Chile

Un Chile posneoliberal, feminista y plurinacional

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Por Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Un total de 155 representantes para la Convención Constituyente fueron elegidos en mayo pasado bajo un sistema de paridad de género, 78 hombres y 77 mujeres. De ellos, 138 mediante el sistema electoral D’Hont (proporcional moderado), en representación de 28 distritos. Otros 17 fueron electos en representación de los pueblos originarios, distribuyéndose siete cupos para el pueblo mapuche; dos para el aymara y uno para pueblos quechua, chango, atacameño o lickanantay, diaguita, colla, rapanui, kawashkar y yagán.

Aunque la participación electoral se mantuvo baja, alcanzado el 43% del padrón electoral, los resultados reflejaron una nueva correlación de fuerzas políticas y, sobre todo, unas claras prioridades programáticas que recorren el amplio campo de las demandas sociales acumuladas en estas tres décadas. El temor a que el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, concordado por el Congreso en noviembre de 2019, sólo hubiera sido un medio de contención del proceso de movilizaciones abierto el 19 de octubre de 2019 ha quedado refutado por la contundencia de los resultados. Incluso la barrera más polémica incluida en ese pacto, la necesidad de un quórum de dos tercios para adoptar cualquier decisión al interior de la Convención Constituyente (CC), ha quedado en segundo plano ya que la derecha no ha logrado los 52 constituyentes que le hubieran permitido alcanzar el poder de veto. Un breve análisis de la conformación de la Convención a partir de los resultados electorales permite proponer algunas consideraciones y escenarios posibles en el proceso que se inicia.

La impotencia de Chile Vamos
De los 90 constituyentes que consiguieron las listas presentadas por partidos políticos, la oficialista coalición Chile Vamos obtuvo sólo 37, el resultado electoral más bajo de este sector desde 1964, y menor al 21,72 % obtenido por el Rechazo en octubre de 2020. Con un total de 1.173.198 votos, la derecha unida sólo llegó al 20,56%, distribuyéndose en 17 escaños para la UDI, 14 para RN, cinco para Evopoli y uno para el Partido Republicano. Este resultado le impide de forma autónoma bloquear la toma de decisiones en la Constituyente. Ello haría previsible que todos sus esfuerzos se encaminen a lograr acuerdos racionales en algunos puntos sensibles para sus intereses, tratando de sumar a sus posiciones a sectores de la ex Concertación e independientes. Lo que conspira contra esta acción es la composición de su bancada, predominantemente UDI, tensionada por las críticas que las bases electorales de la derecha han lanzado en el último año. Lejos de una voluntad pactista y abierta a los acuerdos, cada vez se escuchan más fuertes las demandas de las bases de ese sector por posiciones más intransigentes, identitarias, a la vez que acusan al gobierno de Piñera de debilidad y falta de coraje para enfrentar con mayor dureza policial y militar el estallido social. La elección de personalidades como Marcela Cubillos, Teresa Marinovic, Luis Mayol o Harry Jürgensen muestra un bloque mucho más escorado hacia posiciones ideologizadas y reactivas que hacia posturas pragmáticas y constructoras de acuerdos, como podrían surgir desde Evópoli, con constituyentes más dialogantes como Hernán Larraín Matte. Si se imponen los sectores mayoritarios de la derecha, es probable que su estrategia sea impugnar el conjunto del proceso, caricaturizar a las otras listas y empantanar la tramitación de la nueva Constitución por vías extra o para-institucionales, tales como la descalificación de los liderazgos populares ahí representados, campañas masivas del terror o acciones de lawfare o guerra judicial. Ya se advierte en los líderes de este campo un ánimo de boicot, más o menos sibilino. El aporte de los grandes medios de comunicación y la presión económica pueden jugar a su favor.

Los desplazamientos en la ex Concertación
La “Lista del Apruebo” alcanzó 14,46% (824.812 votos) lo que le permitió llegar a 25 constituyentes. Agrupó al Partido Socialista, que logró 15 constituyentes, diez militantes y cinco independientes; la Democracia Cristiana obtuvo dos escaños, pero sólo con un militante; el PPD tres; el Partido Radical uno independiente; el Partido Liberal tres y el PRO uno. Aunque se suponía que serían la primera fuerza política según las encuestas, se ubicaron en un cuarto lugar, por debajo de Chile Vamos, Apruebo Dignidad y la Lista del Pueblo. Esta lista conjugaba liderazgos altamente disímiles entre sí. La composición de esta bancada podría haber sido muy diferente si los elegidos hubieran tenido mayoritariamente el perfil de candidatos conservadores como René Cortázar o Jorge Correa Sutil, quienes no resultaron electos. En cambio, lo que predominó fue la elección de personalidades progresistas, como Jorge Baradit, Malucha Pinto o Christian Viera, lo que augura que esta bancada debería estar en mayor sintonía con las grandes líneas programáticas de Apruebo Dignidad y las listas independientes. Lo que puede dificultar estos entendimientos puede venir de la competencia electoral de noviembre, con candidaturas presidenciales y parlamentarias enfrentadas, lo que puede conspirar contra los pactos y acuerdos concretos.

La consolidación de Apruebo Dignidad
La lista Apruebo Dignidad logró 28 escaños, con 1.069.225 votos, lo que representa un 18,74%. Agrupó al Partido Comunista (PC) (7 escaños), Frente Amplio (FA) (16), Federación Regionalista Verde Social (FRVS) (4) y el Partido Igualdad (1). Pero esta distribución engaña si no se advierte que un grupo significativo de estos cargos será ocupado por personas provenientes de movimientos sociales que concurrieron en cupos de partido. De todas formas, vale la pena destacar el éxito de Revolución Democrática con 9 escaños y de Convergencia Social con 6. Este dato es relevante de cara a la primaria presidencial que disputarán Gabriel Boric y Daniel Jadue el 18 de julio. En general esta votación muestra una cierta equivalencia con el resultado obtenido por separado por estos partidos en la última parlamentaria: en 2018 FA logró 20 diputados; PC 7 diputados y FRVS 4 diputados. De alguna forma, este éxito global puede verse tensionado por la emergencia de las listas independientes, como la Lista del Pueblo, que si llegan a expresarse en la competencia parlamentaria de este año podrían significar un serio desafío para este bloque. Este desafío “desde la izquierda” podría llegar a dificultar para Apruebo Dignidad el entendimiento con la lista del Apruebo. Por otra parte, las trece alcaldías que consiguió el Frente Amplio y las diez del PC/FRVS van a ayudar a esta nueva fuerza política a consolidarse a nivel nacional.

El éxito de las listas independientes
Un total de 48 escaños provienen de candidaturas independientes, lo que representa más del 40% del total. Aunque existen cinco liderazgos completamente individuales, electos sin adscripción a listas nacionales en los distritos 2, 3, 5, 9 y 28, el resto de los independientes se agrupó en diferentes candidaturas que representan articulaciones y movimientos sociales sin alianzas con partidos políticos. El mayor éxito lo tuvo la Lista del Pueblo, con 900.000 votos y 27 escaños. Destacan en esta bancada los liderazgos surgidos directamente desde las movilizaciones de octubre de 2019, como “Tía Pikachu”, Dino Azul, “Pelao Vade” y Alejandra Pérez. Pero en general esta lista expresa a organizaciones de base, con fuerte implantación local, con énfasis en las movilizaciones feministas, ambientales y populares. Es necesario sumar a este campo seis escaños obtenidos por las listas de Movimientos Sociales Constituyentes, ligadas a procesos territoriales como “Insulares e Independientes” de Chiloé, A Pulso por el Buen Vivir en Aysén y la Coordinadora Social de Magallanes, lo que puede junto a la Lista del Pueblo, dar origen a una “bancada de los pueblos”.

Este bloque enfrentará una inevitable tensión a la hora de transformar demandas locales en normas constitucionales. Deberán participar en el espacio altamente reglamentado de la Convención, estructurado bajo la lógica parlamentaria, lo que exige representaciones claras, delegación de funciones, pactos de responsabilidad compartida con el resto de las bancadas. Sus formas y métodos de organización van a chocar con la racionalidad institucional, lo que puede ser importante si logran generar alianzas y mantener el vínculo con sus organizaciones sociales y populares de origen. Por otra parte, es previsible que las tensiones propias de las elecciones parlamentarias y presidenciales puedan distraerles de ese objetivo.

Otro caso es el de la bancada de Independientes No Neutrales (o Independientes por una Nueva Constitución), que obtuvo 11 escaños. La proveniencia y el perfil de esta lista es más cercano a la lógica de profesionales ligados a ONGs y ex militantes de la ex Concertación. A partir de su programa se puede anticipar que pueden jugar un rol clave al articular posturas con la lista del Apruebo. Es probable que aporten decididamente en la democratización del sistema político y en el reconocimiento del rol del Estado como garante de derechos, pero pueden tener menos voluntad en materias más controversiales, ligadas especialmente a la “constitución económica”, tales como el derecho de propiedad, las concesiones mineras, la libertad de enseñanza, entre otras.

La impronta de los Pueblos Originarios
La inédita presencia de los Pueblos Originarios con 17 escaños amerita un análisis más extenso por sí mismo. Destaca la primera mayoría de la Machi Francisca Linconao, quien ha sido perseguida por el Estado de Chile durante años. Pero además se evidencia un cuerpo de dirigentes de altísima representatividad y calidad, como Natividad Llanquileo, abogada y ex vocera de presos políticos mapuche; Elisa Loncón, académica de la USACH (electa el 4 de julio como presidenta de la Convención) y Adolfo Millabur, sólo por ejemplificar. Sin duda la presencia activa de los pueblos originarios permitirá poner en el centro de las deliberaciones la necesidad de una Constitución posneoliberal, feminista, ecológica, democrática y plurinacional.

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Se instaló la Convención Constituyente en Chile y quedó presidida por una mujer mapuche

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La Convención Constituyente que deberá redactar una nueva carta magna en Chile quedó instalada hoy, tras algunas demoras causadas por choques entre manifestantes y policías en los alrededores del recinto de sesiones, y quedó presidida por una mujer mapuche.

Elisa Loncón, de 58 años, fue elegida por sus pares con 96 votos de los 155 posibles. “Vengo de una familia sencilla, como todas las familias mapuche afectadas por la pobreza, pero íntegra desde el punto de vista de nuestros códigos, inspirados por las normas colectivas, la memoria, el relato social, la historia. Mi familia me heredó un sentido de felicidad”, cuenta Elisa Loncón, que no se queja al recordar su infancia sacrificada en el sur profundo de Chile cuando, antes de la jornada escolar, dedicaba las mañanas a vender frutas, quesos y huevos en un canasto.

La mujer valora que la eligieran como presidenta de la Convención como “un paso para instalar un Chile distinto que respete la condición humana de la diversidad, valore a las mujeres y sus raíces ancestrales. Es lo que no ha hecho institucionalmente”.

La Convención fue instalada pasado el mediodía en un clima de tensión, una hora y media después del momento previsto, debido a incidentes entre manifestantes y la policía en los alrededores de la antigua sede del Congreso en Santiago.

Antes de la instalación, Loncón había dicho a CNN Chile que “la nación mapuche hace un llamado a todos los pueblos de Chile a un acto de reconocimiento, de cambiar la historia y que se exprese en la elección de una constituyente mujer mapuche”.

“La mujer mapuche ha estado excluida, hemos estado sin voz, no hemos sido reconocidas en el escenario político, pero la mujer mapuche ha defendido las tierras, el agua, el conocimiento, la lengua y nosotros hemos tenido un espacio social, público y mucha fuerza espiritual para acompañar la lucha de nuestros pueblos”, sostuvo Loncón, que es académica, política, lingüista y activista.

Consultada sobre el mensaje que daría a la Convención, respondió: “Enriquecerse con las voces de las naciones originarias, con el conocimiento de las naciones originarias, los valores, porque somos pueblo sabio, porque somos los que tenemos filosofía y conocimiento que pueden ayudar a resolver los problemas que tiene este Chile monocultural, monolingüe, necesitamos instalar la diversidad dentro de la Convención, de la política, la diversidad jurídica, los territorios”.

La convencional mapuche fue designada en la segunda elección, ya que en la primera no consiguió los 78 votos necesarios para ser presidenta.

La Convención Constituyente comenzó oficialmente a las 12.40 horas, luego de la suspensión temporal.

La relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Valladares, dijo entonces: “Abro esta primera sesión, en que se instala la Convención Constituyente, encargada de redactar un propuesta de texto para una Constitución para Chile”.

Los representantes de la Lista del Pueblo habían regresaron a la sesión luego de salir a la calle para reclamar que cesara la actuación de las Fuerzas Especiales de Carabineros, que dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y carros hidrantes.

Luego, Valladares leyó los nombres de los 155 convencionales que fueron elegidos el 15 y el 16 de mayo y que deberán redactar una nueva carta magna para reemplazar a la actual, vigente desde la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).

La ceremonia de instalación de la Convención fue suspendida momentáneamente a las 11, a raíz de los disturbios que registraban en las inmediaciones del recinto de sesiones, en el centro de la capital.

Entonces, convencionales interrumpieron la sesión y reclamaron a Valladares que la suspendiera, y algunos de ellos salieron a la calle para acercarse al lugar de los incidentes y reclamar el fin de las cargas policiales.

“Advertida de la situación y preocupada, he decidido también invitarlos a que suspendamos esta sesión” hasta el mediodía, dijo Valladares en aquel momento.

El acto protocolar en la antigua sede del Congreso había comenzado con unos minutos de demora, luego de que varias columnas de manifestantes y constituyentes marcharan hacia el lugar desde diferentes puntos de la ciudad.

De repente, convencionales comenzaron a gritar “No a la represión” y “Libertad a los presos por luchar”, lo que provocó minutos de tensión y llevó a la suspensión de la ceremonia “hasta que el país esté tranquilo”, dijo Valladares.

La policía informó por Twitter que no hubo detenidos por los incidentes y que dos agentes sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital de la institución.

La reforma fue una de las demandas clave de la ola de protestas callejeras que sacudió a Chile desde fines de 2018 por el alto costo de vida, las bajas jubilaciones y oneroso acceso a la salud en uno de los países más desiguales de la región.

En mayo pasado, las elecciones de constituyentes sacudieron a la clase política chilena: la primera minoría está formada por independientes que no se presentaron en representación de ningún partido, muchos de los cuales reniegan de la forma de hacer política habitual en el país.

La coalición oficialista tiene 37 convencionales, por lo que no logró llegar al tercio que necesitaba para ser el principal bloque dentro de la Convención con poder del veto.

Del lado opositor, las bancadas de izquierda y centroizquierda, Apruebo Dignidad (28) y la Lista del Apruebo (25), sumaron 53 delegados, lo que sí les permite en conjunto alcanzar el tercio necesario para vetar iniciativas, pero están lejos de los dos tercios necesarios para aprobarlas.

Otros delegados corresponden a la Lista del Pueblo (28), Independientes por una Nueva Constitución (11), Independientes (10) y Pueblos Originarios (17).

La Convención Constituyente cuenta también con la representación de los pueblos originarios, que tiene 17 escaños reservados: siete para el pueblo mapuche, dos para el aimara y uno para cada uno de los otros pueblos: kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango.

Los convencionales tendrán nueve meses para redactar la Constitución, prorrogable por tres meses por única vez, y luego el presidente de la república llamará a un “plebiscito de salida” que aprobará o rechazará la nueva carta magna.

De aprobarse, pondrá fin a la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura de Pinochet, pero si el nuevo texto fuera rechazado, aquella continuará vigente.

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Chile: un nuevo ciclo político feminista y ambientalista

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El estallido social vino a desmoronar la narrativa de estabilidad política, prosperidad económica y progreso social del así llamado “modelo chileno”, que sirvió de base para la movilidad ascendente del país en la sociedad internacional durante las últimas tres décadas.

La movilización popular empujó el establecimiento de un proceso constitucional como principal vía para superar los problemas estructurales del país y, al mismo tiempo, inaugurar un nuevo ciclo político, donde todas las áreas y acciones sectoriales del Estado deberán subordinarse al nuevo ordenamiento constitucional que el país se dé para sí en el marco del proceso constituyente que comenzará en breves. 

A partir de las movilizaciones del 2019, el movimiento feminista chileno no paró de crecer. De esta forma, logró establecer su agenda en el debate público.  En este sentido, es importante destacar que gracias al triunfo del colectivo feminista, la redacción de la nueva Constitución será un proceso desarrollado por una Asamblea con paridad de género (78 hombres y 77 mujeres). Este hecho conforma un hito histórico ya que será la primera Constitución escrita por igual proporción de hombres y mujeres, en clave feminista.

Chile posee un sistema que ve en lo individual el fundamento de su razón de ser, en que existen abusos reflejados en la permisividad e inacción ante el avance de las  empresas, concentración de la riqueza, financiación ilegal de la política, aumento del costo de vida, entre otros aspectos, reflejan que pese al éxito económico de las últimas décadas y los avances en la mejora de las condiciones de vida de la población, una mayor redistribución es urgente.

Luego de la elección histórica que dejó al desnudo a la clase política chilena (y fue un cachetazo para la derecha gobernante) es hora de avanzar hacia una agenda que incluya a las mujeres, las disidencias sexuales, las comunidades indígenas y diversos movimientos sociales dentro del conjunto de actores con capacidad de toma de decisión.

Repasemos los puntos más importantes de lo que se viene.

Reconocimiento de los pueblos originarios

La definición de los derechos para las comunidades originarias y el debate sobre un Estado plurinacional serán otros de los temas fundamentales de la Convención.

La Convención Constitucional recién electa incorpora a 17 representantes indígenas pertenecientes a los 10 pueblos originarios chilenos reconocidos por el Estado, entre ellos, los mapuches, aimaras, quechuas y diaguitas.

Entre las demandas de estas comunidades está la de crear un Estado plurinacional (si, como Bolivia o Ecuador), con el que se acepte su autonomía y sus derechos. Además, plantean la necesidad de contar con garantías en términos territoriales y el reconocimiento de su cultura y su lengua, entre otras cosas. 

Históricamente, la relación entre las comunidades originarias y el estado chileno ha estado marcada por el conflicto, básicamente en función del avance de la industria forestal en tierras reivindicadas por las comunidades mapuche y el impacto sobre el hábitat de dichas comunidades y la responsabilidad que el estado nunca cumplió.

La mayor parte de las plantaciones forestales se han establecido en tierras ancestrales mapuche. Las comunidades afectadas por esta industria reclaman derechos de propiedad sobre las tierras forestadas, que les fueron usurpadas tanto durante la época de la colonia como con posterioridad al golpe de Estado de 1973. Por eso, el reconocimiento de esas tierras sería un avance fundamental en ampliación de derechos y reparación histórica.

Medioambiente y derechos del agua

El avance de la sequía (amige mira ese mapa de 2016 y 2020 te lo pido por favor) y los efectos del cambio climático – de causa humana y asociada al modelo de desarrollo extractivista- son fenómenos que no se pueden negar y que solo se agravarán en los años que vienen, de hecho en el año 2020 no solo la pandemia golpeó fuerte al país andino, sino que también se convirtió en el primer país de latinoamérica en agotar sus recursos renovables más rápidamente.

Actualmente la Constitución (El Código de Aguas fue redactado bajo la dictadura de Pinochet en 1981) resguarda los privilegios del negocio de las plantaciones en la región de Valparaíso que han provocado escasez del agua para el consumo humano.

Pero además de la agroindustria, también están los casos de empresas mineras y forestales en distintas partes del país cuya actividad comercial ha reducido el agua disponible en las comunidades.

El agua cruza casi todos los conflictos socioambientales que tiene un país tan extenso como Chile. Desde los glaciares en la cordillera amenazados por la actividad minera, los paltos en la zona central, los monocultivos de pinos y eucaliptus en territorio mapuche, hasta los ríos que nutren hidroeléctricas.

La Constitución actual chilena estipula el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza.

Este debate no sólo es importante por los efectos en el medioambiente sino cómo se lleva adelante el modelo chileno. La nueva Constitución, eventualmente contemplaría la idea  de que las empresas se tengan que hacer cargo del equilibrio ecológico cumpliendo con estándares mínimos.

Chile es uno de los pocos países que tiene una privatización casi completa de sus aguas, tanto en el origen como en la gestión del recurso. Es por ello, que el bloque de centro-izquierda que hoy es mayoría tras las elecciones, entre otras cosas, plantea que la nueva Constitución debería garantizar explícitamente que el agua es un bien nacional de uso público.

Y si hablamos de medioambiente y cambio climático no podemos dejar de nombrar que Chile es parte del Triángulo del Litio, un lugar que alberga el 65% de reservas del mundo, conformado también por Bolivia y Argentina, un lugar de disputa geopolítica clave en el plano internacional.

Vamos che, que esos recursos naturales no se van a explotar solos!

Pensemos que el ambicioso objetivo de cero emisiones de carbono en Estados Unidos para 2050 es el aspecto más destacado del “Plan para el cambio climático y la justicia ambiental” presentado Biden. Luego de incorporar al país, el segundo mayor emisor mundial de carbono, en el Acuerdo de París y realizar la Cumbre de Líderes contra el Cambio Climático. Si Estados Unidos realmente pone en práctica su plan climático y ambiental, la política exterior chilena alcanzaría otro nivel de importancia en el tablero geopolítico.

Para reducir las emisiones, Biden tendrá que fomentar las alternativas existentes a los combustibles fósiles. En el caso de la industria automotriz, por ejemplo, habría que esperar más incentivos para coches eléctricos. En este escenario, el mineral más importante es el litio, principal materia prima utilizada en la fabricación de baterías. No en vano se lo conoce como el “petróleo blanco”.

Sobre este tema se iba a hablar en 2019, pero el estallido social provocó la cancelación total de la agenda internacional y nacional del gobierno. Cayó primero la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde el presidente Piñera recibiria a los 21 jefes de estado y/o gobiernos que la conforman incluyendo a los mandatarios de Estados Unidos, China, Rusia, entre muchos otros. Luego cayó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) en Chile (finalmente se hizo pero en España, como el superclásico), donde asistiría el presidente francés como principal estrella de la jornada y un sinnúmero de personalidades y ambientalistas de todo el mundo.

Una política exterior diferente

La política exterior chilena a partir de 1990

Al igual que la etapa autoritaria refundacional post 1973, la transición chilena también constituyó, especialmente en sus primeros años, una nueva etapa de repolitización, en cuanto que gestó un nuevo proyecto y una nueva identidad sobre el país y el mundo, en lo político (democrático), económico (neoliberal) e incluso en torno a la seguridad internacional (cooperativa).

Debido al fuerte aislamiento internacional del régimen autoritario (que además debilitó la posición regional del país), el régimen democrático realizó un esfuerzo especial de reinserción en una coyuntura internacional que le permitió converger exitosamente desde su nueva identidad democrática y neoliberal con el nuevo escenario de globalización. 

La inserción política internacional fue espectacular. En 1993 se incorporó al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y en 1996 suscribió el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. 

A lo largo del tiempo, supo consolidar relaciones fructíferas más con potencias mundiales o economías emergentes en el globo que con sus pares regionales, lo que devela sus intereses ideológicos en política exterior. 

Eso se refleja en que el 75 % de sus exportaciones se concentran en Estados Unidos, la Unión Europea y Asia-Pacífico, y el 90 % de las inversiones extranjeras en Chile proviene de aquellas latitudes.

Esto se produce en el contexto de mayor auge en las relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos (aunque siempre fueron re amiges), las cuales se cristalizan en el Tratado de Libre Comercio entre ambos países en el año 2004, al igual que se hizo con Canadá en el año 1996, y con la Unión Europea en el 2002, lo que, a pesar de su relevancia para el país, ha sido superado por China y las potencias del Asia-Pacífico.

Por lo tanto, la política exterior de Chile ha estado elementalmente enfocada en el crecimiento económico nacional, o más bien, en determinadas élites nacionales, originadas en los consensos políticos entre coaliciones de derecha y de centro-izquierda, en donde lo prioritario ha sido los intereses de los sectores privados de inversiones, en virtud de un progreso económico-social al estilo neoliberal, que solo ha aspirado a mejores formas de equidad social mediante la demanda de oferta de trabajo y revitalización de los comercios internos como consecuencia de sus políticas internacionales, reflejadas principalmente en Tratados de Libre Comercio y una muy baja influencia regionalista en la política comercial.

Asimismo, adoptó políticas a favor el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino y estableció diálogos políticos bilaterales y multilaterales con los Estados africanos y del Medio Oriente.

Chile fue siempre el primo mayor de la región que negociaba con absolutamente todos. En el ámbito económico y comercial, Chile desarrolló una política de regionalismo abierto mediante la cual intentó participar de la negociación del NAFTA, apoyó el ALCA, y negoció acuerdos comerciales bilaterales con el Mercosur, los países de la Comunidad Andina, el SICA y el Caricom, México, Estados Unidos y Canadá, con Europa y Asia-Pacífico.

Integración regional? Me arruga la ropa.

Durante esta etapa, el regionalismo abierto chileno desestimó la integración plena en el Mercosur, lo que hubiese significado una reorientación del modelo de desarrollo hacia otro de integración estratégica (incluida un alza generalizada de aranceles) hegemonizado por el eje más industrializador brasileño-argentino.

La opción chilena produjo un importante distanciamiento político del país de importantes Estados de la región, aunque con el tiempo fue equilibrado por la emergencia de un conjunto de países con modelos afines en políticas regionales sobre democracia, derechos humanos, seguridad y cooperación para el desarrollo.

¿Habrá un cambio en la política exterior chilena?

La política exterior se construye con una visión donde se recoge la historia del país, los intereses permanentes que identifican a la mayoría, el presente y su proyección al futuro, anteponiendo el interés nacional a cualquier otro. En 30 años, con avances y retrocesos, Chile había logrado superar visiones ideológicas o de grupos de interés. Hemos visto un serio retroceso en los últimos tres años, en particular en la desarticulación de los organismos regionales de integración, donde el gobierno del presidente Piñera ha tenido gran responsabilidad.

Hoy nos encontramos en un escenario desesperanzador por la pandemia que afecta al planeta, la recesión económica que golpea duramente a la región, la incertidumbre futura y la creciente presencia del gigante chino que ha pasado a ser el principal mercado para la mayoría de los países latinoamericanos (y Chile ha sido el primer país sudamericano en establecer relaciones comerciales con China, ningún boludo). Cuando más necesidad hay de coordinación con nuestros vecinos y la región, de hablar con una sola voz para defender intereses comunes y ser escuchados, vemos que las instituciones políticas que se construyeron en el pasado, con todos los defectos que puedan haber tenido, hoy están inmovilizadas.

Chile deberá retomar la senda del diálogo político y de reconstrucción del proceso de integración y armonización de políticas que den sentido a la identidad latinoamericana. Será la mejor manera de defender el interés nacional y el pueblo chileno ya lo expresó en las urnas.

Se puede abrir un nuevo ciclo hacia una política exterior progresista, que basa sus acciones y decisiones en un modelo de autonomía estratégica y de activa participación estatal. 

Una política exterior progresista es, por definición, una política exterior feminista. En ese marco, se deben superar las barreras de los mínimos permitidos, y avanzar hacia modelos más ambiciosos e inclusivos.

Una política exterior de tipo progresista aspira a una agenda climática incluida. En el caso de Chile, esto significa posicionar al país como un líder internacional en la lucha contra el cambio climático, tanto en sus componentes ambientales tradicionales como en el cuidado del océano (algo sumamente importante dadas las condiciones geográficas chilenas). 

Para un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, la protección del medio ambiente constituye un nicho diplomático en el que puede cultivar una reputación y mejorar su estatus internacional. Ello implica redefinir las prioridades y objetivos de política exterior con un claro foco en el desarrollo sustentable, sostenible e inclusivo.

En ese marco, cuatro elementos son imprescindibles y definitorios de la política exterior progresista para constituir una estrategia de base para la acción internacional de América Latina en general: es feminista y pone a los seres humanos en el centro de la acción internacional; aspira a una agenda climática; apuesta fuertemente por el multilateralismo; y es inherentemente participativa.

A corto y mediano plazo, esto está estrechamente vinculado tanto a la recuperación de la crisis económica y social derivada de la pandemia, como de la forma en que se lleve a cabo el proceso constituyente y el pacto social que emerja del mismo.

En el largo plazo, el desempeño internacional del país estará sujeto a su nivel de desarrollo, la capacidad de la nueva Constitución de sentar las bases de un orden social más justo, y, por cierto, el contar con una política exterior que mire hacia Latinoamérica de una vez por todas.

Lejos de constituir un obstáculo a su inserción internacional, el estallido social, el proceso constituyente y la elección presidencial de 2021 representan una oportunidad para repensar la forma en que Chile se relacionará con el mundo.

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¿Por qué estalló Colombia?

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Los jóvenes de Colombia hoy están en la primera línea de las protestas contra el Gobierno de Iván Duque. Son esos manifestantes los que han arrinconado al Ejecutivo, al punto de forzarlo a retirar la fallida propuesta de reforma tributaria que desencadenó las movilizaciones. 

Las encuestas coinciden en que Duque ha perdido decididamente el apoyo de los jóvenes. El 74 % de los consultados entre 18 y 25 años tenía una imagen desfavorable del mandatario en una encuesta de Cifras y Conceptos. 

A sus 44 años, Duque es el presidente más joven en la historia reciente de Colombia y, aunque llegó al poder con 42 años recién cumplidos, siempre ha exhibido, desde la propia campaña, sus credenciales conservadoras. Esa paradoja estuvo presente durante todo su mandato, y lo ha hecho, una vez más, durante la última semana de caos. 

Aunque el Gobierno se abrió a un proceso de diálogo político en busca de una nueva reforma consensuada, la movilización no cede y los jóvenes son un componente central del cóctel de descontento que cerca al Ejecutivo del Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por Álvaro Uribe.

La estrategia del presidente colombiano Iván Duque durante los últimos días dista mucho de ser la adecuada para superar el impasse actual de conflictividad social. Mantiene un discurso beligerante, de categorías binarias y resuelto bajo el uso de la fuerza. Duque confía en que la mala prensa y la popularización de este tipo de lecturas pueden, per se, desescalar paulatinamente el conflicto.

Pero sucede todo lo contrario. 

Desde hace tiempo, Colombia es una bomba que en cualquier momento puede explotar. Y no lo es solo por el nivel de pobreza, la exclusión social y el abandono que sufren millones de personas y buena parte de la geografía del país. Lo es porque, una vez finalizado formalmente el conflicto armado, la movilización social tiene ante sí una serie de carencias y necesidades en términos de precariedad laboral, vulnerabilidad y desposesión de derechos que, sin el soporte del conflicto armado, tienen todo a su disposición para visibilizar, problematizar y politizar numerosas necesidades maltrechas durante décadas. 

Es decir, ahora más que nunca la conflictividad social juega con todo a su favor para hacer gravitar la agenda política por fuera del tradicional esquema paz/seguridad que durante décadas dominó las agendas de gobierno acontecidas en Colombia y que invisibilizó una marcada violencia estructural.

A estos jóvenes los une el desencanto, el rechazo a la clase política y un profundo malestar frente al Gobierno. En la oleada de protestas que ya habían sacudido al país a finales de 2019, los jóvenes de universidades públicas y privadas fueron destacados protagonistas.

Pero la actual oleada de movilizaciones marca diferencias. La pandemia y el confinamiento han contribuido al aumento de la desigualdad y han hecho más difícil acceder a la educación, la salud, e inclusive, el acceso a la vivienda -un problema que atraviesa a la generación millennial-, con protestas sociales muy difíciles de controlar.

La búsqueda de un modelo económico y una policía distintos tiene que ver con la idea de un país nuevo. La generación que lidera las protestas en las calles creció en un país en guerra, bajo los discursos completamente polarizantes de la Guerra Fría; y hoy su mayor anhelo es que la política supere esos traumas del conflicto y permita, incluso a través de la protesta pacífica, hablar de temas como educación, derechos sociales, inclusión de minorías y legalización de las drogas, entre otras cosas prohibidas en el debate en Colombia durante décadas.

Así que un cambio de ese modelo desigual y excluyente —que para muchos requeriría una mayor democratización de la salud y la educación— está en el corazón de este movimiento.

También exigen el retiro de un proyecto que busca privatizar la salud, un mejor manejo de la pandemia de coronavirus y un salario básico acorde a la canasta de alimentos para paliar a uno de los países más desiguales del continente. Actualmente el desempleo en Colombia es del 16,8 por ciento y la pobreza alcanza al 42,5 por ciento de la población.

Las protestas actuales comenzaron con una huelga general por una reforma fiscal impopular contra un gobierno profundamente polarizador, en defensa de los líderes de derechos humanos amenazados, por un aumento de la red de seguridad social durante la pandemia y por la reforma policial.

Y las calles ya lograron dos efectos inesperados en un país donde la movilización social, que fue tachada de “subversiva”, rara vez tuvo consecuencias políticas: las retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aun así, ninguna de las medidas ha sofocado el descontento social.

Lo que es difícil de pronosticar es si este movimiento sumamente heterogéneo, que en origen se mostró fresco y novedoso, terminará en una situación que sí tiene precedentes en Colombia: la de una violencia desbordada. Más de 24 muertes, 89 personas desaparecidas, 140 denuncias de violencia según la Defensoria del Pueblo de Colombia y según la ONG Temblores, se reportaron más de 200 intervenciones violentas hacia mujeres, entre ellas, 10 denuncian agresión sexual. 

Desde la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresaron el martes pasado su profunda preocupación por la reciente actuación de las fuerzas del orden en la ciudad de Cali que finalizaron con varios muertos y heridos.

La actual es una situación sin precedentes. Y que mucho se explica porque el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 abrió una caja de pandora de demanda.

La reforma rural integral planteada en el acuerdo, suponía admitir la realidad de una violencia estructural de la cual el Estado fue corresponsable durante décadas. En Colombia, la reforma agraria resultó siempre una promesa incumplida por parte de las élites políticas, a lo que se sumaba una suerte de política territorial que siempre gravitó en torno a una “bogotanización” de la agenda pública. 

Es decir, la reforma rural implicaba reconocer que la periferia olvidada de Colombia necesitaba de mayores recursos e inversiones si verdaderamente se quería abordar un proceso de construcción de paz estable y duradero.

Y este fue el punto de partida del comienzo del desastre.

Desde el partido del presidente Ivan Duque, nunca aceptaron que la paz debía llegar al país por medio de una solución negociada y que, entre otras cuestiones, ello obligaba a repensar los límites de la democracia colombiana y de su Estado de Derecho.

Durante sus primeros años en el gobierno, Duque se ha encargado de deslegitimar el Acuerdo de paz. Homologando el término “paz” al término FARC. Ha instrumentalizado el Poder Judicial, evitó aumentar el presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo, ha obstaculizado el avance de la Jurisdicción Especial para la Paz y ha criminalizado, bajo la etiqueta de “guerrillera” o “terrorismo”, cualquier reivindicación o protesta social, por muy ajena que resulte a la cuestión del Acuerdo.

De nada sirve un Acuerdo de Paz si no se acompaña de medidas que transformen las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, y de intervenciones que resignifiquen un imaginario social colectivo, preparado para lo que supone, desde todos los extremos, un proceso de construcción de paz. Allí están los resultados a la vista: el quinto país más desigual del mundo, con unos niveles irresueltos en cuanto abandono territorial e institucional de las zonas con mayor presencia del conflicto armado, y en donde la necesaria presencia del Estado en aquellos lugares que abandonan las FARC para asumir el proceso de entrega de armas nunca se cumplió. 

Muchos esperaban que ese acuerdo, junto con el fin formal de cinco décadas de guerra civil que mató a más de 250 mil personas y obligó a más de 7 millones a huir de sus casas, abriría un nuevo espacio para la izquierda en el espectro político de Colombia, pero la realidad dista de ser así y los resultados están a la vista: crisis de representación, desconfianza hacia el sistema político en aumento y alta desconexión entre la juventud y la política.

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Chile endurece restricciones, tras reportar el primer caso de coronavirus de la nueva cepa británica

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El Gobierno de Chile anunció hoy que a partir de este jueves todas las personas que ingresen al país deberán hacer una cuarentena obligatoria de diez días, poco después de informar que detectó el primer caso en el país de la nueva cepa británica de coronavirus, que tiene en vilo a Europa por su alto nivel de contagiosidad.

“A partir del 31 de diciembre, todos los chilenos y extranjeros que ingresan a nuestro país deberán hacer una cuarentena de diez días”, informó en conferencia de prensa la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, poco después de que esa misma cartera anunciara el caso de una joven que estuvo recientemente en el Reino Unido, llegó al país desde el aeropuerto del Madrid el pasado 22 de diciembre y está contagiada con la nueva cepa.

“El 22 de diciembre a las 6:35 de la mañana, en un vuelo proveniente de Madrid llegó una pasajera chilena que se le hizo un PCR en el aeropuerto. Estuvo una semana en Londres visitando a familiares. El día 23 de diciembre su examen dio positivo”, detalló Daza.

“El análisis corresponde a la cepa encontrada en el Reino Unido. Se tomaron todas las medidas de alerta y esta persona se encuentra trasladada en el hospital de su comuna”, aclaró la autoridad sanitaria.

Daza explicó también que la joven está siendo “vigilada en forma estricta por personal de salud”, al igual que sus contactos más estrechos, que fueron trasladados al hospital.

La subsecretaria aclaró, asimismo: “Si bien sabemos hasta el momento que no es una cepa más agresiva, sí tenemos información de que se trataría de una variante que tiene mayor contagiosidad”.

Esta noticia se conoció justo cuando las autoridades chilenas monitorean “día a día” la posibilidad de un segundo cierre de fronteras para evitar nuevos brotes de coronavirus, explicó hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.

“Es una situación que las autoridades de salud están monitoreando día a día”, indicó el funcionario entrevistado en la Televisión Nacional de Chile (TVN).

Allamand aseguró que hasta el momento sólo existe una restricción de entrada al país a “personas provenientes del Reino Unido” y que en el caso de otras personas que vienen a Chile “la única puerta de entrada autorizada es el aeropuerto Arturo Merino Benítez” de Santiago.

El canciller pidió “mantener al máximo las medidas como las que se tomaron en la Región Metropolitana”, en relación a la cuarentena que rige los fines de semana por el alza de casos, y llamó a las personas a “ser cautelosas, prudentes y mantener con rigor las medidas que se están adoptando”.

El ministro reveló que Chile espera recibir 800.000 dosis de la vacuna desarrollada por la empresa china Sinovac para el primer trimestre de 2021.

Indicó que el Gobierno quiere que la “población objetivo”, que estiman en 15 millones de chilenos, “pueda ser vacunada durante el primer semestre” del próximo año.

Mientras tanto, la pandemia avanza en el país.

En las últimas 24 horas se reportaron 1.958 nuevos contagios y 45 muertos, según el último balance presentado por el Ministerio de Salud.

Chile es el sexto país de América Latina con más casos confirmados de coronavirus, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con el último balance oficial alcanzó los 603.986 casos confirmados y 16.488 fallecidos.

“Las cifras nos muestran que no debemos bajar los brazos y que más aún, es necesario seguir esforzándonos en el respeto de las medidas sanitarias de autocuidado”, enfatizó en el balance el ministro de Salud, Enrique Paris.

Chile alcanzó su pico de 6.000 contagios y 200 muertes diarias entre mayo y junio, cuando además el sistema hospitalario registró una ocupación de camas superior al 90% en la Región Metropolitana.

Las cifras tuvieron un leve repunte en las semanas recientes, a lo que se suma un nuevo brote registrado al interior de la cárcel de Chillán, ubicada a casi 400 kilómetros al sur de Santiago, con 122 internos y 5 funcionarios del recinto contagiados, informó el director de Gendarmería de la Región de Ñuble, Gonzalo Hermosilla.

Indicó que “actualmente los internos del penal se encuentran en aislamiento y monitoreados constantemente por un médico institucional, enfermeras y personal técnico paramédico”.

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