BOSQUES NATIVOS

Misiones eleva del 30% al 45% los fondos por créditos de carbono destinados a propietarios de bosques nativos

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El Gobierno de Misiones modificó el mecanismo de distribución de los beneficios provenientes de la venta futura de créditos de carbono y elevó del 30% al 45% la participación destinada a propietarios de bosques nativos. Los recursos serán canalizados mediante aportes no reembolsables y administrados a través de un fideicomiso que contempla además fondos para proyectos ambientales y políticas provinciales de conservación.

El Gobierno de Misiones modificó el mecanismo de distribución de los beneficios provenientes de la venta futura de los créditos de carbono obtenidos recientemente y aumentó del 30% al 45% la participación destinada directamente a propietarios de bosques nativos.

El nuevo esquema establece que los recursos serán volcados a la comunidad bajo la figura de aportes no reembolsables y administrados a través de un fideicomiso estructurado en tres cuentas específicas. La distribución contempla fondos para propietarios de bosques nativos, proyectos vinculados con la conservación y programas ambientales desarrollados por el Estado provincial.

La principal modificación se concentra en la Cuenta 2, cuya participación aumenta 15 puntos porcentuales, del 30% previsto inicialmente al 45% del total. Estos recursos serán asignados directamente a propietarios de bosques nativos, con montos calculados según el tamaño, la clasificación y el tipo de bosque.

Un nuevo esquema para la distribución de los recursos

Con el reordenamiento, la Cuenta 1 recibirá el 20% de los fondos y estará destinada a otorgar aportes no reembolsables a proyectos presentados por emprendedores, PyMEs, organizaciones no gubernamentales, municipios, pueblos originarios y universidades.

Los proyectos comprendidos en esta cuenta estarán orientados a la conservación del ambiente, la adopción de energías renovables y materiales sustentables, la incorporación de nuevas tecnologías en agricultura y silvicultura, el fomento del conocimiento y la certificación de buenas prácticas ambientales en distintos sectores de la economía misionera.

En tanto, la Cuenta 3 concentrará el 35% de los recursos y financiará directamente programas y políticas de conservación desarrollados por el Estado provincial.

El esquema anterior contemplaba una distribución del 30% para propietarios de bosques nativos, otro 30% para proyectos de la sociedad civil vinculados con el ambiente y el 40% restante para políticas provinciales de conservación.

Con la modificación, la distribución queda establecida en 45% para propietarios de bosques nativos, 20% para proyectos ambientales y 35% para programas y políticas de conservación del Estado provincial.

Mayor participación para propietarios que conservan bosques nativos

La decisión de elevar del 30% al 45% la participación correspondiente a los propietarios de bosques nativos busca reforzar el incentivo destinado a quienes conservan estas superficies, que pasan a recibir la mayor proporción dentro del nuevo esquema de distribución.

Al mismo tiempo, el mecanismo mantiene recursos específicos para financiar iniciativas ambientales impulsadas desde distintos sectores de la comunidad y para sostener los programas y políticas de conservación desarrollados por la Provincia.

De esta manera, la distribución de los beneficios derivados de los créditos de carbono articula el reconocimiento a los propietarios de bosques nativos con el financiamiento de proyectos sustentables y las acciones de conservación impulsadas por el Estado provincial.

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Cayó la reforma a la ley de Tierras, pero la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada elimina protección ambiental clave

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El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sufrió este miércoles una modificación de alto impacto político: el oficialismo retiró el capítulo que reformaba la Ley de Tierras, uno de los puntos que había generado un fuerte rechazo de provincias como Misiones. Sin embargo, el texto conserva otro apartado con importantes consecuencias ambientales, al modificar la Ley Nacional de Manejo del Fuego.

Mientras el debate público estuvo concentrado en la eliminación del capítulo vinculado a la extranjerización de tierras, el proyecto mantiene intacto el capítulo IV, que introduce cambios sustanciales en la Ley 26.815 y elimina una de las principales restricciones incorporadas tras los incendios masivos registrados en distintas regiones del país.

La modificación más significativa consiste en la derogación del artículo 22 quáter de la Ley de Manejo del Fuego, incorporado en 2020 mediante la Ley 27.604.

Esa norma establecía que, durante un plazo de 30 años, las superficies incendiadas correspondientes a zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales o áreas periurbanas —tanto si el incendio era intencional como accidental— no podían destinarse a emprendimientos inmobiliarios, cambios de uso del suelo distintos del existente antes del incendio ni a actividades agropecuarias intensivas.

La finalidad de esa prohibición era clara: eliminar cualquier incentivo económico para provocar incendios con el objetivo de urbanizar terrenos, expandir la frontera agropecuaria o modificar el aprovechamiento de esas superficies.

Qué cambia el proyecto

El texto oficial elimina completamente esa protección para las áreas no boscosas.

En su reemplazo, el nuevo artículo 22 bis concentra las restricciones exclusivamente sobre los bosques nativos alcanzados por la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y sobre los bosques no productivos protegidos por la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal.

La nueva redacción mantiene la prohibición de modificar el uso del suelo únicamente en esas superficies forestales, respetando las categorías de conservación definidas por cada provincia en sus ordenamientos territoriales.

La derogación del artículo 22 quáter implica que, una vez extinguido un incendio, esas superficies ya no estarán sujetas al bloqueo de 30 años para modificar su destino.

Diversas organizaciones ambientalistas habían respaldado esa restricción desde su incorporación en 2020, al considerar que funcionaba como un mecanismo de prevención indirecta frente a incendios provocados para obtener beneficios económicos posteriores.

En cambio, el Gobierno sostiene que la normativa vigente generaba restricciones excesivas sobre el derecho de propiedad y que la protección debe concentrarse en los bosques nativos, reforzando simultáneamente los mecanismos de prevención, investigación y restauración ambiental.

Misiones mantiene otra preocupación ambiental

Para Misiones, donde la conservación del patrimonio natural constituye una política de Estado y donde más de la mitad del Bosque Atlántico argentino se encuentra dentro de su territorio, la continuidad de este capítulo también genera interrogantes.

Si bien la provincia logró evitar que prosperara la reforma de la Ley de Tierras, el proyecto mantiene modificaciones que reducen el alcance de una herramienta creada para desalentar incendios con fines especulativos en ecosistemas no forestales.

De este modo, el debate parlamentario sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada deja de centrarse exclusivamente en la propiedad de la tierra y abre otra discusión: hasta dónde debe llegar la protección ambiental frente a incendios que, además del daño ecológico, pueden convertirse en una vía para transformar el uso del territorio.

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Misiones digitaliza el control forestal: trazabilidad en tiempo real para guías y remitos

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El Gobierno de Misiones avanzó en un nuevo esquema de control y modernización administrativa sobre la actividad forestal. A través de la Resolución 066/2026 del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, la provincia aprobó la implementación de un sistema digital de seguimiento y trazabilidad para las guías y remitos forestales emitidos en formato papel, tanto para productos removidos como de depósito.

La medida busca fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre el transporte, tenencia y comercialización de productos forestales provenientes de bosques nativos, incorporando herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la transparencia, la trazabilidad y la capacidad de auditoría en tiempo real.

El nuevo esquema se apoyará en un sistema digital denominado “Sistema de Seguimiento y Trazabilidad de Guías y Remitos en Papel”, que comenzará a operar en todas las delegaciones del Ministerio y en la sede central de Posadas. Según detalla la resolución, el objetivo es superar las limitaciones del esquema tradicional basado exclusivamente en soporte papel, vigente desde 2009.

Uno de los puntos centrales del nuevo modelo será la disponibilidad inmediata de información actualizada sobre cada guía emitida por las delegaciones forestales de la provincia. El sistema permitirá generar automáticamente bases de datos de titulares habilitados, controlar vigencias y construir reportes estadísticos vinculados a volúmenes, especies transportadas y destinos comerciales.

Además, cada emisión deberá incorporar imágenes digitales del documento y quedará asociada automáticamente a coordenadas GPS, permitiendo georreferenciar el acto administrativo y mejorar la capacidad de control territorial.

La Dirección de Control Forestal tendrá acceso en tiempo real a todas las operaciones registradas por las delegaciones, pudiendo verificar datos, emitir observaciones, realizar auditorías digitales y elaborar informes técnicos y estadísticos. El sistema también reemplazará progresivamente los libros físicos y planillas manuales utilizados hasta ahora.

La resolución faculta además a la Dirección General de Bosques Nativos a designar usuarios habilitados y avanzar con la instalación del sistema en computadoras y tablets distribuidas en las distintas dependencias del organismo provincial.

Desde el Ministerio de Ecología sostienen que la iniciativa apunta a reforzar la legalidad y sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos forestales, en un contexto donde la trazabilidad ambiental gana cada vez más peso tanto en los mercados nacionales como internacionales. La digitalización del sistema también permitirá reducir demoras administrativas y mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales irregularidades en la circulación de productos forestales.

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Colombia se propone lo imposible: quiere plantar 2,3 millones de árboles para reforestar 2.000 hectáreas de bosque en 40 años

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Mientras crece el debate global sobre la efectividad de las campañas masivas de plantación de árboles para mitigar el cambio climático, Colombia decidió avanzar con una estrategia diferente: restaurar ecosistemas degradados mediante especies nativas, compromisos de conservación a largo plazo e integración económica de las comunidades locales.

La iniciativa, denominada Sembrando Futuro 2.0, contempla la restauración de más de 2.000 hectáreas de bosque en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Córdoba y Chocó. El plan prevé la plantación de 2,3 millones de árboles autóctonos y ya es considerado uno de los proyectos de restauración ecológica más ambiciosos del país.

Sin embargo, el diferencial del programa no radica únicamente en la magnitud de la forestación, sino en el modelo de sostenibilidad diseñado para garantizar la supervivencia y recuperación efectiva del ecosistema a largo plazo.

El proyecto apunta a reconstruir corredores biológicos, recuperar biodiversidad y restablecer servicios ambientales en zonas degradadas. Para ello, fueron seleccionadas más de 70 especies nativas, entre ellas nueve consideradas amenazadas, evitando así los modelos tradicionales de monocultivo forestal que suelen ser cuestionados por especialistas ambientales.

La primera etapa del programa ya supera las 1.000 hectáreas restauradas y las tareas de plantación comenzaron en septiembre de 2023. La meta final es completar las 2.000 hectáreas distribuidas en cinco regiones estratégicas desde el punto de vista ecológico.

En los últimos años, distintos expertos ambientales comenzaron a advertir que muchas campañas globales de plantación de árboles fracasan porque priorizan cantidad sobre calidad ecológica. La falta de diversidad de especies, la ausencia de mantenimiento y la escasa participación comunitaria suelen convertirse en factores críticos.

Precisamente allí es donde Sembrando Futuro 2.0 intenta diferenciarse. El proyecto incorporó acuerdos de conservación renovables a 40 años con propietarios privados, pequeños productores y organizaciones comunitarias. Esa escala temporal modifica completamente la lógica habitual de los programas de reforestación, muchas veces limitados a ciclos políticos o financiamientos de corto plazo.

El esquema busca que las comunidades locales no queden relegadas a un rol secundario, sino que participen activamente en los beneficios económicos derivados de la conservación ambiental.

Hasta el momento ya se firmaron 25 acuerdos de conservación y los participantes reciben cerca del 55% de los ingresos asociados a créditos de carbono generados por el proyecto. Ese componente económico aparece como uno de los pilares centrales de la iniciativa.

La lógica detrás del modelo es simple: transformar la protección del bosque en una actividad económicamente viable para quienes viven en esos territorios. De esta manera, la conservación deja de depender exclusivamente de la conciencia ambiental y comienza a integrarse dentro de las economías regionales.

Además del impacto ecológico, el programa ya generó más de 240 empleos locales vinculados a viveros, plantación, monitoreo y mantenimiento forestal.

El proyecto también recibió una calificación “A” de Sylvera, firma internacional especializada en evaluación de proyectos de carbono. La calificación destacó especialmente el diseño técnico, la contabilidad de carbono y los beneficios sociales y ambientales de la iniciativa.

El caso colombiano se produce en un momento en que América Latina busca posicionarse como actor clave dentro de los mercados globales de carbono y soluciones basadas en naturaleza. La región concentra algunos de los ecosistemas más biodiversos del planeta, pero también enfrenta fuertes presiones por deforestación, expansión agropecuaria y degradación ambiental.

La experiencia de Sembrando Futuro 2.0 comienza a ser observada con atención por distintos países de la región debido a su combinación de restauración ecológica, financiamiento climático y participación comunitaria.

El desafío de fondo, sostienen especialistas, ya no pasa solamente por plantar árboles, sino por lograr que los bosques sobrevivan, recuperen biodiversidad y generen incentivos económicos suficientes para garantizar su preservación durante décadas.

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Brasil registró el menor número de deforestación de la selva atlántica en 40 años

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La selva atlántica de Brasil, uno de los ecosistemas más biodiversos y también más castigados de América Latina, muestra una paradoja cada vez más evidente: mientras la deforestación alcanzó en 2025 su nivel más bajo en cuatro décadas, la calidad ecológica del bosque sigue deteriorándose por la pérdida sostenida de las áreas más antiguas y biodiversas.

Durante los últimos 30 años, la llamada Mata Atlántica mantuvo una cobertura forestal relativamente estable, con entre 28 y 30 millones de hectáreas de bosque nativo entre 1989 y 2018. Sin embargo, esa aparente estabilidad oculta una transformación profunda: los bosques maduros, con mayor capacidad de captura de carbono y refugio de biodiversidad, fueron reemplazados progresivamente por vegetación joven, de menor complejidad ecológica.

Un estudio publicado en Science Advances reveló que entre 2000 y 2015 la pérdida anual de bosques antiguos osciló entre 220.000 y 80.000 hectáreas, con un mínimo de 76.200 hectáreas en 2015. Actualmente, cerca del 11% de la selva atlántica está compuesta por vegetación joven y un tercio tiene menos de diez años de antigüedad. El fenómeno refleja un “rejuvenecimiento forestal” que, aunque compensa superficie, no reemplaza la riqueza biológica ni los servicios ecosistémicos de los bosques maduros.

El avance de la agricultura intensiva y de las plantaciones comerciales aparece como el principal motor de esta transformación. La expansión de la soja, la caña de azúcar y el café desplazó millones de hectáreas de vegetación nativa. En los últimos 40 años, la Mata Atlántica perdió 2,4 millones de hectáreas, una reducción del 8,1% respecto de 1985. Hoy, apenas conserva el 31% de su vegetación original y cerca de la mitad de la deforestación reciente afecta áreas con más de 40 años de antigüedad, consideradas estratégicas para la biodiversidad y el almacenamiento de carbono.

Aun así, 2025 marcó un punto de inflexión. Según la organización SOS Mata Atlântica, la deforestación cayó a 8.658 hectáreas, el registro más bajo desde 1985 y la primera vez en cuatro décadas que la pérdida anual baja de las 10.000 hectáreas. La disminución fue del 40% respecto de 2024 y fue confirmada por dos sistemas independientes de monitoreo.

Este resultado fue celebrado por organizaciones ambientalistas, que consideran posible avanzar hacia la meta de “deforestación cero” si se sostienen las políticas de control, la presión social y la vigilancia territorial. Sin embargo, advierten que el escenario sigue siendo frágil.

Uno de los principales focos de preocupación es la aprobación del llamado “proyecto de ley de devastación”, una reforma que flexibiliza la legislación ambiental y elimina la necesidad de autorización federal previa para aprobar desmontes, transfiriendo esa competencia a autoridades locales. Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva intentó vetar parte de la norma, el Congreso anuló esos vetos y ahora la constitucionalidad de la ley quedó en manos del Supremo Tribunal Federal.

En paralelo, Brasil impulsa una estrategia ambiciosa de restauración ecológica a gran escala. Uno de los principales proyectos busca recuperar 15.000 hectáreas degradadas en el norte del estado de Río de Janeiro, con apoyo del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. La iniciativa forma parte de la Estrategia Forestal nacional y combina regeneración ambiental con desarrollo económico regional.

Entre 2023 y 2025, este programa movilizó alrededor de 1.400 millones de dólares, con potencial para plantar 280 millones de árboles, generar 70.000 empleos y capturar 54 millones de toneladas de carbono. Además, contempla más de 800 puestos de trabajo directos en viveros, recolección de semillas y mantenimiento forestal, consolidando una lógica donde conservación y economía dejan de presentarse como opuestos.

Como símbolo de esa recuperación, se registró recientemente la reproducción del guacamayo escarlata en la Mata Atlántica por primera vez en casi 200 años. Para las autoridades ambientales, el regreso de esta especie clave en la dispersión de semillas es una señal concreta de que la restauración puede revertir daños históricos.

Brasil logró frenar parte de la destrucción, pero el desafío ya no es solo conservar superficie, sino recuperar calidad ecológica. Porque en los bosques, como en la economía, no todo crecimiento significa desarrollo.

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