COMERCIO EXTERIOR

El agro liquidó US$2.750 millones en agosto y acumula una caída del 12% en el año

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El complejo agroexportador ingresó US$2.750 millones durante agosto, un flujo de divisas que, si bien quedó 6% por debajo del registro de julio, marcó un salto interanual del 33%. De esta manera, el sector acumuló US$19.047 millones entre enero y agosto de 2026, todavía un 12% por debajo del nivel alcanzado en igual período del año pasado. Los datos fueron difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

El dato de agosto muestra una dinámica exportadora más activa, particularmente por el lado del maíz. Según CIARA-CEC, el mes estuvo marcado por un incremento de los embarques asociado a una buena cosecha y a una mayor intensidad en las ventas de los productores destinadas a la exportación. El comportamiento resulta relevante porque aporta oferta genuina de dólares en un momento en que la evolución del comercio exterior constituye uno de los principales factores para fortalecer la disponibilidad de divisas de la economía argentina.

La comparación mensual, sin embargo, obliga a leer el resultado con cierta cautela. Los US$2.750 millones de agosto representaron una merma del 6% frente a julio, aunque el salto del 33% respecto de agosto de 2025 evidencia que el flujo de liquidación se ubicó considerablemente por encima del registrado un año atrás. El acumulado anual introduce el principal matiz: con US$19.047 millones ingresados hasta agosto, el complejo todavía se encuentra 12% por debajo del acumulado de 2025.

La explicación del comportamiento anual está vinculada, en buena medida, con la particularidad del ciclo anterior. Durante 2025 hubo un adelantamiento extraordinario de ventas y liquidaciones asociado a la reducción temporal de las retenciones, cuyo vencimiento en julio generó un incentivo para anticipar operaciones. En 2026, en cambio, el sector atraviesa una campaña que CIARA-CEC caracteriza como normal, sin esquemas temporales que distorsionen el calendario de comercialización.

Esta diferencia es central para interpretar correctamente la caída interanual acumulada. No necesariamente implica un deterioro equivalente en la capacidad exportadora del complejo, sino que también refleja una base de comparación excepcionalmente elevada. El desafío para los próximos meses será determinar si el mayor volumen físico de granos comercializados y embarcados consigue cerrar esa brecha y sostener un flujo de divisas más estable, sin depender de incentivos transitorios.

En esa línea, la Bolsa de Comercio de Rosario proyecta que el incremento de los volúmenes exportados de soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo permitirá compensar durante 2026 la reducción permanente de las alícuotas de derechos de exportación vigente desde diciembre de 2025. La entidad estima un aporte de US$4.613 millones por retenciones agrícolas durante el año, prácticamente en línea con los US$4.665 millones registrados en 2025. La soja explicaría US$3.275 millones de ese total, seguida por el maíz, con US$754 millones, y el trigo, con US$324 millones.

El escenario adquiere una dimensión mayor cuando se incorpora el desempeño de otros sectores exportadores. La energía y la minería aparecen como motores adicionales del ingreso de dólares y, de acuerdo con la proyección de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, el país podría alcanzar en 2026 un récord histórico de exportaciones, con despachos estimados en US$103.200 millones.

Para la economía real, la cuestión de fondo no es solamente cuánto liquida el agro en un determinado mes, sino qué capacidad tiene el complejo exportador para generar un flujo de divisas sostenido y previsible. La cifra de agosto ofrece una señal favorable por el crecimiento interanual y por el impulso del maíz, pero el acumulado todavía muestra una brecha frente a 2025. La consolidación de una campaña agrícola normal, acompañada por mayores volúmenes exportables y una mayor diversificación de las fuentes de dólares, será determinante para transformar el potencial productivo en una oferta externa más estable.

En ese sentido, el dato de agosto aporta una señal concreta para la política económica: aun con una liquidación acumulada inferior a la del año pasado, el agro continúa siendo una de las principales fuentes de divisas de la Argentina y cuenta con margen para incrementar sus embarques. La solución estructural pasa por sostener ese flujo sin depender de ventanas extraordinarias de incentivos, de modo que las exportaciones puedan convertirse en una fuente más previsible de financiamiento externo, inversión y actividad económica.

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Desarticulan mega banda de lavado de dinero con ramificaciones en Misiones y otras provincias

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En una gran investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, Gendarmería Nacional Argentina efectuó un megaoperativo y desmanteló una red de comercio exterior que lavaba activos, tras 47 allanamientos en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones.

El procedimiento se dio luego de varios meses de pesquisas llevadas adelante por los efectivos de la GNA, en las cuales se constató la existencia de una compleja organización delictiva dedicada a maniobras de triangulación de facturaciones, delitos contra el comercio exterior, evasión aduanera e ingreso irregular de divisas.

De esta manera, por orden del magistrado interviniente, los uniformados ejecutaron de manera simultánea 47 órdenes de allanamiento sobre domicilios particulares, firmas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana situados en las provincias mencionadas. Como resultado de los registros, los uniformados incautaron 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR, tokens bancarios, armas de fuego, documentación contable y societaria, con un avalúo preliminar superior a los 55.000.000 de pesos.

En los operativos participaron miembros del Equipo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, con apoyo del personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y Unidades dependientes de las Regiones II, III, VI, IX y X de la GNA.

En la causa interviene el Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”, cuyo titular ordenó la prosecución de las diligencias procesales correspondientes por infracción al Código Aduanero y lavado de activos.

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ARCA pone un plazo de tres horas a la Aduana para rectificar declaraciones de exportación

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo un cambio de alto impacto operativo para el comercio exterior: las solicitudes de rectificación de las declaraciones de exportación deberán resolverse en un plazo máximo de tres horas desde su registro. El nuevo procedimiento se canalizará a través del Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA) y busca atacar uno de los costos menos visibles, pero más sensibles, de exportar: la incertidumbre sobre los tiempos administrativos.

La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5891/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y modifica el procedimiento previsto por la Resolución General 1.921. La decisión aparece vinculada con un problema concreto de la operatoria actual: exportaciones que no logran embarcar dentro de los plazos previstos por restricciones de bodega, baja disponibilidad de medios de transporte o falta de contenedores vacíos.

En esos escenarios, una demora administrativa puede transformarse rápidamente en un problema comercial. Una mercadería que no embarca a tiempo no solo enfrenta mayores costos logísticos: también puede generar incumplimientos contractuales frente al comprador del exterior, alterar cronogramas de entrega y deteriorar la previsibilidad necesaria para sostener negocios internacionales.

El nuevo esquema concentra en SITA la gestión de las modificaciones y establece un plazo explícito para la respuesta aduanera. La solicitud denominada “Rectificación de la Declaración de Exportación” deberá ser resuelta por el servicio aduanero dentro de las tres horas posteriores a su registro en estado “INICIADO”.

La herramienta permite solicitar modificaciones sobre variables centrales de una operación de exportación, entre ellas la fecha de vencimiento del embarque, la aduana de salida, la vía de transporte, el nombre y la bandera del medio de transporte, el agente de transporte aduanero y el país de destino del medio de transporte.

El cambio no se limita a digitalizar una presentación. La resolución incorpora un estándar temporal de respuesta para un trámite que puede resultar determinante cuando la operación está condicionada por factores logísticos que escapan al control directo del exportador. En términos económicos, el objetivo es reducir el tiempo en que una mercadería permanece expuesta a una contingencia administrativa mientras espera poder completar su salida del país.

La norma también reorganiza el mecanismo de rehabilitación de las declaraciones de exportación. Cuando el exportador necesite extender el plazo de embarque, deberá solicitarlo mediante SITA a través del trámite “Rehabilitación de la Declaración de Exportación”.

La rehabilitación podrá solicitarse cuando la destinación se encuentre en estado “PRESENTADA” o en cualquier estado operativo posterior. Si la destinación está “OFICIALIZADA”, solo podrá gestionarse respecto de mercaderías que hayan ingresado al depósito. Además, el mecanismo mantiene el límite previsto en el Decreto 1.001/82: podrá otorgarse una única vez y por un plazo que no supere el original.

Uno de los puntos más relevantes para la operatoria es que la aprobación ya no requiere una actualización manual posterior del sistema. Una vez autorizado el trámite SITA, la nueva fecha de vencimiento del embarque se modificará automáticamente en el Sistema Informático Malvina (SIM).

La trazabilidad de la gestión se completa con el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA). Allí se comunicarán tanto los pedidos de información adicional como la aprobación o el rechazo de las solicitudes, cerrando un circuito digital entre exportador y servicio aduanero.

Para las empresas exportadoras, el beneficio potencial está menos en el trámite en sí mismo que en la previsibilidad que puede aportar. En sectores donde los contratos internacionales se organizan sobre ventanas de embarque, disponibilidad de bodegas y coordinación logística, contar con una respuesta aduanera dentro de un plazo determinado puede evitar que un inconveniente puntual se convierta en una interrupción de toda la operación.

Esto resulta particularmente relevante para economías regionales y cadenas productivas que trabajan con cargas perecederas, estacionales o con ventanas comerciales estrechas. En esos casos, cada hora puede tener un valor económico concreto y la capacidad de corregir rápidamente una declaración puede ser la diferencia entre cumplir un compromiso comercial o afrontar sobrecostos y penalidades.

La reforma también introduce una señal de política pública que excede la digitalización: la administración establece un tiempo máximo de respuesta para una instancia que impacta directamente sobre la actividad privada. La solución propuesta es utilizar sistemas interoperables para que la velocidad administrativa acompañe la velocidad de la logística internacional.

La aplicación efectiva, sin embargo, dependerá del cronograma de implementación que ARCA publique en el micrositio de SITA. La resolución entra en vigencia desde su publicación, pero su aplicación concreta estará sujeta a ese cronograma.

El desafío será que las tres horas funcionen como un plazo operativo efectivo y no únicamente como una exigencia formal. Si el sistema logra combinar respuestas rápidas, validaciones digitales y trazabilidad, la medida puede reducir un componente de incertidumbre que pesa sobre los costos de exportación. Para una economía que necesita ampliar y diversificar sus ventas al exterior, hacer que el Estado responda en tiempos compatibles con la logística puede ser tan relevante como reducir un arancel o simplificar un formulario.

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ARCA digitaliza la importación de líneas de producción usadas y busca reducir tiempos para inversiones industriales

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporó al sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) las autorizaciones necesarias para importar líneas de producción usadas. La medida, formalizada mediante la Resolución General 5892/2026, apunta a eliminar la presentación física de documentación, automatizar validaciones y reducir fricciones administrativas en operaciones vinculadas con inversiones productivas.

El cambio alcanza a las resoluciones aprobatorias y a las Constancias de Expediente en Trámite (CET) utilizadas dentro del Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas. A partir de la implementación, estos documentos serán transmitidos electrónicamente por la autoridad competente y quedarán disponibles para su validación en el Sistema Informático Malvina, utilizado por la Aduana para oficializar las destinaciones de importación.

La reforma tiene impacto directo sobre empresas que buscan incorporar equipamiento industrial usado para mejorar su competitividad. El régimen permite importar maquinaria usada cuando forma parte de un proyecto aprobado y, mientras la resolución definitiva está en trámite, admite avanzar mediante una CET, siempre que se constituyan las garantías aduaneras correspondientes.

Hasta ahora, ese circuito implicaba una mayor carga de documentación y coordinación entre organismos. La nueva operatoria incorpora la autorización al flujo digital de VUCEA y permite que el sistema valide automáticamente la información al momento de la declaración aduanera.

El nuevo procedimiento entrará en vigencia a los diez días hábiles de la publicación de la resolución. Las autorizaciones emitidas con anterioridad conservarán su validez y continuarán bajo el esquema vigente al momento de su otorgamiento, siempre que permanezcan válidas cuando sean declaradas en el Sistema Informático Malvina.

El punto central de la medida es que el importador ya no deberá presentar físicamente la resolución aprobatoria o la Constancia de Expediente en Trámite. En su lugar, deberá consignar en la declaración aduanera el código identificador correspondiente. Si se trata de una CET, deberá utilizarse el código de documento LPCOVUCE0040; si se trata de una resolución aprobatoria, el LPCOVUCE0041.

Una vez ingresada la información, el Sistema Malvina realizará controles y validaciones automáticas. Si no existen inconsistencias, permitirá oficializar la declaración aduanera. Si los datos presentan diferencias, el sistema bloqueará la oficialización e informará al declarante los motivos para que pueda subsanarlos.

La lógica de la reforma combina simplificación con control. La eliminación del papel no significa una reducción de las verificaciones, sino un cambio en la forma en que se ejecutan. La trazabilidad pasa a apoyarse en el intercambio electrónico de información entre ARCA, la Aduana, la autoridad de aplicación y VUCEA.

Para el sector productivo, la dimensión más relevante está en los tiempos. Una línea industrial usada puede representar una vía de acceso a equipamiento que, nuevo, tendría un costo de entrada mucho mayor. En sectores manufactureros con restricciones de financiamiento o necesidad de modernizar procesos, reducir demoras administrativas puede acelerar decisiones de inversión.

El impacto potencial es especialmente importante para PyMEs industriales. La posibilidad de incorporar maquinaria usada bajo un régimen formal puede facilitar mejoras de productividad, ampliaciones de capacidad o reconversiones tecnológicas sin requerir desembolsos equivalentes a una línea nueva. La digitalización del procedimiento no elimina los costos logísticos, aduaneros ni financieros, pero sí puede reducir una capa de incertidumbre administrativa.

El régimen mantiene además un mecanismo de contingencia. Si se producen fallas de comunicación entre organismos o problemas informáticos ajenos al importador que impidan la validación automática, deberá aplicarse el plan alternativo previsto por la normativa vigente. Esta previsión es relevante porque evita que una digitalización total deje paralizada una operación por una falla de sistema.

Desde una perspectiva de política industrial, la medida tiene valor si logra convertir la digitalización en menor tiempo efectivo de trámite. La sola migración de documentos al entorno electrónico no garantiza eficiencia; el resultado dependerá de la calidad de la interoperabilidad entre organismos y de la capacidad para resolver inconsistencias sin reinstalar circuitos burocráticos por otras vías.

Para las empresas, la mejora será medible en variables concretas: cuántos días tarda una autorización en quedar disponible, cuánto demora la validación aduanera y cuántas intervenciones manuales se eliminan del proceso.

La Resolución 5892/2026 se inscribe así en una agenda más amplia de digitalización del comercio exterior. En este caso, el objetivo es simplificar el ingreso de equipamiento industrial usado sin resignar controles. La oportunidad consiste en transformar esa agilización administrativa en capacidad productiva, inversión y empleo. El desafío será que la tecnología no solo cambie el soporte del trámite, sino que reduzca efectivamente el costo de hacer una inversión industrial en la Argentina.

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Carne vacuna: la apertura de EE.UU. puede diluir la ventaja que ganó Argentina

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El mercado estadounidense se convirtió en 2026 en uno de los principales motores del crecimiento de las exportaciones argentinas de carne vacuna. En los primeros siete meses del año, Argentina colocó 67.118 toneladas en Estados Unidos, tres veces más que las 22.188 toneladas exportadas en igual período de 2025. El salto modificó el mapa de destinos y elevó el peso estratégico de la relación comercial bilateral.

El crecimiento adquiere mayor dimensión al observar el total exportado, explica un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Según datos del INDEC, Argentina despachó 403.100 toneladas de carne vacuna entre enero y julio, un 6,7% más que durante el mismo período del año pasado. Estados Unidos absorbió el 17% de ese volumen, frente al 6% registrado un año atrás, y se consolidó como el segundo destino detrás de China.

La pregunta que ahora enfrenta el sector no es solamente cuánto puede seguir creciendo ese mercado, sino qué ocurrirá con la ventaja relativa que Argentina consiguió durante 2026 si Washington abre de manera extraordinaria el ingreso de carne proveniente de otros grandes productores.

¿Cuánto erosiona este cambio la ventaja comercial que atesora Argentina?

En lo que va de 2026, Estados Unidos se convirtió en uno de los principales dinamizadores de las exportaciones argentinas de carne vacuna.

El crecimiento de los embarques hacia ese mercado no solo modificó el mapa de destinos para nuestras exportaciones, sino que también elevó la importancia estratégica de la relación comercial bilateral.

Según datos del INDEC, durante los primeros siete meses del año Argentina exportó a todos los destinos 403.100 toneladas de carne vacuna, un 6,7% más que en igual período de 2025.

Dentro de ese total, Estados Unidos adquirió 67.118 toneladas, triplicando las 22.188 toneladas registradas un año atrás. De esta manera, se consolidó como el segundo destino de la carne argentina, detrás de China. Su participación sobre el volumen total exportado pasó del 6% al 17% en apenas un año.

El crecimiento responde, en parte, a la mayor necesidad de abastecimiento externo que enfrenta el mercado estadounidense, pero también a un cambio sustancial en las condiciones de acceso para la carne argentina.

Actualmente, Argentina dispone de una cuota de 100.000 toneladas anuales para ingresar carne vacuna a Estados Unidos con arancel preferencial: 20.000 toneladas correspondientes a la cuota establecida por tratado comercial y otras 80.000 toneladas autorizadas para 2026 por decisión de la administración Trump.

De acuerdo con los datos informados a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), al 31 de julio Argentina había certificado 61.050 toneladas, equivalente al 61% de la cuota total.

Si se consideran exclusivamente las 20.000 toneladas correspondientes a la cuota establecida por tratado comercial, las estadísticas de la Aduana estadounidense mostraban, al 3 de agosto, un nivel de ejecución del 72,5%, con 14.500 toneladas utilizadas.

De esta manera, sobre las 61.050 toneladas certificadas por las autoridades argentinas, 14.500 corresponderían a la cuota de 20.000 toneladas, mientras que las 46.550 restantes se encuadrarían dentro del cupo adicional de 80.000 toneladas, habilitado en tramos trimestrales de 20.000 toneladas.

La lectura de estos números permite inferir que los dos primeros tramos adicionales ya fueron ejecutados en su totalidad, mientras que el tercero alcanzó casi un 33%. En consecuencia, quedarían unas 13.450 toneladas por ejecutar durante agosto y septiembre.

Hasta aquí, el escenario resulta favorable para Argentina. El problema aparece con la nueva decisión anunciada por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con lo comunicado hasta el momento, Estados Unidos habilitaría, por un período de 90 días, una cuota de hasta 300.000 toneladas de carne vacuna destinada a molienda y libre de aranceles, con el objetivo de aumentar rápidamente la oferta disponible en el mercado interno y contener el precio de la carne picada.

Trump aseguró, además, que existe un compromiso para que ese producto llegue al consumidor a un precio 25% inferior a los valores actuales de mercado. Sin embargo, hasta el momento no se conocen con precisión los mecanismos mediante los cuales se implementaría esta condición.

Para Argentina, la medida plantea una situación particular. Hasta ahora, el país contaba con una posición relativamente privilegiada entre los proveedores que podían acceder al mercado estadounidense bajo condiciones arancelarias preferenciales. La apertura de un volumen extraordinario por fuera de las cuotas habituales puede diluir parte de esa ventaja, especialmente si genera una mayor competencia entre proveedores.

Y es precisamente en este punto donde aparece Brasil.

Más allá de los acuerdos vigentes con Australia y Nueva Zelanda, que en conjunto disponen de una cuota preferencial superior al millón de toneladas, Argentina se había convertido en uno de los principales beneficiarios de las nuevas condiciones de acceso al mercado estadounidense.

Uruguay, por su parte, mantiene una cuota de 20.000 toneladas, mientras que Brasil y Paraguay comparten una cuota para terceros países de 52.000 toneladas, prácticamente agotada en los primeros meses del año.

En este contexto, Brasil aparece como uno de los países con mayor capacidad para aprovechar esta nueva ventana de importación.

La situación comercial de Brasil ayuda a explicar por qué la decisión estadounidense adquiere especial relevancia para el gigante sudamericano.

Actualmente, Brasil se encuentra virtualmente fuera de China, tras haber prácticamente agotado su cupo anual de 1.106.000 toneladas otorgado bajo el régimen de salvaguardia, quedando expuesto, para lo que resta del año, a ingresar con un arancel de prácticamente el 76,5%

Al mismo tiempo, también enfrenta dificultades para sostener el acceso a la Unión Europea. Si nada cambia en lo inmediato, a partir del próximo mes podría quedar restringido su acceso al bloque, luego de las observaciones realizadas sobre los controles vinculados al uso de productos antimicrobianos en su ganadería.

Es por ello que una apertura extraordinaria del mercado estadounidense representa una alternativa especialmente atractiva y oportuna para la industria brasileña.

Para Argentina, en cambio, el anuncio de Trump puede terminar generando un efecto paradójico: mientras el país busca consolidar su presencia en Estados Unidos y negociar la renovación del cupo adicional de 80.000 toneladas, una apertura más amplia del mercado podría favorecer a competidores con una mayor capacidad exportadora, como Brasil

La pregunta, entonces, es si este anuncio representa realmente una buena noticia o una amenaza para el mercado exportador.

La respuesta depende de la situación de cada proveedor.

Para Brasil, que en los próximos meses deberá afrontar mayores costos para colocar carne en China o incluso una eventual disrupción de sus envíos a la Unión Europea, una ventana de 90 días sin aranceles en Estados Unidos puede representar una oportunidad significativa.

Para Argentina, en cambio, el escenario es diferente. El país ya dispone de condiciones preferenciales para ingresar al mercado estadounidense y, al mismo tiempo, mantiene una fuerte presencia en China. Por eso, una apertura generalizada podría llegar a erosionar parcialmente la ventaja arancelaria conseguida durante este año, especialmente en lo que respecta al saldo del cupo adicional, cuya utilización se concentra mayoritaria mente en carne de menor valor comercial, destinada al procesamiento industrial.

Y aquí aparece una última variable que no debería perderse de vista: la política.

En un año atravesado por procesos electorales tanto en Brasil como en Estados Unidos, no sería extraño que las decisiones de los principales jugadores del mercado respondan no solo a las necesidades de abastecimiento y a la necesidad de reorientar sus flujos comerciales, sino también a objetivos políticos.

Para Argentina, el desafío será entonces doble: aprovechar la oportunidad que todavía ofrece el mercado estadounidense y, al mismo tiempo, evitar que una apertura extraordinaria termine diluyendo la ventaja comercial conseguida durante este año, especialmente de cara al próximo ciclo.

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