bonos de carbono

Diputados se interiorizan sobre los avances en la certificación de bonos de carbono

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 en la Legislatura provincial, los diputados del bloque del Frente Renovador, junto a su presidente, Martín Cesino, se reunieron con el ministro de Cambio Climático, Gervasio Malagrida, para analizar y conocer los avances y estado del Programa ECO2, Programa de Beneficios por Servicios Ambientales. Esta iniciativa provincial busca certificar los bonos de carbono, con el objetivo de recompensar la conservación de los bosques nativos y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Los bonos de carbono representan la reducción de toneladas de dióxido de carbono, lo que permite a gobiernos y empresas compensar sus emisiones a través de la compra de estos créditos. La provincia de Misiones utiliza el estándar Marco Jurisdiccional y Anidado REDD+ (JNR), administrado por VERRA, que garantiza la calidad y trazabilidad de los créditos.

El diputado Rafael Pereyra Pigerl, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, señaló que los bonos de carbono son una oportunidad tangible para que los misioneros reciban compensaciones económicas por los servicios ambientales que brindan. “Esto es un avance enorme para la provincia”, afirmó. “No solo por el beneficio para los propietarios de tierras, sino porque resalta el valor que los misioneros damos a nuestros recursos naturales. Misiones va a recibir la compensación que merece por conservar sus selvas, algo que tiene un valor tanto intangible como tangible para la humanidad”.

Pereyra Pigerl resaltó que este encuentro fue promovido por el presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, y enfatizó la seriedad con la que se lleva adelante el proceso de certificación: “Estamos a la espera de que se concreten estos beneficios económicos, que podrían llegar en uno o dos años. Esto permitirá que cada colono reciba una compensación por cuidar su tierra”.

El Programa ECO2 se enmarca dentro de la estrategia de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+) de Misiones, con el fin de disminuir la deforestación y degradación de los bosques nativos. Esta estrategia busca, según el ministro Malagrida, “reavivar el último remanente de selva que tenemos y que la humanidad no ha logrado destruir”. En ese sentido, destacó que Misiones ha sido pionera en evitar la mercantilización de sus selvas, creando un mecanismo legal que premia la conservación sin generar endeudamiento para la provincia.

Malagrida subrayó la importancia de la biodiversidad local: “Cada centímetro de selva misionera tiene un valor incalculable, mucho más allá de lo que otras regiones, simplemente cubiertas de verde, pueden ofrecer”. El ministro también destacó el trabajo con socios internacionales para la certificación de estos bonos, asegurando que “los grandes jugadores del mercado internacional tienen los ojos puestos en Misiones”.

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Insólito: un diputado de Cambiemos quiere frenar acuerdo clave de protección ambiental

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En medio de la retirada casi absoluta del Gobierno nacional del financiamiento a la protección de bosques nativos, un diputado de Cambiemos quiere que Misiones frene la emisión de certificados de carbono.

La alianza opositora organizó una exposición con un dirigente de la Sociedad Rural, Andrés Costamagna, quien aseguró que “lo que se hizo carece de legalidad” y reclamó que “el que cobre sea el productor, porque el 100 por ciento es propiedad del productor, y si la Provincia por ser la organizadora y demás pretende algo habrá que discutirlo, pero el que tiene que cobrar los créditos de carbón es el productor”.

En esa línea, el diputado del PRO, Miguel Núñez prometió a un grupo de productores reunidos en Dos de Mayo “parar” la emisión de certificados por parte de la Provincia. “Hay que pararlo, hay que tratar de saber cuál es la mejor opción para la Provincia y para el productor, porque las dos cosas van de la mano. Creo que la Provincia tomó otra decisión apresurada, así que esto, deberían reverlo urgentemente. Y lo voy a plantear en la Cámara de Diputados con un proyecto de Ley para derogar todo lo que están haciendo”.

Sin embargo, el legislador parece desconocer el mecanismo y los acuerdos cerrados por la Provincia. El acuerdo de certificación con la consultora Verra es sobre monte no deforestado y no sobre unidades productivas. Pero los productores que quieran sumarse al programa, lo pueden hacer de modo individual sin ningún tipo de trabas. Las diferencias son sutiles, pero claves.

Misiones implementó un programa que paga por deforestación evitada. No se paga por carbono secuestrado  

El reconocimiento que hace el mercado con REDD+ es al esfuerzo de una jurisdicción para evitar deforestar (no hay trazabilidad uno a uno parcela con reducciones). El programa jurisdiccional busca usar parámetros claros, fomentar políticas de conservación y asegurar correcta contabilidad de reducciones. 

La discusión es central, ya que la Nación directamente dejó de financiar la ley de protección de bosques nativos y Misiones está buscando mecanismos para conseguir recursos. 

En administraciones nacionales anteriores, Misiones recibió entre US$600 mil y US$1.3 millones por año para proteger la selva. Con solo 6 años del programa del JNR, se recibirían entre 30 a 60 veces esos importes. 

No hay registro de que Nación haya pagado a propietarios privados de bosques nativos por programa REDD+ 2014-2016. Por ese programa la Nación y las Provincias recibieron US$82 millones. El programa JNR de Misiones propone pagar 30% de ingresos a propietarios contra 0% que pagó Nación en Prueba Piloto de Pago por Resultados

Asimismo, en la Provincia descartaron que Misiones se quede con los recursos de los productores. “Misiones no se queda con 70% de los ingresos; sino que 30% de lo que se recaude, va a proyectos de la sociedad civil, pueblos originarios, municipios y emprendedores y 40% va a financiar la estrategia provincial REDD+”, señalaron. 

Cuando se hace mención a la proporción que correspondería a propietarios de bosques nativos por ley de presupuestos mínimos (70% al privado), no se menciona que Nación no pudo cumplir con el 100% de los compromisos por ley en los últimos cinco años al menos. Con este programa que hace la Provincia se busca complementar ingresos que no fueron honrados en el pasado. 

“Se confunde a propietarios de bosques nativos con los precios de mercado voluntario con mercado regulado. Argentina no resuelve cómo participar del Artículo 6 del Acuerdo de París pero este programa ofrece la oportunidad de pensar una primera experiencia país a país”, explicaron. 

“Misiones no limita con el programa jurisdiccional la iniciativa de aquellos propietarios de realizar sus propios proyectos de reducciones de emisiones. Aquel privado que desee hacer su proyecto puede hacer sin interferencia del gobierno provincial”. 

Entre los fondos que se reciben de Nación y del presupuesto provincial, la Provincia de Misiones solo puede destinar actualmente menos de US$2 por hectárea por año. Sin embargo, los propietarios privados reciben apoyo de la Provincia en la prevención y combate del fuego y en la lucha contra intrusiones o poda ilegal por terceros”, remarcaron los negociadores del acuerdo con la consultora Verra.

“Se cuestiona el proceso participativo. Pero se hicieron numerosas presentaciones, incluso en la Cámara de Representantes. Dichas actividades pueden consultarse en la web del programa”, sentenciaron, en referencia al desconocimiento exhibido por Núñez por el avance del programa.

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Misiones está a punto de capitalizar la primera emisión de certificados de carbono: entre 50 y 80 millones de dólares

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Misiones está a un paso de comenzar a recibir compensaciones por el cuidado ambiental. Los Certificados de Carbono podrían significar ingresos de entre 50 y 80 millones de dólares, dependiendo de las condiciones del mercado al momento de la emisión. La Provincia estima recibir 10,5 millones de créditos por la protección de los bosques nativos entre 2017 y 2022 y a partir de ahí, comenzar a obtener un flujo constante de ingresos. 

Misiones ha hecho de la conservación del medio ambiente y de la biodiversidad una política de Estado, para la cual es necesario contar con financiamiento que sea sostenible en el tiempo y que no colisione con otras dos políticas de Estado, como el desendeudamiento y el equilibrio de las cuentas públicas. Por eso mantiene reclamos a Nación por el cuidado ambiental, en paralelo a la gestión en los mercados internacionales de los certificados de carbono. 

Un crédito de carbono representa la reducción o remoción de una tonelada de CO2 equivalente. Con la cancelación de un crédito de carbono el comprador de ese crédito compensa la emisión de una tonelada de CO2 equivalente.

Los gobiernos y las empresas que desean compensar sus emisiones de crédito de carbono pueden comprar créditos de proyectos y programas certificados por estándares internacionales que miden la calidad, permanencia y adicionalidad del proyecto y programa y permiten la trazabilidad de los créditos de carbono a través de un registro independiente.  

Misiones utiliza el estándar JNR administrado por la consultora Verra y actualmente se encuentra finalizado el periodo de consulta pública que duró 60 días, encontrándose en estadío de auditoría para  lograr finalmente la certificación de los créditos.

Angelo Sartori, director de Verra destacó que Misiones abrió un camino que debe ser imitado por otros estados. “Nosotros siempre tratamos de demostrar con ejemplos reales la aplicabilidad de nuestros programas, que a veces suenan complicados de implementar. Y sin duda acá tenemos ejemplo que vamos a mencionar usando los documentos que la propia Provincia generó para que lo vean en términos de implementación en otros lugares que no necesariamente estén en Argentina, que no necesariamente estén en Latinoamérica y que pueden estar en otros continentes incluso, porque el programa tiene esa connotación de aplicabilidad en cualquier país que pueda reducir la deforestación y puede ser África, Asia y otros países latinoamericanos”, detalló el ejecutivo.

“Se hicieron las visitas a terreno y después obviamente que el auditor que es una entidad distinta a la nuestra hace la revisión de documentación y el análisis, visita terreno con las distintas comunidades, sector privado involucrado en todo el tema que tiene que ver con los bosques en la provincia”, detalló. 

En el ámbito de un programa subnacional centrado en la reducción de la deforestación, el de Misiones es el que tiene más avance a nivel mundial. Por lo tanto, esperamos con ansias que el proceso de auditoría y siguientes pasos de la certificación se cumplan de manera positiva porque va a ser un hito bastante relevante para Verra, para las distintas entidades gubernamentales involucradas y por supuesto lo más importante al final para las comunidades y los bosques, en términos de beneficios que podrían gatillarse a través de estos mecanismos llamados mercados de carbono. 

Cuando se vende un crédito de carbono, no se transfiere la propiedad de la tierra o del bosque que origina el crédito de carbono. Sólo se vende un bono emitido por el estándar de certificación que demuestra una reducción de una tonelada de carbono.

Las áreas situadas dentro del Corredor Verde son cruciales, ya que ofrecen una conectividad vital para las especies silvestres y juegan un papel fundamental en la preservación de la integridad ecológica a lo largo de paisajes fragmentados; por ello, se les otorga un factor de ponderación más alto que refleja su valor para la conectividad ecológica y la conservación de la biodiversidad. 

Por otro lado, las áreas fuera del Corredor también son importantes, ya que funcionan como zonas de amortiguación o parte de la matriz del paisaje, contribuyendo indirectamente a los objetivos del corredor, aunque con un factor de ponderación más bajo que subraya su menor criticidad en comparación con las áreas internas del corredor.

Misiones implementa un programa donde el estándar certifica la reducción de emisiones en la jurisdicción y en el cual los propietarios privados pueden hacer su propio plan. El  30 por ciento de los ingresos generados será destinado para los privados directos y el restante para actividades que van a ayudar indirectamente a cuidar bosques y a comunidades nativas que viven de los bosques.

Los recursos que reciba la Provincia servirán para fortalecimiento institucional y para solventar actividades que pondrán en valor todo el territorio misionero. Un gobierno mejor preparado desde un punto de vista técnico, con más capacidad de intervención, más herramientas de gestión e instrumentos de prevención, asegura un clima de negocios más seguro y próspero para futuras inversiones que se deseen realizar en el sector forestal misionero tanto por actores nacionales como internacionales. Asimismo, si bien no es posible afirmarlo dadas las características de los mercados de créditos de carbono y lo novedoso del concepto de programa jurisdiccional, estimamos que un crédito de carbono proveniente de un programa jurisdiccional debiera contar con un mayor valor intrínseco.

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Una ¿estrategia? nacional para los mercados de carbono

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación aprobó recientemente la “Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono” (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/298356/20231114), un documento que tiene como objetivo promover la utilización de los mercados de carbono en Argentina. Desde la MESA DE CARBONO FORESTAL NACIONAL se celebra que los mercados de carbono se hayan incluido en la agenda nacional, considerando que Argentina viene muy rezagada en la materia en comparación a muchos países de la región y del mundo. Sin embargo, la Mesa, que nuclea a más de 40 empresas, instituciones y personas de la cadena de valor de los mercados de carbono forestal de Argentina, opina que este documento no llega a ser una estrategia integral y aún hay muchos aspectos claves que quedan pendientes de considerar.

A poco más de un año de su creación, la Mesa de Carbono Forestal Nacional ha crecido rápidamente, sumando miembros de todo el país, enriqueciendose con sus experiencias, necesidades y aportes. De hecho, se están evaluando, desarrollando y certificando proyectos de carbono forestal por una superficie de más de 400.000 hectáreas por distintos miembros de la entidad, lo cual equivale a dos veces la superficie de bosque perdido en el año 2022, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Esta superficie equivale, asimismo, a casi 20 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires (CABA tiene 20.300 hectáreas). De implementarse estos proyectos, permitirían capturar y prevenir emisiones por un total aproximado de 50 millones de toneladas de CO2, lo cual equivale a más del 60% de la meta de reducci ones de emisiones a 2030 establecida por Argentina en su Plan Nacional de Bosques y Cambio Climático.

“Vemos con buenos augurios este primer paso gubernamental al poner finalmente el tema en agenda, aunque debemos remarcar que la mayoría de las observaciones y aportes realizados desde la Mesa no fueron tenidos en cuenta. Por ejemplo, el documento no es realmente una estrategia sino más bien una identificación de temas diversos sin ninguna hoja de ruta, meta o fechas para el trabajo de los distintos ejes y acciones propuestos”, manifiesta Juan Pedro Cano, Coordinador de la Mesa Foto_JP_2.jpg.  “De hecho, el enfoque del documento se asemeja más a una estrategia de financiamiento internacional climático para el sector público que a una estrategia para promover el uso de los mercados de carbono. Posee una perspectiva netamente desde el sector p&u acute;blico más que una mirada amplia que incluya a todos los sectores que participan de los mercados de carbono, minimizando y no dando espacio suficiente para la participación del sector privado, actor clave sin el cual los mercados de carbono no tienen posibilidad de impacto climático real. Más allá de habilitar una única instancia de revisión y aportes a la propuesta de Estrategia Nacional ya previamente elaborada, es necesario habilitar espacios realmente participativos para discutir y trabajar cada uno de los ejes y acciones necesarios, para así, en base a ello, trabajar una Estrategia real para desarrollar y promover el uso de los mercados de carbono en el país” completa el directivo.

“Observamos que el contexto argentino dista mucho de brindar la seguridad jurídica y certidumbre mínima necesaria para promover e incentivar el desarrollo, certificación e implementación de proyectos de captura y reducción de emisiones, como así también la consecuente comercialización de los certificados, créditos o bonos de carbono que dichos proyectos generen” continúa Cano. “Los instrumentos de política actuales son más bien restrictivos y, los marcos normativos vigentes, son interpretados de manera sesgada, especialmente en el plano discursivo por parte de actores gubernamentales de nivel nacional y provincial, lo cual genera desconfianza a la hora de invertir tiempo, dinero y energía en el desarrollo de este tipo de proyectos de importante impacto ambiental, social y económico”. “Pa ra posibilitar la participación y acceso a todos los mercados de carbono existentes, tanto voluntarios como regulados, será necesario modificar la contribución climática presentada por Argentina a las Naciones Unidas y establecer criterios claros y objetivos para la participación y acceso a los mercados existentes”.

Sin perjuicio de que la Estrategia Nacional fue aprobada en vísperas de un posible cambio de gobierno y que la mayoría de los aportes realizados desde el sector privado no fueron tenidos en cuenta, desde la Mesa se observan algunos puntos valiosos y positivos sobre los cuales delinear una agenda de trabajo participativa y transparente, entre ellos: la participación y acceso a todos los mercados de carbono existentes, inclusive bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París; y la necesidad de contar con un marco legal del carbono que establezca claridad respecto a la titularidad sobre los créditos y certificados de carbono.

Se espera que el próximo gobierno continúe esta agenda de trabajo en un marco verdaderamente participativo y conducente a establecer las condiciones necesarias para posicionar a la Argentina como un país donde desarrollar, certificar e implementar proyectos de carbono de calidad y donde comercializar las capturas y reducciones logradas, para generar impactos climáticos y sociales reales y medibles.

Más información en https://mesacarbono.org.ar/

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Aprueban estrategia nacional para el uso de los Mercados de Carbono

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El Ministerio de Ambiente aprobó la Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono (Enumec), en el marco de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a fin de alcanzar la neutralidad en 2050.

La Enumec está publicada en el anexo de la resolución 385/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial, y “condensa meses de mucho trabajo, intercambios y discusiones técnicas”, sostuvo en su introducción la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini.

“En la Argentina, tenemos el compromiso de no exceder la emisión neta de 349 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) en 2030 y de alcanzar la neutralidad de emisiones a 2050”, indicó Nicolini, quien advirtió que “estos compromisos exigen grandes transformaciones: reemplazar el uso de fuentes de energía fósil por energías limpias”.

Asimismo, se busca “promover medios de transporte más sostenibles, como la bicicleta y los colectivos eléctricos, hacer más eficiente la producción agrícola-ganadera o promover la conservación y el uso sostenible de bosques nativos para frenar la deforestación”.

“Son transiciones a un modelo de desarrollo sostenible que además de políticas con mirada a largo plazo como las que plasmamos en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático a 2030, demandan más financiamiento para llevarse adelante en los territorios, sobre todo en nuestra región, donde las respuestas a la crisis climática deben darse mientras damos respuesta a la pobreza o el endeudamiento externo”, planteó la funcinaria.

La Enumec reconoce nueve ejes temáticos, elaborados desde 2022 con “capacitaciones, diálogos virtuales y jornadas de trabajo”, en el marco de las deliberaciones del Gabinete Nacional de Cambio Climático, el Consejo Asesor Externo y el Acuerdo para la Acción Climática.

Esos ejes son: potenciar el acceso nacional y subnacional al financiamiento climático; participar de los mercados de carbono regulados en el Acuerdo de París y otros mercados de cumplimiento nacionales e internacionales; acompañar la participación del sector privado en los mercados voluntarios; generar enfoques no comerciales y acompañar a los gobiernos subnacionales que así lo decidan en la implementación de esquemas de mercado para el cumplimiento de sus planes de respuesta al cambio climático.

La lista se completa con: contribuir al fortalecimiento y al financiamiento para la adaptación al cambio climático a través de la implementación de los mercados de carbono y enfoques no-comerciales; desarrollar capacidades nacionales y subnacionales para la implementación de mercados de carbono; promover el respeto de las salvaguardas y la integridad ambiental en la implementación de mercados de carbono y asegurar los intereses nacionales y regionales en las negociaciones internacionales.

“Vamos a seguir trabajando con la mirada federal, a largo plazo e interdisciplinaria que caracteriza a nuestra política climática: posicionar a la Argentina como un país atractivo y competitivo para desarrollar proyectos de mitigación”, puntualizó Nicolini.

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