sáb. Jul 11th, 2026

BOSQUES NATIVOS

Misiones digitaliza el control forestal: trazabilidad en tiempo real para guías y remitos

By Redacción Economis 1 mes ago
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El Gobierno de Misiones avanzó en un nuevo esquema de control y modernización administrativa sobre la actividad forestal. A través de la Resolución 066/2026 del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, la provincia aprobó la implementación de un sistema digital de seguimiento y trazabilidad para las guías y remitos forestales emitidos en formato papel, tanto para productos removidos como de depósito.

La medida busca fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre el transporte, tenencia y comercialización de productos forestales provenientes de bosques nativos, incorporando herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la transparencia, la trazabilidad y la capacidad de auditoría en tiempo real.

El nuevo esquema se apoyará en un sistema digital denominado “Sistema de Seguimiento y Trazabilidad de Guías y Remitos en Papel”, que comenzará a operar en todas las delegaciones del Ministerio y en la sede central de Posadas. Según detalla la resolución, el objetivo es superar las limitaciones del esquema tradicional basado exclusivamente en soporte papel, vigente desde 2009.

Uno de los puntos centrales del nuevo modelo será la disponibilidad inmediata de información actualizada sobre cada guía emitida por las delegaciones forestales de la provincia. El sistema permitirá generar automáticamente bases de datos de titulares habilitados, controlar vigencias y construir reportes estadísticos vinculados a volúmenes, especies transportadas y destinos comerciales.

Además, cada emisión deberá incorporar imágenes digitales del documento y quedará asociada automáticamente a coordenadas GPS, permitiendo georreferenciar el acto administrativo y mejorar la capacidad de control territorial.

La Dirección de Control Forestal tendrá acceso en tiempo real a todas las operaciones registradas por las delegaciones, pudiendo verificar datos, emitir observaciones, realizar auditorías digitales y elaborar informes técnicos y estadísticos. El sistema también reemplazará progresivamente los libros físicos y planillas manuales utilizados hasta ahora.

La resolución faculta además a la Dirección General de Bosques Nativos a designar usuarios habilitados y avanzar con la instalación del sistema en computadoras y tablets distribuidas en las distintas dependencias del organismo provincial.

Desde el Ministerio de Ecología sostienen que la iniciativa apunta a reforzar la legalidad y sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos forestales, en un contexto donde la trazabilidad ambiental gana cada vez más peso tanto en los mercados nacionales como internacionales. La digitalización del sistema también permitirá reducir demoras administrativas y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales irregularidades en la circulación de productos forestales.

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Colombia se propone lo imposible: quiere plantar 2,3 millones de árboles para reforestar 2.000 hectáreas de bosque en 40 años

By Redacción Economis 2 meses ago
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Mientras crece el debate global sobre la efectividad de las campañas masivas de plantación de árboles para mitigar el cambio climático, Colombia decidió avanzar con una estrategia diferente: restaurar ecosistemas degradados mediante especies nativas, compromisos de conservación a largo plazo e integración económica de las comunidades locales.

La iniciativa, denominada Sembrando Futuro 2.0, contempla la restauración de más de 2.000 hectáreas de bosque en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Córdoba y Chocó. El plan prevé la plantación de 2,3 millones de árboles autóctonos y ya es considerado uno de los proyectos de restauración ecológica más ambiciosos del país.

Sin embargo, el diferencial del programa no radica únicamente en la magnitud de la forestación, sino en el modelo de sostenibilidad diseñado para garantizar la supervivencia y recuperación efectiva del ecosistema a largo plazo.

El proyecto apunta a reconstruir corredores biológicos, recuperar biodiversidad y restablecer servicios ambientales en zonas degradadas. Para ello, fueron seleccionadas más de 70 especies nativas, entre ellas nueve consideradas amenazadas, evitando así los modelos tradicionales de monocultivo forestal que suelen ser cuestionados por especialistas ambientales.

La primera etapa del programa ya supera las 1.000 hectáreas restauradas y las tareas de plantación comenzaron en septiembre de 2023. La meta final es completar las 2.000 hectáreas distribuidas en cinco regiones estratégicas desde el punto de vista ecológico.

En los últimos años, distintos expertos ambientales comenzaron a advertir que muchas campañas globales de plantación de árboles fracasan porque priorizan cantidad sobre calidad ecológica. La falta de diversidad de especies, la ausencia de mantenimiento y la escasa participación comunitaria suelen convertirse en factores críticos.

Precisamente allí es donde Sembrando Futuro 2.0 intenta diferenciarse. El proyecto incorporó acuerdos de conservación renovables a 40 años con propietarios privados, pequeños productores y organizaciones comunitarias. Esa escala temporal modifica completamente la lógica habitual de los programas de reforestación, muchas veces limitados a ciclos políticos o financiamientos de corto plazo.

El esquema busca que las comunidades locales no queden relegadas a un rol secundario, sino que participen activamente en los beneficios económicos derivados de la conservación ambiental.

Hasta el momento ya se firmaron 25 acuerdos de conservación y los participantes reciben cerca del 55% de los ingresos asociados a créditos de carbono generados por el proyecto. Ese componente económico aparece como uno de los pilares centrales de la iniciativa.

La lógica detrás del modelo es simple: transformar la protección del bosque en una actividad económicamente viable para quienes viven en esos territorios. De esta manera, la conservación deja de depender exclusivamente de la conciencia ambiental y comienza a integrarse dentro de las economías regionales.

Además del impacto ecológico, el programa ya generó más de 240 empleos locales vinculados a viveros, plantación, monitoreo y mantenimiento forestal.

El proyecto también recibió una calificación “A” de Sylvera, firma internacional especializada en evaluación de proyectos de carbono. La calificación destacó especialmente el diseño técnico, la contabilidad de carbono y los beneficios sociales y ambientales de la iniciativa.

El caso colombiano se produce en un momento en que América Latina busca posicionarse como actor clave dentro de los mercados globales de carbono y soluciones basadas en naturaleza. La región concentra algunos de los ecosistemas más biodiversos del planeta, pero también enfrenta fuertes presiones por deforestación, expansión agropecuaria y degradación ambiental.

La experiencia de Sembrando Futuro 2.0 comienza a ser observada con atención por distintos países de la región debido a su combinación de restauración ecológica, financiamiento climático y participación comunitaria.

El desafío de fondo, sostienen especialistas, ya no pasa solamente por plantar árboles, sino por lograr que los bosques sobrevivan, recuperen biodiversidad y generen incentivos económicos suficientes para garantizar su preservación durante décadas.

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Brasil registró el menor número de deforestación de la selva atlántica en 40 años

By Economis Redacción 2 meses ago
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La selva atlántica de Brasil, uno de los ecosistemas más biodiversos y también más castigados de América Latina, muestra una paradoja cada vez más evidente: mientras la deforestación alcanzó en 2025 su nivel más bajo en cuatro décadas, la calidad ecológica del bosque sigue deteriorándose por la pérdida sostenida de las áreas más antiguas y biodiversas.

Durante los últimos 30 años, la llamada Mata Atlántica mantuvo una cobertura forestal relativamente estable, con entre 28 y 30 millones de hectáreas de bosque nativo entre 1989 y 2018. Sin embargo, esa aparente estabilidad oculta una transformación profunda: los bosques maduros, con mayor capacidad de captura de carbono y refugio de biodiversidad, fueron reemplazados progresivamente por vegetación joven, de menor complejidad ecológica.

Un estudio publicado en Science Advances reveló que entre 2000 y 2015 la pérdida anual de bosques antiguos osciló entre 220.000 y 80.000 hectáreas, con un mínimo de 76.200 hectáreas en 2015. Actualmente, cerca del 11% de la selva atlántica está compuesta por vegetación joven y un tercio tiene menos de diez años de antigüedad. El fenómeno refleja un “rejuvenecimiento forestal” que, aunque compensa superficie, no reemplaza la riqueza biológica ni los servicios ecosistémicos de los bosques maduros.

El avance de la agricultura intensiva y de las plantaciones comerciales aparece como el principal motor de esta transformación. La expansión de la soja, la caña de azúcar y el café desplazó millones de hectáreas de vegetación nativa. En los últimos 40 años, la Mata Atlántica perdió 2,4 millones de hectáreas, una reducción del 8,1% respecto de 1985. Hoy, apenas conserva el 31% de su vegetación original y cerca de la mitad de la deforestación reciente afecta áreas con más de 40 años de antigüedad, consideradas estratégicas para la biodiversidad y el almacenamiento de carbono.

Aun así, 2025 marcó un punto de inflexión. Según la organización SOS Mata Atlântica, la deforestación cayó a 8.658 hectáreas, el registro más bajo desde 1985 y la primera vez en cuatro décadas que la pérdida anual baja de las 10.000 hectáreas. La disminución fue del 40% respecto de 2024 y fue confirmada por dos sistemas independientes de monitoreo.

Este resultado fue celebrado por organizaciones ambientalistas, que consideran posible avanzar hacia la meta de “deforestación cero” si se sostienen las políticas de control, la presión social y la vigilancia territorial. Sin embargo, advierten que el escenario sigue siendo frágil.

Uno de los principales focos de preocupación es la aprobación del llamado “proyecto de ley de devastación”, una reforma que flexibiliza la legislación ambiental y elimina la necesidad de autorización federal previa para aprobar desmontes, transfiriendo esa competencia a autoridades locales. Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva intentó vetar parte de la norma, el Congreso anuló esos vetos y ahora la constitucionalidad de la ley quedó en manos del Supremo Tribunal Federal.

En paralelo, Brasil impulsa una estrategia ambiciosa de restauración ecológica a gran escala. Uno de los principales proyectos busca recuperar 15.000 hectáreas degradadas en el norte del estado de Río de Janeiro, con apoyo del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. La iniciativa forma parte de la Estrategia Forestal nacional y combina regeneración ambiental con desarrollo económico regional.

Entre 2023 y 2025, este programa movilizó alrededor de 1.400 millones de dólares, con potencial para plantar 280 millones de árboles, generar 70.000 empleos y capturar 54 millones de toneladas de carbono. Además, contempla más de 800 puestos de trabajo directos en viveros, recolección de semillas y mantenimiento forestal, consolidando una lógica donde conservación y economía dejan de presentarse como opuestos.

Como símbolo de esa recuperación, se registró recientemente la reproducción del guacamayo escarlata en la Mata Atlántica por primera vez en casi 200 años. Para las autoridades ambientales, el regreso de esta especie clave en la dispersión de semillas es una señal concreta de que la restauración puede revertir daños históricos.

Brasil logró frenar parte de la destrucción, pero el desafío ya no es solo conservar superficie, sino recuperar calidad ecológica. Porque en los bosques, como en la economía, no todo crecimiento significa desarrollo.

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La Corte interviene en una demanda de provincias por la eliminación del fondo de bosques

By Redacción Economis 2 meses ago
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió asumir competencia originaria en la demanda presentada por las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa contra el Estado nacional por la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), dispuesta por el decreto 888/24. El tribunal corrió traslado al Gobierno para que responda en un plazo de 60 días, habilitando un conflicto de alto voltaje institucional.

El expediente introduce una tensión estructural: la disputa por recursos con asignación específica frente a la decisión del Ejecutivo de centralizarlos en el Tesoro. En juego no solo está la política ambiental, sino la arquitectura del federalismo fiscal.

Un fondo con anclaje legal y compromisos internacionales

El Fobosque fue creado por ley en 2018 como instrumento para financiar políticas de protección de bosques nativos, en línea con compromisos asumidos por Argentina en el marco del Acuerdo de París. Su objetivo era canalizar recursos hacia provincias para tareas de conservación, restauración y manejo sostenible.

Las provincias sostienen que su disolución implica una transferencia indebida de fondos que, por ley, tienen asignación específica dentro del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), previsto en la ley 26.331.

El planteo judicial apunta a declarar la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 del decreto, bajo el argumento de que vulnera normas legales y compromisos internacionales.

Judicialización de la política ambiental y financiera

La decisión de la Corte no resuelve el fondo del conflicto, pero altera el escenario: valida la vía judicial como canal de disputa entre Nación y provincias y abre la puerta a una eventual revisión del decreto.

Además, el tribunal dejó pendiente la evaluación de medidas cautelares solicitadas por las provincias —como la restitución de fondos— hasta que el Estado responda o venza el plazo otorgado.

El proceso también incorpora reclamos por transferencias no realizadas correspondientes a 2023 y 2024, lo que agrega una dimensión fiscal inmediata al conflicto.

El caso expone una tensión clásica del federalismo argentino: la administración de fondos con destino específico frente a decisiones centralizadas del Ejecutivo nacional.

Las provincias demandantes buscan preservar capacidad de ejecución sobre políticas ambientales y recursos asociados. El Gobierno, en cambio, avanzó con la disolución del fideicomiso, lo que implica un rediseño en la administración de esos fondos.

La intervención de la Corte coloca al Poder Judicial como árbitro de una disputa que trasciende lo ambiental y se inscribe en la puja por recursos.

Financiamiento en disputa y ejecución de políticas

El conflicto tiene efectos concretos sobre la economía de las provincias involucradas. Los fondos en discusión estaban destinados a financiar proyectos de conservación, lo que implica:

  • Recursos para actividades productivas sostenibles
  • Financiamiento para manejo de bosques
  • Transferencias directas a jurisdicciones

La eventual paralización o redireccionamiento de esos fondos puede afectar la ejecución de políticas públicas vinculadas al territorio.

Cautelares, respuesta del Estado y posible fallo de fondo

El proceso judicial entra ahora en una fase clave: la respuesta del Estado nacional y la eventual resolución de medidas cautelares. La Corte deberá evaluar si corresponde restituir fondos antes del fallo definitivo.

Las variables a seguir serán el alcance de la defensa del Gobierno, la posición de la Procuración y el eventual impacto de este caso en la relación fiscal entre Nación y provincias.

El conflicto ya está judicializado. Lo que resta definir es si se limita a un caso puntual o si reconfigura reglas más amplias sobre la gestión de recursos ambientales en Argentina.

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Misiones ratificó multa millonaria por transporte ilegal de madera nativa y rechazó apelación de una empresa forestal

By Redacción Economis 2 meses ago
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El gobernador Hugo Passalacqua, ratificó mediante decreto una fuerte sanción económica contra el Establecimiento Don Guillermo S.R.L. por una infracción forestal vinculada al transporte ilegal de madera nativa en Eldorado. A través del Decreto firmado el 1 de abril de 2026, el Ejecutivo provincial rechazó el recurso jerárquico interpuesto por la empresa y confirmó la multa equivalente a 500 salarios mínimos vitales y móviles -178.900.000 pesos-, además del decomiso correspondiente, por haber trasladado especies arbóreas nativas sin autorización del Ministerio de Ecología, sin guía forestal y sin marca de martillo, exigencias obligatorias bajo la normativa vigente.

El caso se originó el 15 de marzo de 2022, cuando personal policial del Centro Integral de Operaciones secuestró un camión marca Iveco, dominio NPL-886, conducido por Germán Alfredo Ferreira, que transportaba material forestal nativo sin la documentación respaldatoria requerida. El procedimiento fue elevado a la Unidad Regional III de Eldorado y posteriormente intervino el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.

Durante el sumario administrativo, el socio gerente de Don Guillermo S.R.L., Gerardo Guillermo Gruber, reconoció que el vehículo pertenecía a la firma y explicó que la madera provenía de un lote de pino resinoso implantado. Según su descargo, durante las tareas de volteo detectaron especies nativas que habían crecido junto a los pinos y decidieron talarlas por razones de seguridad y trasladarlas al aserradero para no entorpecer la preparación del suelo para una nueva plantación.

Sin embargo, la Dirección General de Bosques Nativos concluyó que esa explicación no desvirtuaba la infracción. El organismo sostuvo que la presencia de especies nativas en el predio debía considerarse dentro del régimen de protección de bosques nativos, incluso si se trataba de rebrote espontáneo posterior a desmontes previos. En consecuencia, determinó que se habían talado ejemplares de especies nativas clase B y C sin autorización, configurando una infracción al artículo 25 inciso b de la Ley XVI N° 105.

La empresa intentó encuadrar la sanción bajo la Ley XVI N° 7, que regula de manera general productos forestales y establece multas considerablemente menores. Argumentó que no se trataba de un bosque nativo y que la sanción aplicada era excesiva, arbitraria y violatoria del debido proceso.

Pero tanto el Ministerio de Ecología como la Fiscalía de Estado y la Subsecretaría Legal y Técnica coincidieron en rechazar esa interpretación. Señalaron que la Ley XVI N° 105 constituye un régimen específico para especies arbóreas nativas y se articula con la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, por lo que prevalece sobre la normativa general por especialidad y por ser posterior.

Además, el dictamen oficial subrayó que la propia firma reconoció haber talado y transportado madera nativa sin autorización, sin guía forestal y sin la marca oficial de martillo forestal, lo que encuadra directamente en el régimen sancionatorio específico previsto para bosques nativos.

La Fiscalía de Estado sostuvo que la multa aplicada constituye una consecuencia “directa y proporcional” a la gravedad objetiva de la infracción y defendió la necesidad de sancionar este tipo de conductas para preservar el patrimonio forestal provincial. También remarcó que el recurso jerárquico no aportó nuevos elementos jurídicos ni probatorios que permitieran cuestionar la legalidad o razonabilidad del monto.

Por eso, el decreto firmado por Passalacqua resolvió no hacer lugar al recurso presentado por Don Guillermo S.R.L., ratificar íntegramente la Resolución 146/24 del Ministerio de Ecología y mantener la multa de 500 salarios mínimos vitales y móviles.

La decisión vuelve a poner en primer plano el endurecimiento del control ambiental en Misiones sobre el aprovechamiento forestal, especialmente en materia de especies nativas protegidas, donde la provincia sostiene una política de fuerte aplicación normativa en línea con la legislación nacional de presupuestos mínimos ambientales.

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