La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de la defensa de un exfuncionario y su esposa sospechados de ser testaferros del exgobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, en el marco de una causa por presuntos enriquecimiento y evasión tributaria, informaron hoy fuentes judiciales.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, rechazó este miércoles, al declarar inadmisible, un recurso de la defensa del exdirector del Pami en Corrientes, Marcelo Hernán Laslo y de su esposa, María Elena Haddad, que intentaron revocar la investigación que había sido cerrada en 2018 pero reabierta este año por denuncias de enriquecimiento y evasión.
Se investiga una maniobra en la que el matrimonio, a través de dos escribanas -una de las cuales está condenada en esta causa- traspasó a Colombi dos casas ubicadas en el casco céntrico de la capital de Corrientes.
De esa operación se desprendió una investigación por evasión y enriquecimiento ilícito tanto para el exmandatario provincial, como para Hadad y Laslo, quien, a su vez, atesoraba fondos en una casa financiera fraudulenta, la cooperativa Pyramis, no habilitada por el Banco Central de la República Argentina y que este año fue cerrada con una condena de la Justicia federal.
Concretamente, la medida dictada por la Casación ratifica que están revocados tres puntos de la resolución dictada en 2018 por el Juzgado Federal de Paso de los Libres al sobreseer a Colombi, Laslo y Hadad, tanto como a las escribanas involucradas y negar la conexidad con la causa por el banco clandestino Pyramis.
En esos marcos es que actualmente la causa es orientada por el Juzgado Federal 2 de la capital, a cargo del juez Juan Carlos Vallejos.
Esto es así dado que el fiscal General de la órbita federal en Corrientes, Carlos Schaefer apeló los sobreseimientos hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia dela Nación, que el 12 de julio de 2022 declaró procedente el recurso extraordinario del Ministerio Público Fiscal, dejó sin efecto la resolución que alivió las situaciones del exgobernador y los supuestos testaferros y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ordenó reabrir una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y evasión contra el exgobernador de esa provincia, Ricardo Colombi, vinculado a la compra y posterior donación de viviendas, informaron fuentes judiciales.
A raíz de una maniobra de compra y transferencia de propiedades en el año 2007, cuando era diputado nacional, la Justicia Federal deberá volver a investigar a Colombi.
Se lo acusa de enriquecimiento ilícito y evasión, al ser beneficiario de la donación de viviendas adquiridas por quien entonces se desempeñaba como funcionario de la obra social Pami, Marcelo Laslo, y su esposa, María Elena Hadad.
El caso había sido iniciado en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, que en 2018 sobreseyó a los involucrados y mandó a abrir contra Colombi una causa residual en la Justicia ordinaria de la ciudad de Mercedes.
La Cámara Federal de Apelaciones correntina, con el voto de los jueces Selva Angélica Spessot y Ramón Luis González, determinó este martes reabrir las investigaciones en la órbita federal, tras cinco años en los que el expediente fue atravesado por un recurso de queja elaborado por el fiscal Carlos Schaefer, con aceptación de la Corte Suprema de Justicia.
Lo que concierne a Colombi deberá ser investigado en el Juzgado de Paso de los Libres y, en cuanto a Laslo y Hadad, la investigación será realizada por el Juzgado Federal 2 de la capital correntina, en el marco de un expediente por intermediación financiera ilegal para un banco clandestino que funcionaba tras la fachada de una cooperativa, Pyramis.
En esa casa financiera no autorizada por el Banco Central se habían hallado fondos atesorados por Laslo y es por eso que se decretó ahora la conexidad de los expedientes.
El Juzgado Federal de Paso de los Libres es atendido por su titular, Gustavo Fresneda, quien a lo largo de esta causa fue abogado defensor de Colombi, según indicaron hoy diversas fuentes judiciales.
En tanto que el Juzgado 2 de la capital tiene como titular a Juan Carlos Vallejos.
Además de Colombi, Hadad y Laslo, se ordenó hoy volver a imputar la supuesta comisión del delito de evasión tributaria agravada a la escribana que intervino en el traspaso de casas, Dionisia Báez, condenada a su vez por falsedad ideológica a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación.
Además, Colombi fue inscripto en primer término como candidato a renovar su mandato como senador provincial en las elecciones locales del 11 de junio de este año.
El Litoral. El fuego que arrasa la provincia de Corrientes ya redujo los campos usualmente verdes a enormes manchones negros de carbón y cenizas, y con ello menguó el trabajo de años en los centros de la investigación y de producción tanto forestal como de pastura, ganadera y turística, además de amplísimos sectores destinados a la preservación del ambiente. Las pérdidas, que están siendo cuantificadas en el marco de un proceso dinámico y en curso, deberán ser afrontadas por el Estado en todos sus niveles y también por las empresas y los particulares. En el medio, acusaciones de las más variadas pusieron en alerta al sistema político, que encontró un punto más de tensión a los temas controversiales de la agenda diaria.
Los datos son dramáticos. Según los registros del Inta local que se conocieron el viernes, hasta el momento los incendios afectaron 786 mil hectáreas, es decir, el 8,8 % de la superficie total de la provincia. El tamaño de las pérdidas y las formas y la celeridad de la ayuda es lo que ahora concentra la tarea de los técnicos provinciales y nacionales.
Los sectores afectados se multiplican con los días: los hay en poblaciones urbanas, periurbanas, rurales, y en los sectores productivos y de reserva ecológica, puesto que las llamas, en complicidad con la sequía prolongada que no da tregua, también hicieron estragos en los Esteros del Iberá, ecosistema que en épocas de normalidad es dominado por el agua. El perjuicio, por tanto, se siente en la naturaleza pero también entre los vecinos de vastos poblados, entre los chacareros menores y entre los empresarios que explotan grandes extensiones de terreno con forestación o ganado, con arroz o maíz, yerbas o cítricos, y también afecta a las administraciones del Estado, sobre todo a aquellas instituciones públicas con años de trabajo científico devorado por las llamas.
He aquí el punto central del debate que se viene. Y también la razón de la mesura con que la clase dirigente pareció reaccionar tras los primeros días de verba inflamada, escudo de la inacción, desesperación, e incluso de la incapacidad de cooperación por las miserias de la política que afloran siempre, pero sobre todo en circunstancias como estas. Todos los sectores involucrados intentan sacar partido de una situación que, en definitiva, nos costará reponer a los correntinos, y a los argentinos por extensión.
La gente que se vio abrasada por las llamas, que perdió todo su esfuerzo de años, reaccionó de inmediato reclamando alguna contención. Fueron los que gritaron desde un primer momento para que este tema fuera sopesado en su dimensión real, razón por la cual demandarán, de aquí en adelante, por la cadena de responsabilidades.
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¿Quién es responsable por esto que pasa en la provincia? ¿Qué obligaciones tiene el Gobierno y cuáles tendrán los particulares? ¿Cuáles son las prácticas culturales sobre el manejo del fuego para limpieza o rebrote que debemos observar o reeducar? ¿Qué pasa con las normas que regulan el uso de las llamas y sus penas cuando se quebrantan? ¿Qué pasará con los bomberos? ¿Alcanza con que sean abnegados voluntarios entregados a los otros, pero que arriesgan sus vidas sin capacitación específica permanente ni elementos adecuados? ¿Qué debió hacer la Provincia? ¿Qué debe hacer la Nación? En situaciones como estas, ¿es necesario llegar al límite de la ruina para activar protocolos de ayuda? ¿Nunca se podrá prevenir una catástrofe de esta naturaleza? ¿Cuántas de estas quemas son intencionales y cuantas espontáneas? ¿En qué trabajan las áreas específicas de los gobiernos? ¿Para qué los Estados crean dependencias ad hoc si al final las responsabilidades terminan cayendo sobre el conjunto, o sobre nadie, viciando el resto de los debates o incluso el resto del funcionamiento del Estado? ¿Hasta dónde llega la autonomía provincial? Esa autonomía, que suena lindo a los oídos de los autodeterminados, ¿sirve de algo sin recursos adecuados y bien distribuidos? ¿Sirve una autonomía pobre que alimenta los discursos en épocas de normalidad, pero que te deja en evidencia y te hace doblemente dependiente en épocas de necesidad? Un Estado provincial pobre subordinado siempre del Estado nacional rico, ¿es viable para proyectar un futuro de crecimiento y desarrollo?
La situación es desesperante y los recursos no están o son insuficientes o están mal administrados, pese a que la ayuda empezó a llegar desde todos los cuadrantes. Ayuda económica, de logística y brigadistas enviados por la Nación y por distintas provincias para combatir el desastre. Incluso desde Brasil empezó a ingresar material y gente. ¿Sirve? Sí. ¿Recién ahora? Podemos discutirlo. ¿Debió venir antes? Sin dudas.
Desde este punto de vista surge la segunda clave para afrontar el problema. ¿Cómo iniciar la reconstrucción, cuándo, bajo qué esquema de prioridades?
El gobernador Gustavo Valdés habló entre el viernes y ayer de pérdidas que están en el orden de los 25 mil millones de pesos. Hay quienes como el exministro Jorge Vara —ahora muy presente en los medios—, que calculan el estrago, al día de hoy, en 55 mil millones de pesos por lo menos.
El trabajo consiste entonces en determinar la asistencia inmediata para los que perdieron todo. En cómo cubrir las pérdidas ocasionadas a mediano plazo y en cómo reconstruir y proyectar el futuro, que son cosas bien distintas, sin contar con la urgencia de recuperar los años de investigación, trabajo e infraestructura acumulada de las que hoy no quedan más que rastros calcinados.
Valdés pidió el viernes por la unidad. “Tenemos que juntarnos. No hay lugar para las grietas y las chicanas políticas. Ni para los trolls, ni para las injurias personales que estamos recibiendo. Hoy nos tenemos que juntar para poder salir adelante”, dijo, aludiendo de ese modo a los ataques —sobre todo virtuales— que recibió en los últimos días.
La situación lo puso en el centro de la escena a recibir todos los golpes de una situación que todavía está en proceso y que, como él mismo dijo, no permite vislumbrar una salida inmediata sin ayuda de la naturaleza: sin las lluvias que se niegan y que ponen a Corrientes en situación de jaque agobiante.
Según dijo ayer, recién el viernes por la noche habló con el presidente Alberto Fernández. ¿Qué fue lo que postergó por tanto tiempo una comunicación entre ambos hombres que hasta no hace mucho no escatimaban en la dispensa de halagos? No se sabe. Ojalá esa charla prospere y fructifique.
Un día antes, en contacto con este diario, Valdés se quejó de la falta de coordinación en relación a la ayuda, lo que produjo fugas en los recursos existentes. También dijo que los millones que dice Nación que había enviado aún estaban en camino, salvo el efectivo que acordó con Wado de Pedro: 200 millones de pesos.
Casa Rosada informó por su parte, a través de sus voceros, que ya envió 1.000 millones, amén de brigadistas, aviones, autobombas, maquinarias e insumos. Incluso una fuente de acceso al despacho presidencial le dijo a El Litoral, ayer, que el Ministerio del Interior prepara otro desembolso, mientras el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, planea otro aterrizaje para hoy en la provincia.
Mientras todo esto ocurre, el clima no da respiro. Las lluvias anunciadas para hoy, ahora se corrieron para mañana. La superficie quemada al 16 de febrero era de 785.238 hectáreas, según detalles presentados por el grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes del Inta. Pero hay otro dato inquietante. El ritmo de progresión del fuego entre el 7 y el 16 de febrero (los últimos 9 días) fue de casi 30 mil hectáreas diarias. En un informe anterior, esa tendencia era de 20 mil hectáreas diarias.
Estos parámetros justifican la decisión que tomó el viernes Valdés de declarar zona de catástrofe ecológica y ambiental a la provincia. Al anunciar la medida, dijo que el cambio climático está golpeando fuerte. Los efectos de esa frase están a la vista; dejaron de ser teóricos hace tiempo, pero ahora se muestran de manera más que descarnada. Hay allí, entonces, una tercera clave. Empezar a trabajar y a educar pensando en el ambiente como algo más que un entorno escenográfico mejor o peor dotado según el código postal de cada uno.
Sin querer, la yerba mate tocó fibras sensibles en Misiones y abrió un debate que sirve para actualizar conceptos políticos. El disparador fue la resolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate que limitó las futuras plantaciones a cinco hectáreas por productor para evitar una sobreproducción que tire abajo los precios. Es un fantasma que en forma cíclica sobrevuela el mercado yerbatero. A fines del siglo pasado, en la era de la desregulación, una crisis de sobreoferta y bajos precios le dio vida al mismo INYM al calor de un tractorazo que hace poco cumplió dos décadas. Es el mismo fantasma que hace poco obligó al INYM a prohibir las plantaciones durante 2017, 2018 y 2019, una medida mucho más drástica que nunca llegó a cumplirse durante el gobierno de Cambiemos.
Ahora la limitación de plantaciones abrió un litigio que deja expuestos los modelos y las políticas productivas de Misiones y Corrientes.
Por estas horas será la Corte Suprema la que dirima dónde finalmente se debe discutir la potestad del INYM de poder regular los mercados. La yerbatera La Cachuera cuestionó esa potestad ante el juez Gustavo Fresneda, un juez federal de Paso de los Libres muy cercano al radical Ricardo Colombi y que llegó ocupar ese cargo en los últimos meses del gobierno de Cambiemos. El magistrado siquiera escuchó los argumentos del INYM o de Misiones en defensa de la regulación de plantaciones y falló a favor de los intereses de la empresa que, coincidentemente, son los mismos que los exhibidos por el gobierno correntino y la principal yerbatera de la provincia vecina, Las Marías.
El INYM apeló y consiguió un primer guiño. La misma Cámara Federal de Corrientes elevó la causa a la Corte para que dirima dónde debe discutirse el tema: la Justicia federal misionera reclamó la causa, ya que tanto el INYM como La Cachuera tienen domicilio aquí. En Paso de los Libres siquiera se planta yerba.
Pero es una causa que va más allá del deseo de La Cachuera de expandir sus yerbales. Está en juego mucho más. Está en juego la misma existencia del INYM, cuya razón de ser es el poder regular los precios y mercados para garantizar una sustentabilidad de la cadena. Sin esa facultad, es volver a los 90.
La política productiva de Misiones también se pone sobre el tamiz. Se trata de la definición de un modelo productivo que Misiones y que forma parte de su misma identidad: pequeñas parcelas con miles de familias de productores que viven de la yerba, el tabaco u otros productos. La provincia de Corrientes es antagonista. Tiene otro modelo, que, depende de la óptica, es mejor o peor, pero, en esencia, distinto.
Incluso, el debate va más allá de la yerba. Supongamos que La Cachuera, o cualquier otra marca, quisiera plantar mil hectáreas de soja. ¿Debería el Estado mirar al costado? ¿Ceder su capacidad regulatoria? ¿No intervenir?
Hace no mucho tiempo la alianza Cambiemos quiso experimentar con Misiones, y ampliar la frontera agrícola en sociedad con la corporación Maizar. La propuesta era plantar 200 mil hectáreas de maíz transgénico para exportar a Brasil. Nada se decía del impacto ambiental. Sólo la férrea oposición del Gobierno provincial y el grito en el cielo de cientos de productores, frenó el entusiasmo de algunos dirigentes rurales y los funcionarios locales del gobierno de Mauricio Macri.
La discusión sobre el rol del Estado divide aguas entre Misiones y Corrientes. La diferencia sustancial radica en el modelo fiscal y su trascendencia en la economía. Mientras algunos sectores políticos y empresarios cuestionan el modelo tributario misionero, lo cierto es que la economía local tiene cimientos mucho más sólidos para mostrar que del otro lado del Chimiray. En el sector forestal, por caso, el empleo aquí es más del doble que en Corrientes, que se muestra como potencia y es citada por representantes de la oposición como modelo a seguir. La diferencia se amplía cuando se miden otros parámetros del empleo privado: desde el inicio de la pandemia, el crecimiento misionero del empleo privado formal fue del 4,4%, creando 4.340 puestos de trabajo. Misiones se ubica como la provincia de mayor generación del empleo del NEA y la segunda a nivel país, sólo superada por Tierra del Fuego, con una plantilla mucho menor..
En términos absolutos, Misiones creó más puestos de trabajo que todo el resto de las provincias del NEA en conjunto (3.164 entre Chaco, Corrientes y Formosa). Es también, la misionera, la economía con mayor empleo registrado de la región, con 102.057 puestos, mientras que Corrientes tiene solo 76.720.
La discusión disparada por la yerba mate es de tanta relevancia que la primera plana de la política misionera salió en defensa de la limitación de plantaciones y de la producción primaria.
Inicialmente fue el gobernador Oscar Herrera Ahuad el que ratificó la posición de Misiones, “porque acá están los tareferos, acá están los yerbales y no queremos que la sobreoferta del producto, tire para abajo el precio de la yerba y disminuya nuestra capacidad productiva”.
“Nosotros dijimos claramente, antes de las elecciones legislativas. La provincia de Corrientes apoya y acompaña esta medida dictada por un juez de Paso de los Libres. Misiones apoya y acompaña la decisión del INYM que es una decisión de protección y cuidado a nuestros productores y a nuestra cadena productiva”, recordó Herrera Ahuad.
“Voy a ser tajante y contundente. El gobierno de Misiones se pone al frente, acompañando a nuestros productores y acompañando la decisión del Instituto Nacional de la Yerba Mate”, subrayó Herrera Ahuad.
Después, el presidente de la Legislatura y conductor político de la Renovación, Carlos Rovira se expresó en coincidencia con la “muy acertada y firme decisión del Juez José Luis Casals de declararse competente para poner orden a un atropello de la autoridad judicial de Jurisdicción de Corrientes en lo referente a un pedido de una empresa para plantar cientos de hectáreas de yerba”.
En el mismo sentido, Rovira elogió el “coraje y trascendencia” del presidente del INYM, Juan José Szychowski “en defensa de los pequeños productores y en el camino de la lucha por un precio justo para nuestro producto madre: la yerba mate”.
Szychowski había dicho que “la decisión judicial afecta a la sociedad en su conjunto, porque si la Resolución no puede implementarse vamos camino a una sobreoferta de hoja verde llevando a la caída de precios y a una crisis en el sector yerbatero”.
Para Rovira, el debate es mucho más profundo que el conflicto puntual por la resolución 170, que fue cuestionado por La Cachuera. Se trata nada menos que del equilibrio de una de las principales cadenas productivas de Misiones, de la que dependen miles de productores y sus familias. “Acá no se trata solo de las tierras, sino del precio, la producción, la economía en su conjunto”, analizó.
Al mismo tiempo, el conductor de la Renovación recordó que se trata de defender un precio de referencia para la yerba en torno a los 50 centavos de dólar -idea que ya había expuesto hace algunos años-. Ese es el precio promedio que hoy está pagando el mercado, pero que rápidamente puede caer si los grandes jugadores del mercado tienen cada vez más materia prima y dejan de comprar al pequeño productor.
Rovira entiende que la resolución del organismo yerbatero es un “acto de defensa en contra de grandes actores sectoriales que buscan quedarse con plantaciones e influir en el precio”.
Las respuestas no son meras descripciones. El gobernador correntino -de Cambiemos- Gustavo Valdés, había cuestionado el límite de plantaciones y amenazado con ir a la Justicia.
El juez Fresneda, de Paso de los Libres, donde no se planta yerba, en definitiva, defiende un modelo productivo, que tiene del otro lado de la frontera, a Las Marías como principal exponente. Esa firma en Corrientes y La Cachuera en Misiones, son el uno y dos del mercado yerbatero.
“Nos acompañamos mutua y permanentemente, porque queremos sumar más legisladores para plantear nuevos debates en el Congreso de la Nación”, señaló Valdés durante su visita a Misiones para explicar su vínculo con Martín Arjol, el ganador de la interna en la alianza Cambiemos. Lejos de la agenda misionerista, el diputado electo por Cambiemos responde a su padrino político y salió en coro a repetir el mensaje pour la galérie del gobernador correntino: casi dos semanas tardó Valdés en cuestionar el laudo de la Nación que fijó un precio para la yerba mate muy por debajo de lo que pedían los productores misioneros. “Consideramos que el valor mínimo por kilogramo no debería ser menor a los $52 para el productor yerbatero. Nos hubiese gustado un acuerdo de precios entre todos los sectores. Pese a nuestro esfuerzo no se pudo llegar a un acuerdo en la mesa del Instituto Nacional de Yerba Mate. Debemos revalorizar la producción y la industria de manera conjunta, con estrategias en común para abastecer al mercado interno y afianzar las exportaciones”, dijo Valdés.
Sin embargo, durante toda la discusión de precios, en el seno del INYM, los representantes correntinos no movieron una sola ficha a favor de un precio como el que proponían los productores. Los directores correntinos apelaron al “consenso” entre lo que pedía la producción y lo que ofrecía la industria -35 pesos ofreció la industria correntina y a ese valor se plegó la misionera-. Misión imposible, ya que el valor propuesto por la industria no cubre los costos de producción, según la grilla del propio INYM y porque la producción se resiste a cobrar menos de 50 pesos, el equivalente a unos 50 centavos de dólar que, el sector productivo y el Gobierno de Misiones, consideran debería ser el valor promedio permanente.
Vale preguntarse cuál es la posición formal del radicalismo, que se mantiene ajeno al debate. Hace unos días la diputada Anita Minder -que perdió ante Arjol-, recordó en tono nostálgico a Raúl Solmoirago como uno de los mentores de la ley del INYM: “En palabras propias decía que ‘esta política yerbatera contempla como eje en su diseño a la familia rural, la equidad y el desarrollo regional. Procura implementar políticas de desarrollo sustentable, dentro del marco de economía de mercado, apuntando a la incorporación del productor al complejo productivo social. Es la única alternativa para poder preservar a la actividad y compartir entre todos, productores y molineros, el negocio yerbatero dentro de un marco de desarrollo rural socialmente aceptable. De no ser así, asistiremos a la desaparición del productor”. ¿Es aquel radicalismo o éste, identificado con Valdés?
Pero el radicalismo, así como el partido Justicialista, mantienen un llamativo silencio ante los debates estructurales de la provincia. Cada cual atiende su juego. La UCR está en medio de su interna para definir autoridades parlamentarias y que rol jugará ante el PRO, el socio mayor en la alianza al que desdeñan por lo bajo, pero con el que se emparentan desde hace tiempo: a 20 años de la caída de la alianza, la entonces ministra Patricia Bullrich era ministra, hoy es jefa política.
En el peronismo tampoco hay reacción. El partido Justicialista sigue sin poder definir su situación interna. A falta de votos, Gonzalo Costa de Arguibel insiste en acceder a la conducción partidaria por la vía rápida. Esta semana presentó un petitorio ante la Secretaría Electoral para que proclame su lista, Convergencia Justicialista. como nueva autoridad y conducción partidaria. La Cámara Nacional Electoral, que había avalado las facultades del partido para formar coaliciones electorales en Misiones, advirtió que no presentó ningún elemento nuevo al reclamo, por lo que resulta inadmisible.
Dos escribanas irán a juicio oral en Corrientes acusadas de realizar de manera irregular los trámites de dos propiedades que el exgobernador de la provincia, Ricardo Colombi, habría recibido como donación cuando era diputado nacional por la UCR en 2006.
En tanto el exmandatario sigue sin ser investigado por el hecho denunciado penalmente en 2008, pese a que está acusado en el expediente por los delitos de evasión fiscal agravada y enriquecimiento ilícito.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó el viernes un recurso de queja que habían promovido las profesionales denunciadas por actuar en supuesta complicidad con un empleado del PAMI que le donó dos viviendas privadas al entonces diputado Colombi, informaron fuentes judiciales.
El fallo, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, dejó firme la elevación a juicio oral de la causa contra escribanas correntinas Roxana Cabral y Dionisia Báez por el supuesto delito de falsedad ideológica, que establece una pena de uno a seis años de prisión; ahora el Tribunal Federal deberá disponer la fecha de inicio del debate.
La Justicia las acusa de haber realizado de manera irregular los trámites de donación de las casas para Colombi, quien ese momento no podía recibir legalmente dicho beneficio por ser diputado de la Nación.
El artículo 18 de la Ley de Ética Pública establece que “los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.
El envío a juicio de las dos escribanas que hicieron las escrituras abrió el interrogante de por qué no es investigado también el exmandatario si es que en el mismo hecho hubo comisión de delitos vinculados a la falsedad ideológica en un caso de presunta evasión fiscal y enriquecimiento ilícito.
El caso es conocido en Corrientes como “casitas regaladas” por viviendas que están ubicadas en zona céntrica de la Capital provincial, en los barrios Libertad y Cambá Cuá; según fuentes judiciales, actualmente esas propiedades sumarían un valor superior a los 14 millones de pesos.
Ricardo Colombi, que fue tres veces gobernador de la Provincia, está denunciado desde hace más de nueve años por ese hecho en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, que hasta el momento no abrió ninguna investigación para determinar si el entonces diputado nacional cometió los delitos de evasión fiscal agravada y se enriqueció de manera ilícita por la donación de las casas.
En ese sentido, el fiscal federal, Carlos Shaefer, le solicitó en marzo pasado a la jueza de Paso de los Libres, Cristina Pozzer, que revoque una resolución que pretende pasar al caso a la Justicia provincial por supuesta incompetencia.
El fiscal Shaefer consideró que se trata de delitos federales los que fueron denunciados y que, además, Colombi era legislador de la Nación, por lo que “de ningún modo” puede el caso pasar a una instancia provincial de la Justicia ordinaria.
La demora de la Justicia federal correntino para investigar a Colombi hizo que hasta el momento el exgobernador ni siquiera fuera citado a declaración indagatoria, a la vez que tampoco se determinó si puede ser procesado o sobreseídos por la existencia o no delitos.
Fuente NoticiasArgentinas
