un cronograma que comienza en mayo.

El dato central no es solo técnico: por primera vez, el regulador establece umbrales explícitos que, de no cumplirse, obligan a los agentes a dejar de operar sin necesidad de intimación previa. La pregunta que abre la decisión es evidente: ¿se trata de un ajuste preventivo para ordenar riesgos acumulados o de una señal de mayor intervención en un mercado bajo observación?

Más control, más datos y límites operativos explícitos

La resolución se inscribe en el marco de la Ley de Mercado de Capitales y profundiza una línea que la CNV venía consolidando con normas previas. El objetivo declarado es mejorar la capacidad de monitoreo sobre el sistema, especialmente en lo que respecta al apalancamiento y la exposición financiera de los agentes.

El cambio clave es doble. Por un lado, se amplía el régimen informativo: los ALyC deberán reportar mensualmente indicadores financieros vinculados a liquidez y apalancamiento, además de detallar sus tenencias diarias de moneda extranjera en cartera propia. Por otro, se establecen límites prudenciales concretos.

En materia de liquidez, se fija que el activo corriente debe ser igual o superior al pasivo corriente en todo momento. En paralelo, se introducen otros indicadores que miden la capacidad de respuesta frente a obligaciones con clientes y operaciones financieras.

En cuanto al apalancamiento, el límite computable no podrá superar cinco veces el patrimonio neto ajustado. El cálculo incorpora pasivos financieros y excluye ciertos componentes, pero el criterio es claro: restringir niveles de endeudamiento que puedan amplificar riesgos sistémicos.

La norma también define qué ocurre ante incumplimientos. Si un agente supera los límites y no regulariza la situación en dos días hábiles, debe suspender su actividad de forma automática. Solo se admiten desvíos transitorios y acotados bajo condiciones estrictas, lo que introduce un margen operativo pero bajo vigilancia.

Un esquema progresivo que ordena sin frenar de golpe

Consciente del impacto, la CNV diseñó un cronograma de adecuación gradual. Desde mayo, el ratio mínimo de liquidez arranca en 0,85, sube a 0,90 en junio y alcanza 0,95 en julio. En paralelo, el límite de apalancamiento se reduce progresivamente: de 8 veces en mayo a 6 en julio.

Este esquema evita un shock inmediato, pero fija un sendero claro de convergencia. Los agentes que hoy estén por fuera de esos parámetros deberán ajustar su estructura financiera en pocas semanas.

Además, la resolución obliga a adaptar los sistemas contables y de control interno. A partir de 2027, los ALyC deberán tener estructuras contables alineadas con los nuevos criterios, incluyendo la segregación estricta de cuentas y la imposibilidad de compensar saldos entre activos y pasivos.

Más poder regulador, menos margen operativo

El movimiento fortalece a la CNV como autoridad de control en un segmento donde el apalancamiento y las operaciones complejas ganaron peso en los últimos años. La exigencia de información diaria sobre moneda extranjera y mensual sobre indicadores financieros amplía la capacidad de supervisión en tiempo casi real.

Para los ALyC, en cambio, implica una reducción del margen operativo, especialmente para aquellos con estructuras más agresivas de financiamiento. La obligación de cumplir límites en todo momento —y no solo en cortes periódicos— cambia la lógica de gestión.

En términos de mercado, la medida puede impactar en la dinámica de financiamiento y en el volumen de ciertas operaciones, en particular aquellas vinculadas a préstamos de valores o estrategias apalancadas. También podría influir en la relación con clientes, dado que parte de los indicadores se construyen sobre saldos exigibles de comitentes.

Un nuevo estándar que pone el foco en el riesgo sistémico

La resolución no aparece aislada. Se conecta con una serie de normas recientes que ampliaron los requerimientos informativos sobre pasivos financieros y operaciones con valores negociables. El hilo conductor es claro: construir un mapa más preciso del riesgo en el mercado de capitales.

A partir de mayo, la CNV empezará a recibir datos mensuales sobre liquidez, apalancamiento y exposición en moneda extranjera. Ese flujo de información, combinado con límites operativos, redefine el equilibrio entre libertad operativa y control regulatorio.

Queda por ver cómo reaccionarán los agentes en las primeras semanas de implementación y si el proceso de adecuación genera tensiones en la operatoria diaria. El nuevo esquema ya está en marcha. Lo que todavía está en construcción es su impacto real sobre la dinámica del mercado.

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La confianza en el Gobierno cae 12,1% en abril y profundiza su peor racha del año

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La confianza en el Gobierno nacional volvió a deteriorarse en abril y acumuló su cuarta caída consecutiva en lo que va de 2026. Según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador se ubicó en 2,02 puntos, con una baja del 12,1% respecto de marzo, la más pronunciada del año.

El dato consolida una tendencia descendente que se inició en enero y que ya acumula una contracción del 17,9% desde fin de 2025. En términos políticos, el retroceso impacta sobre la evaluación de la gestión en un momento donde el Gobierno enfrenta tensiones económicas y desafíos en la consolidación de expectativas.

Qué mide el índice y cómo se interpreta

El ICG se construye desde 2001 en base a encuestas de opinión pública a nivel nacional y se expresa en una escala de 0 a 5 puntos. Evalúa cinco dimensiones: evaluación general del gobierno, honestidad, eficiencia, capacidad y preocupación por el interés general.

En abril, todos los componentes registraron caídas. El subíndice de eficiencia fue el más afectado, con un descenso del 21,4% y un valor de 1,87 puntos, ubicándose entre los niveles más bajos de la actual gestión.

En comparación histórica, el nivel actual se encuentra levemente por debajo del registrado en abril de 2018 durante la gestión de Mauricio Macri (2,07 puntos) y por encima del de abril de 2022 bajo el gobierno de Alberto Fernández (1,44 puntos).

Deterioro generalizado y señales en segmentos clave

El informe muestra que la caída no fue homogénea, aunque sí generalizada: Se registraron bajas en todas las regiones del país, incluso en el interior, que mantiene el nivel más alto de confianza (2,22 puntos). El segmento de entre 30 y 49 años presentó la mayor contracción (-16,7%). Entre los hombres, la caída fue más marcada (-16,9%) que entre las mujeres (-4,1%). Por nivel educativo, quienes tienen estudios secundarios registraron la mayor baja (-19%).

En contraste, el grupo de 18 a 29 años volvió a mostrar el nivel más alto de confianza (2,27 puntos), aunque dentro de un contexto general de retroceso.

Desgaste en la percepción de gestión

El dato central del informe es el deterioro en la percepción de eficiencia, un indicador directamente asociado a la capacidad de gestión. La caída simultánea en los cinco componentes sugiere un debilitamiento más amplio en la valoración del Gobierno.

A nivel político, el índice funciona como termómetro de legitimidad en la opinión pública. La secuencia de cuatro bajas consecutivas, con una aceleración en abril, introduce un factor de presión sobre la agenda oficial, en particular en un contexto donde las variables económicas comienzan a mostrar volatilidad.

El promedio del índice durante la actual gestión descendió a 2,42 puntos, su nivel más bajo, lo que refuerza la señal de desgaste acumulado.

Expectativas como variable crítica

El informe también vincula la confianza con las expectativas económicas. El nivel más alto del ICG se mantiene entre quienes creen que la situación económica mejorará en el próximo año (4,03 puntos), aunque con una leve baja.

En cambio, quienes esperan estabilidad o deterioro muestran niveles significativamente menores de confianza, lo que sugiere una relación directa entre expectativas económicas y respaldo al Gobierno.

Este cruce introduce un elemento clave: la evolución de la economía aparece como variable determinante para revertir o profundizar la tendencia.

Interior con mayor respaldo, pero en retroceso

Aunque el estudio no desagrega datos específicos para Misiones, el comportamiento del interior del país —donde se ubican las provincias del NEA— muestra el nivel de confianza más alto, aunque también en descenso.

Esto sugiere que, si bien el respaldo relativo es mayor fuera del AMBA, la caída es transversal y no distingue territorios, lo que podría tener implicancias en la construcción de apoyos federales.

Qué mirar

La dinámica del ICG abre interrogantes sobre la evolución de la confianza en el corto plazo. Entre las variables a seguir aparecen: La evolución de los indicadores económicos y su impacto en las expectativas. La capacidad del Gobierno para revertir la percepción sobre eficiencia. El comportamiento de los segmentos donde la caída fue más pronunciada.

La tendencia descendente, con una aceleración en abril, marca un punto de inflexión en la percepción pública, aunque su proyección dependerá de factores aún en desarrollo.

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Misiones habilita la primera fase del plan para recuperar al yaguareté en Yabotí

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El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones dio un paso clave en la estrategia de conservación del yaguareté al otorgar la viabilidad ambiental preliminar al proyecto de “Plan de suplementación poblacional” en la Reserva de Biosfera Yabotí. La medida, formalizada mediante la Resolución Nº 113 del 17 de abril de 2026, habilita el avance de una iniciativa que busca recuperar la población silvestre del felino más emblemático de la región.

El proyecto se desarrollará en el Parque Provincial Esmeralda, en el municipio de San Pedro, dentro de un predio de 30.000 hectáreas. Allí se prevé la construcción de recintos de manejo en una superficie cubierta de 707,89 metros cuadrados, como parte de una intervención de largo plazo con una vida útil estimada en 20 años. La Reserva de Biósfera Yabotí se extiende sobre unas 250,000 hectáreas de selva, donde aún sobreviven especies en peligro como el Águila Harpía y el propio yaguareté. Estudios recientes muestran que el Parque Provincial Esmeralda, situado dentro de la reserva, cuenta con una abundancia de presas que podría sostener a una población mayor de estos felinos, en caso de que se concrete el refuerzo poblacional.

El eje del plan es la suplementación poblacional con ejemplares de ADN misionero, con el objetivo de fortalecer la base genética de la especie y asegurar su permanencia en el hábitat natural. Según se desprende del expediente técnico, la iniciativa busca consolidar la recuperación del yaguareté dentro del Corredor Verde misionero.

La estrategia se inscribe en el Plan de Gestión de la Reserva de Biosfera (2025–2034), que prevé implementar el manejo activo de la especie hacia 2027. En esta primera etapa, el foco estará puesto en el desarrollo de técnicas de cría en cautiverio bajo condiciones naturales controladas, con vistas a la futura reintroducción en ambientes adecuados.

El proyecto no solo busca reintroducir ejemplares en Yabotí, sino también crear políticas de restauración y conservación de los corredores de biodiversidad. “No podemos realizar una reintroducción sin abordar los factores que llevaron a la disminución de la especie. Estos factores incluyen la cacería, la pérdida de hábitat y los atropellamientos,” indicó el director del IMiBio.

Misiones, según estudios del IMiBio, podría potencialmente albergar entre 250 y 300 yaguaretés en total si se optimiza el entorno y se controlan las amenazas. La reserva de Yabotí, junto con áreas aledañas, tiene suficiente superficie y fauna de presas para soportar una población considerable de estos grandes felinos.

La Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental consideró “oportuno, meritorio y conveniente” avanzar con la viabilidad preliminar, aunque estableció un conjunto de exigencias que el proponente -la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la provincia- deberá cumplir en un plazo de 60 días.

Entre las principales obligaciones figuran:

  • Presentar información técnica complementaria con mayor nivel de detalle.
  • Cumplir con planes de contingencia, gestión ambiental y monitoreo mensual.
  • Informar cualquier modificación del proyecto antes de su ejecución.
  • Minimizar impactos ambientales durante todas las etapas de la obra.

Además, se impusieron restricciones ambientales estrictas, como la prohibición de introducir especies exóticas, la obligación de restaurar áreas intervenidas y la preservación absoluta de cursos de agua y nacientes.

La estrategia no es una reintroducción o rewilding, como ocurrió en Corrientes. En Misiones el animal nunca desapareció completamente. Lo que se busca es reforzar la población. Si el proyecto prospera, la reserva Yabotí podría albergar entre 20 y 30 yaguaretés en el futuro. Pero el objetivo va más allá de los números.

Mientras que en Corrientes la fundación Rewilding ha tenido éxito en la reintroducción de yaguaretés en los Esteros del Iberá, donde actualmente hay 50 ejemplares en libertad, Misiones aún no ha implementado programas masivos de este tipo. En esta ocasión, el proyecto de refuerzo poblacional en Yabotí busca desarrollar técnicas de suplementación de individuos siguiendo normas técnicas internacionales y bajo el cumplimiento de la legislación vigente.

Un proyecto bajo el paraguas constitucional y ambiental

La resolución se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional -que consagra el derecho a un ambiente sano- y en la Ley General del Ambiente (Nº 25.675), que establece la Evaluación de Impacto Ambiental como herramienta obligatoria para la toma de decisiones.

En ese marco, el Ministerio remarcó que la EIA es un procedimiento “técnico-administrativo con carácter preventivo” que permite analizar la viabilidad ambiental antes de ejecutar cualquier proyecto, garantizando que no comprometa los recursos para futuras generaciones.

La viabilidad otorgada no implica una autorización definitiva, sino el inicio de un proceso de evaluación más profundo. El proyecto deberá cumplir con todas las exigencias técnicas y ambientales para avanzar hacia su aprobación final.

Con esta resolución, Misiones refuerza su posicionamiento como una de las provincias líderes en políticas de conservación, apostando a la recuperación de una especie clave para el equilibrio ecológico de la Selva Paranaense.

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Hasta el 70% de los patrimonios en Argentina está mal protegido sin que sus dueños lo sepan

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En la Argentina actual, tener patrimonio dejó de ser sinónimo de seguridad. Detrás de bienes acumulados durante años —e incluso décadas— se esconde una vulnerabilidad estructural que la mayoría de sus dueños desconoce, y que puede activarse en cuestión de meses ante el primer conflicto.

De acuerdo con el abogado especialista en planificación patrimonial, Juan Manuel Curubeto, 6 o 7 de cada 10 patrimonios en Argentina tienen algún nivel de exposición jurídica, fiscal o sucesoria. “El error más frecuente es creer que tener bienes equivale a tener el patrimonio protegido. No es lo mismo. Se puede construir riqueza durante toda una vida y perderla en meses si no está bien estructurada”, sostiene Juan Manuel Curubeto.

En muchos casos, los activos se concentran a título personal, sin previsión sucesoria ni estructuras que los resguarden frente a contingencias legales o comerciales. La vulnerabilidad no suele ser consecuencia de un gran error, sino de la acumulación de decisiones no planificadas. En ese contexto, eventos como juicios, divorcios, sucesiones conflictivas o problemas societarios pueden activar riesgos latentes y comprometer en meses lo que llevó décadas construir. 

Uno de los hallazgos más contundentes es que el nivel de ingresos no garantiza protección. Incluso perfiles de alto patrimonio presentan fallas estructurales similares. Entre los errores más frecuentes se repiten: bienes a nombre personal sin evaluación de riesgos; mezcla entre patrimonio familiar y actividad empresarial; falta de planificación sucesoria; estructuras societarias sin sustancia real; acuerdos informales sin respaldo legal; subestimación del impacto de conflictos familiares y ausencia de revisión periódica.

En Argentina, la fragilidad patrimonial no es una percepción: es estructural. La presión impositiva total sobre empresas puede superar el 100% de las ganancias, según el Banco Mundial, mientras que la informalidad laboral alcanza cerca del 36%, de acuerdo con el INDEC. En este contexto —alta carga fiscal, informalidad extendida y conflictividad legal—la exposición patrimonial deja de ser un riesgo eventual y pasa a ser una condición de base, incluso para patrimonios altos.

En un entorno macroeconómico volátil, comienza a consolidarse un cambio en la lógica patrimonial: ya no alcanza con generar, ahora es clave diseñar. Las estrategias más utilizadas incluyen la separación de riesgos personales y empresariales, la planificación sucesoria anticipada, el uso de fideicomisos, donaciones con reserva de usufructo y estructuras societarias correctamente implementadas.

El timing se vuelve determinante. En contextos de incertidumbre, postergar decisiones puede amplificar exponencialmente los riesgos. “El primer paso no es mover activos, sino entender la situación real: qué se tiene, a nombre de quién, qué riesgos existen y qué pasaría ante un conflicto”, explica Curubeto.

Este análisis debe contemplar incluso activos muchas veces subestimados, como inversiones en el exterior, criptomonedas o participaciones informales.El contexto argentino —marcado por cambios normativos, presión fiscal creciente y mayor conflictividad— convierte a la planificación patrimonial en un factor defensivo clave.

La conclusión es simple y contundente: el problema ya no es cuánto patrimonio se tiene, sino cuán vulnerable es. Porque en la Argentina de hoy, el mayor riesgo no es perder dinero: es descubrir, demasiado tarde, que nunca estuvo protegido.

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Gustavo Quatrin, CEO de Playadito sobre el precio de la yerba: “Ni antes éramos ángeles ni ahora somos demonios”

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En la reunión de la mesa yerbatera realizada el 23 de abril en el Ministerio del Agro de Misiones, Gustavo Andrés Quatrin -gerente de la Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, con su marca Playadito- no pasó desapercibido: es quien conduce la asociación con el rigor de una empresa que hoy lidera el mercado interno con 56,7 millones de kilos vendidos en 2025.

Tras la reunión habló con Economis y marcó un punto de inflexión en el tono del debate. “Somos conscientes de los bajos precios que hoy tiene la producción”, reconoció. “Sabemos que los precios están lejos de lo que hoy desearían los productores y no solo desean, sino que necesitan”.

Sin embargo, al mismo tiempo, defendió la posición de la industria que tiene otros problemas, asociados a los costos y la rentabilidad, “Podemos tener las mejores normativas, pero si no tenemos consumo, no podemos transformar absolutamente nada”, afirmó, en una definición que corre el foco desde la regulación hacia la dinámica del mercado.

Tras más de una década de precios altos, el sector enfrenta ahora un escenario inverso: mayor producción, aumento de stocks y presión a la baja en los valores de la hoja verde. El gerente explicó que el problema central es la sobreoferta acumulada tras años de expansión productiva. “Hay un potencial de producción que supera la demanda en un momento determinado y eso lleva a la situación de precios actual”, sostuvo.

Incluso con un aumento del 37% en las exportaciones, el sistema no logró absorber el excedente. “Los stocks no bajaron, sino que subieron ligeramente”, detalló. Esa afirmación desarma una de las expectativas del sector: que el crecimiento externo pudiera compensar la presión interna por los precios.

En ese contexto, el precio se convierte en la variable de ajuste. Y la explicación que ofrece Quatrin es directa: “Cualquier número superior a cero es mejor que no vender”. Esa dinámica, que antes jugaba a favor del productor -cuando retenía stock esperando mejores precios- ahora opera en sentido inverso.

El cambio coincide con el nuevo esquema del Gobierno nacional desde diciembre de 2023, que modificó las reglas del negocio yerbatero. Sin intervención directa en precios, el mercado quedó expuesto a su propia dinámica. El resultado: una competencia más agresiva y una pérdida de referencia para toda la cadena.

Una cadena tensionada desde adentro

El posicionamiento de Quatrin tiene un peso específico: proviene de una cooperativa que no solo lidera ventas, sino que articula con productores y secaderos desde hace más de 20 años. Por eso, su advertencia evita confrontaciones y apunta a sostener el entramado.

Lo peor que nos puede pasar es pelearnos entre productores y secaderos industriales”, señaló, en un intento por desactivar tensiones en un momento crítico. Los propios productores le reconocen que son la empresa que mejor paga por la yerba canchada a un precio de 1160 pesos el kilo, cuando las demás están pagando por debajo de los 900 pesos.

Sin embargo, también dejó en claro los límites de la industria para recomponer precios. Recordó que la empresa aplicó una baja del 20% cuando sus despachos cayeron “casi a la mitad” en abril de 2024, y que desde entonces no logró recuperar ese nivel de precios, aunque lidera el mercado.

Esa señal impacta en toda la cadena productiva. Si la empresa con mayor espalda financiera y volumen no logra trasladar mejoras, el resto del sector queda condicionado. En especial los productores primarios, que dependen directamente del precio de la hoja.

Aun así, anunció un movimiento reciente: “Hemos hecho un aumento de un 5% para la materia prima y acortamos en 30 días los plazos de pago”. Es un gesto que busca recomponer parcialmente el ingreso del productor, pero también funciona como test para medir la reacción del mercado.

Consumo estancado y exportaciones insuficientes

Otro eje central de su análisis fue el comportamiento del consumo. Quatrin lo definió como estructuralmente limitado: “La demanda es inelástica”. Es decir, aunque bajen los precios, el volumen consumido no crece de manera significativa.

En paralelo, el ingreso de productos importados con mayor precio en góndola agrega una distorsión adicional. No compiten directamente en formato, pero sí en percepción de valor, tensionando la lógica del mercado local.

El gerente, además, relativizó el impacto del mercado externo. “El crecimiento de las exportaciones no supera el 2% del total en cantidad (del volumen comercializado por su empresa”, explicó, pese a que la cooperativa exporta a más de 20 países.

Incluso en mercados grandes, como China, el desafío es cultural. “Lograr que el mundo incorpore una infusión nueva es una tarea compleja, de altísimo costo”, sostuvo. Explicó que desde la cooperativa están trabajando en ese mercado hace 10 años y aun así el volumen comercializado en el 2025 fue de 60 mil kilos y es solamente hoja, porque se exporta para infusionar con formato de tés.

Además, Quatrin fue claro al explicar que el aumento de exportaciones se explica en gran medida por la caída de los precios locales, que volvió competitiva a la yerba argentina en el exterior. Sin embargo, ese impulso no alcanza para absorber el excedente: los stocks que han acumulado las empresas no bajaron y eso sigue condicionando los valores.

Esa combinación -consumo interno estable y exportaciones limitadas- refuerza la presión sobre los precios locales y deja a la cadena sin una válvula de escape inmediata.

Quatrin deja entrever un cambio más profundo: el sector yerbatero atraviesa una transición donde las herramientas tradicionales ya no alcanzan y el mercado aún no encuentra equilibrio.

El gerente lo resumió con una frase que busca ordenar el debate sin personalizar responsabilidades: “Éramos los mismos cuando los precios eran espectaculares. Ni antes éramos ángeles ni ahora somos demonios”.

Esa lectura introduce una variable incómoda: el problema no responde a decisiones aisladas, sino a ciclos productivos y expectativas acumuladas.

Hacia adelante, la expectativa es moderada. “Esperemos que hayamos tocado los pisos de precio”, expresó. Pero la definición no es categórica. Dependerá de cómo evolucione la reposición, el nivel de stocks y la capacidad del mercado para absorber la producción.

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