La sostenibilidad misionera volvió a ganar visibilidad internacional. Dos proyectos desarrollados en la provincia fueron seleccionados entre los 500 mejores proyectos socioambientales de América Latina y el Caribe en la edición 2026 de los Premios Verdes, uno de los principales reconocimientos regionales a iniciativas de impacto ambiental, social y económico.
Se trata de Bayka, una organización dedicada a la creación y gestión de áreas naturales protegidas, y de la Reserva Bosque Nativo Selva Paranaense, un emprendimiento de conservación ubicado en Jardín América liderado por Jorge Schwarz.
La inclusión en el ranking coloca a ambos proyectos dentro de una red internacional de iniciativas que buscan responder a los desafíos ambientales y climáticos de la región mediante soluciones concretas, medibles y en ejecución.
Bayka: conservación financiada por el sector privado
Bayka nació con una premisa simple pero innovadora: transformar la responsabilidad ambiental empresaria en una herramienta concreta para financiar la conservación. En Misiones está en Andresito, con dos emprendimientos como San Sebastián de la Selva y una reserva sobre el río Iguazú.
Desde 2013, la organización ha creado cuatro reservas naturales propias en ecosistemas de alta biodiversidad y fuerte presión ambiental, especialmente en el Bosque Atlántico y el Chaco Seco. Además, impulsa una Red Bayka que articula acciones con otras áreas protegidas y proyectos de conservación.
Lo distintivo del modelo es su esquema de financiamiento. Las acciones ambientales se sostienen a través de programas de responsabilidad ambiental diseñados e implementados para empresas privadas, generando un mecanismo que permite financiar restauración ecológica, protección de ecosistemas y vinculación de las comunidades con la naturaleza.
La iniciativa ha logrado consolidar un sistema que combina impacto ambiental con sostenibilidad económica, uno de los aspectos más valorados por los evaluadores de Premios Verdes.
Una reserva privada para proteger la Selva Paranaense
Se trata de una startup de conservación de triple impacto que opera sobre 14 hectáreas de Selva Paranaense, uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados del planeta. En Argentina, este bosque conserva menos del 10% de su cobertura original.
La iniciativa integra conservación activa, turismo sostenible y futuros mecanismos de financiamiento basados en mercados de carbono. Actualmente trabaja en la implementación de estándares internacionales vinculados con gestión ambiental, responsabilidad social y medición de emisiones.
Los relevamientos realizados en el predio registraron especies emblemáticas y amenazadas de la biodiversidad misionera, entre ellas el loro pecho vinoso, la yacutinga, tucanes, monos caí y registros de presencia de yaguareté, además de una importante diversidad de anfibios y flora nativa.
El proyecto cuenta con infraestructura de bajo impacto ambiental, generación de energía solar, captación de agua de lluvia, senderos interpretativos y un vivero de especies nativas destinado a restauración ecológica.
Además, genera empleo local, incorpora guías de comunidades originarias y mantiene vinculación territorial con la comunidad mbya guaraní Tekoa Guapoy Poty.
La meta a mediano plazo es ampliar la superficie protegida hasta alcanzar las 1.000 hectáreas y fortalecer el monitoreo ambiental mediante cámaras trampa, drones y estaciones de observación.
Un reconocimiento regional
Los Premios Verdes revelaron este año un ranking integrado por proyectos provenientes de 21 países y 243 ciudades.
Argentina logró ubicar 42 iniciativas dentro de la selección, mientras que Colombia lideró el listado con 112 proyectos, seguida por Ecuador (102), Perú (72), Bolivia (58), México (48) y Argentina.
La categoría con mayor presencia fue Economía Circular, seguida por Desarrollo Humano, Ecosistemas Terrestres y Agricultura y Producción de Alimentos.
Según los organizadores, más de 212 proyectos incorporan herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, Big Data, aplicaciones móviles, blockchain o sistemas de monitoreo digital para potenciar su impacto.
“Los 500 mejores proyectos no son solo un ranking; son una radiografía de América Latina y de las soluciones que ya están ocurriendo en los territorios”, señaló Gustavo Manrique, presidente de Premios Verdes.
La próxima etapa del certamen culminará entre el 19 y el 22 de octubre en Cuenca, Ecuador, donde se reunirán emprendedores, organizaciones, empresas, gobiernos y organismos internacionales para presentar y potenciar las iniciativas seleccionadas.
Para Misiones, la presencia de Bayka y de la Reserva Bosque Nativo Selva Paranaense confirma una tendencia que se consolida en los últimos años: la provincia se posiciona cada vez más como un laboratorio de innovación ambiental, conservación de biodiversidad y desarrollo sostenible en la región.
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones oficializó un nuevo marco regulatorio para los proyectos de conservación y restauración de flora autóctona y fauna silvestre, una decisión que redefine las condiciones bajo las cuales podrán desarrollarse iniciativas provinciales, nacionales e internacionales vinculadas a la biodiversidad misionera.
A través de la Resolución N° 136, firmada el 8 de mayo de 2026, la cartera que conduce Martín Recamán aprobó la “Reglamentación de Proyectos de Conservación y Restauración de Flora Autóctona y Fauna Silvestre”, con el objetivo de unificar criterios técnicos, administrativos y sanitarios y fortalecer la protección del patrimonio biológico de la provincia .
La nueva normativa complementa leyes ambientales vigentes como las leyes XVI N° 11, XVI N° 47, XVI N° 29, XVI N° 35 y XVI N° 8, además de normas específicas sobre monumentos naturales y la Resolución 368/2023 sobre centros de manejo de fauna silvestre. El eje central es establecer contenidos mínimos obligatorios para la aprobación de proyectos de conservación, reproducción controlada, restauración ecológica, translocación e investigación científica.
El texto parte de una premisa estratégica: Misiones busca evitar intervenciones improvisadas o sin sustento técnico sobre especies sensibles y ecosistemas clave de la ecorregión Selva Paranaense, una de las reservas de biodiversidad más importantes de Argentina.
La reglamentación establece que todo proyecto deberá acreditar con precisión su objetivo general, objetivos específicos, indicadores verificables, antecedentes científicos y justificación técnica. Además, deberá demostrar alineación con marcos normativos internacionales como la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), así como con estrategias nacionales y provinciales de biodiversidad .
Uno de los puntos más estrictos se refiere al origen de las especies utilizadas. En proyectos de restauración vegetal, los plantines deberán provenir exclusivamente de viveros registrados dentro de Misiones, con material genético propio de la Selva Paranaense y distribución comprobada para la zona de intervención. En el caso de fauna silvestre, los ejemplares deberán proceder de centros de manejo habilitados o de rescates y translocaciones debidamente documentadas, además de contar con identificación individual mediante microchips, bandas, collares, marcas o biometría.
Además, la resolución introduce una prohibición taxativa sobre los emprendimientos vinculados a la caza deportiva: quedan expresamente vedados los proyectos de planes de cría o criaderos de especies autóctonas con fines cinegéticos. La medida busca impedir que bajo el argumento de conservación se habiliten esquemas de reproducción orientados al aprovechamiento comercial o recreativo de la fauna silvestre, reforzando así el criterio de preservación y uso estrictamente ambiental de las especies nativas.
La resolución también incorpora un capítulo especial para las especies declaradas Monumento Natural Provincial. Allí se establece que ningún proyecto podrá ejecutarse sin participación activa del Estado provincial, y se prohíbe el traslado fuera de Misiones de ejemplares, crías, semillas o plantines, salvo autorización excepcional debidamente fundada. El objetivo es preservar el patrimonio genético propio de la provincia y evitar procesos de extracción o comercialización encubierta.
En materia de fauna, la norma diferencia exigencias según grupo biológico: mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y fauna acuática deberán contar con protocolos específicos de bioseguridad, bienestar animal, manejo sanitario y prevención de enfermedades. También se incorporan criterios regulatorios para fungi (hongos) y microorganismos, una novedad relevante en la política ambiental provincial.
Otro aspecto clave es el endurecimiento sobre los proyectos de translocación. Toda reintroducción o refuerzo poblacional deberá justificarse dentro de un Plan de Restauración Poblacional que incluya evaluación del hábitat receptor, análisis genético, logística de traslado, monitoreo mínimo de tres años y evaluación socioeconómica sobre comunidades locales.
Incluso se exige un plan de contingencia para eventuales fallas, como baja supervivencia, dispersión no prevista o impactos negativos sobre el entorno.
En paralelo, los planes de cría en cautiverio para conservación deberán acreditar amenaza real sobre la especie, trazabilidad genética, control de consanguinidad, plan sanitario anual y protocolos de bienestar animal. La norma además prohíbe expresamente los criaderos de especies autóctonas con fines cinegéticos, cerrando la puerta a emprendimientos vinculados a la caza deportiva.
La autoridad de aplicación -el propio Ministerio de Ecología- podrá exigir evaluaciones de impacto ambiental, inventarios de especies, estudios poblacionales, diagnósticos técnicos y revisiones por parte del Instituto Misionero de Biodiversidad (Instituto Misionero de Biodiversidad), además de realizar inspecciones sin previo aviso y revocar autorizaciones por incumplimientos técnicos, sanitarios o ambientales.
También se habilita la participación de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas cuando los proyectos se desarrollen dentro del sistema provincial de reservas.
La resolución delega en la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable la facultad de dictar disposiciones complementarias y aclaratorias, lo que permitirá ajustar criterios operativos sin necesidad de nuevas resoluciones ministeriales.
Desde el punto de vista institucional, la medida representa una señal clara: Misiones busca consolidar una política de conservación más rigurosa, con trazabilidad, control estatal y fuerte resguardo sobre sus recursos genéticos. En un contexto donde crecen los proyectos privados, internacionales y académicos vinculados a biodiversidad, la provincia fija ahora un marco más exigente para evitar vacíos regulatorios y blindar uno de sus principales activos estratégicos: la selva.
Bajo la Decisión Administrativa N° 20/2026, el Gobierno Nacional oficializó un recorte superior a los 53 millones de pesos en las partidas destinadas al Parque Nacional Iguazú y la Reserva Campo San Juan. Para Misiones, esta poda presupuestaria no solo compromete la custodia del 52% de la biodiversidad del país, sino que vulnera la operatividad del principal imán de divisas del NEA, en un contexto donde el mantenimiento de la infraestructura es crítico para la seguridad del visitante y la integridad del ecosistema.
El gobernador Hugo Passalacqua elevó un reclamo formal ante la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, advirtiendo que la reducción de $41.715.920 para Iguazú y $12.123.088 para Campo San Juan lesiona la sostenibilidad de la Selva Paranaense. En términos macroeconómicos regionales, el Parque Nacional Iguazú funciona como una unidad superavitaria: su recaudación por tickets sostiene históricamente el sistema federal de áreas protegidas. Retraer inversión en el nodo generador de recursos es, técnica y políticamente, una descapitalización de un activo estratégico que garantiza servicios ecosistémicos vitales para la producción agroindustrial de la provincia.
Impactos proyectados: de la conservación al bolsillo
El gobernador Hugo Passalacqua presentó la posición de Misiones ante el Gobierno nacional por la reducción presupuestaria destinada a la Administración de Parques Nacionales. A través de dos notas enviadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro de Economía, Luis Caputo, el mandatario provincial manifestó preocupación por el impacto de la medida sobre el Parque Nacional Iguazú y la Reserva Natural Silvestre Parque Federal Campo San Juan.
En ambas misivas, Passalacqua expresó su “profunda preocupación por la Decisión Administrativa N° 20/2026, que modifica el presupuesto Ley N° 27.798”. Además, señaló que la medida establece una reducción presupuestaria para la conservación y administración de los mencionados parques. Según detalló, los recortes alcanzan sumas de 41.715.920 pesos y 12.123.088 pesos respectivamente.
El mandatario provincial sostuvo que “el Parque Nacional Iguazú, una de las Maravillas Naturales del Mundo, constituye un motor económico de la región y junto a la Reserva Campo San Juan, ecosistema de transición vital, se integran con el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Misiones, que en su conjunto resguardan el remanente protegido más grande y mejor conservado de la Selva Paranaense, área que posee el 52 % de la biodiversidad de la República Argentina”.
“Este recorte presupuestario afecta de manera grave y directa a la sostenibilidad de los trabajos de conservación, seguridad y vigilancia del manejo de estas áreas, en un contexto donde la protección de la biodiversidad debe ser una prioridad estratégica”, añadió en las cartas.
Una medida que puede afectar gravemente al ecosistema
Durante el acto por el aniversario de Almafuerte, el gobernador Passalacqua volvió a referirse al recorte de fondos destinado al Parque Nacional Iguazú. “El recorte que hicieron en el parque nacional asciende a decenas de millones y afecta de manera muy grave su sostenimiento. Me duele profundamente, porque rompe el ecosistema. Es grave, muy grave”, enfatizó.
“Si se nos cae el Parque Nacional, estamos en problemas. Más allá del turismo —obviamente—, voy mucho más allá: se lesiona todo el ecosistema. Son 70 mil hectáreas de selva pura; es un orgullo nacional”, comentó.
El mandatario también señaló que “el Parque Nacional Iguazú con su ticket solventa todos los demás parques nacionales. Hacer esto es un tiro en el pie”. Finalmente, remarcó que el funcionamiento del ecosistema misionero sostiene actividades productivas y económicas en distintos municipios de la provincia.
El Gobierno de Misiones puso en marcha el Registro Provincial de Productores y Recolectores de Hongos Comestibles, una herramienta institucional que busca ordenar una actividad en expansión fungi dentro de la economía rural. La medida, implementada bajo la Ley VIII – Nº 114 y articulada entre el Ministerio del Agro y la Producción, la Secretaría de Agricultura Familiar y el IMiBio, introduce una decisión política concreta: visibilizar y formalizar un sector que hasta ahora crecía por fuera de los registros oficiales. La pregunta que se abre es si este paso logra transformar una práctica dispersa en un nuevo vector productivo o si quedará limitado a una política de reconocimiento sin escala económica.
El lanzamiento no es menor en el actual escenario provincial. La diversificación productiva aparece como una necesidad estratégica en las chacras misioneras, y el desarrollo del sector fungi se inserta en esa lógica: bajo costo de entrada, aprovechamiento del monte y potencial de agregado de valor.
Marco legal y construcción de información: la base del nuevo esquema
El registro se inscribe en una normativa que ya establece la promoción de la actividad, pero que ahora adquiere operatividad. El objetivo central es construir información: identificar productores, ubicar territorios, relevar especies y dimensionar volúmenes.
En términos institucionales, el movimiento implica un cambio de enfoque. El Estado deja de actuar solo como promotor y pasa a estructurar el sector. La falta de datos era el principal límite para diseñar políticas públicas específicas. Con el registro, se busca revertir esa asimetría.
El ministro del Agro, Facundo López Sartori, planteó la clave política de la medida: muchas de estas producciones existen, pero no forman parte del radar estatal. La formalización no es solo administrativa; es una forma de incorporar a estos actores en la agenda pública.
Desde Agricultura Familiar, Marta Ferreira reforzó el enfoque territorial. La actividad, señaló, ya está presente en chacras y comunidades rurales, aunque en escalas pequeñas. El registro, en ese sentido, busca legitimar ese conocimiento y transformarlo en una oportunidad económica más estable.
De la informalidad a los circuitos comerciales
El paso siguiente es más complejo. No se trata solo de registrar, sino de integrar. El esquema prevé capacitaciones técnicas y sanitarias, promoción de prácticas seguras de recolección y acceso a canales formales de comercialización, como ferias francas y mercados locales.
Ahí aparece el verdadero impacto económico. La posibilidad de incorporar hongos comestibles a circuitos formales implica pasar de una actividad marginal a una cadena con valor agregado. También abre la puerta a nuevos nichos en gastronomía y consumo saludable.
El rol del Instituto Misionero de Biodiversidad introduce otra dimensión: la investigación. La ley prevé fortalecer el estudio de especies nativas y su potencial productivo. En una provincia con alta biodiversidad, ese componente científico puede ser decisivo para escalar la actividad sin comprometer el ambiente.
Correlación de fuerzas y modelo productivo
En términos políticos, la medida fortalece el perfil del Gobierno provincial en la agenda de economías regionales. La articulación entre organismos muestra una estrategia de gestión que combina desarrollo productivo con inclusión rural.
El sector que resulta directamente beneficiado es el de la agricultura familiar, que encuentra en esta actividad una alternativa de diversificación. Al mismo tiempo, el Estado gana capacidad de intervención al ordenar un segmento que hasta ahora operaba con baja regulación.
No hay, por ahora, tensiones visibles con otros actores económicos. Pero sí se configura un nuevo espacio de política pública donde convergen producción, ambiente y ciencia. Ese cruce no es menor en una provincia donde el uso del monte y la biodiversidad forman parte de la discusión estructural.
Un punto de partida con interrogantes abiertos
La creación del registro marca un primer paso. El desafío será convertir la información en políticas concretas y, sobre todo, en escala productiva. Las personas interesadas en registrarse como cultivadores o recolectores de hongos comestibles pueden iniciar el trámite a través de la plataforma habilitada por el Ministerio del Agro enhttps://registro-hongos.rup-agro.com.ar/ o comunicarse al correo funga@agro.misiones.gob.ar
Habrá que observar si el Estado logra sostener el acompañamiento técnico, si los productores se integran efectivamente a los circuitos formales y si la actividad encuentra mercados que justifiquen su expansión.
También quedará bajo análisis cómo evoluciona la articulación entre conocimiento local y desarrollo científico. En ese equilibrio se juega buena parte del futuro del sector.
Por ahora, Misiones decidió intervenir. Ordenar antes que expandir. Registrar antes que regular en exceso. El resultado dependerá de lo que ocurra después de este primer movimiento.
Emanuel Grassi es Doctor en Ciencias Biológicas y especialista en hongos. Vino a Misiones, con una tésis de estudio que se convirtió en práctica y terminó, como suele suceder, prendado de la tierra roja que no se despega de la piel. Hoy se describe como un apasionado de la selva, del monte, casi como una regresión ancestral, que comparte en charlas con la presidenta del Instituto Misionero de Biodiversidad, Viviana Rovira, a la sazón, su mentora y responsable de haberlo convertido en director ejecutivo de ese ente que pasó de estudiar algunas especies de la flora y fauna a encabezar un proyecto inédito: reforzar la población de yaguaretés en la selva misionera.
Su historia empieza lejos del monte misionero. En Buenos Aires, cuando era niño, Emanuel ya experimentaba con el mundo natural con la curiosidad irreverente de la infancia.
“De chico siempre me gustó la experimentación con los animales. A veces un poco desde el lado de la maldad, viste… jugaba con sapos en la casa de mis padres”, recuerda entre risas. Pero esa curiosidad pronto encontró una dirección.
Su abuelo era paisajista. Las plantas y el diseño de jardines estaban presentes en la vida familiar. Y luego apareció un mentor inesperado: el botánico Osvaldo Morrone, investigador que había trabajado con orquídeas en Misiones.
Fue él quien lo empujó hacia el mundo de las ciencias biológicas.
Grassi estudió la licenciatura y el doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Pero el destino ya estaba trazado.
El primer viaje a Misiones fue casi casual. Corría el año 2006 y vino con su entonces novia, cuya familia era de Garupá.
“Cuando conocí Misiones fue un flechazo”, recuerda. “Me acuerdo que la abuela me dijo: ‘Mirá que la tierra roja mancha… y se pega’. Y fue tal cual”.
La advertencia terminó siendo una profecía. Durante su doctorado decidió estudiar hongos de la selva misionera. El trabajo académico se convirtió en un puente con la provincia. Y cuando apareció la posibilidad de radicarse definitivamente, no hubo dudas.
La selva ya lo había elegido.
Fotos Sofía Schiavoni.
Hoy Grassi está al frente del IMiBio, un organismo científico que abrió sus puertas hace ocho años para estudiar y proteger la biodiversidad de Misiones. Pero también para algo más ambicioso: poner la ciencia al servicio de las decisiones políticas.
La institución nació con una idea impulsada por Viviana Rovira -presidenta del instituto y su mentora-: construir una ciencia diferente.
“No queríamos repetir el modelo clásico de investigación encerrada en los laboratorios”, explica. “La ciencia tiene que escuchar a la sociedad y estar al servicio de quienes toman decisiones”.
Esa lógica llevó al instituto a involucrarse en proyectos concretos: restauración ambiental, investigación aplicada, monitoreo de especies y asesoramiento científico para políticas públicas.
Pero también implica convivir con una paradoja de nuestro tiempo.
“La ciencia dejó de ser el faro en algunos debates. Hoy estamos discutiendo cosas que parecían saldadas hace siglos”, dice. “Pero eso también nos obliga a salir del laboratorio, a explicar, a dialogar”.
El estado de la selva
Cuando se le pregunta por la salud de la selva misionera, Grassi no elige ni el optimismo ingenuo ni el pesimismo alarmista.
Prefiere una definición más precisa: “Está estable, pero es muy sensible”.
La selva paranaense que sobrevive en Misiones es uno de los relictos mejor conservados del Bosque Atlántico, un ecosistema que alguna vez cubrió gran parte de Brasil, Paraguay y Argentina. Pero también es un sistema frágil.
“El gran riesgo es que se rompan los corredores biológicos”, explica. “Si se corta la conectividad entre las poblaciones, empezamos a aislar especies y aparecen problemas genéticos”.
Por eso la palabra clave de la conservación actual es restauración.
Restaurar bosques, restaurar corredores ecológicos y, en algunos casos, restaurar poblaciones animales.
El yaguareté -el mayor felino de América- es el símbolo máximo de la selva. Pero su presencia es cada vez más escasa. Se estima que en toda la región sobreviven alrededor de 90 ejemplares, con mayor presencia en el norte misionero.
El plan del IMiBio apunta a fortalecer la población en la Reserva de Biosfera Yabotí, un territorio de más de 250 mil hectáreas donde aún sobreviven condiciones ecológicas adecuadas, en la frontera con Brasil.
La estrategia no es una reintroducción o rewilding, como ocurrió en Corrientes. En Misiones el animal nunca desapareció completamente. Lo que se busca es reforzar la población.
Grassi plantea una diferencia conceptual importante con la idea más difundida del rewilding: mientras la reintroducción se aplica en territorios donde una especie ya desapareció por completo, en Misiones lo que se proyecta es un refuerzo poblacional, es decir, intervenir en un ambiente donde el yaguareté todavía existe, aunque en números críticos. Para el director del IMiBio, antes de liberar animales hay que resolver las causas que llevaron a la retracción de la especie y garantizar que el hábitat siga siendo funcional. Por eso su mirada pone menos énfasis en el gesto épico de “devolver” fauna y más en una estrategia integral de restauración: recomponer corredores, asegurar presas, sostener el control sobre la caza y preservar la genética local.
En términos ecológicos, ambos modelos -Iberá y Misiones- forman parte de una misma corriente global de conservación: la restauración de grandes ecosistemas a través de especies clave. El objetivo final es el mismo: devolver al yaguareté su rol como ingeniero ecológico de los ecosistemas, capaz de regular poblaciones de herbívoros y mantener el equilibrio natural del bosque.
En esa lógica, Misiones no busca copiar el modelo de Corrientes, sino diseñar uno propio, ajustado a una selva que aún resiste y cuya prioridad no es volver a empezar desde cero, sino evitar que lo que todavía late termine por apagarse.
“Tenemos un macho residente en la zona desde hace más de diez años. La idea es introducir una hembra para generar un núcleo reproductivo”, explica Grassi.
Si el proyecto prospera, la reserva Yabotí podría albergar entre 20 y 30 yaguaretés en el futuro. Pero el objetivo va más allá de los números.
“La idea es preservar esa genética y generar un flujo de individuos que pueda conectarse con otras poblaciones, incluso con Brasil”.
En ese mismo espíritu de redescubrimiento de la selva, otro episodio marcó a los investigadores del IMiBio: el regreso inesperado del águila harpía. Durante años se la consideró prácticamente extinta en Misiones, al punto de que casi no existían estudios sobre su presencia porque las probabilidades de encontrarla eran mínimas. Pero fue un colono de la zona de la Reserva de Biosfera Yabotí quien cambió la historia al fotografiar un ejemplar posado en el monte.
A partir de ese primer registro comenzaron a multiplicarse los avistamientos, hasta confirmar incluso la presencia de un juvenil. Para Grassi, ese dato tiene un valor enorme: significa que hubo reproducción reciente en la selva. “Si apareció un juvenil, quiere decir que hace uno o dos años eclosionó un huevo. Eso implica que hay un nido activo en algún lugar del corredor entre Argentina y Brasil”, explica.
En los extremos de su distribución -desde México hasta el norte argentino- la harpía había desaparecido casi por completo. Por eso su presencia en Misiones no es solo una rareza biológica: es una señal de que la selva aún conserva la estructura ecológica necesaria para sostener a uno de los depredadores más poderosos de América. la confirmación de que la especie aún persistía en uno de los extremos de su distribución -donde se la consideraba prácticamente extinta- generó un impacto inmediato en la comunidad científica internacional.
En México, donde la harpía también había desaparecido de los registros recientes, investigadores y organizaciones de conservación lanzaron entonces un programa específico de búsqueda para verificar si aún sobrevivían ejemplares en las selvas del sur del país. Para Grassi, el caso demuestra cómo un hallazgo local puede activar procesos de conservación a escala continental: “Cuando aparece en uno de los extremos de su distribución, automáticamente surge la pregunta de si en otros lugares donde se creía perdida todavía puede estar”. El avistamiento en Misiones no solo devolvió esperanza para la selva paranaense, sino que volvió a encender la búsqueda de uno de los depredadores más imponentes de América.
Sin embargo, la conservación no depende solo de científicos.
La caza furtiva, la presión económica sobre el territorio y la fragmentación del bosque siguen siendo amenazas reales. “Cuando la economía se deteriora, la cacería aumenta”, admite Grassi. “Por eso la conservación también tiene que entender el contexto social”.
En ese escenario, el rol de los guardaparques, las comunidades locales y los productores rurales resulta clave. Y también el de las organizaciones ambientales. “Hay diferencias, claro. Pero el objetivo común es la conservación”, dice.
Educar para coexistir
Padre de dos hijas, Grassi también piensa en el futuro desde una perspectiva personal. La educación ambiental es parte de la vida cotidiana en su casa. “Intento que se pregunten cuál es el impacto de nuestras acciones sobre la biodiversidad”, cuenta. “Que entiendan que la naturaleza no es algo separado de nosotros”.
Para él, la clave no es la convivencia con la naturaleza, sino algo más profundo. “La idea es la coexistencia”.
Cuando se le sugiere que el trabajo que hoy impulsa podría ser histórico -un proyecto que cambie el destino del yaguareté en la selva misionera-, Grassi se revuelve en su asiento, incómodo.
“No soy consciente de eso”, responde.
Tal vez porque la ciencia se mueve en tiempos largos, invisibles para el vértigo de la actualidad.
Tal vez por eso, cuando Grassi habla de la selva, parece escuchar algo más que el rumor del monte. Hay en su relato una intuición antigua, casi instintiva, como la que Jack London narró en El llamado de la selva: ese impulso profundo que empujaba a Buck a volver a lo esencial. En Misiones, ese llamado no proviene de la nostalgia, sino del futuro. De una selva que resiste y que, si la ciencia, la política y la sociedad logran escucharlo a tiempo, puede volver a llenarse de vida, de alas enormes en el dosel y del rugido del yaguareté.
