La crisis del transporte tras la caída de los subsidios nacionales, tuvo su coletazo en Posadas, con la salida intempestiva de la empresa Bencivenga, que arrastraba problemas económicos desde hace tiempo.
La decisión de no continuar con los servicios, prácticamente sin aviso, obligó a la Municipalidad a hacerse cargo de las líneas abandonadas y de las operaciones administrativas de la empresa que dirigía Darío Scraviuk, que tiene 90 choferes. Se estima que el costo para la Municipalidad es 90 millones mensuales, entre salario de los empleados y cargas sociales.
La situación provocó malestar en las otras empresas del Servicio Integrado, ya que siguen sin cobrar los subsidios adeudados y tiene que afrontar mayores costos con ingresos acotados.
El martes al mediodía el Departamento Ejecutivo Municipal se notificó formalmente del cese de servicios de las líneas 14 – 16 – 23 y 28 explotadas por la concesionaria Empresa Bencivenga SRL a partir de la cero (0) horas del 1 de marzo, según informara dicha prestataria del servicio de transporte público de pasajeros.
La decisión empresarial de Bencivenga SRL ocurre con posterioridad al llamado a licitación de las líneas antes mencionadas en el marco de la Ordenanza HCD XVI – No. 20 del Sistema Integrado de Transporte –SITM– (Licitación Pública No. 1/2023).
Los contratos de concesión de las líneas 14 – 16 – 23 y 28 de la Empresa Bencivenga SRL se hallaban vencidos desde agosto de 2022 y fueron prorrogados hasta la finalización del proceso de la citada Licitación No. 01/2023, conforme se dispuso en el Decreto DEM No. 940/2022.
Esta medida imprevista de la Empresa Bencivenga SRL es consecuencia, en parte, a la crítica situación que vive el transporte público de pasajeros de todo el país, producto de la suspensión del pago de los subsidios al servicio, que afecta a empresas y usuarios.
En consideración del plazo exiguo de la notificación previo al abandono del servicio por parte de la concesionaria, el municipio ha decidido solicitar a una de las empresas prestatarias del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, que no participa como oferente de la Licitación antes mencionada, que asuma temporariamente los servicios vigentes de las cuatro líneas, hasta que se adjudique al nuevo prestatario de la licitación realizada.
El gobierno municipal transmitió a los usuarios de las líneas 14 – 16 – 23 y 28 que arbitrará todos los medios a su alcance con el objeto de mantener los servicios vigentes en las mejores condiciones posibles, dada la situación imprevista que se ha planteado.
Finalmente, con relación a los 60 empleados declarados formalmente por la Empresa Bencivenga SRL ante el municipio como trabajadores vinculados a las tareas de dichas cuatro líneas, está contemplados en los pliegos de la Licitación No. 01/2023 contemplan su traspaso a la concesionaria adjudicataria de dichos servicios.
Además, y a para llevar tranquilidad a los hogares de dichos trabajadores, el municipio, en conjunto con el gobierno provincial, tomarán a su cargo las gestiones para el pago en tiempo y forma de los salarios durante el período que demande dicha transición.
Con el contrato vencido en el Sistema de Transporte Integrado, la empresa Bencivenga se declaró en insolvencia financiera para seguir pagando los salarios y con el servicio que prestaba en varias líneas de Posadas.
La empresa alega que su situación económica se agravó por la demora en los subsidios, pero desde el Gobierno aclaran que no hubo retrasos en los desembolsos distintos a los que también afectaron a otras empresas que siguieron prestando el servicio acordado.
En el SIT cuestionan que Bencivenga no hizo la inversiones estipuladas en los contratos, no se adhirió al sistema de cobro por QR, imposibilitando a sus usuarios poder pagar con este sistema simplificado y no invirtió en las Terminales de Transferencia por lo cual sus usuarios deben pagar cada tramo de viaje sin poder hacer interconexiones.
Bencivenga anunció que dejará de prestar el servicio en las líneas que opera.
En las Cataratas del Iguazú se desató un inesperado conflicto entre empresas de transporte que derivó en el bloqueo de unidades de la empresa Crucero del Norte por parte de la empresa Río Uruguay.
El conflicto fue escalando en las últimas horas, a pesar de que la Justicia Federal falló a favor de Crucero del Norte, acreditando una autorización para la realización del servicio con vigencia actual.
Por esto mismo, se le ordenó al municipio que se abstenga de ejercer las actividades de control, fiscalización y sanción sobre los servicios internacionales de la mencionada transportista.
En caso de incumplimiento por parte del municipio, la Justicia dará intervención al Ministerio Público Fiscal en orden al delito de desobediencia, sin importar que la decisión no se encuentre firme.
Desde hace más de un mes que inspectores de Puerto Iguazú sistemáticamente impiden la normal prestación del servicio por entender que están haciendo un servicio urbano y para ello deberían tener una autorización municipal.
La polémica que está afectando al turismo en Puerto Iguazú se resolvió el 1 de septiembre mediante un fallo de la justicia federal que ordenó al municipio a abstenerse de controlar a las unidades de la empresa Crucero del Norte que prestan servicio internacional entre la ciudad de las Cataratas y su vecina brasileña Foz.
“Crucero del Norte presta el servicio sin inconvenientes desde 2005, pero en los últimos meses sufrió la persecución de la municipalidad y la empresa Río Uruguay, con rarísimos operativos de inspección del municipio”, señalaron fuentes del sector.
En principio, los agentes municipales se limitaban a exigir documentación y emitir multas, pero en las últimas semanas también obligaban a los pasajeros a bajar de la unidad y los dejaban a la vera de la ruta, en el acceso al Parque Iguazú, en una situación que beneficiaba a la competidora Río Uruguay. Sin embargo, desde Parques señalaron que la empresa Crucero del Norte no está habilitada para circular dentro del área Cataratas y debe esperar una resolución de la administración.
Esta semana, choferes de la empresa Crucero del Norte denunciaron públicamente el bloqueo de sus unidades por parte de la empresa Río Uruguay, impidiendo los servicios.
Maniobras similares, de violencia y desinterés por sus pasajeros a bordo, llevó adelante la misma empresa en la ciudad de Posadas, operando con la marca Bencivenga. El 3 de agosto de 2020 intentó ingresar por la fuerza a la terminal Quaranta.
Las empresas de colectivos urbanos de Posadas, aglutinadas en EUTA, enviaron una carta al intendente de la ciudad, Joaquín Losada, en la que le solicitan que interceda ante el Ministerio de Transporte de la Nación para destrabar fondos que están contemplados este año para compensar la quita de subsidios.
EUTA explica que sin estos fondos es imposible cumplir con el acuerdo paritario al cual llegó FATAP con los choferes de colectivos, por el cual se les había acordado pagar dos sumas no remunerativas de 2.500 pesos, pagaderas el 29 de marzo pasado y el 25 de abril.
El primer plazo ya venció sin que se haya efectivizado el pago, lo cual podría derivar en un próximo paro de colectivos en la ciudad.
“Solicito a Usted que tramite de manera urgente ante el Ministerio de Transporte de la Nación, el pedido de asistencia financiera dentro del marco normativo indicado precedentemente, para permitir la liberación de fondos por parte del Estado Nacional a favor de las empresas de esta jurisdicción, a los fines de atender el pago de los compromisos asumidos y el mantenimiento de la paz social con los trabajadores del sector”, dice la carta enviada a Losada el viernes, día que debió hacerse efectivo el primer pago no remunerativo por 2.500 pesos.
Cuando se decidió eliminar los subsidios al transporte urbano de pasajeros como consecuencia de la necesidad de llegar al déficit cero y cumplir con las pautas del acuerdo con el FMI, para ayudar a una transición un poco menos traumática, el gobierno nacional habilitó una suma de dinero para las capitales de provincia que iban a requerir asistencia.
EUTA reclama la liberación de fondo creados por el inciso b, del art. 125 de la Ley 27.467, que comprende fondos por 250 millones de pesos para este fin.
La nota enviada a Losadas el viernes está firmada por Guillermo Leumann, titular de EUTA. La cámara aglutina a las empresas Bencivenga SRL, Tipoka SA, Nuestra Señora del Rosario SRL y Casimiro Zbikoski SA.
