Comercio

La economía se frenó en noviembre: el EMAE cayó 0,3% y rompió una racha de 14 meses en alza

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El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en noviembre de 2025 su primera caída intermensual tras más de un año en alza. Aunque diez sectores crecieron en la comparación interanual, el retroceso de la industria, el comercio y la pesca arrastró al indicador general y encendió señales de alerta sobre la sostenibilidad de la recuperación.

De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad económica mostró en noviembre una baja del 0,3% respecto de octubre, en términos desestacionalizados, y también una contracción del 0,3% interanual, lo que marcó el primer registro negativo tras 14 meses consecutivos de crecimiento. El componente tendencia-ciclo, en tanto, no mostró variaciones.

El dato adquiere relevancia política y económica porque se produce en el tramo final del año y en la antesala del cierre del cuarto trimestre, período que permitirá conocer el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) en su conjunto.

Un freno tras más de un año de recuperación: qué pasó con el EMAE

El retroceso de noviembre representa un quiebre en la dinámica de recuperación que venía mostrando la economía desde fines de 2024. La última caída previa se había registrado en septiembre de 2024, con una baja del 2,4%, lo que dimensiona la magnitud del cambio de tendencia.

Pese al resultado mensual negativo, el acumulado del año mantiene un saldo positivo: la actividad económica creció 4,5% en los primeros once meses de 2025, en comparación con igual período del año anterior.

En paralelo, el desempeño trimestral del PIB hasta septiembre había mostrado una desaceleración progresiva:

  • Primer trimestre: crecimiento del 5,8%.
  • Segundo trimestre: expansión del 6,3%.
  • Tercer trimestre: aumento del 3,3%.

Con estos registros, el PIB acumuló una suba del 5,2% en los primeros nueve meses del año, aunque la caída del EMAE en noviembre plantea interrogantes sobre la fortaleza del cierre anual.

Sectores en alza y sectores en retroceso: el mapa productivo de noviembre

En la comparación interanual, diez de los sectores que integran el EMAE registraron subas, con un claro liderazgo de las actividades financieras y del agro.

La Intermediación financiera encabezó el ranking con un crecimiento del 13,9%, impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa. Le siguió Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una expansión del 10,5%.

Ambos sectores no solo crecieron, sino que explicaron buena parte del resultado global: aportaron en conjunto 0,94 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, convirtiéndose en los principales motores del indicador.

Otros sectores que mostraron variaciones positivas fueron:

  • Explotación de minas y canteras: 7%.
  • Impuestos netos de subsidios: 3,4%.
  • Transporte y comunicaciones: 1,8%.
  • Electricidad, gas y agua: 0,6%.
  • Servicios sociales y de salud: 0,6%.
  • Enseñanza: 0,7%.
  • Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,7%.
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%.
  • Hoteles y restaurantes: 0,3%.

En contraste, cinco sectores clave mostraron caídas interanuales significativas, con fuerte impacto sobre el nivel general de actividad.

La Pesca fue el rubro más afectado, con un desplome del 25%, seguida por la Industria manufacturera, que retrocedió 8,2%, y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una baja del 6,4%. A estos se sumaron la Construcción (-2,3%) y la Administración pública y defensa (-0,6%).

En conjunto, estos sectores restaron 2,23 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE, neutralizando el impulso de las actividades en expansión.

Impacto económico y señales para el cierre del año

La combinación de un freno mensual, una desaceleración del crecimiento trimestral y la persistente debilidad de sectores intensivos en empleo y consumo interno —como la industria, el comercio y la construcción— plantea desafíos relevantes para la política económica.

Mientras el agro y las finanzas sostienen el nivel de actividad, la caída de la industria manufacturera y del comercio refleja tensiones estructurales que podrían condicionar el desempeño del PIB en el último trimestre de 2025.

El dato de noviembre, además, refuerza la expectativa sobre el resultado del cuarto trimestre y el cierre anual, en un contexto donde el EMAE funciona como anticipo clave del Producto Interno Bruto, que se conocerá una vez publicados los datos completos del período.

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El Gobierno reordena normas y agiliza la gestión en industria, comercio y automotriz

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El Ministerio de Economía dispuso una profunda reorganización administrativa de regímenes vinculados a la industria, el comercio y la seguridad de productos mediante la Resolución 18/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio. La norma, dictada el 16 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 19 de enero, redefine competencias internas, centraliza funciones técnicas y ajusta procedimientos en materia de armas químicas, licencias automotrices, autopartes, industria naval y regímenes de promoción productiva, con el objetivo de agilizar la gestión, mejorar la fiscalización y dotar de mayor eficiencia al accionar del Estado.

La resolución impacta sobre un amplio entramado normativo vigente desde 1998 hasta 2025 y busca armonizar intervenciones administrativas sin modificar el alcance ni los beneficios de los regímenes existentes.

Reordenamiento institucional y centralización de funciones técnicas

Uno de los ejes centrales de la Resolución 18/2026 es la redefinición de competencias dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, particularmente en cabeza de la Subsecretaría de Gestión Productiva y de la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial, junto con la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial.

En ese marco, se actualiza el Registro de Armas Químicas, creado originalmente por la Resolución N° 904/1998. A partir de la modificación del Artículo 1°, el registro queda formalmente bajo el ámbito de la Subsecretaría de Gestión Productiva, estableciéndose que su administración y gestión podrán ser ejercidas indistintamente por dicha Subsecretaría o por la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial. El registro alcanza a personas físicas y jurídicas que produzcan, comercialicen, exporten o importen sustancias incluidas en las Listas 1, 2 y 3 de la Convención sobre Armas Químicas, cuando se superen los límites establecidos por dicho tratado.

Asimismo, la resolución adecua referencias normativas dispersas, aclarando que distintas menciones a direcciones y áreas ya inexistentes deben entenderse realizadas a los actuales organismos competentes, evitando superposiciones y vacíos administrativos.

Cambios en licencias automotrices, importaciones y autopartes

Otro bloque relevante de la resolución se centra en el régimen automotor, con modificaciones a normas vinculadas a la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), importaciones para exhibiciones y control de autopartes.

Entre los cambios más significativos, se establece que la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial será la autoridad encargada de emitir la LCM y de definir los procedimientos aplicables a los organismos técnicos habilitados por el Decreto N° 779/1995 y sus modificatorios. También se habilita a dicha Dirección a emitir actualizaciones, extensiones y validaciones de licencias y constancias técnicas, cuando se mantengan las características técnicas del modelo aprobado.

En el caso de vehículos importados para exposiciones o exhibiciones sin LCM, se reafirma la obligación de solicitar autorización previa y se mantiene el plazo máximo de DOCE (12) meses para su reexportación, bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones previstas en el Código Aduanero.

En materia de autopartes y elementos de seguridad, la resolución refuerza el rol de la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial en la trazabilidad, fiscalización y control de repuestos originales, tanto de origen nacional como importado. Se precisa que las autopartes se considerarán originales cuando repliquen las especificaciones técnicas, de diseño, materiales, procesos de fabricación, marca y funcionalidad del vehículo homologado. Además, se establecen plazos de DIEZ (10) días hábiles para subsanar inconsistencias detectadas durante los procesos de verificación y fiscalización.

Regímenes de promoción productiva y efectos sobre los sectores alcanzados

La Resolución 18/2026 también introduce ajustes en el régimen creado por el Decreto N° 460/2023, que estableció una alícuota del CERO POR CIENTO (0 %) para la importación de motocicletas y vehículos similares incompletos, destinados a fabricación local con integración de partes nacionales. En este caso, se precisan los plazos y procedimientos para la emisión de Certificados de Adhesión y Certificados de Importación, fijando un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos para su otorgamiento una vez completada la solicitud.

Asimismo, se detallan las obligaciones de información anual sobre el valor agregado local mínimo, que deben presentarse antes del 1° de marzo de cada año, con posibilidad de prórroga por hasta DIEZ (10) días hábiles, y se refuerzan los mecanismos de auditoría y control.

Desde el punto de vista institucional, la norma se apoya en un proceso de relevamiento normativo orientado a agilizar trámites, reducir tiempos administrativos y mejorar la especialización técnica de las áreas intervinientes. Para los sectores industriales, automotrices, químicos y de comercio exterior, la resolución implica mayor claridad en las ventanillas de gestión, procedimientos más uniformes y una concentración de decisiones en áreas técnicas específicas, sin alterar los beneficios económicos previstos en los regímenes vigentes.

La resolución entra en vigencia a partir de su dictado y consolida un esquema de gestión administrativa orientado a la eficiencia, la simplificación y el control técnico en áreas sensibles de la política industrial y comercial.

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Puente San Javier–Porto Xavier, avanzan los pasos técnicos para iniciar la obra binacional

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Misiones y autoridades del sur de Brasil avanzaron en una reunión binacional clave para poner en marcha la fase operativa del puente internacional San Javier–Porto Xavier, una obra ya aprobada que ingresa ahora en la etapa técnica y administrativa previa al inicio de los trabajos. El encuentro marcó un punto de inflexión: dejó atrás el plano de los anuncios y se concentró en los procedimientos concretos —ambientales, territoriales y logísticos— necesarios para pasar a la ejecución de un proyecto estratégico para la integración regional, el comercio y el desarrollo local.

De la planificación a la ejecución: una agenda técnica decisiva

La reunión permitió ordenar una agenda técnica y administrativa orientada a destrabar los últimos pasos antes del inicio de obra. El puente, que será financiado por el gobierno de Brasil, se consolidó a lo largo de los años mediante gestiones sostenidas, agendas bilaterales y trabajo institucional entre el Gobierno de Misiones, los municipios involucrados y organismos del país vecino. Este nuevo avance responde al impulso del Estado misionero y de los intendentes de la provincia, que mantuvieron activo el proyecto y promovieron de manera constante las instancias necesarias para alcanzar esta etapa de concreción.

Participaron del encuentro el ministro coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori; el jefe de Asesores del gobernador Hugo Passalacqua, Eduardo Morales Lezica; los intendentes de San Javier y Porto Xavier, Matías Vilchez y Gilberto Menin; y autoridades locales y provinciales, entre ellos el viceintendente de San Javier, Víctor Rafael Cabrera; el concejal Duilio Sosa; asesores del Ejecutivo y representantes de Vialidad. Por el lado brasileño, asistió el secretario de Desarrollo y Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser.

También estuvieron presentes representantes del consorcio empresario vinculado al proyecto, encabezado por Rivoli Costruttora, empresa de capitales italianos que lidera el conjunto de cinco firmas seleccionadas por el gobierno brasileño para ejecutar la obra. La participación de los equipos técnicos permitió delinear el trabajo conjunto en territorio y organizar las próximas instancias operativas.

Puntos técnicos: licencias ambientales, relocalizaciones y accesos

Durante el encuentro se abordaron los ejes técnicos que permitirán pasar de la planificación al inicio efectivo de obra. Entre los puntos centrales figuraron el avance de los trámites de licenciamiento ambiental, la definición de áreas sensibles y los procesos de relocalización, así como la planificación de accesos y obras complementarias en ambas cabeceras del futuro viaducto.

En particular, se analizó la situación de los terrenos involucrados, con foco en sectores destinados a áreas aduaneras y de servicios. Allí será necesario avanzar en relevamientos, delimitaciones y eventuales procesos de indemnización. De acuerdo con los primeros estudios, el área afectada comprende a un grupo acotado de familias asentadas en zonas de expansión urbana, lo que obliga a articular mecanismos de relocalización y compensación dentro de los marcos técnicos y administrativos correspondientes.

Asimismo, se puso en común el estado de los trámites ambientales en Brasil, donde ya se trabaja sobre estudios y protocolos desarrollados en instancias anteriores del proyecto. Esta base técnica previa optimiza tiempos y acorta etapas, con impacto directo en el calendario general de la obra. En paralelo, se avanzó en criterios de coordinación institucional para ordenar procedimientos entre ambos países.

Impacto regional y expectativas: conectividad, empleo y logística

El ministro coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, destacó el avance del proyecto y expresó su optimismo respecto al inicio próximo de las obras. “Esto promueve el desarrollo local de ambas ciudades, tanto del lado argentino como del brasileño. Fortalece la conectividad y abre la puerta a la generación de nuevos puestos de trabajo”, afirmó.

En la misma línea, subrayó que “se genera una enorme expectativa, porque el impacto no será solo directo sobre el comercio, sino también indirecto, a partir del crecimiento de nuevas dinámicas logísticas que resultan clave para consolidar y potenciar toda la región. Es sin dudas un avance importante para San Javier y toda la provincia será beneficiada”.

El puente San Javier–Porto Xavier es considerado estratégico para la integración regional y el desarrollo económico y turístico. Además de mejorar la conectividad entre Misiones y el estado de Río Grande do Sul, el viaducto se proyecta como una nueva vía para el intercambio comercial, la circulación de personas y la articulación logística entre ambos países. La actual fase técnica consolida un proceso con múltiples etapas previas —estudios, gestiones diplomáticas y acuerdos institucionales— y enfoca los próximos pasos en profundizar estudios, ordenar procedimientos ambientales y administrativos y establecer un esquema de trabajo coordinado que permita materializar la obra tras años de planificación.

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El mismo mueble, dos precios y una alerta para el comercio formal

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Las dos imágenes comparadas muestran, con una contundencia difícil de ignorar, uno de los problemas que hoy desvela al comercio formal argentino: el ingreso irregular de mercaderías al país y su comercialización a través de plataformas digitales con precios imposibles de replicar para quienes cumplen la ley.

Se trata del mismo producto -una mesa de centro de estilo moderno mid-century, con tapa elevable y espacio de almacenamiento- ofrecido en dos mercados distintos. En una publicación orientada al exterior, el mueble se vende a 114 dólares, con un descuento del 53 por ciento y envío gratuito. En la versión destinada al mercado argentino, el mismo artículo aparece con un precio de 2.121.757 pesos, también con envío gratis, pero ya marcado como “agotado”.

La diferencia no es meramente cambiaria. Incluso considerando impuestos, costos logísticos y aranceles, la brecha resulta extrema y plantea un interrogante central: ¿Cómo llegan estos productos al mercado local y bajo qué condiciones?

La escena descripta encaja de lleno con la advertencia que viene formulando la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que manifestó nuevamente su preocupación por el incremento del ingreso irregular de mercaderías al país. Según la entidad, este fenómeno no solo distorsiona la comercialización, sino que impacta de manera directa sobre la producción nacional, el empleo y la recaudación fiscal.

Cada producto que ingresa por fuera de los canales formales representa impuestos que no se pagan: derechos de importación, IVA e impuestos internos, entre los más relevantes. La consecuencia es doblemente negativa: el Estado pierde recursos y las empresas que operan legalmente quedan expuestas a una competencia desleal imposible de enfrentar.

Las advertencias de la CAC

La CAC advierte, además, que muchas de estas mercaderías -en especial bienes durables como electrodomésticos, equipos electrónicos o mobiliario importado- no cumplen con las certificaciones obligatorias, carecen de homologaciones técnicas y se venden sin garantía oficial ni soporte postventa.

En el caso de los productos eléctricos o electrónicos, el riesgo es aún mayor: incumplimientos de normas de seguridad, ausencia de certificaciones y vulneración directa de las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial. El precio bajo, en estos casos, suele esconder costos futuros que terminan siendo absorbidos por el usuario final.

Un elemento clave del fenómeno es el canal de venta. La comercialización en línea permite que vendedores irregulares aprovechen la visibilidad de marcas internacionales, sin asumir los costos fiscales ni regulatorios que sí enfrenta el comercio formal. El resultado es una oferta atractiva en precio, pero construida sobre una base ilegal.

Para la CAC, esta dinámica genera ingresos extraordinarios y libres de impuestos para los vendedores informales, mientras erosiona la rentabilidad de empresas que invierten, generan empleo y cumplen con el marco normativo vigente.

Frente a este escenario, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios sostiene que resulta imprescindible profundizar los controles en los pasos fronterizos, así como fortalecer la fiscalización sobre vendedores y revendedores, tanto en locales físicos como en plataformas digitales.

La entidad remarca que solo una acción coordinada de los organismos públicos permitirá mejorar la detección de ingresos irregulares, asegurar el cumplimiento de la ley y restablecer condiciones de sana competencia en el mercado interno.

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El mapa tributario: Oberá lidera con menor carga como imán para captar inversiones

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El Portal de Transparencia Tributaria Municipal, presentado por el Ministerio de Economía de la Nación, abrió una ventana que hasta ahora permanecía dispersa en ordenanzas y cuadros tarifarios: la posibilidad de comparar, con un criterio homogéneo, cuánto gravan los municipios a distintas actividades económicas. En Misiones, el primer dato relevante es tan simple como decisivo: no existe una “tasa municipal” única, sino un mapa de alícuotas que cambia según la ciudad y que puede inclinar la balanza de una inversión.

El relevamiento oficial -construido sobre ordenanzas fiscal y tarifaria aprobadas al inicio del ejercicio y datos tomados de sitios municipales al 31 de marzo de 2025- exhibe diferencias sensibles entre los principales centros urbanos de la provincia, en rubros que van desde la actividad primaria hasta el comercio de gran escala y las entidades financieras.

En ese cuadro, Oberá se destaca con un patrón consistente: alícuotas inferiores en rubros clave para la producción y la expansión comercial. Para actividades primarias, el municipio figura con una alícuota de 0,50% (sobre Ingresos Brutos), frente a 1,00% en Posadas y 1,20% en Puerto Iguazú, mientras Eldorado se mueve en un rango de 0,80% a 1,00%.

Este diseño tributario municipal no se presenta como un tecnicismo: en la lectura política y económica que impulsa el intendente Pablo Hassan, las tasas funcionan como una herramienta para atraer inversiones. En esa línea, la ciudad busca consolidar condiciones para nuevos desembarcos comerciales -como una franquicia cafetera de primera línea- y para el crecimiento productivo asociado al Parque Industrial de Oberá. Además de tener la alícuota más baja, los nuevos comercios tienen exento el cien por ciento durante el primer año de trabajo y 50 para el segundo año.

La misma lógica aparece en hipermercados: Oberá vuelve a estar en 0,50%, mientras Posadas y Puerto Iguazú se ubican en 1,20% y Eldorado entre 0,80% y 1,00%.

Y en industrias, el dato vuelve a reforzar la señal: Oberá aplica 0,50%, igual que Posadas, pero por debajo de Puerto Iguazú (1,20%) y del esquema de Eldorado (mínima 0,60%, máxima 1,00%).

Entidades financieras: la brecha se amplía con mínimos elevados

El rubro entidades financieras agrega un matiz: además de alícuotas, entran en juego mínimos o montos fijos, que pueden tener impacto directo en la estructura de costos. Allí, Oberá registra 2,00% con mínimo anual de 550.000 pesos. Puerto Iguazú y Eldorado figuran con 3,00% (con mínimos informados), mientras Posadas aparece como el caso de mayor carga: 3,70% y mínimo de 1.100.000 pesos.

La consecuencia es clara: el portal oficial no solo transparenta cifras; también expone una realidad estructural. Los municipios compiten -de manera explícita o implícita- por inversión, empleo y actividad, y las tasas municipales forman parte de ese tablero. En un contexto donde cada proyecto evalúa costos con precisión quirúrgica, las diferencias de alícuotas pueden convertirse en una ventaja comparativa o en un freno silencioso.

Con estos datos sobre la mesa, Misiones queda ante una discusión ineludible: si el objetivo es atraer capital productivo y sostener crecimiento local, la estructura tributaria municipal deja de ser letra chica y pasa a ser política económica.

Actividad (TISH 2025) Oberá Posadas Puerto Iguazú Eldorado
Actividades primarias (Base: Ingresos Brutos) 0,50% 1,00% 1,20% Mín. 0,80% / Máx. 1,00%
Industrias (Base: Ingresos Brutos) 0,50% 0,50% 1,20% Mín. 0,60% / Máx. 1,00%
Hipermercados (Base: Ingresos Brutos) 0,50% 1,20% 1,20% Mín. 0,80% / Máx. 1,00%
Entidades financieras (Alícuota + mínimo) 2,00% (mín. $ 550.000) 3,70% (mín. $ 1.100.000) 3,00% (mín. $ 277.058) 3,00% (mín. $ 697

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