El Ministerio de Economía dispuso una profunda reorganización administrativa de regímenes vinculados a la industria, el comercio y la seguridad de productos mediante la Resolución 18/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio. La norma, dictada el 16 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 19 de enero, redefine competencias internas, centraliza funciones técnicas y ajusta procedimientos en materia de armas químicas, licencias automotrices, autopartes, industria naval y regímenes de promoción productiva, con el objetivo de agilizar la gestión, mejorar la fiscalización y dotar de mayor eficiencia al accionar del Estado.
La resolución impacta sobre un amplio entramado normativo vigente desde 1998 hasta 2025 y busca armonizar intervenciones administrativas sin modificar el alcance ni los beneficios de los regímenes existentes.
Reordenamiento institucional y centralización de funciones técnicas
Uno de los ejes centrales de la Resolución 18/2026 es la redefinición de competencias dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, particularmente en cabeza de la Subsecretaría de Gestión Productiva y de la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial, junto con la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial.
En ese marco, se actualiza el Registro de Armas Químicas, creado originalmente por la Resolución N° 904/1998. A partir de la modificación del Artículo 1°, el registro queda formalmente bajo el ámbito de la Subsecretaría de Gestión Productiva, estableciéndose que su administración y gestión podrán ser ejercidas indistintamente por dicha Subsecretaría o por la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial. El registro alcanza a personas físicas y jurídicas que produzcan, comercialicen, exporten o importen sustancias incluidas en las Listas 1, 2 y 3 de la Convención sobre Armas Químicas, cuando se superen los límites establecidos por dicho tratado.
Asimismo, la resolución adecua referencias normativas dispersas, aclarando que distintas menciones a direcciones y áreas ya inexistentes deben entenderse realizadas a los actuales organismos competentes, evitando superposiciones y vacíos administrativos.
Cambios en licencias automotrices, importaciones y autopartes
Otro bloque relevante de la resolución se centra en el régimen automotor, con modificaciones a normas vinculadas a la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), importaciones para exhibiciones y control de autopartes.
Entre los cambios más significativos, se establece que la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial será la autoridad encargada de emitir la LCM y de definir los procedimientos aplicables a los organismos técnicos habilitados por el Decreto N° 779/1995 y sus modificatorios. También se habilita a dicha Dirección a emitir actualizaciones, extensiones y validaciones de licencias y constancias técnicas, cuando se mantengan las características técnicas del modelo aprobado.
En el caso de vehículos importados para exposiciones o exhibiciones sin LCM, se reafirma la obligación de solicitar autorización previa y se mantiene el plazo máximo de DOCE (12) meses para su reexportación, bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones previstas en el Código Aduanero.
En materia de autopartes y elementos de seguridad, la resolución refuerza el rol de la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial en la trazabilidad, fiscalización y control de repuestos originales, tanto de origen nacional como importado. Se precisa que las autopartes se considerarán originales cuando repliquen las especificaciones técnicas, de diseño, materiales, procesos de fabricación, marca y funcionalidad del vehículo homologado. Además, se establecen plazos de DIEZ (10) días hábiles para subsanar inconsistencias detectadas durante los procesos de verificación y fiscalización.
Regímenes de promoción productiva y efectos sobre los sectores alcanzados
La Resolución 18/2026 también introduce ajustes en el régimen creado por el Decreto N° 460/2023, que estableció una alícuota del CERO POR CIENTO (0 %) para la importación de motocicletas y vehículos similares incompletos, destinados a fabricación local con integración de partes nacionales. En este caso, se precisan los plazos y procedimientos para la emisión de Certificados de Adhesión y Certificados de Importación, fijando un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos para su otorgamiento una vez completada la solicitud.
Asimismo, se detallan las obligaciones de información anual sobre el valor agregado local mínimo, que deben presentarse antes del 1° de marzo de cada año, con posibilidad de prórroga por hasta DIEZ (10) días hábiles, y se refuerzan los mecanismos de auditoría y control.
Desde el punto de vista institucional, la norma se apoya en un proceso de relevamiento normativo orientado a agilizar trámites, reducir tiempos administrativos y mejorar la especialización técnica de las áreas intervinientes. Para los sectores industriales, automotrices, químicos y de comercio exterior, la resolución implica mayor claridad en las ventanillas de gestión, procedimientos más uniformes y una concentración de decisiones en áreas técnicas específicas, sin alterar los beneficios económicos previstos en los regímenes vigentes.
La resolución entra en vigencia a partir de su dictado y consolida un esquema de gestión administrativa orientado a la eficiencia, la simplificación y el control técnico en áreas sensibles de la política industrial y comercial.
Misiones y autoridades del sur de Brasil avanzaron en una reunión binacional clave para poner en marcha la fase operativa del puente internacional San Javier–Porto Xavier, una obra ya aprobada que ingresa ahora en la etapa técnica y administrativa previa al inicio de los trabajos. El encuentro marcó un punto de inflexión: dejó atrás el plano de los anuncios y se concentró en los procedimientos concretos —ambientales, territoriales y logísticos— necesarios para pasar a la ejecución de un proyecto estratégico para la integración regional, el comercio y el desarrollo local.
De la planificación a la ejecución: una agenda técnica decisiva
La reunión permitió ordenar una agenda técnica y administrativa orientada a destrabar los últimos pasos antes del inicio de obra. El puente, que será financiado por el gobierno de Brasil, se consolidó a lo largo de los años mediante gestiones sostenidas, agendas bilaterales y trabajo institucional entre el Gobierno de Misiones, los municipios involucrados y organismos del país vecino. Este nuevo avance responde al impulso del Estado misionero y de los intendentes de la provincia, que mantuvieron activo el proyecto y promovieron de manera constante las instancias necesarias para alcanzar esta etapa de concreción.
Participaron del encuentro el ministro coordinador de Gabinete de Misiones, Carlos Sartori; el jefe de Asesores del gobernador Hugo Passalacqua, Eduardo Morales Lezica; los intendentes de San Javier y Porto Xavier, Matías Vilchez y Gilberto Menin; y autoridades locales y provinciales, entre ellos el viceintendente de San Javier, Víctor Rafael Cabrera; el concejal Duilio Sosa; asesores del Ejecutivo y representantes de Vialidad. Por el lado brasileño, asistió el secretario de Desarrollo y Turismo de Porto Xavier, Ovidio Kaiser.
También estuvieron presentes representantes del consorcio empresario vinculado al proyecto, encabezado por Rivoli Costruttora, empresa de capitales italianos que lidera el conjunto de cinco firmas seleccionadas por el gobierno brasileño para ejecutar la obra. La participación de los equipos técnicos permitió delinear el trabajo conjunto en territorio y organizar las próximas instancias operativas.
Puntos técnicos: licencias ambientales, relocalizaciones y accesos
Durante el encuentro se abordaron los ejes técnicos que permitirán pasar de la planificación al inicio efectivo de obra. Entre los puntos centrales figuraron el avance de los trámites de licenciamiento ambiental, la definición de áreas sensibles y los procesos de relocalización, así como la planificación de accesos y obras complementarias en ambas cabeceras del futuro viaducto.
En particular, se analizó la situación de los terrenos involucrados, con foco en sectores destinados a áreas aduaneras y de servicios. Allí será necesario avanzar en relevamientos, delimitaciones y eventuales procesos de indemnización. De acuerdo con los primeros estudios, el área afectada comprende a un grupo acotado de familias asentadas en zonas de expansión urbana, lo que obliga a articular mecanismos de relocalización y compensación dentro de los marcos técnicos y administrativos correspondientes.
Asimismo, se puso en común el estado de los trámites ambientales en Brasil, donde ya se trabaja sobre estudios y protocolos desarrollados en instancias anteriores del proyecto. Esta base técnica previa optimiza tiempos y acorta etapas, con impacto directo en el calendario general de la obra. En paralelo, se avanzó en criterios de coordinación institucional para ordenar procedimientos entre ambos países.
Impacto regional y expectativas: conectividad, empleo y logística
El ministro coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori, destacó el avance del proyecto y expresó su optimismo respecto al inicio próximo de las obras. “Esto promueve el desarrollo local de ambas ciudades, tanto del lado argentino como del brasileño. Fortalece la conectividad y abre la puerta a la generación de nuevos puestos de trabajo”, afirmó.
En la misma línea, subrayó que “se genera una enorme expectativa, porque el impacto no será solo directo sobre el comercio, sino también indirecto, a partir del crecimiento de nuevas dinámicas logísticas que resultan clave para consolidar y potenciar toda la región. Es sin dudas un avance importante para San Javier y toda la provincia será beneficiada”.
El puente San Javier–Porto Xavier es considerado estratégico para la integración regional y el desarrollo económico y turístico. Además de mejorar la conectividad entre Misiones y el estado de Río Grande do Sul, el viaducto se proyecta como una nueva vía para el intercambio comercial, la circulación de personas y la articulación logística entre ambos países. La actual fase técnica consolida un proceso con múltiples etapas previas —estudios, gestiones diplomáticas y acuerdos institucionales— y enfoca los próximos pasos en profundizar estudios, ordenar procedimientos ambientales y administrativos y establecer un esquema de trabajo coordinado que permita materializar la obra tras años de planificación.
Las dos imágenes comparadas muestran, con una contundencia difícil de ignorar, uno de los problemas que hoy desvela al comercio formal argentino: el ingreso irregular de mercaderías al país y su comercialización a través de plataformas digitales con precios imposibles de replicar para quienes cumplen la ley.
Se trata del mismo producto -una mesa de centro de estilo moderno mid-century, con tapa elevable y espacio de almacenamiento- ofrecido en dos mercados distintos. En una publicación orientada al exterior, el mueble se vende a 114 dólares, con un descuento del 53 por ciento y envío gratuito. En la versión destinada al mercado argentino, el mismo artículo aparece con un precio de 2.121.757 pesos, también con envío gratis, pero ya marcado como “agotado”.
La diferencia no es meramente cambiaria. Incluso considerando impuestos, costos logísticos y aranceles, la brecha resulta extrema y plantea un interrogante central: ¿Cómo llegan estos productos al mercado local y bajo qué condiciones?
La escena descripta encaja de lleno con la advertencia que viene formulando la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que manifestó nuevamente su preocupación por el incremento del ingreso irregular de mercaderías al país. Según la entidad, este fenómeno no solo distorsiona la comercialización, sino que impacta de manera directa sobre la producción nacional, el empleo y la recaudación fiscal.
Cada producto que ingresa por fuera de los canales formales representa impuestos que no se pagan: derechos de importación, IVA e impuestos internos, entre los más relevantes. La consecuencia es doblemente negativa: el Estado pierde recursos y las empresas que operan legalmente quedan expuestas a una competencia desleal imposible de enfrentar.
Las advertencias de la CAC
La CAC advierte, además, que muchas de estas mercaderías -en especial bienes durables como electrodomésticos, equipos electrónicos o mobiliario importado- no cumplen con las certificaciones obligatorias, carecen de homologaciones técnicas y se venden sin garantía oficial ni soporte postventa.
En el caso de los productos eléctricos o electrónicos, el riesgo es aún mayor: incumplimientos de normas de seguridad, ausencia de certificaciones y vulneración directa de las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial. El precio bajo, en estos casos, suele esconder costos futuros que terminan siendo absorbidos por el usuario final.
Un elemento clave del fenómeno es el canal de venta. La comercialización en línea permite que vendedores irregulares aprovechen la visibilidad de marcas internacionales, sin asumir los costos fiscales ni regulatorios que sí enfrenta el comercio formal. El resultado es una oferta atractiva en precio, pero construida sobre una base ilegal.
Para la CAC, esta dinámica genera ingresos extraordinarios y libres de impuestos para los vendedores informales, mientras erosiona la rentabilidad de empresas que invierten, generan empleo y cumplen con el marco normativo vigente.
Frente a este escenario, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios sostiene que resulta imprescindible profundizar los controles en los pasos fronterizos, así como fortalecer la fiscalización sobre vendedores y revendedores, tanto en locales físicos como en plataformas digitales.
La entidad remarca que solo una acción coordinada de los organismos públicos permitirá mejorar la detección de ingresos irregulares, asegurar el cumplimiento de la ley y restablecer condiciones de sana competencia en el mercado interno.
El Portal de Transparencia Tributaria Municipal, presentado por el Ministerio de Economía de la Nación, abrió una ventana que hasta ahora permanecía dispersa en ordenanzas y cuadros tarifarios: la posibilidad de comparar, con un criterio homogéneo, cuánto gravan los municipios a distintas actividades económicas. En Misiones, el primer dato relevante es tan simple como decisivo: no existe una “tasa municipal” única, sino un mapa de alícuotas que cambia según la ciudad y que puede inclinar la balanza de una inversión.
El relevamiento oficial -construido sobre ordenanzas fiscal y tarifaria aprobadas al inicio del ejercicio y datos tomados de sitios municipales al 31 de marzo de 2025- exhibe diferencias sensibles entre los principales centros urbanos de la provincia, en rubros que van desde la actividad primaria hasta el comercio de gran escala y las entidades financieras.
En ese cuadro, Oberá se destaca con un patrón consistente: alícuotas inferiores en rubros clave para la producción y la expansión comercial. Para actividades primarias, el municipio figura con una alícuota de 0,50% (sobre Ingresos Brutos), frente a 1,00% en Posadas y 1,20% en Puerto Iguazú, mientras Eldorado se mueve en un rango de 0,80% a 1,00%.
Este diseño tributario municipal no se presenta como un tecnicismo: en la lectura política y económica que impulsa el intendente Pablo Hassan, las tasas funcionan como una herramienta para atraer inversiones. En esa línea, la ciudad busca consolidar condiciones para nuevos desembarcos comerciales -como una franquicia cafetera de primera línea- y para el crecimiento productivo asociado al Parque Industrial de Oberá. Además de tener la alícuota más baja, los nuevos comercios tienen exento el cien por ciento durante el primer año de trabajo y 50 para el segundo año.
La misma lógica aparece en hipermercados: Oberá vuelve a estar en 0,50%, mientras Posadas y Puerto Iguazú se ubican en 1,20% y Eldorado entre 0,80% y 1,00%.
Y en industrias, el dato vuelve a reforzar la señal: Oberá aplica 0,50%, igual que Posadas, pero por debajo de Puerto Iguazú (1,20%) y del esquema de Eldorado (mínima 0,60%, máxima 1,00%).
Entidades financieras: la brecha se amplía con mínimos elevados
El rubro entidades financieras agrega un matiz: además de alícuotas, entran en juego mínimos o montos fijos, que pueden tener impacto directo en la estructura de costos. Allí, Oberá registra 2,00% con mínimo anual de 550.000 pesos. Puerto Iguazú y Eldorado figuran con 3,00% (con mínimos informados), mientras Posadas aparece como el caso de mayor carga: 3,70% y mínimo de 1.100.000 pesos.
La consecuencia es clara: el portal oficial no solo transparenta cifras; también expone una realidad estructural. Los municipios compiten -de manera explícita o implícita- por inversión, empleo y actividad, y las tasas municipales forman parte de ese tablero. En un contexto donde cada proyecto evalúa costos con precisión quirúrgica, las diferencias de alícuotas pueden convertirse en una ventaja comparativa o en un freno silencioso.
Con estos datos sobre la mesa, Misiones queda ante una discusión ineludible: si el objetivo es atraer capital productivo y sostener crecimiento local, la estructura tributaria municipal deja de ser letra chica y pasa a ser política económica.
Su acuerdo estableció un nuevo objetivo de triplicar la financiación para adaptarse a los efectos de la crisis climática, y creó un mecanismo para una transición justa hacia la energía limpia, pero evitó referencias a minerales críticos o a hojas de ruta para evitar los combustibles fósiles y la deforestación.
La cumbre climática, la primera celebrada en el bioma amazónico, tuvo lugar 10 años después de la adopción del Acuerdo de París. Con ese tratado, los países habían acordado evitar que la temperatura media global aumentara más de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, y con lo ideal para mantener este aumento por debajo de 1,5 °C.
Al inicio de la COP30, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidió a los países que acordaran una hoja de ruta para la transición alejándose de los combustibles fósiles. Hace dos años, en la COP28, los países incluyeron la primera referencia a esa transición en un acuerdo final de la COP, pero no se pusieron de acuerdo sobre cómo llevarla a cabo. Se esperaba que esto se acordara en la COP30.
Un grupo de más de 80 países apoyó la llamada de Lula en Belém, pero esto no fue suficiente para que la hoja de ruta se integrara en el texto final. En cambio, el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, anunció en la sesión plenaria final que creará la hoja de ruta durante el resto de su mandato, que durará hasta la COP31 del próximo noviembre.
“Algunos de vosotros teníais grandes ambiciones en algunos de estos temas, pidiéndonos que haciéramos más para luchar contra el cambio climático. Intentaré no decepcionaros durante mi presidencia”, dijo.
Al quedar claro que los combustibles fósiles no aparecerían en la decisión de la COP31, Colombia y los Países Bajos anunciaron que el próximo abril acogerían la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición Justa para Alejarse de los Combustibles Fósiles. Esta conferencia, que se celebrará en Santa María, Colombia, será independiente del proceso climático de la ONU pero está diseñada para complementar los esfuerzos para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
Se lograron avances en la adaptación al cambio climático, con la COP30 adoptando el primer conjunto global de indicadores para medir el progreso en este tema.
Los 59 indicadores se redujeron a partir de una lista corta de 100 que los expertos habían presentado en los últimos dos años. Ayudarán a mostrar dónde y cómo se están implementando las acciones de adaptación, y si son suficientes. Observadores dijeron a Dialogue Earth que la lista se acordó a puerta cerrada y que algunos indicadores clave habían sido eliminados. Una que se había eliminado medía qué tan bien integran los gobiernos la adaptación en sus políticas públicas. La fuerza de los demás se había debilitado, añadieron.
Los países tampoco dispondrán de financiación para utilizar realmente los indicadores para medir el progreso, algo cuestionado por observadores y negociadores. La principal negociadora de Colombia, Daniela Durán, afirmó en la sesión plenaria de clausura que el “resultado sobre la adaptación no cumple” y que la lista de indicadores “no se basa en una decisión inclusiva, con tiempo insuficiente para revisarla.”
Además de los indicadores, los países acordaron triplicar el apoyo de países desarrollados a países en desarrollo para la adaptación: de 40.000 millones de dólares a 120.000 millones de dólares anuales. Los países en desarrollo habían solicitado que el nuevo objetivo se fijara en 2030, como se incluía en borradores anteriores, pero al final la fecha límite se fijó para 2035.
Hoja de ruta para la financiación climática
El año pasado, en la COP29 en Azerbaiyán, los países acordaron triplicar la financiación climática, pasando de 100.000 a 300.000 millones de dólares anuales para 2035, con los países desarrollados “liderando” la entrega de esos recursos.
En la misma conferencia, los países también acordaron desarrollar una hoja de ruta para alcanzar 1,3 billones de dólares al año para 2035. Los fondos para este objetivo más aspiracional vendrían de “todas las fuentes”, es decir, no solo gobiernos desarrollados, sino también fuentes privadas, bancos multilaterales de desarrollo y otras vías.
Esa hoja de ruta se presentó en Belém. Las medidas que propuso incluyen impuestos internacionales sobre las emisiones de carbono y sobre el transporte aéreo y marítimo, reformas en la arquitectura financiera global y el uso de swaps de deuda para la acción climática.
El texto final de la COP30 “decide avanzar urgentemente en acciones” para aumentar la financiación y alcanzar el objetivo de 1,3 billones de dólares. También “enfatiza la necesidad urgente” de alcanzar el objetivo mínimo de 300.000 millones de USD al año para los países en desarrollo para 2035.
El texto también creó un programa de trabajo de dos años sobre la financiación climática y acordó organizar una mesa redonda ministerial de alto nivel. Carola Mejía, coordinadora de justicia climática en LATINDADD, una red de la sociedad civil latinoamericana, dijo que estas decisiones “solo contribuyen a un proceso burocrático que, en 30 años, no ha logrado resolver una crisis urgente que está cobrando vidas, se vuelve más grave cada día y para la que se acaba el tiempo.”
A diferencia de los fondos tradicionales de conservación, que dependen de subvenciones temporales o basadas en proyectos, la instalación está diseñada para ser un fondo de inversión permanente y autofinanciado, reembolsando a inversores y recompensando a los países por la conservación de sus bosques.
Brasil e Indonesia comprometieron 1.000 millones de dólares cada uno, Alemania 1.150 millones y Noruega 3.000 millones de dólares. Sin embargo, varios países desarrollados importantes no cumplieron compromisos sustanciales. Francia prometió 500 millones de dólares, mientras que el Reino Unido no prometió ninguno.
Informes anteriores indicaban que China probablemente haría un compromiso financiero, pero al final el país ofreció apoyo en lugar de dinero.
“China puede tener varias dudas sobre el diseño y funcionamiento de la instalación, especialmente si realmente entregará el retorno prometido de la inversión”, afirma Li Shuo, director del China Climate Hub en el Asia Society Policy Institute.
Sin embargo, más fundamentalmente, China probablemente considera que los países desarrollados deberían haber tomado un liderazgo más fuerte en el compromiso financiero.
Anteriormente en la conferencia, el presidente Lula había pedido que se incluyera en el texto de la COP30 una hoja de ruta para detener la deforestación. Pero el texto final “enfatiza” la importancia de detener y revertir la deforestación y la degradación forestal para 2030, sin hacer referencia a ninguna hoja de ruta.
Trabajador cosecha bayas de açaí cultivadas en un proyecto agroforestal, Salvaterra, estado de Pará, Brasil (Imagen: Marcelo Camargo / Agência Brasil)
Minerales críticos omitidos en los últimos días
Una de las decepciones de la COP fue no incluir referencias a minerales críticos, como el litio, el cobalto y el cobre, en la vía de negociación del Programa de Trabajo de Transición Justa.
Esto a pesar del apoyo vocal de bloques negociadores como el Grupo Africano de Negociadores, la Alianza de Pequeños Estados Insulares y el Grupo de Integridad Ambiental, así como de países del Sur Global como Sudáfrica, Tanzania, Etiopía y Uruguay, y un impulso concertado de organizaciones de la sociedad civil.
A fecha de 18 de noviembre, el borrador del texto del programa incluía dos puntos sobre minerales críticos. Uno subrayó los “riesgos sociales y medioambientales asociados a la ampliación de las cadenas de suministro”, como los derivados de la minería. La otra subrayó la necesidad de una minería y procesamiento “responsables” de minerales. Pero la versión final, publicada el 21 de noviembre, eliminó ambas referencias.
“Los minerales son la columna vertebral del cambio alejándose de los combustibles fósiles; dejar su gobernanza fuera de la planificación de transición justa socavará los esfuerzos para acelerar las energías renovables para 2030, un objetivo clave que la COP ya ha fijado”, dijo Antonio Hill, asesor del Natural Resource Governance Institute, una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos.
La principal oposición a la inclusión de minerales críticos en el texto provino de China, cuyas empresas mineras y metalúrgicas dominan las cadenas globales de suministro de minerales críticos. La delegación china argumentó que no debería mencionarse debido a la falta de alineación en la definición de minerales críticos, dijeron observadores a Dialogue Earth.
Una fuente cercana a la delegación china afirmó que China no estaba preparada para debatir el tema, algo que no esperaba que surgiera tan fuerte en el contexto de negociaciones climáticas de la ONU. Además, consideró que el lenguaje propuesto perjudicaba los intereses de las empresas chinas y beneficiaba a la UE.
El texto final de la COP30 estableció que las partes “deberían cooperar” para promover un sistema económico “favorable y abierto”. Las medidas adoptadas para abordar el cambio climático “no deben constituir un medio de discriminación arbitraria o justificable ni una restricción disfrazada” al comercio, señaló. El texto también pidió acoger dos diálogos en 2027 y 2028 para tratar las barreras comerciales y aumentar la cooperación internacional, con la participación de la Organización Mundial del Comercio y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
En un evento paralelo en el Pabellón de China sobre “Colaboración Corporativa y Transición Justa”, Wang Mou, de la Academia China de Ciencias Sociales, afirmó que las medidas unilaterales, como el impuesto al carbono de la Unión Europea, denominado Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono (CBAM), son preocupantes.
“Se supone que los flujos financieros deben trasladarse de países desarrollados a países en desarrollo. Sin embargo, medidas unilaterales como la CBAM podrían revertir esta tendencia haciendo que el flujo de dinero de los países en desarrollo hacia los países desarrollados fluya hacia ellos”, afirmó.
Otros países en desarrollo, así como China, expresaron su oposición a estas medidas comerciales en la COP de este año, incluyendo Pakistán, Vietnam y Turquía.
El 7 de noviembre, la presidencia de la COP lanzó el Foro Integrado sobre Cambio Climático y Comercio, para abordar cuestiones de clima y comercio, que actualmente no tienen un lugar evidente en el sistema de la ONU. La nueva iniciativa será independiente, pero vinculada a los procesos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Organización Mundial del Comercio. El jefe de la delegación china, Li Gao, dio la bienvenida al foro.
Un mecanismo de transición justa
Durante la primera semana de negociaciones, el Grupo de los 77 y China pidieron el establecimiento de un nuevo Mecanismo de Transición Justa, que incluiría financiación, apoyo tecnológico y fortalecimiento de capacidades.
La propuesta fue bien recibida por la Alianza Independiente de América Latina y el Caribe, el Grupo Africano, los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo Afines, la Asociación de Pequeños Estados Insulares y el Grupo Árabe. Sin embargo, se enfrentó principalmente a la resistencia de las economías desarrolladas, que argumentaban que un nuevo mecanismo duplicaría las instituciones existentes del Acuerdo de París y añadiría complejidad burocrática.
El texto final de la COP30 creó un mecanismo para “reforzar la cooperación internacional, la asistencia técnica, el fortalecimiento de capacidades y el intercambio de conocimientos, y permitir transiciones equitativas e inclusivas y justas”. Ahora los países tendrán que definir los detalles del mecanismo para la COP31.
Teresa Anderson, responsable global de justicia climática en ActionAid International, afirmó que este es un legado importante para el mundo: “Es una gran victoria para los trabajadores, las mujeres y los grupos de la sociedad civil que vinieron a suplicar un marco para garantizar que la acción climática también proteja los empleos y mejore vidas.”
