Impulsan una iniciativa que redistribuye lo que tributan los combustibles líquidos. Sugieren hacerlo en un plazo progresivo de cuatro años
Una iniciativa impulsada por la legisladora justicialista Elda Pértile y firmada también por el diputado Renovador Marco Lavagna y el jefe del PJ en esa cámara, Pablo Kosiner, entre otros, plantea que de la tributación de combustibles líquidos y sobre dióxido de carbono no se gire más un 10,4% para el Tesoro e igual cantidad para las provincias, sino que los distritos también aspiren el porcentaje del primero entre 2019 y 2022.
Los diputados intentan “corregir la inequidad que representa la actual distribución de lo recaudado por el impuesto a los combustibles” con “el propósito de fortalecer la participación de los fondos asignados al sector Provincias, que a su vez distribuye en Organismos Provinciales de Vialidad, 60%; Fondo Provincial de Infraestructura Pública, 30%; y Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior, 10%”.
Sobre el primer punto, los legisladores argumentaron que los distritos mantienen “en la mayoría de los casos muy bajos niveles de inversión” y detallaron que en 2017, “la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Gas Natural” dejó para las 23 jurisdicciones $6.322.730.025 millones, o el 6,16% del total de la recaudación al 31 de diciembre de 2016 para atender una red de 201.100 kilómetros”.
En cuanto al segundo punto -infraestructura pública- los peronistas, renovadores y dos kirchneristas explicaron que “el déficit histórico en materia edilicia amerita la necesidad de revisar los fondos que se movilizan para ello” debido a incremento poblacional. En esa línea, reconocen que las provincias tienen “en agenda proyectos que no pueden ser ejecutados por falta de financiamiento, alejando la meta perseguida cada vez más”.
Con respecto a la tercera cuestión, fundamentaron la obligación de incrementar el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior por “insuficiencia para financiar obras de infraestructura del plan eléctrico 2013-2033 provincial” y “cupos anuales actuales que sólo permiten la ejecución de obras rurales (500-600 suministros por año)”.
Los diputados también señalaron que el plan de obras “prevé para los próximos cuatro años una inversión anual promedio superior a los $500 millones, más de 14 veces lo disponible”, y aclaran que “desde su origen, estos fondos son para el desarrollo eléctrico del interior con la clara visión de situar a las provincias en una posición de igualdad de oportunidades frente a los grandes centros más evolucionados”.
Según los diputados opositores, “el problema descripto no es prioridad de ningún partido político, ni grupo empresario o sindical, ni de ningún ideólogo”, sino “un problema de comunidad de los argentinos, que todos debemos asumir otorgándole la real importancia que tiene”.
Además manifestaron que la situación debe convocar “a todos los gobernadores provinciales, a los dirigentes políticos y sus organizaciones; a los dirigentes sindicales por la propia esencia de su labor” y “a las organizaciones de empresarios, pues el futuro de sus empresas está condicionado y atado a un desarrollo que pasa necesariamente por el sistema de transporte carretero”, entre otros puntos.
