Los ríos de cocaína en el Amazonas
Escribe Nádia Pontes, de São José dos Campos, Revista Piauí. Brasil tiene aproximadamente 8.000 kilómetros de frontera con tres países que concentran el cultivo de coca en la región, dividida de la siguiente manera: Colombia (61%), Perú (26%) y Bolivia (13%), según el informe mundial de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Hasta principios de los años 2000, las principales rutas de tráfico pasaban por América Central y el Caribe o se dirigían directamente hacia Norteamérica y Europa, donde se encuentran los mayores compradores.
A mediados de la década de 2000, la Amazonía brasileña comenzó a figurar en este mapa. Brasil, que hasta entonces ocupaba la décima posición en volumen de cocaína incautada, actualmente se encuentra en el tercer puesto, detrás de Estados Unidos y Colombia, según datos de la UNODC de 2021. Fue en esa misma época cuando el gobierno brasileño invirtió en fortalecer el control de las fronteras y el espacio aéreo en la Amazonía, una región que alberga la mayor selva tropical del planeta y tiene una baja densidad poblacional, con aproximadamente 5,6 habitantes por km².
La Ley del Abate y el control del espacio aéreo
Una de las medidas para frenar el tráfico de drogas fue la implementación de la denominada Ley del Abate en 2004. La norma fue sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras un extenso debate en el Congreso y con las Fuerzas Armadas. La ley indicaba que el gobierno estaba dispuesto a “combatir, con las armas adecuadas, la invasión de nuestras fronteras por parte de bandas internacionales de narcotraficantes”, declaró en ese entonces el ministro de Defensa, José Viegas Filho.
En aquel momento, el país estaba montando su propia infraestructura para actuar en este ámbito, ya que el control sobre el espacio aéreo amazónico era limitado, lo que facilitaba los vuelos cargados de drogas provenientes de países andinos. En 2002, el Sistema de Vigilancia de la Amazonía y el Sistema de Protección de la Amazonía (Sivam/Sipam) entraron en operación con el objetivo de incrementar la vigilancia y el control del tráfico aéreo y fronterizo, monitorear comunicaciones clandestinas, detectar rutas de tráfico y contrabando, e identificar pistas clandestinas y explotaciones mineras ilegales.
Años después, en 2005, se puso en funcionamiento el Cuarto Centro Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo (Cindacta IV) en Manaos.
Desde la entrada en vigor de la Ley del Abate, la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) reportó una reducción inmediata del 32% en el número de vuelos irregulares. La primera intercepción de un avión sospechoso se hizo pública en 2009, cuando una aeronave procedente de Bolivia fue objeto de disparos de advertencia por parte de militares brasileños tras la negativa del piloto a acatar órdenes. Luego de los disparos, el avión, que transportaba 176 kg de pasta base de cocaína, aterrizó en una carretera de tierra en el estado de Rondônia.
Un estudio vincula la restricción del espacio aéreo con el aumento de incautaciones de droga. Con la migración de parte del tráfico ilegal hacia los ríos y carreteras, Brasil duplicó la cantidad de cocaína interceptada por mar, tierra y aire entre 2004 y 2005, pasando de 7,7 toneladas a 15,7 toneladas, según estadísticas de la ONU de la época.
El narcotráfico y la adaptación a la geografía amazónica
Sin embargo, la estrategia para dificultar el tráfico aéreo de drogas puede haber fomentado un nuevo problema. Según un estudio de investigadores brasileños, la geografía de la selva favoreció la rápida adaptación del narcotráfico. Cinco de los mayores afluentes del río Amazonas nacen en los Andes, son navegables la mayor parte del año y conectan la producción de cocaína con Manaos, desde donde la droga puede ser transportada a otros estados brasileños o a otros países a través del aeropuerto internacional o el puerto de la ciudad.
El análisis sugiere que la violencia en las ciudades situadas a lo largo de estas rutas cambió de patrón después de la implementación de la Ley del Abate. “La violencia en un municipio que estuviera en una ruta fluvial proveniente de Colombia, por ejemplo, no estaba muy correlacionada con la producción de cocaína en ese país. Pero, tras el monitoreo del espacio aéreo, esta relación aumentó”, explicó el investigador Soares.
El estudio también indica que un efecto local de esta reconfiguración del tráfico de drogas ha sido el incremento en las muertes por sobredosis, lo que, según los investigadores, sugiere una mayor disponibilidad de droga en circulación. “Observamos que varios municipios que no registraban casos de sobredosis antes de 2005 comenzaron a tener episodios esporádicos desde entonces”, señalan los investigadores, advirtiendo además sobre la probable subnotificación de casos.
Desafíos para la seguridad en la Amazonía
Los investigadores advierten que es prácticamente imposible enfrentar el problema en una región del tamaño de la Amazonía, que es más grande que la Unión Europea, solo con la presencia de fuerzas policiales o militares. “Es necesario desarrollar un uso de tecnología capaz de monitorear la situación y generar alertas que activen respuestas”, sugiere Soares, mencionando el empleo de drones, radares móviles y una mejor coordinación entre los organismos de fiscalización y las autoridades de los países vecinos.
Otra acción clave es ofrecer a las comunidades locales alternativas económicas que generen ingresos, preserven la selva y mantengan sus modos de vida tradicionales, con el objetivo de evitar su vinculación con el narcotráfico y prevenir el establecimiento de grupos criminales con control monopólico en la región.
La disputa por el control del tráfico en la Amazonía
El Foro Brasileño de Seguridad Pública ya había señalado en un informe de 2022, citado en el estudio sobre los “ríos de cocaína”, la disputa por el control del tráfico en la Amazonía. La investigación destaca que, entre 2015 y 2016, facciones del sudeste de Brasil, como el Comando Vermelho (de Río de Janeiro) y el Primer Comando de la Capital (PCC, de São Paulo), comenzaron a disputar el dominio de la región.
El informe también menciona que “algunas facciones locales comprendieron mejor los mecanismos de funcionamiento de las redes ilegales en la Amazonía”, lo que llevó al surgimiento de organizaciones criminales regionales, como la Familia del Norte, en el estado de Amazonas.
Los investigadores del Insper y la Universidad de São Paulo (USP) analizaron las tasas de homicidios a partir de 2015 para evaluar si hubo un aumento de muertes debido a la intervención de estas facciones. Sin embargo, los datos muestran que la tasa de homicidios se mantuvo relativamente estable desde la implementación de la restricción aérea en 2004.
Finalmente, los investigadores subrayan que, además de los esfuerzos nacionales para contener el crimen organizado, es fundamental una cooperación internacional, “especialmente en la región andina, para garantizar un enfoque coordinado contra el tráfico de cocaína, con un mayor intercambio de información y mejores prácticas de seguridad transnacional”.
