El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Gobierno nacional avanzará en la redacción de un nuevo Código Penal, tras una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.
El funcionario difundió la novedad a través de sus redes sociales, donde detalló los principales ejes de la iniciativa oficial que busca actualizar la normativa penal en función de los desafíos actuales en materia de seguridad y delito.
“Acabo de tener una reunión de trabajo con el Presidente Javier Milei en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”, expresó Mahiques en su cuenta personal, en línea con la información publicada sobre el encuentro entre ambos dirigentes.
En ese sentido, el ministro explicó que, mientras se desarrolla el nuevo proyecto, el Ejecutivo trabajará junto al Congreso de la Nación en una serie de modificaciones parciales, entre las que se destacan el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y la incorporación de nuevas figuras delictivas. Entre los puntos más controversiales aparece la intención de eliminar la figura penal de femicidio (homicidio agravado por violencia de género) del Código Penal, argumentando que busca la igualdad ante la ley y evitar la supuesta superioridad del valor de la vida femenina sobre la masculina. Esta propuesta busca modificar el art. 80, inc. 11, lo que ha generado alarma y preocupación en organizaciones de mujeres.
Entre los delitos que se buscarán tipificar o reforzar figuran los vinculados a cuestiones migratorias, las estafas piramidales, las denominadas “viudas negras”, salideras y entraderas, motochorros, daño animal, la presencia de armas en cárceles y las picadas ilegales, además de poner el foco en una mayor centralidad de las víctimas dentro del sistema penal.
Finalmente, añadió que impulsarán el agravamiento de pena para los casos de incumplimiento de deberes alimentarios, los “trapitos” y el grooming y abuso sexual infantil.
Los diputados del Frente Renovador, Julio Petterson y Omar Olsson, presentaron un proyecto de reforma del Código Procesal Penal para reforzar la protección de los bienes rurales que puso en marcha la Provincia.
Se trata de un cambio clave en el artículo 319 del Código, que bloqueará la excarcelación de quienes cometan delitos en el ámbito rural.
Hasta ahora la excarcelaciónsólo puede denegarse cuando hay vehemente indicio de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o entorpecer el proceso, circunstancias que son valoradas en orden al peligro de fuga, los antecedentes y circunstancias personales del imputado que permitan sospechar que intentará substraerse a las obligaciones procesales.
También se puede negar la excarcelación de acuerdo a la magnitud de la pena que pueda llegarse a imponer, o concurso de delitos atribuidos con una pena máxima superior a ocho años. También puede denegarse la excarcelación al imputado para reducir el riesgo de la víctima, su familia y/o sus bienes cuando existen antecedentes calificados o comprobados que permitan presumir que el imputado puede llevar a cabo atentados contra aquellos.
Petterson señala que desde el Gobierno Provincial, se vienen llevando a cabo distintos trabajos y ejecución de políticas públicas de manera mancomunada entre distintos organismos del Poder Ejecutivo provincial, municipal y productores de la chacra misionera, para abordar distintas temáticas que a estos últimos les preocupa, buscando con ello brindar herramientas necesarias que colaboren para el buen desempeño de las actividades que se realizan en las zonas rurales.
En esa línea, se dimensiona la preocupación por el incremento de los casos de delitos rurales como al abigeato, robo/hurto de yerba mate, ganado, tabaco, entre otros. “Por ello surge la necesidad de reforzar recursos precisos para la prevención y resolución de delitos, ahondando esfuerzos que acompañen el accionar del Poder Ejecutivo Provincial, que ha actuado oportunamente trazando como eje un trabajo articulado entre los organismos estatales y fuerzas de seguridad para atender a las necesidades de los productores agropecuarios. Como primera instancia, se han reforzado e intensificado los controles en zonas rurales y en distintas rutas provinciales y nacionales, por parte de las fuerzas de seguridad y organismos competentes de inspección de los productos de las chacras que se transportan y se comercializan dentro de la Provincia como ser yerba mate, tabaco, ganado, entre otros”, señala el diputado de origen agrario.
“Es por ello que, pretende contribuir en la disminución de la inseguridad rural y dotar a la administración de justicia en la Provincia de las herramientas legales para accionar en forma rápida y evitar que los que cometen un delito en zona rural puedan evadir el accionar judicial”, apunta el legislador.
“Con la implementación de esta medida procesal, los imputados por delitos rurales, no podrán beneficiarse de estar en libertad mientras dura el proceso de investigación penal. En consecuencia, cuando se cometa un delito de hurto agravado (163 Código Penal) o robo (164 Código Penal) o abigeato simple (167 ter Código Penal) los jueces no podrán otorgar el beneficio de la libertad condicional al imputado mientras dura el proceso”, explicó Petterson a Economis.
Esta es una situación cambia la situación del imputado, ya que, si bien las penas de los delitos siguen siendo las mismas, el agravante significativo es que mientras dura el proceso de investigación, estos deben estar privados de su libertad.
Es importante mencionar los casos en los que el Artículo 163 del Código Penal Nacional contempla la no procedencia de la excarcelación, para el caso del hurto agravado, en los dos siguientes casos que merece destacarse de hurto agravado:
Artículo 163:
Inciso 1º “Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares, dejados en el campo, o de alambres u otros elementos de los cercos”.
Inciso 5º “Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles trasportadas por cualquier medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega, o durante las escalas que se realizaren”.
También para el caso de robo simple el Artículo 164 del mismo código, establece que: “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad”.
En igual sentido el Artículo 167 ter establece que: “Será reprimido con prisión de dos a seis años el que se apoderare ilegítimamente de UNA (1) o más cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrare en establecimientos rurales o, en ocasión de su transporte, desde el momento de su carga hasta el de su destino o entrega, incluyendo las escalas que se realicen durante el trayecto”.
En todos los casos mencionados precedentemente, el imputado no podrá beneficiarse con la excarcelación y deberá permanecer detenido mientras dura el proceso de investigación penal. “Con la reforma en el Artículo 319 del Código Procesal Penal Provincial desde el punto de vista procesal del imputado, se busca dotar a los jueces de una herramienta procesal para que el imputado de los delitos, adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley ante la dureza de la aplicación de la pena privativa de la libertad, siendo la excarcelación una medida que no se podrá aplicar bajo ningún punto de excepción para estos tipos de actos en zonas rurales”, sentencia Petterson.
La Universidad de la Cuenca del Plata Sede Regional Posadas –UCP- dio inicio, el pasado viernes 21 de junio en horas de la tarde, a la tercera cohorte de carrera de Especialización en Derecho Penal. La clase apertura contó con la disertación del destacado jurista Dr. Dr. Marcelo Sancinetti y la presencia del Director del Posgrado Dr. Daniel Horacio Domínguez Henaín y de su coordinador local, Dr. Hugo Zapana.
Dada la demanda local y los antecedentes de la primera cohorte de la Especialización, el decanato de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de la Cuenca del Plata dio inicio a la tercera cohorte del Posgrado en Derecho Penal en la Sede Regional Posadas. La clase de apertura estuvo a cargo del Dr. Dr. Marcelo Sancinetti, quien tiene en su haber 3 doctorados por las Universidades de Madrid, Buenos Aires y Honoris Causa por nuestra Alta Casa de Estudios, quien brindó una clase magistral titulada “Tentativa y Delitos de Omisión”, que tuvo como objetivo principal la difusión de nuevos estudios y paradigmas resultantes de sus investigaciones que han dado lugar a simposios en Alemania, España, y Argentina.
La Especialización en Derecho Penal tiene un prestigio ya ganado en el NEA argentino, habiendo dado inicio años atrás en la ciudad de Corrientes, interior del Chaco y en continúa con exponencial crecimiento en capital misionera.
Lo hizo este lunes a la noche, sin ningún evento de presentación. El gobierno busca que sea aprobado en los próximos meses.
Después de varias idas y vueltas, el nuevo Código Penal llegó al Senado de la mano del presidente Mauricio Macri, quien lo envió este lunes a la noche. El gobierno buscará aprobarlo en los próximos meses. El año pasado, el lanzamiento del nuevo Código Penal fue suspendido tres veces, en buena medida por la discusión en torno al aborto en el Parlamento.
Sin ningún evento de presentación y una decisión tomada a último momento, el presidente envió el texto completo al Senado, donde pasará por las distinTas comisiones correspondientes para luego ser tratado. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente pidió sancionar las reformas del Código Penal: “Tenemos un proyecto que se viene trabajando hace más de un año con todos los sectores, cuya aprobación es fundamental para seguir por este camino. Espero que lo aprobemos en el corto plazo”.
“El proyecto introduce una modificación central respecto de la mujer que cause su propio aborto o consienta en que otro se lo cause para los supuestos de aborto punible, ya que se prevé la posibilidad de que el juez exima de pena a la mujer (no tendrá ninguna sanción penal)”, sostuvo Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión de expertos que trabajó durante más de un año en el nuevo Código.
El código actual es de 1921, por lo que la modificación sería imperiosa: hace 98 años que no se modifica el texto. El proyecto del oficialismo, enmarcado dentro del programa Justicia 2020 que lleva adelante el ministro Germán Garavano, impulsa un aumento de penas, por ejemplo, para delitos de corrupción y narcotráfico, hace hincapié en la reincidencia y plantea penas alternativas -como el uso de dispositivos electrónicos para casos de primera condena que no excedan los tres años de prisión- e incorpora, por caso, como agravante la utilización de motocicletas en delitos de robo, la modalidad conocida como “motochorros”.
El nuevo Código tiene 540 artículos y el actual tiene 320. Serán largos días de debate en el Senado y en Diputados, para realizar un cambio que podría ser histórico.
En el caso de los delitos de corrupción, el proyecto del gobierno establece un aumento de 4 a 12 años las penas para casos de cohecho, sobornos transnacionales o enriquecimiento ilícito. Se agrega la figura de “corrupción entre particulares” y se pena a las empresas ante ciertos delitos.
El texto prevé además aumentos de penas para homicidios viales, para la tenencia y portación ilegal de armas y para casos vinculados al narcotráfico. Incorpora, en ese sentido, una novedad vinculada a la despenalización de las drogas, un debate que en el Poder Ejecutivo imaginan en un corto plazo. El anteproyecto incluye la jurisprudencia de la Corte en el fallo “Arriola”, por el cual no es punible la tenencia de estupefacientes para uso personal en el ámbito privado.
La reforma del Código Penal establece en esa línea la introducción de penas para el entorpecimiento del transporte público. Y hasta 2 años de prisión para quienes arrojen elementos que pudieran provocar lesiones o muertes, que se eleva a 3 años cuando es contra miembros de las fuerzas de seguridad.
Delitos contra el medio ambiente, en espectáculos futbolísticos, informáticos -como casos de grooming- y de violencia de género también fueron incorporados tras el extenso estudio y análisis temáticos de la comisión de especialistas.
El nuevo Código Penal prevé el decomiso de cosas o provecho del delito desde el comienzo del proceso penal. También prevé el terrorismo y el financiamiento del terrorismo, consignó Infobae.
La operación ilegal de armas de uso civil sin autorización tendrá una pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Mientras el Gobierno nacional prepara el proyecto de ley que enviará al Congreso para bajar la edad de imputabilidad, sigue el debate. Ahora se sumó Mariano Borinsky, el presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal que advirtió que aún si el parlamento aceptara bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años, la Argentina “seguiría teniendo la edad más alta de la región”.
El Congreso de la Nación enviará a sesiones extraordinarias en febrero el polémico proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 15 años. La iniciativa ya generó el rechazo de sectores progresistas e instaló incluso el debate dentro de Cambiemos.
Mariano Borinsky, presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, sostuvo que aún en el caso de que el Congreso acepte bajar la edad de imputabilidad, la Argentina “seguiría teniendo la edad más alta de la región”.
“Lo que me parece fundamental es que por primera vez estamos discutiendo en términos de un sistema democrático, porque el anterior sistema era de la época de la dictadura. La ley de minoridad es de 1980, de la misma forma que el Código Penal es de 1921”, analizó el camarista.
En declaraciones al diario Perfil, el magistrado destacó que la iniciativa que se presentará en el Congreso no salió de la Comisión de Reforma del Código Penal que encabeza, sino de la de Minoridad. También remarcó que el proyecto se venía debatiendo y que el resultado fue “muy positivo”.
Asimismo, Borinsky manifestó: “Por primera vez se discute un sistema integral de la edad y de la reinserción social y el sistema socioeducativo para los menores estableciendo pautas más actuales y nuevos mecanismos que tienen que ver con el cumplimento en función de la minoridad. Por ejemplo, establece penas alternativas para los casos de 3 años o menos de prisión, la domiciliaria, privación en centro abierto, en centros especializados”.
“Aún en la hipótesis de mantener lo que está propon iendo el nuevo proyecto, Argentina quedaría en la edad más alta respecto de los demás países del continente. En lo que tiene que ver con los demás países de Latinoamérica: Brasil, Costa Rica, Ecuador tienen 12 años; Nicaragua, Guatemala y Uruguay, 13 años; Chile, Bolivia, Colombia y Paraguay, 14 años. Tomando en cuenta el derecho comparado tendríamos la más alta”, agregó.
Por último, rechazó la importancia de las estadísticas en este proyecto de ley: “Una determinada política no tiene por qué basarse solamente en la estadística. A veces tiene que ver con la sociedad contemporánea, con lo que sucede en el mundo, porque excede incluso lo que pasa en Argentina. Porque si se hace una estadística local en el continente nos ubicaría a nosotros con el edad más alta con 15 años. Hay cosas que las pueden marcar una estadística y otras cosas tienen que ver con lo que sucede en otras partes”.
