CABA

Luz verde a la ley que autoriza la quema de basura en la Ciudad de Buenos Aires

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Este jueves 03/05, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la modificación de la ley de Basura Cero para que sea posible incinerar residuos no reciclables. Será con un método de combustión con recuperación de energía, con una planta que se emplazaría en el sur porteño, de las siete que instalarán en el AMBA. Cooperativas de reciclado y ambientalistas protestaron frente al parlamento en rechazo de la iniciativa.

La Legislatura porteña sancionó la norma que modifica la ley de Basura Cero para habilitar al gobierno a la incieración de basura, en medio de un ambiente tenso con los recicladores urbanos fuera del palacio, que rechazan el proyecto.
La ley fue sancionada con 36 votos afirmativos y 22 negativos. En concreto, la iniciativa establece que las miles de toneladas de desechos urbanos sean quemadas en hornos apropiados a través de los cuales se logrará “la oxidación total de los residuos a altas temperaturas con múltiples sistemas de control”.
Además, modifica una serie de artículos de la ley 1.854, de Basura Cero. Por ejemplo, dispone que las metas de reducción de desechos sólidos urbanos “serán de un 50% para el 2021, de un 65% para el 2025 y un 80% para el 2030”. Con esto, el gobierno atrasa 10 años el objetivo de Basura Cero, que había fijado para 2020 y que ahora será para 2028.
Ante la inminencia de la reforma, distintas organizaciones ambientalistas encendieron la alarma sobre las consecuencias que esta práctica podría acarrear en la salud de la población y el medio ambiente. Misma postura tomaron los recicladores urbanos, que se manifestaron frente a la Legislatura durante la sesión de este jueves.
“Corre peligro el trabajo de más de 6 mil recicladores en la ciudad que tienen que seguir manteniendo a su familia. La quema de basura sería un paso más en la cultura del descarte porque daña el ambiente y excluye a cada vez más gente”, sostuvo Sergio Sánchez, presidente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (FACCYR-CTEP).
En ese sentido, el ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo Macchiavelli defendió la iniciativa la semana pasad, al proyectar que la inciner ación de basura se transformará en energía, algo necesario en la Ciudad. “Los que estamos debatiendo en la Legislatura tiene que ver con levantar la prohibición de la termovalorización, que es la combustión de basura para la generación de energía. Hay más de 2200 plantas alrededor del mundo, en las grandes ciudades europeas, Estados Unidos y Asia”. 
El ministro también destacó que “esto permitirá dos cuestiones, por un lado qué hacemos con la basura una vez que se cumplen los procesos de recuperación y reciclado y por el otro la generación energía, un problema recurrente, sobre todo durante el verano. En cinco años el relleno sanitario de José León Suárez se termina, no habrá donde poner más basura”.
Hay que destacar que la política de reciclado en CABA avanzó en los últimos años, pero muy lentamente. Apenas se recicla el 10% de las 6000 toneladas diarias de basura que generan los vecinos.
La política de Basura Cero nació tras la sanción de la ley en 2005 y busca la progresiva reducción de la cantidad de basura que se entierra mediante el crecimiento de las industrias asociadas al reciclado y recuperación de residuos.
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La Ciudad de Buenos Aires adhirió al pacto fiscal de Macri

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La Legislatura porteña sancionó este jueves 12/04 la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno que impulsó el Ejecutivo nacional para todas las provincias del país.
En concreto, la norma sancionada insta al Ministerio de Hacienda de la Ciudad a adherir a la ley nacional 27.428. Fue votada en la sesión ordinaria de este jueves con 39 votos a favor (de Cambiemos, el peronismo y Evolución), 15 negativos (el kirchnerismo y la izquierda) y 3 abstenciones (el socialismo y el GEN) .
La iniciativa enviada al parlamento por la administración de Horacio Rodríguez Larreta coincide con el consenso alcanzado entre las provincias, la CABA y el Gobierno Nacional en el marco de reuniones celebradas en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, en 2017.
Entre las modificaciones a la normativa nacional a las que adhirió hoy la Ciudad se destacan 4 capítulos. El primer de ellos tiene que ver con “Transparencia y Gestión Pública” y menciona cuestiones como la publicación del presupuesto, recaudación y gasto público.
También hay un apartado sobre “Reglas Cuantitativas” establece, por ejemplo, que los distritos adherentes logren que el incremento del gasto público corriente primario no supere la tasa de aumento de la inflación, o no incrementar el cupo de cargos en el sector público.
Un tercer apartado crea el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y el cuarto se refiere a las sanciones a los distritos adherentes.
Los Gobiernos nacional, provinciales y porteño acordaron el denominado “Consenso Fiscal” el 16/11/2017 y la Ciudad se comprometió a adherir antes de junio 2018, con el fin de “acompañar los nuevos lineamientos de comportamiento fiscal y financiero establecidos por el Gobierno Nacional”.
En cuanto a la coparticipación federal de impuestos, días atrás se concretó un reducción para la Ciudad de Buenos Aires que fue pautada en el mencionado acuerdo. Pasó de 3,75% a 3,50% del total de recursos tributarios que se distribuyen entre las provincias.
La iniciativa tiene retroactividad al 01/01 de este año, por lo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta deberá devolver $ 850 millones que recibió en los primeros dos meses del año. Según un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), eran $ 1.000 millones a devolver, pero con una reducción a 3,30% de la alícuota.
En otro orden, los puntos generales del Pacto Fiscal acordado en noviembre 2017 son:
1. Compromiso de las provincias para bajar “impuestos distorsivos”, como Ingresos Brutos y Sellos, por 1,5% del PBI en los próximos cinco años.
2. Ley de Responsabilidad Fiscal: compromiso para aprobar y adherir al proyecto de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Las provincias mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años.
3. Acuerdo por el Fondo del Conurbano: $40.000 millones en 2018 y $65.000 millones en 2019 para la pr ovincia de Buenos Aires.
4. Ley de Ganancias: derogación del artículo 104.
5. Juicios: todas las provincias (menos San Luis y posterior rechazo de La Pampa) acordaron desistir de los juicios contra el Gobierno nacional ($340.000 millones las provincias y $400.000 millones la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano).
6. Ley de revalúo impositivo: se coparticipará el impuesto.
7. Impuesto al cheque: 100% a la ANSeS.
8. Régimen previsional:
a) Se acordó tratar un proyecto de ley en el Congreso para que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y por inflación.
b) Se acordó garantizar que las jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil.
c) Eliminar las jubilaciones de privilegio.
9. Cajas previsionales no transferidas: el Gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit de las cajas previsionales no transferidas.
10. Ley de Responsabilidad Fiscal para municipios: las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar una Ley de Responsabilidad Fiscal en los municipios de cada una de sus jurisdicciones.
11. Impuesto inmobiliario: las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo a las valuaciones de mercado.

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Docentes rechazaron la oferta salarial de la Ciudad de Buenos Aires

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El Gobierno porteño y los gremios docentes comenzaron sin demasiados avances la negociación salarial para este año, con apenas menos de dos semanas para el inicio de las clases. La oferta que la Ciudad puso sobre la mesa fue rechazada y por ahora no tiene fecha un nuevo encuentro.
Según informaron fuentes gremiales a ámbito.com, el ministerio de Educación que comanda Soledad Acuña les ofertó una suba salarial de 12% a pagar en tres cuotas, en marzo, agosto y octubre, y sin cláusula gatillo. Además les ofrecieron un bono como adelanto de $ 600. 
Asimismo, la Ciudad informó que reconocerá un reajuste en función de que la paritaria del año pasado quedó por debajo de la inflación. Se había acordado un 21,5% pero la suba de precios según el INDEC fue 25%, por lo que la gestión porteña se compromete a reconocer la diferencia. Sin embargo, los gremios recordaron que su paritaria se rige por lo que marca el IPC de la Ciudad, que fue de 25,8%.
Los gremios esperan ahora una nueva convocatoria en la que insistirán con un incremento de 24% con cláusula gatillo. En cambio, la oferta de la administración de Horacio Rodríguez Larreta está en línea con el 15% de tope que pretende la Casa Rosada para las negociaciones salariales.
“Los trabajadores somos el único sector al que no nos ponen cláusula gatillo, hasta a los fondos buitre le ponen”, se quejó Eduardo López, líder de UTE-CTERA, en diálogo con este medio. Y disparó: “No se entiende como la jurisdicción más rica del país presenta la propuesta más baja”.
Fuente (Ambito Financiero)

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En CABA cada hijo de víctima de femicidio cobrará una jubilación mínima

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Con el parate previo a la campaña para las elecciones generales del 22/10, la Legislatura porteña vuelve a su actividad habitual y en este caso aprobó la creación de una reparación económica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes víctimas colaterales de los llamados femicidios, conocida como “Ley Brisa” y promovida por la Asociación Civil la Casa del Encuentro también en el Congreso de la Nación.

La Ley Brisa promueve la creación de un régimen de reparación económica a niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años, cuyo “padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de delito de homicidio agravado por el vínculo”. Debe ser abonada por el Estado de la Ciudad mensualmente, por un valor siempre equivalente a un haber jubilatorio mínimo, con sus incrementos móviles establecidos en la ley 26.417. La misma será inembargable y se pagará por cada hijo/a.

Según la norma sancionada hoy, esta prestación económica no resulta ser un subsidio, una pensión o una ayuda, sino una reparación económica y subsistirá en los casos en que se declare la capacidad restringida y/o incapacidad de los niños, niñas y adolescentes, lo que implica una respuesta por el daño causado, al no haber protegido a sus madres.

Otro punto fundamental es que esta prestación no será incompatible con otros derechos que perciban las niñas niños y adolescentes tales como pensiones, asignación universal por hijo y alimentos. Asimismo les dará derecho a tener una cobertura social, la cual deberá proveer el Estado.

También se establece que en ningún caso el padre ni cualquier otra persona que haya sido imputada y/o procesada y/o condenada como autora, coautora, instigadora o cómplice del delito de homicidio cometido contra la progenitora de las niñas, niños y adolescentes que resulten destinatarios de la prestación, serán quienes perciban ese monto de dinero y siempre lo hará la persona que se encargue de su cuidado.

Se lo llama Ley Brisa por el nombre de la hija menor de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada por su ex pareja, Iván Adalberto Rodríguez, en 2014. Daiana tenía, además de Brisa, 2 hijos varones. Todos quedaron al cuidado de su abuelo, que no cuenta con los recursos suficientes para mantener a los chicos.

La iniciativa fue impulsada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y los diputados Graciela Ocaña y Diego García de García Vilas, pero es una idea original de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.

En nuestro país en el año 2009, se sancionó la Ley 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, donde se plasmaron todos los derechos reconocidos en las Convenciones Internaciona les antes citadas.

Además, en el año 2012, se sancionó la Ley 26.791 que estableció como figura agravante del delito de homicidio simple, aquellos casos en que el mismo sea cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género, castigándolo con la máxima pena prevista para nuestro ordenamiento legal. De esta forma, desde la sanción de dicha ley, la pena para el hombre que cometa un femicidio, será de prisión perpetua.

Según datos de Asociación Civil la Casa del Encuentro, desde 2009 en Argentina hubo 2.384 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, mientras que 2.919 hijas e hijos –el 63 por ciento de los cuales eran menores de edad al momento del crimen– quedaron sin madre.

Asimismo, se registraron entre el año 2008 y 2015 que 2.518 hijos e hijas, de los cuales 1.617 son niñas, niños y adolescentes, fueron víctimas colaterales del femicidio, donde su padre asesinó a su madre.

En ese marco, la Asociación Civil la Casa del Encuentro impulsa hace años un proyecto del ley en la Cámara de Diputados de la Nación mediante el cual, el hombre que fuera condenado por el Femicidio de la madre de sus hijos, quede automáticamente privado de todos los derechos que conlleva la responsabilidad parental, establecidos en Libro II, Título VII, Capítulo 9 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Así también se propone la suspensión de ejercicio de la responsabilidad parental al padre procesado por dicho delito.

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