aserradero Santa Rosa

Forestación: Central Puerto proyecta un aserradero de US$ 200 millones y reclama cambios para competir

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En ese escenario, Adrián Salvatore, de Central Puerto, planteó una integración vertical desde las plantaciones hasta la industria y advirtió que logística, regulación y escala condicionan nuevas inversiones forestales. Fue en el marco de la presentación en Posadas de los lineamientos del proyecto para instalar un aserradero en la zona de Santa Rosa, Corrientes. La iniciativa contempla procesar alrededor de 450.000 metros cúbicos de madera por año y abastecerse de unas 30.000 hectáreas de plantaciones.

La propuesta se inscribe en la expansión de Central Puerto hacia nuevos negocios. La compañía, tradicionalmente vinculada al sector energético, incorporó en los últimos años inversiones forestales y mineras y, más recientemente, petroleras. En el caso forestal, Salvatore explicó que la decisión apunta a ir más allá de la tenencia de activos y avanzar en la captura de valor dentro de la cadena productiva.

La empresa incorporó hace aproximadamente tres años unas 180.000 hectáreas forestadas, de las cuales unas 90.000 corresponden a plantaciones de eucalipto y pino. Sobre esa base, la estrategia consiste en desarrollar una industria capaz de procesar parte de esa producción y generar una cadena integrada en la región mesopotámica.

“El diseño nuestro es un aserradero que estaría procesando unas 450.000 metros cúbicos por año”, explicó Salvatore durante el encuentro organizado en Posadas por los 80 años de la Asociación Forestal Argentina (AFoA). La localización responde, entre otros factores, a la distribución geográfica de las forestaciones y a la necesidad de garantizar el abastecimiento de largo plazo de la planta.

La escala del proyecto también expone una de las discusiones centrales del sector: cómo generar condiciones para que las inversiones forestales puedan alcanzar dimensiones competitivas internacionalmente. Salvatore señaló que el proyecto enfrenta desafíos vinculados con el marco regulatorio y con la posibilidad de acceder a beneficios destinados a grandes inversiones.

En particular, marcó una brecha para los proyectos que quedan en una zona intermedia: inversiones demasiado grandes para encuadrar en determinados esquemas orientados a pequeñas empresas, pero que tampoco alcanzan los umbrales establecidos para los proyectos de mayor escala. Según planteó, una inversión forestal de entre US$100 millones y US$200 millones puede resultar significativa para la economía regional, aunque no necesariamente alcance los parámetros de programas diseñados para megaproyectos de otros sectores.

La cuestión no es menor para la forestoindustria. La competencia internacional obliga a comparar no solamente la productividad de las plantas, sino también el costo de llevar la madera hasta los mercados. Para Salvatore, la logística constituye actualmente uno de los principales condicionantes para el desarrollo de nuevas inversiones.

“Si para poner el material arriba de un barco nos cuesta tres, cuatro, cinco o seis veces más que a un competidor nuestro, cualquier proyecto va a tener un límite”, sostuvo. La distancia a los puertos, los costos de transporte y las restricciones vinculadas con la infraestructura terminan trasladándose al precio final y reducen la capacidad de competir en mercados internacionales.

En esa discusión aparece también el cabotaje como una herramienta potencial para reducir costos. El empresario consideró que una mayor oferta logística y una regulación que permita aprovechar las vías navegables podrían modificar sustancialmente la ecuación de los proyectos forestales de la región.

El planteo coincide con una preocupación que atraviesa a las principales empresas del sector: la industria puede alcanzar niveles de eficiencia dentro de las plantas, pero pierde competitividad cuando la producción sale de la tranquera. La distancia entre los centros forestales de Corrientes y Misiones y los puertos de exportación convierte a la logística en una variable estratégica para definir nuevas inversiones.

Pero Salvatore agregó otro componente: la necesidad de que el sector forestal construya una agenda común. A su criterio, muchas de las dificultades que enfrenta la actividad son abordadas actualmente mediante gestiones individuales de empresas o cámaras, cuando podrían requerir una estrategia colectiva.

El empresario tomó como referencia al sector petrolero, al que definió como altamente competitivo pero capaz de coordinar posiciones entre empresas y con el Estado en cuestiones consideradas estratégicas. Para la forestoindustria, planteó avanzar en una dinámica similar, tanto para resolver problemas regulatorios y logísticos como para aprovechar oportunidades comerciales.

La paradoja que señaló resulta especialmente relevante: mientras dentro del mercado argentino persiste la discusión sobre exceso o falta de madera y una demanda interna debilitada, existen oportunidades concretas en mercados internacionales que podrían ampliar la salida para la producción. El desafío consiste en articular información, inversiones, logística y capacidad industrial para convertir esa demanda potencial en operaciones concretas.

La integración vertical que impulsa Central Puerto se ubica precisamente en ese cruce. La disponibilidad de materia prima constituye una ventaja inicial, pero el paso siguiente requiere transformar ese recurso en productos con mayor valor agregado y colocarlos competitivamente en el mundo.

Para Salvatore, la oportunidad existe, pero exige modificar las condiciones que rodean a la producción. La inversión en capacidad industrial debe estar acompañada por infraestructura, energía, transporte, regulación y mecanismos que permitan sostener proyectos de distintas escalas.

En ese sentido, el proyecto de Santa Rosa funciona como un caso testigo de una discusión más amplia. La Argentina dispone de una base forestal capaz de sostener industrias de mayor escala, pero convertir ese potencial en exportaciones y empleo industrial requiere que la competitividad no termine en la puerta del aserradero.

La conclusión del empresario apuntó justamente hacia allí: el próximo salto del sector no dependerá únicamente de plantar más árboles o instalar más capacidad industrial, sino de construir una cadena capaz de operar con costos competitivos y una agenda común. Para una región que busca ampliar su inserción internacional, la discusión dejó de ser solamente cuánto puede producir la forestoindustria y pasó a ser cuánto valor puede retener antes de que esa madera llegue al mercado global.

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Central Puerto proyecta un aserradero de US$40 millones

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Corrientes busca dar otro salto en la industrialización de su patrimonio forestal. Mientras se proyecta una planta de celulosa fluff por US$2.000 millones en Ituzaingó, Central Puerto analiza desembarcar en el Parque Foresto-Industrial de Santa Rosa con un aserradero de gran escala que demandaría una inversión superior a US$40 millones.

El proyecto todavía atraviesa una etapa de evaluación y negociación con el Gobierno correntino, pero ya registra avances concretos. Directivos y técnicos de la compañía recorrieron el parque industrial y comenzaron a evaluar las condiciones operativas para una eventual radicación.

De concretarse, la planta tendría una capacidad cercana a las 450.000 toneladas anuales y estaría orientada principalmente a producir madera sólida para los mercados externos.

La iniciativa incorpora además un componente energético: los residuos generados durante el procesamiento industrial de la madera serían utilizados para producir energía mediante biomasa, agregando eficiencia al aprovechamiento de la materia prima forestal.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó las negociaciones y anticipó que, si las gestiones avanzan según lo previsto, las obras podrían comenzar durante este año.

El eventual desembarco no supone para Central Puerto ingresar a un negocio desconocido. La compañía ya construyó una posición relevante dentro del sector forestal argentino y cuenta con una importante disponibilidad propia de materia prima.

La empresa posee más de 160.000 hectáreas entre Corrientes y Entre Ríos, incorporadas a partir de distintas adquisiciones de activos forestales. Aproximadamente el 93% de esas plantaciones está localizado en Corrientes.

Ese patrimonio constituye una ventaja estratégica para el proyecto: permitiría integrar la disponibilidad del recurso forestal con su transformación industrial y reducir la dependencia de terceros para abastecer una planta diseñada para operar a gran escala.

Para Corrientes, el proyecto representa además otro paso en una estrategia que busca dejar atrás un perfil concentrado en la producción primaria de madera y capturar dentro de la provincia una porción mayor del valor agregado de la cadena.

La cuestión no es menor para el mapa forestal del NEA. Corrientes y Misiones concentran buena parte de la superficie de bosques implantados del país, pero la nueva ola de grandes inversiones industriales comienza a mostrar una dinámica particularmente intensa del lado correntino.

Santa Rosa gana escala industrial

El lugar elegido es el Parque Foresto-Industrial de Santa Rosa, donde ya funcionan empresas vinculadas al procesamiento de madera. Representantes de Central Puerto visitaron las instalaciones y mantuvieron encuentros con compañías radicadas en el complejo para analizar las condiciones necesarias para avanzar con la inversión.

El proyecto podría convertir al establecimiento en uno de los aserraderos de mayor capacidad del país.

La escala prevista -unas 450.000 toneladas por año– revela además que no se trata simplemente de sumar capacidad de aserrado, sino de estructurar una plataforma industrial con orientación exportadora y aprovechamiento energético de los subproductos.

Esa combinación responde a una tendencia cada vez más marcada dentro de la industria forestal mundial: maximizar el uso de cada tonelada de madera que ingresa a planta, destinando las piezas de mayor calidad a productos sólidos y convirtiendo residuos, corteza y otros subproductos en insumos energéticos.

El Gobierno correntino busca acompañar esta estrategia mediante incentivos fiscales y garantías de estabilidad jurídica para proyectos de largo plazo.

Pero aparece un obstáculo: por su escala, una inversión de US$40 millones queda muy lejos del piso general establecido para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Valdés planteó al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, la necesidad de revisar el piso mínimo de US$200 millones para permitir que inversiones industriales vinculadas con economías regionales puedan acceder a un régimen de beneficios similar.

El planteo apunta directamente a una característica del sector forestal: salvo los grandes proyectos de celulosa, muchas inversiones capaces de modificar sustancialmente la capacidad productiva de una región requieren decenas de millones de dólares, pero no necesariamente alcanzan los umbrales previstos para los megaproyectos incluidos en el RIGI.

Una eventual adecuación podría convertirse, por lo tanto, en una herramienta para acelerar inversiones en aserraderos, plantas de tableros, generación con biomasa y otras industrias asociadas a la madera.

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