Combustibles

Biocombustibles: Energía oficializó valores para biodiesel y bioetanol en medio de presión de costos

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Energía oficializó nuevos precios para biodiesel y bioetanol, impacto inmediato en costos industriales y en la política de biocombustibles

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, estableció los nuevos precios oficiales del biodiesel y del bioetanol para mezcla obligatoria con gasoil y naftas, mediante las Resoluciones 485/2025 y 486/2025. La actualización rige desde su publicación en el Boletín Oficial y redefine el esquema de costos para refinerías, petroleras, ingenios y pymes aceitera–alcoholeras, en un contexto de presión por recomponer ingresos del sector y contener el impacto en surtidores.

Un paquete regulatorio clave: cómo quedan los precios y quiénes son los actores involucrados

Las Resoluciones 485/2025 y 486/2025 de la Secretaría de Energía —publicadas en el Boletín Oficial— fijaron nuevos valores para los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles, en cumplimiento de los mandatos establecidos por la Ley 27.640 de Biocombustibles y su régimen de abastecimiento regulado.

Resolución 485/2025 – Biodiesel. Establece un nuevo precio de adquisición del biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil. El artículo 1° fija el valor oficial aplicable para las operaciones entre las plantas habilitadas y las empresas refinadoras o comercializadoras. La resolución se dicta en el marco de la potestad regulatoria de la Secretaría de Energía para actualizar precios según variaciones de costos productivos, insumos y condiciones del mercado.

Resolución 486/2025 – Bioetanol. Determina los precios oficiales del bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y de maíz, en línea con el régimen de cortes obligatorios de naftas. El artículo 1° fija el precio para el bioetanol de caña, mientras que el artículo 2° define el valor para el bioetanol derivado de maíz, ambos con vigencia inmediata.

Ambas normativas reafirman que los nuevos precios serán de cumplimiento obligatorio para toda operación comercial vinculada a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles, y su aplicación queda sujeta a la fiscalización de la Secretaría de Energía.

Presión de costos, señales regulatorias y un mercado en transición

La actualización de precios ocurre en un contexto de tensiones entre la necesidad de sostener la viabilidad económica de las plantas de biocombustibles y la presión por contener aumentos en combustibles líquidos.

Los productores de biodiesel y bioetanol habían advertido durante los últimos meses sobre: incrementos en insumos claves (aceite de soja, maíz, caña y logística); variaciones del tipo de cambio; atraso acumulado en precios regulados respecto de los costos reales de producción.

La Secretaría de Energía fundamenta que las actualizaciones responden a la dinámica del mercado y a la obligación de sostener el abastecimiento, tal como prevé la Ley 27.640, que ordena asegurar “volúmenes y precios que permitan el normal funcionamiento del régimen de biocombustibles”.

A su vez, la medida se alinea con la política de recomposición progresiva del Precio de Paridad de Importación (PPI), que afecta directamente la estructura de costos de las petroleras y la forma en que éstas trasladan costos a los surtidores.

Impacto para petroleras, ingenios, pymes y provincias productoras

La fijación de nuevos precios tendrá efectos inmediatos en toda la cadena energética.

Para las petroleras. Aumentan los costos de adquisición de biodiesel y bioetanol para mezcla obligatoria. La señal de precios podría presionar al alza la estructura de costos de gasoil y naftas, aunque el Gobierno busca administrar el impacto final en surtidores.

Para el sector agroindustrial (soja, maíz y caña). La actualización de precios mejora el ingreso de plantas industriales en un año marcado por márgenes ajustados. Permite cierta previsibilidad a corto plazo, fundamental para la planificación financiera de pymes y cooperativas vinculadas a biocombustibles.

Para las provincias bioenergéticas. Las economías regionales de Tucumán, Salta y Jujuy (bioetanol caña) y las provincias cerealeras de la región centro (bioetanol maíz), además de Santa Fe (biodiesel), ven en estas actualizaciones un respiro frente a costos crecientes.

Para el mercado energético en general. El ajuste sostiene el cumplimiento del régimen de cortes obligatorios y evita desabastecimientos, un riesgo presente cuando los precios regulados quedan por debajo de los costos de producción.

Normalización gradual y un debate de fondo pendiente

Las Resoluciones 485/2025 y 486/2025 se inscriben en un proceso de “normalización regulatoria” que la Secretaría de Energía viene impulsando desde fines de 2024, con revisiones periódicas para recomponer precios y garantizar el abastecimiento interno.

Sin embargo, el debate estratégico continúa abierto: ¿Argentina avanzará hacia un esquema de precios más libre o sostendrá la regulación? ¿Se ampliarán los cortes obligatorios como plantea parte de la industria para aumentar inversiones? ¿Cómo impactará la evolución macroeconómica en los costos de producción durante 2026?

Por ahora, el Gobierno refuerza la señal de mantener un régimen regulado, pero con mayor periodicidad en las revisiones, buscando equilibrio entre sostenibilidad productiva y estabilidad de precios.

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Impuestos a los combustibles: qué cambia desde el 1° de diciembre y qué sube en enero

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El Gobierno nacional vuelve a postergar la suba plena de impuestos a los combustibles y fija aumentos parciales desde diciembre

Mediante el Decreto 840/2025, publicado el 27 de noviembre, el Poder Ejecutivo dispuso un nuevo diferimiento en la aplicación total de los incrementos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) para naftas y gasoil. La medida introduce aumentos acotados desde el 1° de diciembre y traslada la actualización completa al 1° de enero de 2026. El objetivo oficial: sostener la actividad y moderar el impacto inflacionario del ajuste tributario.

Un nuevo diferimiento tributario para contener el impacto en precios

El Decreto 840/2025 modifica el Decreto 617/2025 y vuelve a intervenir sobre el esquema de actualización trimestral de los impuestos a los combustibles previsto por la Ley 23.966 (Título III, Capítulos I y II).

La normativa recuerda que: El artículo 4° (ICL), el artículo 11 (IDC) y el artículo 7°, inciso d) (tratamiento diferencial del gasoil para la Patagonia y zonas asociadas) contienen montos fijos actualizables por IPC, acumulado desde enero de 2018. El Decreto 501/2018 estableció que la ARCA (ex-AFIP) debe actualizar esos montos en enero, abril, julio y octubre, con efectos desde el primer día del segundo mes siguiente.

Sin embargo, esa actualización automática fue parcial o totalmente diferida en múltiples oportunidades, incluidos los Decretos 617/2025, 699/2025 y 782/2025.

El nuevo Decreto 840/2025 reconoce esa secuencia y dispone una postergación adicional, argumentada en que: “Con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario diferir parcialmente los incrementos remanentes”.

Aumentos parciales en diciembre y vigencia plena desde enero de 2026

La resolución introduce un nuevo cronograma:

Incrementos parciales entre el 1° y el 31 de diciembre de 2025

El decreto incorpora un inciso c. al artículo 1° del Decreto 617/2025, fijando montos específicos de aumento para el período diciembre:

ProductoICL – Art. 4° (incremento)ICL diferencial – Art. 7° inc. d)IDC – Art. 11 (incremento)
Nafta sin plomo (hasta y más de 92 RON) y nafta virgen$16,377$1,003
Gasoil$13,546$7,335$1,544

Estos valores corresponden a remanentes de las actualizaciones del primer, segundo y tercer trimestre de 2024, según lo establecido en el Decreto 501/2018.

Actualización total desde el 1° de enero de 2026

El artículo 3° sustituido establece: “El incremento total… surtirá efectos respecto de la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de enero de 2026, inclusive”.

Esto implica que recién desde esa fecha comenzará a aplicarse la totalidad de las actualizaciones acumuladas de 2024 y de los tres primeros trimestres de 2025.

Precios, recaudación y señales al mercado

La decisión del Ejecutivo se inscribe en una tensión permanente entre dos objetivos: Evitar un salto brusco en los precios minoristas de combustibles, que podrían presionar sobre el índice de inflación. Restablecer progresivamente la recaudación tributaria asociada al ICL y al IDC, claves para provincias y para el financiamiento nacional.

    Efecto sobre los precios

    Si bien el decreto no determina el impacto exacto en surtidores —que dependerá de costos, márgenes y ajustes propios del sector—, el reconocimiento explícito de aumentos parciales sugiere un incremento moderado en diciembre y uno más significativo en enero.

    Impacto territorial

    El tratamiento diferencial del gasoil para: Patagonia, Partido de Patagones, Malargüe, se mantiene vigente, y la tabla detallada establece de manera explícita el incremento particular para esa zona, conforme al artículo 7°, inciso d) de la Ley 23.966.

    Reacciones esperadas

    Aunque el decreto no incluye declaraciones oficiales, el sector hidrocarburífero, las estaciones de servicio y las distribuidoras suelen seguir con atención estas postergaciones. Porque: alteran flujos de caja, impactan en la recaudación por litro vendido, y condicionan las estrategias de actualización de precios.

    También las provincias analizan la incidencia, dado que la estructura del ICL y del IDC alimenta fondos coparticipables.

    Un esquema que acumula tensiones desde 2018

    El decreto recuerda que los montos fijos de los combustibles debían actualizarse trimestralmente por IPC desde 2018. Pero fueron sucesivamente postergados, lo que generó: distorsiones frente al atraso de los impuestos, diferenciales frente a la inflación acumulada, y tensiones fiscales prolongadas.

    La “normalización” del tributo fue un objetivo recurrente, pero su ejecución siempre se evaluó en función del contexto inflacionario y político. El Decreto 840/2025 continúa esa línea de intervenciones secuenciales.

    Vigencia

    El artículo 4° establece “Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir del 1° de diciembre de 2025”.

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    Aumentos constantes empujan los combustibles a la frontera de los $2.000 y no dan señales de freno

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    Los combustibles en Misiones volvieron a registrar aumentos en las últimas horas, profundizando una secuencia de microajustes que, lejos de desacelerarse, configura un panorama cada vez más preocupante para los automovilistas, que ven cómo los precios avanzan casi a diario hacia la barrera psicológica — y económica— de los $2.000 por litro. La comparación entre los valores de hace una semana y los relevados ayer confirma que todas las petroleras aplicaron nuevas subas, consolidando un escenario en el que llenar el tanque se vuelve un gasto cada vez más difícil de afrontar.

    En Axion, la nafta súper subió de $1.639 a $1.669, un incremento de $30 (1,8%), por lo que llenar 50 litros cuesta $83.450. La Quantium nafta pasó de $1.919 a $1.969, es decir $50 más (2,6%), y 50 litros demandan $98.450. El diésel común fue el que más aumentó en esta estación: trepó de $1.773 a $1.842, una diferencia de $69 (3,9%), y un tanque de 80 litros implica $147.360. Por último, el Quantium diésel avanzó de $1.979 a $1.999, un ajuste de $20 (1,0%), con 80 litros valuados en $159.920.

    En la YPF ubicada en pleno centro de Posadas, la nafta súper pasó de $1.603 a $1.639, un salto de $36 (2,25%), lo que lleva el costo de 50 litros a $81.950. La Infinia aumentó de $1.822 a $1.864, una diferencia de $42 (2,31%), con un tanque de 50 litros estimado en $93.200. En cuanto al Infinia diésel, el valor subió de $1.855 a $1.903, es decir $48 (2,59%), por lo que cargar 80 litros significa $152.240.

    En Shell, la tendencia fue similar. La nafta súper se elevó de $1.660 a $1.678, un incremento de $18 (1,08%), que lleva a $83.900 el valor de 50 litros. La V-Power nafta escaló de $1.927 a $1.950, es decir $23 (1,19%), y 50 litros equivalen a $97.500. Por su parte, la V-Power diésel pasó de $1.966 a $1.999, aumentando $33 (1,68%), y 80 litros representan $159.920. El diésel Evolux tuvo la menor variación, subiendo de $1.728 a $1.731, apenas $3 (0,17%), con 80 litros tasados en $138.480.

    En tan solo siete días, las subas en las distintas marcas y tipos de combustible se ubicaron entre 0,17% y 3,9%, con incrementos por litro que van desde $3 hasta $69. Aunque los montos parecen reducidos, su impacto se multiplica al trasladarse a cargas habituales de 50 u 80 litros, generando aumentos mensuales cada vez más difíciles de absorber para los usuarios.

    El avance de los precios se da en el marco del nuevo sistema de actualización por “micropricing”, implementado por YPF el pasado 1 de julio, que permite modificar los valores de forma remota y casi en tiempo real mediante inteligencia artificial. Aunque la petrolera había anunciado descuentos en estaciones de autodespacho y posibles bajas en horarios específicos, en la práctica lo que predominó fueron incrementos continuos. Con los valores actuales, varios combustibles premium —como la V-Power diésel y el Quantium diésel, ambos a $1.999— ya rozan los $2.000 por litro, mientras otras variantes superan holgadamente los $1.900.

    La sucesión de incrementos registrados en todas las petroleras deja en evidencia un esquema de precios cada vez más inestable, donde los ajustes diarios generan una sensación de desgaste constante para los consumidores. La proximidad de varios combustibles a los $2.000 por litro no solo funciona como un nuevo umbral psicológico, sino que también anticipa un impacto directo sobre los costos de transporte, logística y actividades cotidianas. En este contexto, y con el “micropricing” operando en tiempo real, el mercado local queda expuesto a variaciones continuas que dificultan cualquier previsión y alimentan la percepción de que los valores podrían seguir escalando en las próximas semanas.

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    Juicio por YPF: Argentina acusó al fondo Burford de pretender impedirle volver a los mercados

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    La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos celebró hoy la audiencia de alegatos orales en la apelación presentada por la Argentina en el caso Petersen Energía / Eton Park Capital Management vs. República Argentina y YPF S.A. 

    La Procuración del Tesoro informó que se trata de la apelación de la “errónea sentencia por USD 16.100 millones dictada en septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska.

    Durante la audiencia, los abogados de la Argentina destacaron la responsabilidad del tribunal de aplicar correctamente el derecho argentino, tal como lo haría un tribunal argentino; subrayaron la importancia del caso para la República y sus habitantes, y apelaron al “sentido de justicia” del tribunal y a la integridad del sistema judicial de los Estados Unidos. 

    La exposición buscó dejar en claro que el caso se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser definitivamente dejadas de lado.

    “Este litigio no es un caso de derecho bursátil estadounidense, ni se refiere a supuestas declaraciones efectuadas en el prospecto de oferta pública inicial (IPO) de YPF de 1993”, dijo la Procuración. 

    Recordaron que los demandantes “no adquirieron sus intereses en YPF en dicha oferta pública, sino quince años más tarde, principalmente en transacciones privadas realizadas en España con Repsol, rodeadas de serias sospechas de corrupción”.

    Y señalaron que obtuvieron su participación accionaria con “una inversión de capital mínima y, junto con Repsol, drenaron los recursos de YPF en el período previo a la expropiación mediante el pago de dividendos exorbitantes”. 

    “Eran plenamente conscientes de que cualquier controversia relativa a la aplicación del estatuto de YPF debía resolverse conforme a la ley argentina y ante los tribunales argentinos, utilizando los remedios procesales y sustantivos previstos en nuestro ordenamiento jurídico”, señalaron.

    Tras la expropiación, los demandantes optaron por no acudir a los tribunales argentinos y presentaron sus reclamos en los Estados Unidos varios años después, indicaron los abogados de la Argentina.

    “La sentencia resultante, que pretendió aplicar el derecho argentino, llegó a conclusiones a las que ningún tribunal argentino ha llegado ni llegaría jamás”, sostuvieron, en clara crítica a la jueza Preska.

    Argentina cuestiona Burford Capital

    Los letrados de la Argentinas indicaron que “el verdadero impulsor de este litigio es Burford Capital, un fondo con sede en el Reino Unido dedicado a financiar litigios, que está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria de USD 16.100 millones (que hoy asciende a unos USD 18.000 millones con intereses posteriores a la sentencia), derivada de una controversia puramente doméstica, regida por la ley argentina y que debió tramitarse ante la jurisdicción argentina. Burford adquirió el reclamo por apenas 15 millones de euros y ahora busca una ganancia superior al 37.000 por ciento, a expensas del pueblo argentino”.

    “Burford Capital ha manifestado públicamente su intención de ‘poner arena en los engranajes’ del proceso de normalización de la Argentina, es decir, obstaculizar los esfuerzos del país por reinsertarse en los mercados internacionales de capital y participar plenamente en la economía global. Esta postura revela que el objetivo del fondo trasciende cualquier pretensión jurídica legítima: busca interferir deliberadamente en la recuperación económica y reputacional de la República, afectando no sólo a la Argentina sino también a los intereses de sus socios e inversores internacionales”, señalaron.

    Y dijeron que este caso “refleja el modus operandi de gobiernos anteriores liderados por Cristina Fernández de Kirchner, durante los cuales determinados grupos empresariales, amparados por el poder político, se enriquecieron sin riesgo y quebraron sin rendir cuentas”.

    La posición del gobierno de Javier Milei 

    La Procuración del Tesoro destacó que, bajo la presidencia de Javier Milei, el foco siempre ha estado puesto en resolver la pasada herencia recibida. 

    Por ello, la Procuración ha llevado adelante una estrategia de defensa vigorosa e integral, coordinada entre Buenos Aires y Nueva York, para proteger los intereses jurídicos del país. 

    “La República Argentina agradece el apoyo de varios Estados que presentaron escritos ante el tribunal respaldando la posición jurídica argentina. Cada acción emprendida ha tenido como objetivo la defensa del interés nacional, la protección del patrimonio público y la consolidación de una Argentina jurídicamente previsible y económicamente estable”, indicaron.

    La República Argentina se muestra “optimista” en que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos “revertirá la errónea decisión de la Corte de Distrito, reconociendo que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en casos que corresponden a otras jurisdicciones, garantizando la correcta aplicación del derecho argentino y evitando el uso indebido del sistema judicial estadounidense por parte de quienes buscan obtener ganancias absurdas”.

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    El 2% dice presente

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    Para la consultora Ecolatina el IPC núcleo creció 1,9% y anticipa un cierre de año cercano al 30% de inflación.

    La inflación nacional registró en septiembre un aumento del 2,1% mensual, según los datos del INDEC, marcando una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto de agosto y convirtiéndose en la variación más alta desde abril. Aun así, los precios se mantienen dentro del rango previsto por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, que proyectaba un alza similar.

    Con este registro, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un incremento del 22% en lo que va de 2025, mientras que la inflación interanual se ubica en 31,8%, el valor más bajo desde mediados de 2018. El dato consolida la tendencia de moderación inflacionaria observada en los últimos trimestres, en un contexto de mayor estabilidad cambiaria y retracción del consumo.

    Combustibles, vivienda y educación lideraron las subas

    De acuerdo con el informe oficial, los precios regulados —que incluyen tarifas y combustibles— registraron el mayor incremento, con un 2,6% mensual, impulsado por las subas en combustibles (+3,9%) y electricidad, gas y otros servicios (+3,0%).

    Los precios estacionales avanzaron 2,2%, revirtiendo la caída de agosto (-0,8%). Dentro de esta categoría, frutas y verduras aumentaron 5,2%, reflejando la volatilidad del sector agroalimentario. En contraste, la indumentaria —que suele acelerarse con el cambio de temporada— mostró un alza moderada del 1,1%, por debajo de lo esperado.

    El IPC Núcleo, que excluye precios regulados y estacionales y refleja con mayor precisión la dinámica de fondo de la inflación, se incrementó 1,9% y desaceleró 0,1 puntos respecto de agosto. Este comportamiento sugiere que el proceso inflacionario continúa bajo control, con un traslado a precios (pass-through) limitado frente a las variaciones del tipo de cambio.

    “La inflación núcleo se mantiene por debajo de la evolución del tipo de cambio oficial, que subió 5,5% en el mes”, detalla el informe. “Esto confirma que la economía atraviesa un régimen inflacionario moderado, influido por una mayor apertura comercial y menor actividad económica”.

    En la comparación por sectores, vivienda, agua, electricidad y gas fue la división con mayor aumento (+3,1%), seguida por educación (+3,1%) y transporte (+3,0%). Por el contrario, restaurantes y hoteles tuvo el menor incremento (+1,1%), reflejando la desaceleración del consumo en servicios.

    Bienes vs. servicios: la brecha se amplía

    La diferencia de comportamiento entre bienes y servicios sigue marcando el pulso de la inflación. En septiembre, los bienes subieron 2,0%, mientras que los servicios aumentaron 2,3%. En el acumulado anual, los bienes trepan 17,9%, pero los servicios casi duplican ese ritmo con 31,2%, impulsados por los ajustes en tarifas y alquileres.

    La tendencia confirma que el peso de los costos regulados y los servicios públicos continúa siendo determinante en la dinámica inflacionaria, a pesar de la estabilidad del tipo de cambio y de la política monetaria restrictiva que limita la demanda agregada.

    Octubre por encima del 2% y un cierre del año en torno al 30%

    Para octubre, las proyecciones oficiales y privadas anticipan que la inflación volverá a ubicarse por encima del 2% mensual, con especial atención en la evolución del tipo de cambio y la política cambiaria hacia fin de año.

    La estabilidad lograda hasta ahora —explicada por la mayor apertura comercial, la contracción del crédito y el anclaje salarial— permitió reducir el pass-through y evitar un salto inflacionario mayor, incluso en un contexto de incertidumbre electoral y restricciones cambiarias.

    “Estimamos que la inflación cierre 2025 en torno al 30% anual, algo por encima de lo previsto meses atrás, pero marcando una fuerte desaceleración respecto de 2024”, concluye el informe.

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