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Consumo: supermercados pierden 4,2 millones de tickets y enfrentan un cambio estructural en la demanda

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Entre febrero de 2023 y febrero de 2026, los supermercados perdieron 4,2 millones de tickets, al pasar de 15,8 millones a 11,6 millones de operaciones, según datos oficiales del INDEC. El dato, que se consolidó este 24 de abril, expone algo más que una retracción del consumo: revela una transformación en los hábitos de compra en plena gestión de Javier Milei. La caída se profundiza en un contexto de inflación persistente y salarios rezagados, abriendo un interrogante central para el Gobierno: ¿se trata de un ciclo recesivo transitorio o de un cambio estructural que redefine la economía cotidiana?

Un deterioro que trasciende la coyuntura y redefine el mapa comercial

Entre febrero último e igual mes de hace tres años, el consumo en los supermercados, medido por INDEC según la cantidad de tickets, muestra que, de 15,8 millones de tickets en febrero de 2023, cuando aún gobernaba Alberto Fernández, se bajó a 11,6 millones, es decir, se registraron 4,2 millones de operaciones menos.

Hasta el mismo mes de 2024, ya con Javier Milei como Presidente, cayeron en unos 300 mil más y descendieron a 12.603.395 en el año pasado, lo cual representó una pérdida de casi 3 millones de operaciones registradas en las cajas de los súper. Y en 2026, se resignaron otras 936.446, de acuerdo con datos oficiales

La cantidad de operaciones que toma INDEC es el número de las efectuadas según la ubicación geográfica de la boca de expendio donde se realizaron las ventas en el mes calendario de referencia.

Desde diciembre de 2023, en que alcanzó su pico de 18.643.324 operaciones en supermercados, el guarismo viene en disminución.

Se consume menos pero también se modificaron hábitos, lo cual obliga a una recomposición de los canales comerciales.

Para muestra basta con mirar el comportamiento del consumo masivo en el inicio de 2026, cuando volvió a su nivel más bajo desde septiembre 2024.

Fue en febrero cuando profundizó su deterioro con un descenso interanual del -3,4% y una fuerte contracción mensual del -6,3% en las compras en supermercados, autoservicios, farmacias, e-commerce, mayoristas y kioscos.

Debacle general 

En el reparto, la debacle fue general: supermercados resignó -5,9% frente a febrero de 2025 y un -6,3% en comparación con enero; farmacia perdió -9,1% mensual, autoservicios -6,4%, kioscos -6,2% y mayoristas -5,8%, según datos de la consultora Scentia.

La caída de las ventas se da en el marco de un repunte de la inflación, que en los últimos nueve meses mostró una tendencia sostenida de avance. 

Por el contrario, los salarios no están acompañando ese recalentamiento de precios.

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), Armando Farina, en diálogo con LU9 Radio Mar del Plata, puso de relieve que “los servicios hoy ya se llevan el 62% de los ingresos de un salario” y señaló que, en ese marco, la gente “cada vez tiene menos recursos para hacer sus compras”.

Según Farina, el consumidor final “se está convirtiendo en un profesional de la compra”, que adquiere estrictamente lo que necesita en el día y especula con la pequeña tasa de interés que le pagan las aplicaciones por tener el dinero depositado.

Las grandes cadenas vienen atravesando un proceso sectorial de ventas, fusiones y achicamientos, pero a la vez afinan su política comercial para retener clientes.

En esa dirección están reforzando su oferta de productos frescos como consecuencia de la merma en la facturación y en la rentabilidad.  

Farina lo expuso de este modo: “Cada vez tenés más diversidad de carnes, más diversidad de panes, más diversidad de pescadería”, detalló.

Esa estrategia, sin embargo, golpea directamente al comercio de proximidad. 

El dirigente empresario advirtió que panaderías, carnicerías, pescaderías y ferreterías de barrio enfrentan cierres y una creciente competencia, porque “la gente está yendo a buscar eso a las principales cadenas”.

Los autoservicios mayoristas ofrecen precios competitivos tanto a comerciantes como a familias, pero ni aún así se salvaron de una caída del -1,2% interanual, mientras que el sector minorista/supermercados retrocedió -3,1%, evidenciando que la disminución del consumo es generalizada.

En kioscos y almaneces, el panorama no fue mejor.

Mayoristas en alerta

En marzo, la información preliminar de las consultoras indica que el canal mayorista también habría sido negativo en -9% y lo mismo los autoservicios resignaron no menos de -4%. 

Los cambios en los hábitos de compra por el ajuste de cinturones pero también por tendencias modernas de consumo provocan una recomposición de la demanda entre un canal y otro que está en constante acomodamiento.

A nivel geográfico, las ventas mayoristas mostraron comportamientos dispares: en la Ciudad de Buenos Aires retrocedieron -0,2% interanual, mientras que crecieron 21,7% en el Gran Buenos Aires y 26,5% en el resto del país.

En supermercados, las mayores subas se registraron en Neuquén (30%), Formosa (28,3%), Santa Fe (27,8%), Río Negro (27,8%) y la Ciudad de Buenos Aires (27,3%), evidenciando una dinámica heterogénea según la región.

Fuentes de diversas empresas productoras de alimentos concidieron en que tracciona mejor el comercio tradicional que el moderno y, en algunos casos, también los del interior, en detrimento de las sucursales del AMBA.

También desde el sector lácteo aportaron elementos que permiten trazar hipótesis de hacia adónde se encaminan los consumidores: el volumen total vendido del primer trimestre del año versus el mismo período de 2025 está prácticamente igual, pero con una marcada diferencia entre supermercados y mayoristas, en cuyos casos la venta cayó entre -4% y -6%, respectivamente, contra autoservicios, donde hubo un crecimiento del 5%. 

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La crisis textil se profundiza: la producción cayó 33% y el impacto ya se ve en locales vacíos

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La industria textil argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos: en febrero, la producción se desplomó un 33% interanual y acumula una caída del 36% frente a 2023, mientras el deterioro ya se traslada al tejido urbano con un fuerte aumento de locales vacíos en los principales corredores comerciales. El dato, difundido por la Fundación ProTejer, no solo refleja una crisis sectorial sino que expone una tensión de fondo en la política económica: ¿hasta dónde puede sostener el Gobierno la apertura importadora y el ajuste del consumo sin erosionar el entramado productivo?

El fenómeno deja de ser estadístico y se vuelve visible. Con más de dos años de caída de la actividad, la industria no logra encontrar un piso y comienza a impactar en empleo, empresas y comercio minorista.

Capacidad ociosa, importaciones y caída del consumo

El retroceso se inscribe en un escenario de múltiples presiones. Por un lado, el consumo interno se retrae: los hogares reasignan ingresos hacia servicios básicos y recortan gastos en indumentaria. Por otro, el frente externo gana peso. Las importaciones de ropa crecieron 185% en cantidades durante 2025 y se mantienen elevadas en 2026, impulsadas por el modelo de fast fashion, que introduce productos a bajo costo.

A ese esquema se suma la apreciación del tipo de cambio y el aumento de compras en el exterior. Las adquisiciones vía courier, por ejemplo, saltaron 274% el año pasado, consolidando un canal alternativo que compite directamente con la producción local.

El resultado es una estructura productiva con niveles de utilización mínimos: entre 2024 y 2025, 6 de cada 10 máquinas textiles permanecieron paradas, proporción que en los últimos meses llegó a 7 sobre 10. La industria no solo produce menos, sino que directamente deja de operar parte de su capacidad instalada.

El impacto también se mide en términos estructurales. Entre fines de 2023 y diciembre de 2025 se destruyeron más de 20.700 puestos de trabajo registrados y cerraron más de 650 empresas, lo que implica una caída del 17% en el empleo y del 11% en los establecimientos productivos.

De la fábrica al mostrador: el ajuste se traslada a la calle

La contracción ya se traduce en una postal concreta: persianas bajas en zonas históricas de venta de indumentaria. Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en el primer bimestre de 2026 se contabilizaron 284 locales vacíos, en alquiler o en venta en la Ciudad de Buenos Aires, con un aumento del 38,5% interanual y del 43,4% frente al bimestre previo.

El dato más revelador es la dinámica de oferta: los locales en alquiler crecieron 158,8% interanual, señal de negocios que no logran sostenerse.

El fenómeno se concentra en corredores emblemáticos. Sobre la avenida Cabildo, los locales vacíos aumentaron 177,8% en el primer bimestre respecto al mismo período de 2025. En la avenida Avellaneda, uno de los polos textiles más importantes del país, el incremento fue del 160%, en un contexto de menor circulación y caída de ventas.

Otras arterias comerciales también muestran deterioro, aunque con menor intensidad: Corrientes registra 68 locales vacíos, Rivadavia 63 y Santa Fe 58. La tendencia es transversal y evidencia un cambio en la dinámica comercial: menos consumo, mayores costos y márgenes cada vez más ajustados.

Apertura, consumo y presión sobre la industria

El cuadro plantea un reordenamiento de intereses. La apertura importadora y el acceso a bienes más baratos benefician al consumidor en el corto plazo, pero presionan sobre la industria local, que pierde competitividad y escala.

Al mismo tiempo, la caída del consumo limita cualquier posibilidad de recomposición interna. Sin demanda, el sector no logra absorber el impacto externo ni sostener su estructura productiva. El resultado es un círculo donde producción, empleo y ventas se retroalimentan en descenso.

En términos de política económica, la tensión es evidente: sostener precios bajos vía importaciones o preservar el entramado industrial. Por ahora, los datos muestran que el ajuste recae con mayor fuerza sobre la producción local.

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California Supermercados ajusta su estrategia ante la retracción del consumo

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En un escenario de consumo en transformación, la cadena California Supermercados decidió reorientar su estrategia comercial con foco en productos frescos y opciones saludables, al tiempo que ajusta su dinámica de ventas frente a un cliente que compra más seguido y en menores cantidades.

La definición fue expuesta por el gerente operativo, Raúl Cáceres, quien confirmó que la empresa avanza en una política de fortalecimiento de la calidad en góndola, especialmente en rubros como verduras y legumbres, y en la incorporación progresiva de iniciativas vinculadas a la alimentación saludable en articulación con el Instituto de Previsión Social (IPS).

Reconfiguración del consumo y respuesta empresarial

El cambio no es aislado. Según lo planteado por la firma, la modificación en los hábitos de compra obliga a redefinir la lógica comercial: el consumo mensual cede lugar a compras diarias o más frecuentes, con menor volumen por operación.

Esa dinámica impacta directamente en la estrategia de abastecimiento y en la oferta de productos. “La gente no llena el chango como antes”, describió Cáceres, en referencia a una tendencia que también reconfigura la competencia entre marcas y categorías dentro del supermercado.

En paralelo, el uso de medios de pago digitales y financiamiento —tarjetas de crédito, QR y compras en cuotas— gana terreno incluso en productos de consumo básico, lo que refleja una mayor presión sobre el ingreso disponible.

Inflación y cambios en la canasta

El contexto inflacionario también se hace sentir en las decisiones de compra. Según lo indicado, los mayores ajustes se perciben en carnes y lácteos, dos rubros sensibles dentro de la canasta alimentaria.

Frente a ese escenario, el consumidor tiende a sustituir marcas o buscar alternativas más económicas dentro de la misma categoría. La respuesta del supermercado apunta a sostener variedad y calidad, evitando quiebres de stock y ofreciendo opciones dentro de distintos rangos de precios.

Al mismo tiempo, desde la empresa reconocen que existe un segmento de productos de alto valor que registra menor rotación, aunque aclaran que su incidencia dentro del total es acotada.

Estrategia comercial y articulación institucional

La decisión de avanzar hacia una oferta más orientada a lo saludable se implementará de manera gradual en los ocho locales de la cadena. La iniciativa incluye señalización específica en góndolas y acciones conjuntas con el IPS, en línea con experiencias previas como programas vinculados a alimentos para celíacos.

Desde la empresa remarcan que el objetivo es adaptarse a un consumidor que no solo ajusta su gasto, sino que también modifica sus preferencias alimentarias.

Consumo, precios y adaptación

El movimiento de California expone una tensión más amplia en el sistema comercial: la necesidad de sostener volumen de ventas en un contexto de menor poder adquisitivo y mayor sensibilidad a los precios.

En ese marco, las cadenas que logran adaptarse —ya sea mediante diversificación de marcas, financiamiento o segmentación de la oferta— consolidan su posicionamiento frente a competidores más rígidos.

A su vez, la articulación con organismos como el IPS introduce un componente institucional que busca ampliar el alcance de políticas de consumo, aunque su impacto dependerá de la implementación efectiva y la respuesta del público.

Consumo fragmentado y presión sobre alimentos

Aunque los datos corresponden a una cadena específica, la tendencia refleja un patrón más amplio en Misiones: compras más frecuentes, menor volumen y sustitución de productos.

Esto tiene implicancias directas en toda la cadena económica, desde proveedores hasta productores locales, especialmente en rubros sensibles como alimentos frescos.

La evolución del consumo en los próximos meses estará atada a variables clave como la inflación, los ingresos reales y las condiciones de financiamiento.

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Cierre de Le Utthe: la Municipalidad aclara que la deuda real es de $8 millones

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El cierre del comercio Le Utthe en Posadas generó repercusión y versiones cruzadas en torno a una supuesta multa millonaria que habría precipitado la decisión empresarial. Frente a ello, la Municipalidad de Posadas salió a fijar posición oficial y aclarar los alcances de la situación tributaria del local.

Desde el Ejecutivo municipal precisaron que el monto de $190 millones que trascendió públicamente no correspondía a una multa, sino a una estimación presunta inicial derivada de inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas presentadas por la firma.

Tras el proceso administrativo correspondiente, que incluyó el descargo formal de la empresa y la presentación de documentación respaldatoria, la situación fue recalculada: la deuda real quedó establecida en $8 millones, a lo que se suman intereses que, además, podrían ser objeto de reducción.

En ese marco, desde la Municipalidad fueron enfáticos en rechazar la idea de que la clausura del comercio haya sido consecuencia de la política tributaria local.

“El cierre del establecimiento no puede atribuirse a una cuestión tributaria municipal”, indicaron fuentes oficiales, que apuntaron a un escenario económico más amplio y adverso como principal factor explicativo.

En particular, mencionaron la caída sostenida del consumo y la pérdida de poder adquisitivo como variables determinantes. Los indicadores del comercio minorista muestran variaciones interanuales negativas durante gran parte del segundo semestre de 2025 y el inicio de 2026, reflejando una debilidad estructural de la demanda interna.

El peso de la frontera: 8,5 millones de cruces al año

Otro elemento clave en la explicación oficial es la dinámica fronteriza. Posadas mantiene una interacción permanente con Encarnación, en Paraguay, lo que condiciona directamente al comercio local.

Según datos municipales, se registran más de 8,5 millones de cruces anuales hacia la ciudad vecina, lo que implica una fuerte derivación de consumo fuera del circuito local.

Este fenómeno responde, principalmente, a asimetrías macroeconómicas -como el tipo de cambio y la estructura impositiva nacional-  que exceden la órbita municipal.

En la misma línea, la Municipalidad sostuvo que el debate sobre la presión impositiva local debe contextualizarse dentro de la estructura tributaria argentina.

De acuerdo con los datos expuestos, los impuestos nacionales representan el 83% de la carga total, por lo que las variables que afectan al comercio -como inflación, ingresos reales o tipo de cambio- están mayormente determinadas fuera del ámbito municipal.

Aun en un contexto donde algunos sectores muestran señales de recuperación, el comercio minorista continúa aproximadamente un 3% por debajo de los niveles de 2023, lo que refuerza el diagnóstico de fragilidad estructural.

Finalmente, desde la Municipalidad remarcaron un elemento que contrasta con el adiós de la firma bonaerense: el local que ocupaba Le Utthe ya tiene un nuevo destino comercial.

Allí se instalará una empresa de electrodomésticos que desembarcará en Posadas, lo que -según la visión oficial- contribuye a desmentir la idea de que la presión fiscal municipal sea un factor determinante para la salida de empresas del mercado local.

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Autorizan ampliación del Duty Free Shop de Puerto Iguazú

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El Gobierno avanzó en una decisión con impacto territorial y económico concreto: amplió la superficie habilitada para la Zona Franca Minorista de Puerto Iguazú, mediante la Resolución General 5833/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), publicada el 25 de marzo. La medida redefine los límites operativos de la tienda libre en una de las principales fronteras comerciales del país y abre una nueva etapa en el esquema de ventas a turistas.

El movimiento no es solo técnico. En un contexto donde las economías regionales buscan dinamizar consumo y atraer divisas, la ampliación plantea una pregunta de fondo: ¿es una herramienta de estímulo local o parte de una estrategia más amplia de competencia comercial en zonas de frontera?

Un rediseño con respaldo normativo y lógica expansiva

La decisión se apoya en un entramado normativo que se remonta a la Ley 24.331, que habilita la creación de zonas francas, y en decretos que fueron ampliando el alcance de las ventas minoristas a turistas, tanto extranjeros como nacionales.

Sobre esa base, la resolución actual modifica el esquema vigente desde la Resolución General 1.230, que había habilitado el funcionamiento de la zona franca y su tienda libre en Puerto Iguazú.

El cambio central es concreto y medible: Se autoriza una superficie total de 24.744,60 metros cuadrados para la Zona Franca Minorista. De ese total, 12.500,26 m² corresponden a áreas de venta y servicios (local comercial, oficinas, sanitarios y espacios comunes). Otros 6.654,65 m² quedan destinados a depósitos. Y 5.589,69 m² se asignan a estacionamiento semicubierto.

La ampliación había sido previamente autorizada por el Comité de Vigilancia de la Zona Franca en octubre de 2025, pero requería la habilitación formal de la autoridad aduanera para su implementación efectiva.

El rediseño también incluye la aprobación de un nuevo anexo técnico y la derogación de normas previas que regulaban aspectos del funcionamiento, lo que en la práctica implica unificación y actualización del marco operativo.

Más que metros cuadrados: impacto en comercio y flujo turístico

La ampliación de la tienda libre no ocurre en un vacío. Se inscribe en un esquema que permite ventas minoristas de productos importados sin impuestos, bajo control aduanero, a turistas que ingresan o salen del país.

En ese contexto, el aumento de superficie tiene efectos directos: Mayor capacidad de oferta comercial en un punto de alto tránsito internacional. Posibilidad de incrementar el volumen de ventas a turistas. Mejora logística a partir de la ampliación de depósitos y estacionamiento.

Desde la perspectiva del Gobierno, la medida refuerza una herramienta ya existente para estimular consumo en zonas de frontera, donde la competencia con mercados vecinos suele ser un factor estructural.

También introduce una señal hacia el sector privado: hay margen para expandir operaciones dentro de esquemas regulados, sin modificar el régimen de fondo.

Reconfiguración operativa y control aduanero

El rol de la ARCA en esta resolución no es menor. La habilitación implica validar que la ampliación cumpla con los requisitos técnicos, operativos y de control aduanero, lo que garantiza que el crecimiento del área no desborde el sistema de fiscalización.

Al mismo tiempo, la medida mantiene intacto el principio central del régimen: las operaciones siguen bajo supervisión aduanera estricta, incluso cuando se amplía la escala.

La combinación entre expansión comercial y control estatal define el equilibrio que busca sostener el Gobierno en este tipo de instrumentos.

Un movimiento táctico en una frontera sensible

La ampliación de la Zona Franca Minorista de Puerto Iguazú puede leerse como un ajuste operativo. Pero también como una señal en un territorio donde el comercio, el turismo y la política económica se cruzan de manera permanente.

En las próximas semanas será relevante observar cómo evoluciona la actividad en la tienda libre, si el aumento de superficie se traduce en mayor flujo comercial y qué impacto tiene en la dinámica local.

El Gobierno habilitó más espacio. La pregunta que queda abierta es cómo se ocupará y qué lugar tendrá dentro de una estrategia más amplia para las economías de frontera.

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