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Aumentan las jubilaciones y la AUH un 7,78% desde diciembre

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La Resolución 2/2018, publicada en el Boletín Oficial, elevó el valor de movilidad prevista en un 7,78%, con lo que acumula un incremento de 28,85% en lo que va del año, muy por detrás de la inflación que, según las proyecciones de las consultoras, superaría el 47% en 2018.
Los jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones familiares, AUH y demás prestaciones de la seguridad social, recibirán a partir de diciembre un aumento del 7,78%, de acuerdo a la Resolución 2/2018 publicada hoy en el ‘Boletín Oficial’.
El haber mínimo pasará a $ 9300 con esta suba, en tanto, la Asignación por Hijo se irá de los $ 1684 actuales a unos $ 1825 en diciembre.
Con el incremento, las prestaciones de la seguridad social, que abarcan a más de 17 millones de personas, acumularán a fin de año un incremento del 28,8%.
La fórmula de movilidad jubilatoria surge de un cálculo que contempla el 70% de la variación trimestral registrada por el índice de precios del Indec y el 30% de la evolución en igual período de l Ripte (el índice que mide los salarios formales).
El último dato de inflación, correspondiente a octubre, arrojó un acumulado del 39,5%. Según las proyecciones de las consultoras, ese porcentaje superaría el 47% hacia fin de año.
De cumplirse esas estimaciones, las prestaciones sociales habrán sufrido al concluir 2018 una pérdida de casi 20 puntos con relación a la suba de precios, tras un 2017 donde subieron un 28%, contra un aumento de precios promedio del 24,8%.
La movilidad comprende a 7.000.000 de jubilados y pensionados, más de 1,5 millones de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM), 4.000.000 de AUH y más de 5 millones de asignaciones familiares.
Resolución 2/2018
MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL

RESOL-2018-2-APN-SESS#MSYDS

Ciudad de Buenos Aires, 22/11/2018

VISTO el EX-2018-56200860-APN-DGDMT#MPYT, las Leyes N° 24.241, N° 26.417, N° 27.260 y N° 27.426, el Decreto N° 110 de fecha 7 de febrero de 2018; las Resoluciones de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL N° 2 de fecha 9 de febrero de 2018, N° 6 de fecha 4 de mayo de 2018 y N° 10 de fecha 3 de agosto de 2018 y
CONSIDERANDO:
Que través del artículo 1° de la Ley N° 27.426, se sustituyó el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, y se estableció un nuevo índice de movilidad de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e), y f) del artículo 17 de ese cuerpo legal.
Que en ningún caso la aplicación del mencionado índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.
Que a partir del 1° de marzo de 2018 la movilidad se determina en un setenta por ciento (70%) por las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), conforme la fórmula que obra en el Anexo I de la Ley N° 27.426, y se aplica trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario.
Que por el artículo 4° de la Ley N° 27.426 se encomendó a esta Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de SALUD Y DESARROLLO Social, realizar el cálculo trimestral de la movilidad y su posterior publicación.
Que por el artículo 3° de la ley mencionada, se sustituyó el artículo 2º de la Ley N° 26.417, y se estableció que para la actualización de las remuneraciones a las que se refiere el artículo 24 inciso a) y las mencionadas en el artículo 97 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, se aplicará un índice combinado entre el previsto en el inciso b) del apartado I del artículo 5° de la Ley N° 27.260 y su modificatorio y el índice establecido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Que la reglamentación de la disposición citada, a través del Decreto N° 110/18, instruyó a esta Secretaría de Seguridad Social para establecer a partir del 1° de marzo de 2018 y en forma trimestral dicho índice.
Que el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC), ha informado oficialmente las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS y la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN JURIDICO INSTITUCIONAL han tomado la intervención de su competencia, en virtud de las modificaciones operadas a la Ley de Ministerios por los Decretos N° 801 y N° 802, ambos de fecha 5 de septiembre de 2018.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y sus normas modificatorias y complementarias, el artículo 4° de la Ley Nº 27.426 y su reglamentación dispuesta por el artículo 2° del Anexo I, aprobado por el artículo 1° del Decreto 110 del 7 de febrero de 2018, el Decreto N° 174 del 2 de marzo de 2018 y sus modificatorias y complementarias.
Por ello,
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Determínase que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2018, es de SIETE COMA SETENTA Y OCHO por ciento (7,78 %), conforme la fórmula obrante en el ANEXO I de la Ley N° 27.426.
ARTÍCULO 2º.- Apruébanse los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 30 de NOVIEMBRE de 2018 o soliciten su beneficio desde el 1° de DICIEMBRE de 2018, según lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 26.417, de conformidad con los valores consignados en el ANEXO (IF-2018-55907658-APN-DPE#MPYT) que integra la presente resolución.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Gonzalo Estivariz Barilati
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-
e. 23/11/2018 N° 89413/18 v. 23/11/2018

Fecha de publicación 23/11/2018

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Tras los bonos y el plus, evalúan otro refuerzo para AUH y jubilados

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Por un diciembre sin protestas sociales, con la cumbre del G20 en puerta y tras los bonos anunciados para trabajadores privados y estatales, el Gobierno evalúa un refuerzo de hasta $1000 para los beneficiarios de la AUH, para adicionar al plus de $1500 que recibirán en diciembre, y adelantar a jubilados el aumento que corresponde en la movilidad jubilatoria para marzo. Para ello, Carolina Stanley cuenta al menos con parte de los US$1850 millones que recibirá del Banco Mundial y el BID, cuyo destino son únicamente fines sociales.
Por un diciembre sin protestas sociales y tras los bonos anunciados para trabajadores privados y estatales, el Gobierno evalúa un refuerzo de hasta $1000 para los beneficiarios de la AUH, adicionalmente al plus de $1500 que recibirán en diciembre.
También analizan, según publica el diario ‘El Cronista’, adelantar a diciembre el aumento correspondiente en la movilidad jubilatoria previsto para marzo, a modo de acortar distancia con la inflación que según el último sondeo del Banco Central cerrará en 47,5% este año.
Ayer, se oficializaron los suplementos de fin de año para trabajadores del sector privado, estatales, fuerzas de seguridad y hasta las fuerzas armadas.
Ante este escenario, la ministra de Desarrollo Social, C arolina Stanley, quedó ante la presión de movimientos sociales que reclaman también una mejora para beneficiarios de AUH (casi 7 millones de personas), así como la CGT exigió una compensación para jubilados.
La mejora para beneficiarios de planes sociales parece estar más madura. El Gobierno había anunciado en septiembre el refuerzo de $1500 para diciembre pero, tras los bonos para trabajadores y una inflación mayor a la esperada, la Nación planea otorgar otros $1000. La ministra quedó acorralada ya que los beneficios a los trabajadores ahondaría la inequidad interna con los sectores informales de la economía.
En el oficialismo no quieren dar detalles aún. “Vamos a patear estas discusiones lo máximo posible”, comentaban en Casa Rosada. Lo cierto es que Stanley tiene a su disposición parte de los US$1850 millones, que recibirá la Nación del Banco Mundial y el BID, tal como anunciaron el 1 de noviembre. Los organis mos multilaterales otra vez apuestan a Macri y le destinaron estos fondos únicamente con fines sociales, lo que es un eje que resaltan en su relación con los países en desarrollo. El BM está colaborando con el Gobierno para que la AUH alcance a todos aquellos que pueden estar incluidos en el plan social, pero aún no fueron inscriptos. Con esos recursos, el Gobierno evitaría ahondar el déficit fiscal de este año.
Stanley da por descontado que deberá encarar reuniones con movimientos sociales. “Siempre estoy abierta al diálogo; si hay algún planteo que quieran hacer, nos reuniremos y veré qué es lo que plantean”, sostuvo ayer en Casa Rosada, después de la reunión de gabinete. La negociación pasará por una mejora en el refuerzo de diciembre, mayor cobertura de alimentos y extender las capacitaciones laborales. En el Gobierno por ahora tienen un enfoque positivo y resaltan que “menos mal que dimos un refuerzo” para AUH en los albores de la volatilidad financiera, en septiembre, y así “no quedamos tan lejos del nivel de inflación”.
En el oficialismo quieren tener despejado el panorama para lo que resta de este año. Las preocupaciones principales pasan por el desarrollo de la cumbre del G20 y que no haya incidentes en torno al foro global. Por otro lado, evitar los saqueos de diciembre, que suelen sucederse cada año. A mediano plazo, ya se muestran optimistas.
“La inflación está mermando y creo que podemos empezar a pensar en bajar las tasas de interés a fin de año”, comentaba optimista ayer el senador Federico Pinedo.
El otro punto serán las jubilaciones. El vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, quiso desactivar cualquier rumor ayer. “Por el momento el esquema que está vigente en el próximo ajuste va a tener en consideración los índices más altos de inflación, por lo que ahí va a haber una mejora respecto de la s remuneraciones. Se verá esa mejora pero no habrá bono”, señaló.
Ahora bien, la iniciativa del oficialismo no es pagar un “bono” a los jubilados, tal como rechazó públicamente Ibarra. Según fuentes oficiales, se evalúa como alternativa adelantar a diciembre la actualización correspondiente a la aplicación de la fórmula de movilidad prevista para marzo, lo que -de acuerdo con las estimaciones oficiales- significaría una suba de 11% en los haberes. Actualmente, el mínimo está en $ 8637.
Pero todavía no quieren dar precisiones porque aún están expectantes porque el 18 de diciembre, la Corte Suprema definirá qué índice debe utilizarse para calcular las sentencias y reajustes jubilatorios.
En esa misma fecha, un año atrás, el Congreso debatía un cambio en la fórmula de calcular las jubilaciones que generó las protestas más virulentas contra el Gobierno desde que ll egó Macri al poder.

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Llegan US$ 1.850 millones del Banco Mundial y el BID para programas sociales

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Los prestamos, aprobados en Washington, están destinados a refuerzo presupuestario y a proteger a los sectores más vulnerables.
Cerca de 2.000 millones de dólares llegarán próximamente a la Argentina luego de que el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaran este jueves en Washington una serie de préstamos para apoyar a los sectores más vulnerables.
El Banco Mundial aprobó dos nuevos créditos para Argentina que suman un total de u$s950 millones, destinados a reforzar los programas sociales en medio de la recesión.
El primer préstamo será de 500 millones, y buscará ayudar a cubrir las necesidades presupuestarias del país a fin de “impulsar el crecimiento inclusivo a mediano plazo”.
El segundo financiamiento será por u$s450 millones, para el Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes, con el objetivo de llegar a 250.000 niños que aún no están incluidos en los programas de asignaciones familiares, de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
También buscará simplificar los procesos de verificación de la asistencia a la escuela y a los controles de salud, requisitos necesarios para conservar la condición de beneficiario de la AUH.
La Argentina, tercera economía de América Latina, atraviesa una crisis económica que llevó al gobierno de Mauricio Macri a pedir auxilio a organismos multilaterales. “Este apoyo a Argentina (…) llega en un momento crucial para nuestro país y es una clara señal de confianza”, dijo el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, citado en el comunicado del Banco Mundial fechado en Washington.
Por su parte, Jim Yong Kim, Presidente del Grupo Banco Mundial, indicó: “En estos momentos difíciles, el Banco Mundial extiende un fuerte apoyo para solidarizarse con los hogares más vulnerables y enfrentar los desafíos económicos actuales. Este financiamiento apunta a proteger a las familias que más lo necesitan para que no caigan en la pobreza mientras se avanza en sentar las bases para que el país crezca a mediano plazo de manera inclusiva”.
Este anuncio llega luego de que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) acordara la semana pasada fortalecer el programa de ayuda aprobado en junio para Argentina, que pasó de u$s50.000 millones a más de u$s56.000 millones.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de u$s 900 millones, de los cuales este año se desembolsarán u$s 600 millones, para apoyar la sostenibilidad de programas de protección social de amplia cobertura entre la población de menores recursos de Argentina. Se trata de la primera operación de un préstamo multiface de inversión de u$s 1.500 millones.
El apoyo del BID se concreta en el marco del programa que llevan adelante las autoridades argentinas y se enfoca en el área social para atender con acciones rápidas a los sectores más vulnerables de la población.
Según explicó el organismo en un comunicado, esta primera operación “contribuirá a mejorar las intervenciones de protección social, a través del fortalecimiento de la capacidad de gestión de los programas Hacemos Futuro, Becas Progresar y la Tarifa Social del Transporte Público, para orientar la oferta de capacitación laboral y búsqueda de empleo, monitorear las trayectorias educativas e implementar acciones de prevención de deserción escolar, y mejorar los sistemas de información sobre transporte público automotor, así como la ampliación de la tarifa social a localidades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires”.
Este programa beneficiará al menos a 4 millones de personas, de las cuales 235 mil son beneficiarios de Haciendo Futuro; 536 mil son jóvenes beneficiarios de Becas Progresar; al menos 2,9 millones son beneficiarios de la tarifa social del transporte público, y 360 mil personas más que serán beneficiadas con la extensión de esa tarifa.
Del mismo modo, el programa contribuirá a fortalecer la capacidad de generación, gestión y análisis de información del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, adscrito a Presidencia de la Nación, entidad clave en el proceso de monitoreo de los indicadores sociales
Entre las acciones previstas se encuentran asegurar la sostenibilidad de programas de transferencias monetarias dirigidos a población vulnerable, promover la progresión y finalización educativa, así como la formación laboral integral de la población que recibe estas transferencias; mejorar la eficiencia distributiva de los subsidios a servicios públicos de transporte; y, mejorar la eficiencia de los programas de protección social a través de una mejora en la gestión de la información.
Uno de los componentes del programa prevé incentivar de manera progresiva la autonomía económica de personas en riesgo o situación de vulnerabilidad social y sin empleo formal, a través de la promoción de su progresión escolar y finalización educativa y de su formación integral.
Un segundo componente contribuirá a que jóvenes de entre 18 y 30 años provenientes de familias vulnerables puedan finalizar la educación básica, terciaria o universitaria, buscando proactivamente la continuidad de sus trayectorias educativas.
El tercer componente contribuirá a un mayor acceso al sistema de transporte público de la población vulnerable elegible, a través de acciones como la financiación del descuento del 55% de la tarifa general del transporte para la población que reside en localidades que hayan adherido al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), y la extensión de la cobertura de esta tarifa social a localidades fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. También contribuirá a la mejora de gestión de la información del sistema de transporte público.
Como consecuencia de las acciones previstas en el programa se espera aumentar el porcentaje de beneficiarios que finalizan cursos de formación laboral integral y la tasa de asistencia escolar en el nivel secundario de los beneficiarios que no lo han completado para contribuir a incrementar la tasa de empleo en el sector formal.
Asimismo, se espera aumentar el porcentaje de alumnos en el nivel superior que mantiene la regularidad al finalizar el ciclo lectivo, es decir, que no ha abandonado sus estudios, para contribuir a incrementar el porcentaje de alumnos de ese nivel que completa al menos el 50% de las materias de su plan de estudios.
Y en el caso de la tarifa social del transporte público, se espera aumentar la cobertura a nivel nacional entre la población vulnerable elegible, para contribuir a expandir el ahorro que esa tarifa representa en el gasto no alimentario de los hogares.
El crédito del BID de u$s 900 millones tiene 25 años de plazo de amortización con 5 años y medio de gracia y una tasa de interés basada en Libor

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Asignación Universal por Hijo: claves del pago del monto extra para septiembre y diciembre

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El Gobierno informó que reforzará la ayuda social, en medio de la crisis económica, con una actualización en los pagos de la Asignación Universal por Hijo
El Gobierno informó que reforzará la ayuda social, en medio de la crisis económica, con una actualización en los pagos de la Asignación Universal por Hijo, que llegará a $2700 con dos pagos extras en septiembre y diciembre.
El ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Carolina Stanley y que absorbió a Salud como secretaría y a la ANSES, informó que reforzará el monto que se abona por chico por la Asignación Universal por Hijo con $1200 en septiembre y $1500 en diciembre.
Desde este mes, la AUH pasará a ser, en promedio, de $1684, y la asistencia para un hijo con discapacidad será de $5491. Por lo tanto, más de un millón de familias recibirán $2700; 600.000 percibirán $5400; 278.000, $8100; 105.000, $10.800; y $47.000, 13.500 pesos.
De acuerdo con datos de la cartera, el 87,4% de los niños y niñas de la Argentina recibe alguna cobertura por parte del Estado. Respecto a la AUH, más de 3.900.000 chicos son alcanzados por este beneficio.
Las medidas que impulsa el Ejecutivo en ese sentido también se extenderán a los planes sociales. En septiembre, se aumentará a $5750 y en diciembre a $6000 cada pago. Desde el Gobierno explicaron que esta iniciativa alcanzará a 400 mil beneficiarios.
Todo esto, según indicaron, se verá reforzado con “la entrega de alimentos e incrementaremos la asistencia a merenderos y comedores”, en un contexto donde la inflación, que en junio fue de 3,7%, la más alta de la era Macri, golpea a los sectores más vulnerables. La ayuda que acercará el ministerio de Stanley será para 1228 comedores.

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El Gobierno oficializó un aumento de 5,71% en las jubilaciones

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Se acerca marzo, mes en el que los jubilados verán finalmente reflejados en el bolsillo los efectos del cambio de sistema de reajuste de haberes.
El Gobierno nacional oficializó el primero de los cuatro aumentos previstos en el año para los jubilados y para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que a partir de marzo será de 5,71%, correspondiente a la Ley de Movilidad Jubilatoria. La misma se votó a fines del año pasado y generó graves incidentes frente al Congreso.
Lo hizo a través de la resolución 2E/2018 del Ministerio de Trabajo publicada en el Boletín Oficial, y que lleva la firma del secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci Malvis. La misma estableció que “el valor de la movilidad correspondiente al mes de marzo de 2018, es de 5,71%”.
Asimismo, la normativa aprobó “los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia, que cesen desde el 28 de febrero de 2018 o soliciten su beneficio desde el 1° de marzo de 2018”.
La nueva la ponderación, que combina en una proporción 30-70 el 7,1% del sueldo medio de los trabajadores estables (RIPTE) y el 5,1% que acumuló el Índice de Precios al Consumidor Nacional en el trimestre correspondiente al semestre previo, lo cual arroja 5,71% neto de incremento a liquidar para los que superen los $10 mil. Porque de ahí para abajo, por esta única vez cobrarán un adicional de más de $700 como bono resarcitorio que mejorará algún puntito.
Si se hubiera mantenido la movilidad que rigió hasta octubre, el aumento tendría que haber sido del 12,5%. La diferencia no sólo faltará en los presupuestos hogareños, sino que para cuando se efectivice llega licuada por la andanada poselectoral de tarifazos en luz, gas y agua, combustibles, transportes, devaluación y, finalmente, el traslado de todo a la canasta básica. El 5,71% de marzo, para entonces, se lo habrá engullido entero una inflación que en el trimestre inicial supera el 8%. La reforma previsional no viene sola sino que llega con la extensión voluntaria de la edad de retiro hasta los 70 años, que les va a venir muy bien a los 3 de cada 4 prejubilados encuestados por la consultora Mercer, que admiten no haber ahorrado para dejar de trabajar y vivir de los haberes.
En otro orden, en la Resolución se precisó que “la actualización de las remuneraciones mensuales se realizará multiplicando cada una de ellas por el coeficiente resultante de la división entre el índice correspondiente al mes de la adquisición de derecho y el índice correspondiente al de la remuneración devengada”.
“Las remuneraciones con aportes correspondientes a los titulares de los beneficios que hubiesen cesado con anterioridad al 28 de febrero de 2018 o los que continúen en actividad y hubieran solicitado la prestación antes del 1° de marzo de 2018, se actualizarán mediante la aplicación de los índices de actualización aprobados”, puntualizó la resolución.
Según el Gobierno, la ley por la que tanto implicará un ahorro de $ 100 millones por las arcas públicas, en pos de objetivo del equipo económico de reducir el déficit fiscal, que junto con la inflación constituyen metas innegociables para el oficialismo.

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