La inversión del Estado nacional, la otra asimetría que sufre Misiones
Tras un 2021 de fuerte alza, impulsada por un lado por un magro 2020 y, por otro, empujado por el año electoral, la inversión pública del Estado nacional en Misiones arrancó débil en este 2022.
En el primer trimestre se ejecutaron $1.965,8 millones, donde el 67% corresponde a transferencias de capital y el 33% restante a inversión real directa. Comparado con el primer trimestre de 2021, el crecimiento es de apenas el 40%, por lo cual registra una caída real del 10,3%.
El total ejecutado representa el 17,2% de la ejecución en toda la región del NEA, por lo cual se observa una escasa participación de la inversión en Misiones sobre el total regional, y más aún al observar el promedio histórico para un primer trimestre: entre 2017 y 2020, fue del 25,4%. Esta caída en la participación regional se explica por la fuerte alza de provincias como Formosa, que pasó de un promedio histórico de 20,9% al 32,9% actual, mientras que Chaco y Corrientes exhiben escenarios algo más similares a su promedio.
Analizando la inversión pública nacional en moneda constante, la ejecución del primer trimestre 2022, está por debajo de 2021 pero también de 2019 (-12,9%), 2018 (-34,6%) y 2017 (-68,3%); por ende, queda solo por encima del 2020 (+37,5%). Es decir, se trata del segundo menor nivel de los últimos cinco años.
En la comparación regional, el monto absoluto, en pesos corrientes, es el segundo menor del NEA, solo superando a Corrientes (cuya ejecución totalizó, en el período de análisis, $ 1.874,4 millones), pero quedando bastante lejos de Chaco y Formosa ($ 3.849,9 millones y $ 3.761,2 millones, respectivamente).
De este modo, se abre una nueva asimetría en la distribución de recursos del Estado nacional hacia Misiones: al medirlo ajustado por población, por misionero el Estado nacional lleva invertidos en los primeros tres meses del año un total de $ 1.526; pero por cada formoseño, la inversión asciende a $ 6.119. Misiones también queda por debajo de lo marcado, per cápita, para Corrientes, con 1.645 pesos por correntino y Chaco, con 3.123 por cada chaqueño.
Si bien la evolución de este indicador es mucho más volátil que la que se observa para casos como las transferencias automáticas, la situación al primer trimestre evidencia un nuevo caso de perjuicio a Misiones, algo de lo que ya habíamos hablado la semana pasada en esta columna de Economis.
¿Por qué es importante medir la inversión pública nacional? Los recursos destinados por el Estado nacional a las provincias en este punto ya sean de ejecución directa (como la inversión real directa) o bien fondos para gastos de capital que se destinan a los gobiernos provinciales (como las transferencias de capital) determinan, casi necesariamente, el grado de ejecución de proyectos vinculados al desarrollo.
Si bien la inversión pública no es todo obra pública (ya que se incluyen también, por ejemplo, inversión en equipamiento tecnológico y otros) sí determina también el grado de desarrollo de esta. No es casualidad que, por ejemplo, Chaco y Formosa muestren altos niveles de incremento del empleo en la construcción, ya que son dos provincias con fuerte erogación de recursos nacionales para la inversión pública.
Por el contrario, a menor inversión, pueden pasar dos cosas: o cae la inversión pública; o la provincia se ve obligada a poner más recursos propios para sostener el grado de ejecución de proyectos de inversión. Esto último se vio en Misiones durante los últimos años, ayudada por una fuerte base de recaudación tributaria provincial, que le permite hacer frente a diferentes proyectos vinculados al desarrollo, sin sentir de lleno los impactos de la asimetría reinante dentro del NEA y que la tiene como una (junto a Corrientes, en otro nivel) de las principales afectadas.
De hecho, el gasto de capital de Misiones se financió preponderantemente con recursos propios: de cada $100 pesos ejecutados en este concepto, $82 fueron recursos propios; en el Chaco, los recursos propios significan “apenas” $65 de cada $100; y en Formosa, $45 de cada $100.
La política no es ajena a esto: los fuertes vínculos políticos partidarios de los mandatarios del Chaco y Formosa permiten tener mucho más acceso a fuentes de financiamiento fresco, lo que se hace evidente en mayores volúmenes de recursos captados. En Corrientes, si bien el inicio del 2022 registra buenos números, la constante desde el 2020 es a la baja.
Misiones, en su postura más independiente de los dos espacios políticos mayoritarios del país, vive vaivenes: todo debe negociar, y no alcanza necesariamente con un llamado telefónico a la Rosada. Aquí se nota el daño causado por el voto negativo de los diputados de la alianza Cambiemos, que rechazaron el Presupuesto 2022, que contenía obras por casi cien mil millones para Misiones.
En un escenario de fuertes disparidades y con un oficialismo resquebrajado, esta postura de tercera vía la puede beneficiar en términos de erigirse como una especie de árbitro en las disputas (y votaciones) que sean más cerradas. Por eso, la política cobra un rol aún más necesario e imprescindible que la gestión, propiamente dicha.
El casi indiscutido crecimiento que la Argentina iba a tener en 2022 hoy está en dudas por dos factores: acuerdo con el FMI, y disparada de la inflación, dos situaciones que, jugando otros factores con ellas, amenazan con un período de estancamiento de la economía que sería un golpe directo a las provincias.
Ante eso, la inversión pública nacional está comprometida (principalmente, por el acuerdo con el fondo que busca limitar transferencias discrecionales) pero podría sostenerse si el programa económico ratifica la necesidad de sostener el nivel de actividad como condición necesaria para cumplir metas fiscales.
Por eso, la proyección 2022 en esta materia (considerando, además, que no hay presupuesto vigente) está abierta: las provincias pelearán por recursos para proyectos de inversión, pero la canilla de la Rosada no tendrá tanta presión como la tuvo en 2021. Una vez más, el rol de los gobiernos provinciales cobrará relevancia, no solo para la negociación, sino (y, sobre todo) por la eventual reasignación de fondos que deberán hacer para poder llevar a cabo proyectos de inversión e impedir un nuevo amesetamiento de la economía local.
