Combustibles

Impuestos 2026: Ganancias y combustibles lideran el crecimiento según el Presupuesto

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El proyecto de Presupuesto 2026, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, estima que la recaudación tributaria alcanzará los $90,3 billones, lo que representa un crecimiento nominal del 22,5% y real del 11% respecto a 2025. El esquema contempla un PBI en alza del 5% y un impacto diferenciado según tributo, con fuerte incremento en combustibles y CO₂ y la desaparición del Impuesto PAIS.

El Palacio de Hacienda fundamentó las proyecciones en un escenario de crecimiento del PBI del 5% y una inflación estimada en 10,1% anual. Bajo estas variables, el Gobierno espera que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obtenga $90,3 billones en 2026, frente a los $73,6 billones que se calcula recaudar en 2025.

La mejora de los ingresos permitirá, según el Ejecutivo, compensar la pérdida de recursos generada por la eliminación del Impuesto PAIS (1% del PBI) y la rebaja en Bienes Personales (0,3 puntos del PBI).

El Presupuesto prevé además un superávit fiscal del 1,5% del PBI, menor al 2,2% estimado en los compromisos con el FMI, aunque en línea con un escenario de crecimiento más dinámico.

Los tributos que más aportarán en 2026

  • Impuesto a las Ganancias: aportará $16,5 billones, con un incremento nominal del 24,2% y real del 12,8%.
  • IVA neto de devoluciones: sumará $32,9 billones, con un alza nominal del 19% y real del 8%, consolidándose como el tributo más relevante.
  • Impuesto a débitos y créditos bancarios: se prevé una recaudación de $16,4 billones, lo que implica un crecimiento real del 10%. Pese a su peso, es uno de los tributos bajo debate para su eventual eliminación.
  • Retenciones a las exportaciones: generarán $9,9 billones, con un avance real del 11%, reflejando el repunte esperado del comercio exterior.
  • Derechos de importación: alcanzarán $6,5 billones, con una suba real del 17%, en línea con el aumento proyectado en compras externas.
  • Impuestos a combustibles líquidos y a emisiones de CO₂: serán los de mayor crecimiento, al pasar de $1,7 billones a $2,9 billones (+71% nominal, +55% real), por la aplicación de actualizaciones postergadas.

Desde el Ministerio de Economía se subrayó que la estrategia tributaria no descansa únicamente en mayores alícuotas, sino en la ampliación de la base imponible, la mejora en la administración y el impulso de la actividad económica.

En términos políticos, el esquema busca sostener un equilibrio delicado: recaudación creciente con menor presión fiscal selectiva, en un contexto de austeridad y renegociaciones con el FMI. La eliminación del Impuesto PAIS implica un giro relevante, ya que representaba una de las principales fuentes transitorias de ingresos en años previos.

Las proyecciones abren interrogantes sobre su viabilidad: analistas advierten que la recaudación depende fuertemente de que el crecimiento del PBI supere el 5% previsto y que la inflación se mantenga controlada. Además, sectores exportadores y bancarios podrían objetar el peso de los tributos que continúan elevados.

El debate parlamentario del Presupuesto 2026 será decisivo para confirmar estas metas, en un año donde el oficialismo buscará consolidar credibilidad fiscal sin frenar la recuperación económica.

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El nuevo reparto del impuesto a los combustibles le aportaría a Misiones $49.000 millones en seis meses

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El proyecto impulsado por gobernadores para modificar la distribución del impuesto a los combustibles beneficiaría a todas las provincias en términos nominales, pero no por igual. Según un análisis del Instituto IERAL de la Fundación Mediterránea, aún cuando casi se dupliquen los ingresos actuales, Misiones se ubica entre las jurisdicciones que menos crecerían proporcionalmente con el nuevo esquema, lo que significaría una pérdida relativa de participación frente a otras provincias, especialmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas provincias del norte y centro del país. La iniciativa, aprobada por el Senado, ahora espera la ratificación en Diputados, que podría concretarse antes del fin de julio.

El proyecto en debate propone eliminar los fideicomisos nacionales que actualmente reciben una parte significativa de la recaudación del impuesto —destinados a infraestructura de transporte, hídrica y subsidios al transporte público— y redirigir esos recursos directamente a las provincias. Hoy, las provincias reciben un 25,47% del total recaudado, mientras que con el nuevo esquema pasarían a recibir un 57,02%. El resto quedaría para el Tesoro Nacional (14,29%) y para el financiamiento del sistema de seguridad social (28,69%).

En el caso de Misiones, el ingreso proyectado por este impuesto en el segundo semestre de 2025 pasaría de 26.577 millones de pesos a 49.432 millones, lo que representa un aumento del 86%. A primera vista, se trata de una mejora significativa. Sin embargo, en el promedio nacional el aumento sería del 124%, y hay jurisdicciones como CABA que incrementarían sus ingresos en más de 700%. En este contexto, Misiones vería reducir su participación en el total nacional del 4,1% actual al 3,4%, una pérdida relativa de 0,7 puntos porcentuales.

La distribución provincial se haría en un 25% en partes iguales entre todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el 75% restante según los coeficientes de coparticipación. Este nuevo criterio implica una redistribución interna que genera ganadores y perdedores: si bien todas las provincias recibirían más dinero que antes, algunas lo harían en mucha mayor proporción que otras.

Las provincias que más crecerían en términos porcentuales son CABA (+725%), Catamarca (+188%), Santa Fe (+143%) y Tucumán (+153%). En cambio, además de Misiones, otras provincias que verían reducida su participación relativa son Corrientes (-0,6 puntos), Neuquén (-1,4 puntos), Río Negro (-0,9), Chubut (-0,7) y Tierra del Fuego (-0,4).

Si bien el proyecto mejora la recaudación automática para todas las jurisdicciones, no establece mecanismos claros sobre quién se hará cargo de las funciones que hasta ahora financiaban los fideicomisos nacionales, como el mantenimiento de rutas, obras hídricas y subsidios al transporte. En ese sentido, los analistas advierten que, al tratarse de fondos de libre disponibilidad, podría agravarse el problema del financiamiento de infraestructura en caso de que no se acuerde una redistribución también de responsabilidades.

Para Misiones, que depende en buena medida de los subsidios al transporte y de los fondos nacionales para obras viales e hídricas, el cambio implicaría un doble desafío: recibir más recursos nominales, pero tener que hacer más con menos participación en el reparto nacional.

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Contundente señal al Gobierno: el Senado aprobó proyectos impulsados por los gobernadores

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Después de haber conseguido habilitar por mayoría especial el tratamiento de los proyectos impulsados por los gobernadores, la oposición en el Senado consiguió aprobar sendos proyectos relacionados con la distribución de fondos entre las provincias. Y antes de votar, para evitar eventuales planteos del oficialismo, la Cámara se declaró previamente en comisión.

La habilitación del debate se consiguió con 54 votos a favor y 0 en contra, en tanto que el proyecto que reforma el reparto del impuesto a los combustibles se aprobó por 56 votos a favor y uno en contra. El mismo resultado, o sea por más de los dos tercios, 56 a 1, se aprobó el proyecto que reforma la distribución de ATN.

El proyecto sobre impuesto a los combustibles establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que “los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos” de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.

Sobre lo recaudado por el impuesto a los combustibles, propone que sea distribuido: en un 14,29% al Tesoro Nacional; en un 57,02% a las provincias; y en un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.

En cuanto al porcentaje destinado a las provincias, un 25% deberá ser repartido en partes iguales a todas las jurisdicciones, mientras que el otro 75% será de acuerdo a los índices de coparticipación.

Por su parte, la iniciativa sobre los Aportes del Tesoro Nacional prevé que esos recursos deberán repartirse respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación y agrega que “la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.

En el caso de Misiones, las pérdidas acumuladas por Misiones desde que asumió Milei, llegan a 393.662 millones de pesos.

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Los combustibles volvieron a aumentar: subas de hasta 5,32 por ciento en Misiones

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El inicio de julio llegó con un nuevo incremento en el precio de los combustibles en todo el país. La petrolera YPF aplicó una suba promedio del 3,5 por ciento a nivel nacional, aunque en Misiones el impacto fue mayor: los valores por litro en las estaciones de servicio locales se incrementaron entre 5,28 y 5,32 por ciento, profundizando la brecha con los precios que se pagan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En Posadas, por ejemplo, el litro de Nafta Súper de YPF pasó de 1.288 a 1.356 pesos, con una suba del 5,28 por ciento. La Infinia, en tanto, subió de 1.486 a 1.565 pesos (5,32 por ciento), y el Infinia Diesel aumentó de 1.489 a 1.568 pesos (5,31 por ciento).

Desde que asumió Javier Milei, la nafta súper aumentó 181,44 por ciento en Posadas, desde los 485 pesos, en diciembre de 2023. En tanto, la Infinia aumentó 168,44 por ciento, desde los 583 pesos a los actuales 1.531.

Los precios en CABA -donde también rige el nuevo sistema de precios diferenciales por franja horaria- siguen siendo sensiblemente más bajos: según datos del portal especializado Surtidores, el litro de Súper cuesta 1.228 pesos, el de Premium (Infinia) 1.454, el de Gasoil común 1.233 y el de Euro Diesel 1.423.

La diferencia entre la Nafta Súper en Posadas y en CABA alcanza los 128 pesos por litro, mientras que en el caso de la Infinia la brecha es de 111 pesos. Esta disparidad responde a la política de precios regionales que aplica YPF, sumada a los costos logísticos y tributarios diferenciales.

Además de YPF, las otras principales petroleras también actualizaron sus precios en Misiones. En las estaciones Shell, la Nafta Súper se vende a 1.433 pesos, la V-Power a 1.665, la Fórmula Diesel a 1.459 y la V-Power Diesel a 1.695 pesos. En tanto, Axion expende la Súper a 1.395 pesos, la Quantum a 1.654, el Diesel común a 1.487 y el Diesel Quantum a 1.695 pesos.

Un nuevo esquema de precios por horarios

Junto al aumento, YPF comenzó a implementar un nuevo sistema de precios diferenciados según la franja horaria. Según explicó la compañía en un comunicado, “esta actualización contempla una variación promedio del 3,5%, tomando en cuenta parámetros como el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio, impuestos a los combustibles y precios de los biocombustibles”.

La novedad es que ahora habrá ciclos de demanda diarios y regionales que permitirán aplicar precios distintos en diferentes horarios del día. Esta modalidad será posible gracias al desarrollo de su nuevo Real Time Intelligence Center Comercial y la puesta en funcionamiento de estaciones con sistema de autodespacho, actualmente en fase piloto.

En provincias como Misiones, donde los valores ya eran más elevados, la implementación del esquema horario podría profundizar aún más las diferencias territoriales, un punto que ya genera inquietud entre consumidores y sectores del transporte.

Mientras tanto, el precio de llenar un tanque de 50 litros con Nafta Súper en Misiones ronda los 67.800 pesos, frente a los 61.400 pesos que se pagan en CABA. Una diferencia cada vez más difícil de sortear para quienes dependen diariamente del vehículo como herramienta de trabajo.

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Energía simplifica controles en tanques de hidrocarburos y traslada fiscalización ambiental a provincias

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Energía: el Gobierno crea un registro único de tanques de hidrocarburos y flexibiliza controles ambientales. La Secretaría de Energía derogó normativas previas, eliminó auditorías obligatorias y adoptó estándares internacionales. Se simplifican exigencias para operadores del sector.

En una nueva medida de desregulación energética, el Ministerio de Economía, a través de la Resolución 277/2025, oficializó la creación del Registro Nacional de Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos y Derivados del Petróleo. La normativa moderniza los requisitos técnicos, elimina burocracia e impone un enfoque más flexible en los controles ambientales, en línea con los principios de libre mercado impulsados por el Gobierno nacional.

La resolución, firmada por la secretaria de Energía María Carmen Tettamanti, deroga la Resolución 785/2005 y modifica sustancialmente la Resolución 414/2021. El nuevo esquema apunta a reducir costos operativos para el sector, modernizar las inspecciones y descentralizar responsabilidades en materia ambiental, que ahora recaerán en autoridades provinciales y municipales.

A partir de esta nueva disposición, todos los operadores que cuenten con tanques aéreos de almacenamiento (TAAH) con más de 50 m³ de capacidad individual, o bien aquellos cuya sede tenga más de 100 m³ en total, deberán inscribirse en un registro nacional obligatorio, operado por la Subsecretaría de Combustibles Líquidos. La inscripción se realizará mediante declaración jurada, a través del sistema SGDA (Sistema Generador de Alarmas) del Ministerio de Economía.

El objetivo, según el texto oficial, es “concentrar la información relevante y agilizar los trámites administrativos”, especialmente para sectores estratégicos como el energético, logístico, agroindustrial, petroquímico y minero.

Una de las principales modificaciones es la eliminación de auditorías técnicas y ambientales periódicas, que eran exigidas por normas anteriores. En su lugar, se implementará un sistema de control técnico a través de inspecciones voluntarias y seguimiento posterior de las declaraciones juradas firmadas por operadores y profesionales certificados bajo norma API 653.

Este cambio implica una descentralización del control ambiental, que queda ahora a criterio de cada autoridad local jurisdiccional. El texto remarca que, conforme al artículo 41 de la Constitución Nacional, las provincias y municipios son las responsables de dictar normativas ambientales sobre estas instalaciones.

La resolución adopta oficialmente la norma API 653, utilizada globalmente para asegurar la integridad de tanques metálicos de almacenamiento. Los operadores deberán contar con inspectores certificados por el Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI) para declarar la condición técnica de cada TAAH mediante el Formulario A2.

Esto reemplaza a las auditorías de empresas registradas bajo la Resolución 414/2021, que quedan excluidas del nuevo régimen. También se introduce un régimen sancionatorio escalonado que distingue entre faltas leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde apercibimientos hasta la suspensión del operador en registros oficiales.

El nuevo esquema reglamentario apunta a reducir cargas administrativas, evitar duplicaciones en los controles y fomentar el cumplimiento voluntario mediante profesionalización interna en las empresas del sector energético y logístico.

Sin embargo, especialistas advierten que la eliminación de controles ambientales centralizados puede representar un riesgo, especialmente en zonas con escasa capacidad de fiscalización local. El Gobierno sostiene que estas medidas “refuerzan la responsabilidad individual de los operadores y promueven el uso de mejores prácticas internacionales”.

La resolución ya entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial, y los operadores tendrán 30 días hábiles para adecuarse al nuevo esquema, y 6 meses para regularizar inspecciones en curso, en caso de tener procedimientos en marcha bajo el régimen anterior.

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