El consejo de administración de Arauco aprobó una inversión global de 4,6 mil millones de dólares para la construcción de la primera fábrica de celulosa del grupo chileno en Brasil, en Inocência/MS. La compañía aumentó la capacidad productiva que tendrá la futura unidad en relación con los planes anunciados inicialmente: de 2,5 millones de toneladas a 3,5 millones de toneladas de fibra de eucalipto por año.
El principal proveedor del Proyecto Sucuriú será la finlandesa Valmet, responsable de entregar aproximadamente el 50% del proyecto industrial. El alcance del contrato incluye las áreas de proceso regulares, una unidad de gaseificación que generará biocombustible para abastecer los hornos de cal de la operación, una caldera de recuperación química (la más grande del mundo en capacidad en el sector) y una caldera de biomasa.
El director presidente de Arauco de Brasil, Carlos Altimiras, destacó la importancia de la inversión: “Estamos dando un paso fundamental para el futuro de Inocência y la región. La asociación con Valmet traerá aún más innovación y sostenibilidad al Proyecto Sucuriú, impulsando el desarrollo económico de la región”, enfatizó.
El grupo tiene previsto comenzar las operaciones de la fábrica en el último trimestre de 2027.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó la ley que aumenta la pena por femicidios hasta 40 años y que también prohíbe a los autores de crímenes contra las mujeres ocupar cargos públicos.
La simbólica firma de la ley se realizó en un evento en el Palacio presidencial de Planalto, a la que asistieron ministros como Cida Gonçalves (Asuntos de la Mujer), Jorge Messias (Abogacía General de la Unión) y Alexandre Padilha (Relaciones Institucionales).
Hasta ahora, la pena por el delito de femicidio oscilaba entre los 12 y los 30 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso. Ahora, la ley amplía esta pena hasta 40 años de prisión. El texto fue aprobado en septiembre en la Cámara de Diputados, de forma simbólica.
De la autoría de la senadora Margareth Buzetti, el proyecto de ley transforma el femicidio en un delito penal independiente, en lugar de mantenerlo como delito calificado de homicidio. La medida aumenta la pena, eleva el perfil del delito y pretende reducir el subregistro de casos.
En su opinión, la ponente Gisela Simona señaló que la falta de formación adecuada o de protocolos claros puede llevar a las autoridades a calificar el delito simplemente como homicidio, incluso cuando la conducta se comete contra una mujer por razones de género.
Además, la falta de uniformidad en los registros también dificulta la recopilación de datos estadísticos fiables sobre los feminicidios, algo esencial para el desarrollo de políticas públicas.
La medida también impide que quienes hayan cometido delitos contra las mujeres ocupen cargos públicos o cargos electivos. Además, aumenta la pena para los delitos cometidos por razón del sexo de la mujer, como las lesiones corporales, los delitos contra el honor, las amenazas y el incumplimiento de una medida de protección.
Otro punto de la ley aumenta el tiempo para la concesión de la progresión de régimen a los condenados por femicidio, además de hacer obligatoria la vigilancia electrónica del preso para cualquier beneficio.
Simona afirmó que el proyecto de ley “contribuye en gran medida a aumentar la protección de las mujeres víctimas de violencia”.
“La creación de un tipo penal independiente para el femicidio es una medida necesaria no solo para hacer más visible esta forma extrema de violencia contra las mujeres, sino también para reforzar la lucha contra este crimen bárbaro y hacer posible la normalización de la información sobre las muertes de mujeres en Brasil”, aseguró.
Hace unas semanas, el Grupo Arauco, controlante de Arauco Argentina, anunció su mayor inversión histórica: USD 4.600 millones para el proyecto Sucuriú, una planta de celulosa en Mato Grosso do Sul, Brasil. Este gigante del sector, que es el segundo mayor productor mundial de pasta celulósica después del brasileño Grupo Suzano, pertenece al conglomerado chileno COPEC, uno de los más importantes de la región.
Charles Kimber, portavoz de la forestal Arauco: “El clima para el inversionista en Chile hoy no es el adecuado”. El gerente de Personas y Sustentabilidad se refirió en una entrevista al diario español El País sobre Sucuriú, la millonaria inversión que la firma hará en Brasil. Señala a los incendios y a la violencia en Macrozona sur entre los factores que no permiten realizar “proyectos grandes” en el país
El proyecto Sucuriú, cuyas obras comenzaron recientemente, se espera que esté operativo para el segundo semestre de 2027. En una entrevista con el diario El País (edición América), el gerente de Personas y Sustentabilidad de Arauco, Charles Kimber, detalló las razones detrás de esta millonaria apuesta en Brasil, el nuevo enfoque de inversión de la empresa y la ausencia de Chile y Argentina en sus planes.
Kimber explicó que el grupo no consideró llevar esta inversión a Chile debido a la falta de capacidad para plantar árboles en la cantidad requerida y al encarecimiento de los terrenos. “No existe el espacio”, afirmó Kimber desde su oficina en el barrio residencial de El Golf, en Santiago de Chile.
Asimismo, el ejecutivo se refirió al debilitamiento de la industria forestal chilena, afectada por el aumento de la violencia y el crimen organizado, que influyen directamente en el clima de inversión. Sin mencionar directamente a Argentina, Kimber dejó en claro que, en el contexto actual, Brasil representa un escenario más favorable para los planes de expansión de Arauco.
Pregunta. ¿Por qué decidieron hacer la mayor inversión de su historia en Brasil?
Respuesta. Brasil es el principal productor del mundo de fibra corta, que en los últimos 25 años ha ido creciendo en cuanto a producción, aceptación y adecuación de los clientes para usarla más que fibra larga. La celulosa, los papeles se hacen en base a unas combinaciones de fibras largas con fibras cortas. Por lo tanto, estar en Brasil, donde están nuestros principales competidores, las plantas de mayor tamaño y más eficientes, es una buena manera de proyectarnos en el largo plazo. También tenemos que estar diversificados geográficamente. No podemos tener todos los huevos en una sola canasta. Tenemos fábricas de celulosas en Chile, Argentina, Uruguay y ahora Brasil.
P. ¿Cuánto tardó en materializarse el proyecto desde que pidieron el primer permiso?
R. Comenzamos plantando árboles hace 10 años pensando en tener una planta de celulosa y hace dos años nos acercamos al gobierno del Estado Mato Grosso del Sur. Inicialmente era una planta de 2,5 millones de toneladas y ahora estamos invirtiendo para una de 3,5 millones. Firmamos con el gobierno de Mato Grosso del Sur un acuerdo de entendimiento para indicar nuestro interés e iniciar el proceso de obtención de los permisos ambientales, industriales y así poder construir la fábrica y obtener nuestro permiso de operación. El estudio de impacto ambiental fue aprobado en 14 meses.
P. Hasta que esté operativa serán cinco años desde el primer permiso. ¿Cuánto habría tardado en Chile?
R. Como referencia, el proyecto MAPA, que hasta ahora ha sido la inversión más grande que ha hecho Arauco en su historia, de 3.000 millones de dólares, fueron 10 años. Tuvimos una pandemia en el medio que nos hizo demorar un año. Y Sucuriú es más grande.
P. A raíz del proyecto Sucuriú, el seremi de Economía de la región Biobío, Javier Sepúlveda, dijo que esperarían que “esos esfuerzos que hacen las empresas fuera de Chile también se hagan en el territorio que las vio nacer” ¿Qué responde?
R. Arauco tiene activos por aproximadamente 18.000 millones de dólares, un 70% están en Chile. Acabamos de concluir el proyecto más grande de la historia de nuestra compañía y forestal de la historia de Chile, que fue MAPA. Está operando desde hace 18 meses. Hace tres meses anunciamos la inversión en una planta de OSB, que es un material de construcción para la industria de construcción en Cholguán. Tenemos aprobado un estudio de impacto ambiental para un parque eólico al sur de Arauco, que sería una inversión de unos 250 millones de dólares. Ese proyecto se judicializó producto del reclamo de comunidades en contra del sistema de evaluación ambiental. El Comité de Ministros falló en enero a favor de la empresa, pero todavía estamos esperando que se redacte el acuerdo de la Comisión de Ministros. Esta es una empresa chilena y el compromiso con Chile se mantiene intacto, pero aparecen oportunidades en el mundo.
P. Para el 2025, de la torta de inversión que tienen presupuestada, ¿qué tajada se queda en Chile?
R. Con Sucuriú ahora aprobado, un 50% de los poco más de dos mil millones de dólares irá al proyecto y unos 500 millones se invertirán en proyectos varios en Chile. El resto, otros 500 millones aproximadamete va an Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.
P. ¿Cómo ha variado esa inversión en los últimos cinco años?
R. Decrece [la inversión] porque MAPA fue muy importante, se comió una buena parte de los últimos cinco años. Pero en temas de madera tenemos proyectos de crecimiento en Chile, como la planta OSB y a fines de 2022 iniciamos la planta Highland, de materiales de construcción. También estamos siempre haciendo inversiones en nuestras plantas. Celulosa Arauco también requiere de inversiones de capital para modernizar equipos, mantenciones, pero fábricas nuevas de [gran] tamaño no, porque no tenemos la fibra disponible. En Chile los incendios, el robo de madera, las usurpaciones, la violencia y la falta de incentivos para plantar ha hecho que la oferta de bosque haya bajado de 2,4 millones de hectáreas a un poco menos de dos millones de hectáreas en los últimos ocho años. Esa baja disponibilidad de fibra no permite que se puedan hacer proyectos grandes como sí se están haciendo en otros países. Hemos sufrido una inestabilidad en los últimos 10 años en Chile que ha hecho que en este sector no se invierta. Las empresas grandes sí lo hacen, pero no los particulares, los pequeños y los medianos.
P. De esos cinco puntos que dice que han mermado la industria, ¿cuál es el que afecta cada vez más?
R. Los incendios son un tema de tremenda preocupación. Ahí lo importante es el trabajo colaborativo de alto nivel entre distintas organizaciones, tanto empresas forestales con sus brigadas y equipamiento, como el sector público, Conaf, las autoridades locales, regionales, bomberos y así. Hay un trabajo diseñado que se implementó muy bien el año pasado. El robo de madera ha bajado sustancialmente los dos últimos años por una buena acción de los organismos de investigaciones: Carabineros, fuerza pública, fiscales y los jueces. Hay mucha gente ya procesada por robo de madera.
P. ¿Esa baja se le atribuye a la gestión de este Gobierno?
R. Sin duda hay un reconocimiento al trabajo que se ha hecho durante este Gobierno para bajar. La actividad criminal y de reivindicación de tierras también han ido disminuyendo. No solamente hay que controlar, vigilar, estar protegiendo, sino que también hay que ofrecer caminos alternativos, y a medida de que el Estado se involucre más directamente para encontrarlos, es una cosa positiva. Pero sigue habiendo zonas, especialmente en el sur del Biobío, la Araucanía y de la provincia de Arauco, donde no se puede operar porque hay grupos que están muy relacionados con el crimen organizado, que mantienen una soberanía. Es difícil no solo operar, sino que transitar.
P. ¿Cómo describe la salud de la industria forestal chilena?
R. Está debilitada, en particular, en dos áreas: en el desarrollo de plantaciones para futuras industrializaciones y en cuanto a la pequeña y mediana industria. Ellos en general no han invertido aguas arriba en cuanto a bosques. Siempre han comprado bosques y troncos, materia prima de terceros y hoy esa industria, la de la oferta de materia prima, se ha reducido.
P. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, conocido como ‘permisología’, que hoy está en manos de la Comisión de Hacienda. ¿Qué le parece hasta ahora?
R. Que en Chile sigue demorándose mucho la obtención de los permisos ambientales. No estamos con un alto estándar que cuide y proteja el medio ambiente y a la vez permita el desarrollo y acelere iniciativas productivas. Una ecuación que parece ser antagónica, en muchos lugares del mundo no lo es. Un buen ejemplo de eso es Brasil, Estados Unidos, Uruguay, donde hemos hecho inversiones y la autoridad ambiental y las autoridades sectoriale, trabajan con el interés de que se hagan los proyectos con el debido cuidado y resguardo de las condiciones ambientales, como también sociales y económicas.
P. ¿Cree que el proyecto de ley de ‘permisología’ no apunta a lograr eso?
R. No, yo creo que no apunta a eso, no está dicho con esa claridad. Lamentablemente, en Chile hemos generado una cultura donde la parte regulatoria de los permisos ambientales desconfía de la actividad productiva y económica. Sin duda el privado tiene que hacer su trabajo lo suficientemente bien para generar esa confianza, pero acá nos tenemos que poner de acuerdo rápido porque en otros lugares estamos compitiendo contra gente que sí lo ha logrado.
P. ¿Piensa que si se aprueba la ley de permisología no va a haber el cambio que requiere Chile?
R. Puede ser que la ley marco de autorizaciones sectoriales sea una condición necesaria, pero no suficiente. Se requiere de un respaldo explícito de que el desarrollo económico y el crecimiento es importante. Eso no se escucha. Estamos todavía con dos bandos distintos. Tienes a la CPC, la Sofofa, y a otros que dicen eso. Y por el lado el Gobierno y el regulador de los servicios que dicen que están mejorando sus sistemas y la permisología para que los proyectos puedan avanzar.
P. ¿Qué se necesita?
R. Una convicción de que el crecimiento económico y la inversión es importante para el país. Eso requiere de una condición necesaria que disminuya la permisología, pero también de que haya una voluntad política, que estemos promocionando, que estemos todos trabajando en la dirección de hacer que entren más inversiones y que inversionistas que ya están aumenten sus inversiones. También está la inseguridad y los cinco temas mencionados anteriormente en nuestro caso particular, pero el clima para el inversionista en Chile hoy no es el adecuado. Y, por lo tanto, es necesario que mejore la permisología, pero no es suficiente.
P. ¿Por qué no es el clima adecuado?
R. Está fuertemente el tema de inseguridad. Pero cuando tengo cinco o seis frentes en que no están muy claros ninguno, tengo una tormenta perfecta para ahuyentar a los inversionistas. Necesitamos seguridad, que las instituciones funcionen bien, que tanto la derecha como la izquierda se ordenen. Necesitamos bajar los escándalos, tener certeza en materia de permisología, trámites más rápidos. Que todos funcionemos mejor, un Estado que funcione mejor. Una combinación de estas cosas nos está impidiendo ser lo suficientemente atractivos como para atraer a inversionistas.
P. Las cifras de inversión extranjera no han sido negativas en los últimos años.
R. No han sido negativas, pero están básicamente orientadas a dos sectores: la minería y la energía. Y Chile tiene que desarrollar más conocimiento, más habilidades productivas en muchos sectores. La energía es esencial para el desarrollo del país, pero estamos con un problema muy importante en cuanto a transmisión y vemos que cuando tenemos desastres naturales, también hay de distribución. El cobre también es muy importante, pero hay que diversificar la producción. En cuestiones de litio nos hemos quedado atrás. La industria forestal es un muy buen ejemplo, una en la cual no se ha podido invertir en los últimos años. La forestación ha decrecido. Hay que fomentar un ecosistema de emprendimiento y de crecimiento económico. Y necesitamos crecer más rápido, estamos creciendo a cifras muy mediocres.
Escribe Washington Castilhos / SciDevNet – Un dispositivo de uso doméstico, similar a un purificador de agua, está probando ser una solución sencilla y de bajo costo para remover la contaminación con metales y semimetales tóxicos de las aguas utilizadas por los pobladores de la histórica ciudad de Ouro Preto, ubicada en el centro-sur del estado de Minas Gerais, el mayor productor de mineral de hierro de Brasil.
El artefacto, elaborado con bagazo de caña de azúcar, se acopla al caño o a un filtro de cerámica o arcilla, realizando la conexión entre la plomería y el dispositivo filtrante de la casa.
En Ouro Preto, la minería, que data del siglo XVII, ha dejado un rastro de aguas subterráneas contaminadas con plomo, hierro, manganeso y arsénico. Un riesgo para la vida de la mayoría de sus aproximadamente 75 mil habitantes. El arsénico, por ejemplo, es extremadamente tóxico y difícil de retener mediante carbón activado, la tecnología convencional utilizada por las plantas de tratamiento.
“Se trata de poblaciones en situación vulnerable, que aún recogen agua no tratada de pozos artesanales o de grifos públicos históricos, y que pueden estar expuestas a agua contaminada”, señaló a SciDev.Net el químico e ingeniero ambiental Leandro Vinícius Alves Gurgel, de la Universidad Federal de Ouro Preto (UFOP).
Con el fin de dar una solución alternativa al problema de la contaminación, desde 2018 él y su equipo visitan hogares cuya agua, extraída de fuentes alternativas, se sospecha que está contaminada o contiene contaminantes identificados.
Para analizar las muestras del agua recolectada los investigadores miden 24 parámetros, incluyendo componentes biológicos y químicos, como cadmio, cobre, plomo y arsénico.
Con el fin de potenciar la acción del bagazo de caña como adsorbente –es decir su capacidad de retener partículas–, los científicos realizaron modificaciones en su estructura, fijando moléculas orgánicas que tienen afinidad química con el contaminante a eliminar.
“Fijadas en un material sólido, en este caso el bagazo, estas moléculas retienen el contaminante”, explica el químico.
Además de los contaminantes que querían eliminar, en el laboratorio también controlaron los componentes que podrían alterar el funcionamiento de la tecnología. Al medir la presencia de calcio y magnesio, por ejemplo, encontraron que la cantidad de estos componentes no interfería con la adsorción de cadmio y cobre.
Fue así como obtuvieron el dispositivo. Tras comprobar su eficacia con los análisis correspondientes –eliminación del 95 por ciento del arsénico por cada 20-40 microgramos de agua– los investigadores regresan a los hogares de las familias involucradas para instalarlo.
El dispositivo ya se encuentra en el nivel de transferencia tecnológica y escala comercial. Para transferir la tecnología entre la universidad y las empresas interesadas han creado la startup Aquaouro. Mientras tanto, harán algo inusual en Brasil: esperan producir entre 50 y 200 unidades del dispositivo por mes en la propia universidad.
Los investigadores han optado por no patentar el producto. Según ellos, la tecnología es un secreto empresarial, “una forma más atractiva de atraer a un socio que quiera producirla a escala”, afirma Gurgel.
Los investigadores esperan que el valor final del dispositivo no supere los R$ 100,00-150,00 por unidad (equivalente a US$ 20 – US$ 25), para que sea accesible al mayor número de familias que lo requieran, pero eso dependerá, en última instancia, del modelo de negocio que se adopte.
Carlos Eduardo de Rezende, investigador del Laboratorio de Ciencias Ambientales de la Universidad Estadual del Norte Fluminense (LCA/UENF), que no forma parte del proyecto UFOP, considera relevante la iniciativa, dada la capacidad de filtración de metales del dispositivo y su contribución a la mejora de la calidad del agua que la población usa para su consumo.
Sin embargo, afirma que es importante que los investigadores establezcan el destino del material filtrante después de su uso, para no generar otro foco de contaminación.
“Aunque es biodegradable, al concentrar compuestos indeseables, estos deben tener un destino para ser segregados adecuadamente”, dice a SciDev.Net el especialista en Ecología Aplicada, Manejo y Conservación Ambiental de Recursos Naturales.
Leandro Gurgel explica que el arsénico retirado será enviado a empresas que fabrican hormigón mecanizado, una solución reconocidamente segura, en su opinión.
“Al final de su vida útil, cuando el dispositivo ya no puede seguir eliminando el arsénico, se puede quemar para generar energía, si ya no contiene arsénico en su composición. Si todavía quedan residuos, deben ir a un vertedero supervisado”, afirma.
Las disputas por el agua
El agua de Ouro Preto pasó de ser gratuita, distribuida por la Municipalidad, a ser de pago hace casi cinco años.
Desde que inició sus actividades en 2019, Saneouro -la concesionaria responsable del suministro de agua- cerró el flujo de agua de las minas cercanas y comenzó a recolectar agua de manantiales. Sin embargo, el servicio aún no ha llegado a algunas zonas. Los pedidos de SciDev.Net para conocer el porcentaje de cobertura no fueron respondidos por la empresa hasta el cierre de esta información.
La privatización ha generado feroces disputas entre la población y la concesionaria. Un gran número de vecinos exigen la remunicipalización del saneamiento básico, para que el servicio vuelva a ser gratuito. Actualmente, en promedio, las facturas varían entre R$ 300 a 1.400 mensuales (aproximadamente US$ 50 a 250).
“No sabemos qué agua estamos bebiendo. La promesa del suministro universal aún está pendiente. Además, el agua todavía no cumple con los requisitos de potabilidad y, aun así, nos quieren cobrar tarifas altas por un servicio de baja calidad”, dijo a SciDev.Net el jubilado Luiz Carlos Teixeira, de 60 años, coordinador de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ouro Preto, una de las entidades organizadoras de las múltiples manifestaciones que tuvieron lugar en la ciudad en 2022.
La contaminación por metales es compleja porque tiene efectos a largo plazo sobre la salud, pudiendo provocar daños en el hígado, los riñones y la piel, además de cambios neurológicos. No hay cifras oficiales de víctimas de estas contaminaciones, pero los informes de los residentes sugieren una supuesta correlación.
“Hace dos semanas hubo un brote de diarrea en el barrio de Pocinho y los vecinos sospechan que se debió al agua”, informa Angelo Lucas Sobrinho, de 33 años, residente en la región central de la ciudad. “Pero esto podría ser un virus, no relacionado con el agua”.
Nacido en el estado de Espírito Santo, Angelo Sobrinho llegó a la ciudad hace cuatro años para hacer su doctorado en la UFOP y es partidario de privatizar el abastecimiento y dar soluciones alternativas al problema de la contaminación. Pero subraya que todavía es necesario informar mejor a la población local. “Es necesario concienciar a la gente de las ventajas del agua de calidad”, añade.
Carlos Eduardo de Rezende, de la UENF, explica que la privatización de los sistemas de tratamiento y abastecimiento de agua atraviesa una grave crisis de desconfianza pública por la falta de transparencia sobre la calidad química del agua.
“Las empresas deberían proporcionar una base de datos sólida del agua de captación, así como del agua suministrada a la población, y todo el proceso debería ser estrictamente supervisado por los organismos públicos competentes”, concluye.
Este artículo fue producido por la edición de América Latina de SciDev.Net
La red social estadounidense X (antes Twitter), propiedad del empresario de origen sudafricano, Elon Musk, pagó al Gobierno de Brasil multas por 28,6 millones de reales (unos 5,23 millones de dólares) y pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) volver a operar en el país, tras más de un mes de suspensión, informó hoy la prensa brasileña.
Abogados de la firma comentaron a TV Globo y al diario “Folha de Sao Paulo” que X entregó al STF los comprobantes de pago de las multas impuestas por el magistrado Alexandre de Moraes, luego de que la plataforma no nombró a un representante legal en el país sudamericano, en medio de una investigación de usuarios por diseminar noticias falsas y alentar un presunto golpe de Estado.
Musk retiró la plataforma en Brasil el 30 de agosto pasado, sin embargo, cambió de postura luego de que Starlink, su empresa proveedora de internet satelital, comenzara a sufrir problemas operativos en Brasil, además de que por orden de Moraes se congelaron fondos como parte del pago de las deudas de la red social.
