En un documento titulado “El federalismo no se negocia”, 17 gobernadores expresaron su preocupación por el inminente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los fondos con los que Macri favoreció a la CABA. Afirman que Rodríguez Larreta reclama “recursos que no le corresponden” y piden ser amicus curiae en el caso.
Los gobernadores -entre ellos el misionero Oscar Herrera Ahuad- emitieron un documento en el que se advirtió a la Corte que “el federalismo no se negocia” y manifestó la “profunda preocupación por la injerencia indebida” por parte del máximo tribunal en el tema.
“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes”, apuntaron.
En ese marco, los gobernadores advirtieron que “no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.
El tono del escrito es similar al que vienen manifestando los mandatarios provinciales desde hace larga data, por lo que resta saber si, ante un fallo en favor de los intereses porteños, podrían pasar de las críticas a otro tipo de acciones de carácter legal contra los magistrados de la Corte.
“Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, remarcaron.
El documento explica que al momento de la sanción de la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que “era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional”.
“Después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548 y modificatorias”, afirma el texto.
Los gobernadores señalan que este porcentaje “fue modificado de una manera injusta e injustificada” por el decreto 194/2016 que firmó Macri, mediante el cual elevó los puntos de coparticipación de la Ciudad a 3,75 por ciento en detrimento del resto de las provincias para financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad.
Una reunión protocolar
En el mediodiía de este miércoles, concluyó sin acuerdo la instancia de negociación entre Nación y Ciudad Autónoma para resolver el traspaso de dinero.
Fueron menos de 50 minutos los que duró el encuentro en el que Casa Rosada estuvo representada por la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y la administración porteña por su jefe de Gabinete, Felipe Miguel.
Durante la semana pasada, las partes en esta controversia entendían que este tipo reuniones técnicas seguirían sin dar resultado dada la amplia diferencia entre las propuestas, y sólo se mostraban esperanzadas en un diálogo político de alto nivel para destrabar la negociación, algo que nunca se concretó.
Luego del dictamen de la CFI y de las declaraciones de la mayoría de los gobernadores, incluso de aliados políticos del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, apoyando a la Nación, la Ciudad motorizó un nuevo encuentro que, tal como se esperaba, no tuvo resultados positivos.
Será ahora el máximo tribunal el que deba emitir un fallo, que podría ser precedido por una medida cautelar.
La Nación y la Ciudad tuvieron, el 10 de marzo pasado, una audiencia pública ante la Corte para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri, luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.
El 9 del septiembre de 2020 cuando, durante la pandemia de coronavirus y a través del Decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.
Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.
La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.
Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones, plazo vencido hoy.
