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Loma Negra la mayor cementera del país retorna a dueños nacionales

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La mayor cementera de Argentina volvió a quedar bajo conducción local. Tras meses de negociaciones y una reestructuración de deuda por cerca de US$ 1.500 millones, el grupo inversor encabezado por Marcelo Mindlin asumió el control de InterCement —y, por esa vía, de Loma Negra—, en una operación que redefine el mapa empresarial del sector y abre una pregunta de fondo: ¿se trata de un caso aislado o del inicio de una reconfiguración del capital en industrias clave?

El movimiento no es menor. Loma Negra, fundada por la familia Fortabat y vendida en 2005 a capitales brasileños, vuelve a tener conducción argentina después de más de dos décadas. El dato adquiere peso en un contexto donde el Gobierno promueve señales pro mercado, apertura a inversiones y desregulación, pero donde también resurgen discusiones sobre soberanía económica en sectores estratégicos.

Reconfiguración empresaria tras una deuda millonaria

La operación se apoyó en la reestructuración financiera de InterCement, controlada por la familia Camargo Correa, que arrastraba un pasivo cercano a los US$ 1.500 millones. El proceso fue aprobado por la justicia de San Pablo y estableció un nuevo esquema con un cupón del 6,75% y sin vencimientos en los próximos cinco años.

Ese rediseño permitió el ingreso del grupo Latcem, integrado por Mindlin junto a Redwood Capital Management y representantes de Chile Moneda–Patria Investments, que pasó a ser el accionista mayoritario del holding. Como resultado directo, Mindlin fue designado presidente.

El acuerdo incluyó además un aporte de capital de US$ 110 millones, orientado a estabilizar la operación y sostener el funcionamiento del grupo. En términos concretos, no se trató solo de un cambio de nombres en la conducción, sino de una reorganización profunda del esquema de poder financiero detrás de la compañía.

¿Qué dijo Mindlin de la nueva etapa de Loma Negra?

Al respecto, Mindlin destacó que la nueva estructura financiera permitirá a InterCement enfocarse en el crecimiento y buscar consolidar su operación regional en el tiempo.

Por su parte, InterCement se posiciona como la tercera productora de cemento en Brasil, con presencia en diez estados y una capacidad instalada de más de 16 millones de toneladas, consolidando así un grupo de alcance regional que ahora suma capital argentino en su estructura de control. 

Una empresa clave que nunca perdió centralidad

A diferencia del deterioro que afectó al holding brasileño, Loma Negra mantuvo en Argentina una posición sólida. La empresa conserva una participación de mercado del 45% y una capacidad de producción superior a 10 millones de toneladas anuales, lo que la ubica como actor dominante en un insumo crítico para la construcción y la obra pública.

Ese dato no es menor. El control de la principal cementera del país impacta de forma indirecta en la dinámica de la construcción, un sector sensible para la actividad económica y, por extensión, para la política. La estabilidad de Loma Negra, incluso en un contexto adverso para su casa matriz, refuerza su carácter estratégico.

Impacto político y señales al mercado

El regreso de capital argentino a la conducción de Loma Negra reordena equilibrios dentro del empresariado local. Fortalece a un actor con capacidad de incidencia en sectores clave y envía una señal al mercado sobre la posibilidad de recomposición de activos en manos nacionales, incluso en un contexto de globalización financiera.

Al mismo tiempo, el movimiento convive con una agenda oficial que busca atraer inversiones externas y flexibilizar regulaciones. Esa dualidad —apertura por un lado, reconfiguración local por otro— instala una tensión silenciosa en la lectura del rumbo económico.

En términos de correlación de fuerzas, el cambio no altera reglas formales, pero sí reposiciona actores. Y en sectores como el de materiales de construcción, donde la escala y el control de mercado son determinantes, ese tipo de movimientos suele tener efectos de mediano plazo.

Un nuevo ciclo con interrogantes abiertos

Con la nueva estructura financiera, InterCement apunta a consolidar su operación regional y retomar una estrategia de crecimiento. La presencia en diez estados de Brasil y una capacidad instalada superior a 16 millones de toneladas configuran un grupo con peso regional, ahora bajo conducción con participación argentina.

La incógnita no pasa solo por la evolución de la empresa, sino por el contexto en el que deberá operar. ¿Será este el inicio de una etapa de “re-nacionalización” empresarial en sectores estratégicos o un movimiento puntual en un mercado en reacomodamiento?

Por ahora, el cambio en Loma Negra marca un hito. Pero su verdadero alcance dependerá de lo que ocurra en los próximos meses, tanto en la economía real como en la dinámica del poder corporativo.

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Construcción: el costo subió 1,9% en febrero y acumula 24,5% interanual, con presión salarial y tarifaria

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El costo de la construcción volvió a moverse por encima de la inflación núcleo en febrero y dejó una señal política y económica que el Gobierno no puede ignorar: según el INDEC, el índice subió 1,9% mensual y 24,5% interanual en el Gran Buenos Aires. El dato, difundido el 17 de marzo de 2026, combina dos vectores sensibles —salarios y tarifas— y reabre una pregunta de fondo: ¿la desaceleración inflacionaria puede sostenerse sin tensionar costos estructurales en sectores intensivos como la construcción?

La cifra no es neutra. Llega en un momento donde la obra pública, la inversión privada y la dinámica del empleo en la construcción funcionan como termómetro de gobernabilidad económica. Y donde cada variación de costos impacta directamente en contratos, presupuestos y decisiones de inversión.

Salarios, tarifas y costos: el triángulo que explica la suba

El aumento del índice no responde a un único factor. Según el informe oficial , el alza de febrero se explicó por incrementos de 1,5% en materiales, 1,6% en mano de obra y un salto más marcado de 4,4% en gastos generales.

Detrás de esos números hay decisiones concretas. Por un lado, la suba en mano de obra refleja el impacto del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina firmado el 12 de enero y homologado días después, que comenzó a regir en febrero. No se trata solo de una recomposición salarial: el ajuste también incluye asignaciones extraordinarias que se trasladan de forma directa al costo de cada obra.

Por otro lado, los gastos generales incorporan actualizaciones tarifarias en servicios clave. El informe detalla que se trasladaron los nuevos cuadros eléctricos aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para distribuidoras como Edenor y Edesur, junto con ajustes en agua y cloacas autorizados por la Secretaría de Obras Públicas.

En paralelo, algunos insumos mostraron aumentos puntuales relevantes: maderas (4,5%), metales como cobre y plomo (4,2%) y vidrios (4,0%). La dispersión en los materiales —con bajas en rubros como ascensores (-1,6%)— muestra que el fenómeno no es homogéneo, pero sí consistente.

Un índice técnico con impacto político

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) mide la evolución de los costos en viviendas en el Gran Buenos Aires, sin incluir el valor del terreno ni impuestos como el IVA. Sin embargo, su influencia excede lo estadístico.

El dato funciona como referencia directa para la actualización de contratos de obra pública —en el marco del Decreto 1.295/02— y como señal para desarrolladores privados. Cada variación mensual redefine presupuestos, licitaciones y márgenes.

En ese contexto, la combinación de salarios en alza y tarifas actualizadas introduce un componente de rigidez en los costos. A diferencia de los precios de algunos materiales, estos factores tienen menor elasticidad a la baja en el corto plazo.

Correlación de fuerzas: sindicatos firmes y costos que condicionan

El dato también deja una lectura política sobre la mesa. El traslado del acuerdo salarial de la UOCRA al índice confirma la capacidad del sector sindical para sostener recomposiciones en un contexto de ajuste más amplio.

Al mismo tiempo, la incidencia de tarifas reguladas muestra que las decisiones del Gobierno en materia de precios relativos —particularmente energía y servicios— tienen impacto inmediato en sectores productivos.

Para el oficialismo, el desafío es doble: contener la inflación sin desarticular la actividad en un rubro que genera empleo y dinamiza economías regionales. Para el sector privado, el escenario obliga a recalcular costos y márgenes en proyectos que ya venían ajustados.

Señales mixtas hacia adelante

El comportamiento del índice en febrero no marca un quiebre, pero sí consolida una tendencia: los costos de la construcción siguen creciendo, aunque con una dinámica más moderada que en períodos anteriores.

La clave estará en observar cómo evolucionan dos variables sensibles en los próximos meses: las paritarias del sector y el sendero de tarifas. También será relevante seguir la dispersión en materiales, que podría amortiguar o amplificar futuras subas.

En un escenario donde la política económica busca anclar expectativas, el ICC se mantiene como un indicador incómodo: no define la inflación, pero sí expone sus tensiones más estructurales.

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La construcción arrancó 2026 sin impulso: leve mejora interanual y estancamiento mensual

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La actividad de la construcción abrió 2026 con una mejora estadística modesta, pero sin un verdadero despegue. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró en enero una suba interanual de apenas 1,2%, mientras que en la medición desestacionalizada no registró variación frente a diciembre. En otras palabras: el sector dejó de caer con fuerza, pero todavía no consigue tomar velocidad.

El dato central del informe del INDEC es precisamente esa combinación de señales: una mejora contra un enero de 2025 todavía débil, pero un desempeño mensual que revela estancamiento. La serie tendencia-ciclo, que permite observar mejor la dirección de fondo, avanzó 0,8% respecto del mes anterior, lo que sugiere una recuperación lenta, todavía frágil y muy heterogénea entre rubros.

La foto del sector muestra, además, una construcción partida. Algunos insumos vinculados a terminaciones, sanitarios, yeso, pinturas y hormigón exhibieron subas relevantes, mientras que varios materiales más ligados al “corazón” de la obra tradicional siguieron en terreno negativo. El consumo aparente del rubro “resto”, que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para construcción, trepó 60,5% interanual; el hormigón elaborado subió 16,9%; los artículos sanitarios de cerámica, 15,8%; las placas de yeso, 11,7%; y las pinturas para construcción, 10,5%. Pero al mismo tiempo cayeron las cales (-15,0%), los ladrillos huecos (-14,9%), los mosaicos graníticos y calcáreos (-13,3%), el hierro redondo y aceros para la construcción (-10,0%), los pisos y revestimientos cerámicos (-9,6%), el yeso (-9,3%), el cemento portland (-5,3%) y el asfalto (-4,1%).

Ese mapa de insumos permite una lectura más profunda que el número general. El leve avance del ISAC no expresa una recuperación homogénea, sino más bien una recomposición desigual, donde algunos segmentos vinculados a terminaciones, remodelaciones o nichos específicos muestran más movimiento que los materiales que suelen acompañar un ciclo expansivo más robusto y extendido. La caída del cemento, del hierro, del ladrillo y del asfalto sugiere que todavía no hay una reactivación plena ni en la obra privada tradicional ni en la obra pública de mayor escala.

También el empleo aporta una señal de moderación, no de auge. En diciembre de 2025, último dato disponible para este indicador, los puestos de trabajo registrados en la construcción privada llegaron a 380.880, con una suba interanual de 3,3%. Sin embargo, en el acumulado de todo 2025 todavía se verificó una baja de 0,3% respecto de 2024. Es decir, hubo una mejora hacia el final del año, pero todavía insuficiente para compensar plenamente el deterioro previo.

En paralelo, los permisos de edificación mostraron una dinámica algo más sólida. La superficie autorizada para construir en 246 municipios alcanzó en diciembre de 2025 un total de 1.445.113 metros cuadrados, con una suba interanual de 7,7%. En el acumulado de los doce meses del año pasado, el crecimiento fue de 6,2%. Este dato sugiere que existe una expectativa de inversión privada más activa que la que reflejan algunos insumos duros del sector, aunque todavía resta ver si esos permisos efectivamente se traducen en obras ejecutadas a mayor ritmo durante los próximos meses.

La encuesta cualitativa del propio INDEC confirma ese clima de cautela. Entre las empresas orientadas principalmente a obra privada, el 67,7% cree que la actividad no cambiará entre febrero y abril, el 16,7% espera una mejora y el 15,6% prevé una caída. Entre las firmas ligadas a la obra pública, el 63,4% también espera estabilidad, el 19,5% anticipa suba y el 17,1% baja. El dato político y económico es claro: predomina la idea de amesetamiento, no de boom.

Cuando las empresas explican por qué podría mejorar el sector, aparecen factores que exceden al propio negocio constructor. En obra privada, las razones principales son el crecimiento de la actividad económica y la estabilidad de precios. En obra pública, pesan más los nuevos planes de obras y también la estabilidad de precios. Del otro lado, entre quienes anticipan caídas, aparecen una vez más la debilidad de la economía, los altos costos de construcción y, en el segmento público, los atrasos en la cadena de pagos.

Ese punto es especialmente relevante: aun con una inflación desacelerándose, el costo de construir sigue siendo un problema central para el sector. De hecho, cuando el INDEC pregunta qué políticas incentivarían la actividad, las empresas priorizan alivio en cargas fiscales, estabilidad de precios y crédito para la construcción. Es un diagnóstico que revela que la construcción todavía opera bajo márgenes estrechos, financiamiento limitado y una demanda que no termina de consolidarse.

Otro dato de interés es que las necesidades de crédito no aparecen disparadas, pero tampoco resueltas. Entre las firmas privadas, el 44,5% cree que no variarán en los próximos meses y un 33,3% directamente dice no tomar crédito. En obra pública, el 48,6% tampoco espera cambios, pero un 26,3% cree que sus necesidades crediticias aumentarán. La financiación, además, se canaliza mayoritariamente vía bancos privados nacionales, proveedores y bancos públicos.

En síntesis, el informe deja una conclusión nítida: la construcción comenzó 2026 con mejores números que un año atrás, pero todavía sin fuerza suficiente para hablar de una recuperación sólida. El sector muestra rebote estadístico, cierta mejora en empleo y permisos, y expectativas mayormente estables; pero la persistencia de caídas en insumos clave, el estancamiento mensual del ISAC y la cautela empresaria marcan que la salida sigue siendo parcial, lenta y selectiva.

Para un diario económico, el dato más importante quizás no sea el 1,2% de suba interanual, sino la calidad de esa mejora: una recuperación sin tracción pareja, con obra privada y pública todavía condicionadas por costos, financiamiento y nivel de actividad general. La construcción dejó atrás lo peor, pero todavía no encontró un motor claro de expansión.

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Venta con hipoteca privada y conformidad del acreedor: cómo estructurar una operación sin riesgos

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Dr. Pablo J. Braslavsky, Abogado especialista en propiedades y sucesiones, estructuración e ingeniería en negocios inmobiliarios. En un escenario inmobiliario atravesado por la escasez de crédito bancario, el financiamiento entre particulares volvió a ganar terreno. Cada vez es más habitual que los vendedores financien parte del precio y constituyan hipoteca a su favor, o que existan préstamos privados garantizados con inmuebles.

La consecuencia es clara: propiedades que regresan al mercado con una hipoteca privada vigente.

La discusión ya no pasa por si se puede vender. La pregunta relevante es qué debe resolverse jurídicamente antes de firmar.

El punto de partida legal

La hipoteca es un derecho real de garantía que se inscribe en el Registro de la Propiedad. Como todo derecho real, tiene oponibilidad frente a terceros y, jurídicamente, “sigue al bien”.

De esa característica se desprenden tres reglas básicas:

  1. El propietario puede vender el inmueble aunque esté hipotecado.
  2. La hipoteca no se extingue por la venta.
  3. El adquirente recibe el inmueble con el gravamen, salvo cancelación.

El Código Civil y Comercial de la Nación reconoce la facultad de disposición del dueño, pero al mismo tiempo protege al acreedor mientras su derecho esté vigente.

En otras palabras: la venta es posible. Lo que no es automático es el saneamiento.

El error más frecuente: creer que la venta “borra” la hipoteca

En la práctica, muchos compradores suponen que con el pago del precio el problema queda resuelto. No es así.

Si la hipoteca no se cancela formalmente y no se inscribe su levantamiento, el acreedor conserva intacta su facultad de ejecución.

En términos simples: puede iniciar una ejecución hipotecaria contra el inmueble, aunque haya cambiado de titular.

El riesgo no desaparece con la escritura; desaparece con la cancelación registrada.

La conformidad del acreedor: cuándo es imprescindible

Desde una mirada estrictamente dominial, la escritura puede otorgarse sin la intervención del acreedor. Sin embargo, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, su participación resulta determinante en tres escenarios concretos:

1. Cancelación simultánea con la venta

Es la modalidad más segura. Parte del precio se destina al pago del saldo adeudado y el acreedor comparece para prestar conformidad y otorgar la cancelación en la misma escritura.

2. Sustitución de deudor

Si el comprador asume la deuda, esa asunción no libera automáticamente al deudor original. Para que exista liberación, el acreedor debe aceptarlo de manera expresa. De lo contrario, el deudor inicial sigue obligado.

3. Mantenimiento de la hipoteca con acuerdo

También puede pactarse que la hipoteca continúe vigente, pero con condiciones claras y con el consentimiento del acreedor.

En todos los casos, la palabra clave es instrumentación. Sin documento formal y sin inscripción registral, el riesgo permanece.

La comparecencia del acreedor permite además redefinir condiciones y dejar claramente establecidas las obligaciones asumidas por el comprador. De lo contrario, pueden aparecer conflictos por pagos mal imputados, intereses adeudados o incluso adendas privadas que no fueron presentadas al Registro y que, al ser desconocidas por el adquirente, generan controversias futuras.

Riesgos concretos en operaciones mal estructuradas

En la práctica inmobiliaria se repiten situaciones que podrían haberse evitado con una correcta planificación:

• Saldos adeudados distintos a los que las partes creían.
• Pagos informales que nunca derivan en cancelación registral.
• Acreedores que no liberan al deudor original.
• Conflictos entre comprador y vendedor frente a una ejecución posterior.

La falta de previsión no suele advertirse el día de la firma. Se manifiesta cuando el conflicto ya está en marcha.

Cómo se estructura correctamente

Una operación segura exige:

• Informe de dominio y gravámenes actualizado.
• Determinación fehaciente del saldo.
• Coordinación previa con el acreedor.
• Comparecencia en escritura o instrumento complementario.
• Inscripción de la cancelación o del acuerdo correspondiente.

No se trata de sumar burocracia, sino de reducir contingencias.

En un mercado donde el financiamiento privado volvió a instalarse como herramienta habitual, la hipoteca dejó de ser una excepción para convertirse en una variable estructural del negocio inmobiliario.

La venta con hipoteca privada no es riesgosa en sí misma. El riesgo aparece cuando se la trata como un detalle accesorio y no como lo que es: un derecho real con plena eficacia jurídica.

En real estate, el precio se negocia. La seguridad, en cambio, se construye. Y cuando existe una hipoteca inscripta, esa seguridad empieza -inevitablemente- por la conformidad del acreedor y su correcta instrumentación.

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En dos años, se achicó el tejido empresario y se perdieron más de 290 mil empleos registrados

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Un informe laboral de CEPA, elaborado con datos del sistema de Seguridad Social provistos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), reconstruyó la dinámica de empleadores y trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. El diagnóstico central marca un retroceso simultáneo del número de empresas con personal registrado y del volumen de empleo formal, con impactos sectoriales muy dispares y una lectura clave: el ajuste no sólo se expresa en el total, sino también en qué sectores pierden más y qué tamaño de empresa concentra la expulsión de trabajadores.

Menos empresas: 21.938 empleadores fuera del sistema

De acuerdo con la comparación del período, la cantidad de empleadores con trabajadores registrados pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 490.419 en noviembre de 2025. La caída neta es de 21.938 empresas, un promedio de 30 empresas menos por día, en una tendencia negativa para el entramado productivo formal.

El trabajo advierte, además, una cuestión técnica sobre la disponibilidad de información: señala que a mediados de febrero de 2026 los datos publicados por la SRT llegaban hasta octubre de 2025, aun cuando el informe se presenta como “datos a noviembre 2025”.

Qué sectores explican la mayor destrucción de empleadores

En términos absolutos, el rubro más golpeado en cantidad de empleadores fue Servicio de transporte y almacenamiento, con -5.239 casos entre 2023 y 2025. Le siguen:

  • Comercio (mayorista/minorista y reparación de vehículos): -4.593
    Servicios inmobiliarios: -3.101
    Industria manufacturera: -2.436
    Servicios profesionales, científicos y técnicos: -2.315
    Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: -1.928
    Construcción: -1.737

El relevamiento también muestra que hubo sectores con evolución positiva en cantidad de empleadores: Actividades administrativas y servicios de apoyo (+797) y Servicios de asociaciones y servicios personales (+1.301).

En la lectura relativa, el sector más afectado vuelve a ser Transporte y almacenamiento, con una baja del 13,3% de empleadores.

Empleo formal: -290.600 puestos en unidades productivas

En el mismo período, el informe estima una reducción de 290.600 puestos de trabajo registrados en unidades productivas, con una contracción del orden de -2,95%, lo que equivale a “más de 400 puestos por día”, según la síntesis final del trabajo.

La caída no se distribuye de manera uniforme. Por pérdida absoluta de trabajadores registrados, los principales descensos aparecen encabezados por:

  • Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria: -130.149
    Industria manufacturera: -72.955
    Construcción: -71.573

En el enfoque relativo, el sector con mayor retroceso porcentual de empleo registrado es Construcción, con una baja de -15%.

Un termómetro social: cae el empleo registrado en casas particulares

Uno de los apartados más sensibles del informe se concentra en el trabajo en casas particulares, que CEPA caracteriza como un “termómetro” de la economía doméstica. Allí, el empleo registrado pasa de 629.660 en noviembre de 2023 a 602.868 en noviembre de 2025: son 26.792 personas menos, equivalentes a 36 empleos por día.

El propio informe interpreta que este tipo de empleo, por su estructura y menor cobertura de “grandes empresas” o convenios fuertes, suele reaccionar rápido ante crisis y ajustes de gasto en hogares, con riesgo de mayor informalidad.

Si se suma el empleo en unidades productivas con el de casas particulares, el “empleo privado registrado” total pasa de 10.486.833 a 10.169.441: una reducción de 317.392 personas, equivalente a 434 puestos registrados por día, según el informe.

Cuando el foco se pone sobre la cantidad de empleadores (empresas), la contracción se concentra casi por completo en unidades de hasta 500 trabajadores: representan el 99,63% de los casos de pérdida de empleadores, con -21.856 empresas. En el extremo opuesto, las firmas de más de 501 trabajadores explican -82 casos, es decir 0,37% del total.

En términos relativos, el informe indica que la caída porcentual de empleadores es similar en ambos tramos (alrededor de -4%), aunque la fotografía del tejido empresarial queda dominada por la contracción en el universo de firmas pequeñas y medianas.

El contraste aparece cuando se analiza dónde se perdieron los puestos de trabajo: el informe sostiene que el 67,67% de la caída del empleo registrado (unos -196.659 trabajadores) se produjo en empresas con más de 500 trabajadores, mientras que las de menos de 500 explican el 32,33% (unos -93.941).

En otras palabras: aunque el recorte de “casos” de empleadores se concentra en empresas de hasta 500, la mayor parte de la expulsión de trabajadores se localiza en firmas grandes, un dato que reordena la lectura sobre el impacto efectivo en volumen de empleo.

Un mapa de impactos sectoriales y un debate abierto

En sus conclusiones, CEPA resume el período como un “marcado retroceso” de indicadores del empleo formal, combinando caída del número de empleadores, reducción del empleo registrado en unidades productivas y un deterioro adicional en casas particulares.

Aun con el sesgo técnico sobre la actualización de la base SRT consignado en el propio documento, el informe instala un punto de discusión central: el desempeño del mercado laboral no puede explicarse sólo por el número total, sino por qué sectores pierden primero, cómo se reconfigura el tejido empresario y en qué tamaño de empresa se concentra la pérdida de puestos.

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