CONSUMO INTERNO

El aserradero ASECOR de Virasoro paga salarios con vales y expone el deterioro del sector

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Un aserradero ubicado en Gobernador Virasoro comenzó a pagar parte de los salarios con vales, en un contexto de atraso en los haberes y caída del consumo interno que ya había sido advertido por referentes del sector. La situación, que surge del testimonio directo de trabajadores de la firma ASECOR, introduce un dato incómodo para la política productiva regional: cuando una actividad estratégica como la forestoindustria recurre a mecanismos informales de pago, la discusión deja de ser sectorial y pasa a ser estructural.

El hecho ocurre en una provincia que, junto a Misiones, concentra buena parte del complejo maderero del país. Y aparece en un momento donde el discurso público todavía apuesta a la expansión industrial basada en recursos forestales. La pregunta se vuelve inevitable: ¿se trata de un caso puntual de crisis empresaria o de una señal temprana de un ajuste más profundo en la cadena?

Un síntoma que desborda lo laboral

La situación en ASECOR se conoció a partir de testimonios difundidos por el portal Corrientes Hoy de trabajadores, quienes aseguran que “hace meses” no perciben sus salarios en efectivo y que, ante la falta de alternativas, aceptan vales para adquirir mercadería. La práctica no solo implica un deterioro directo del ingreso, sino que también tensiona los marcos regulatorios laborales vigentes.

El dato no es menor: el pago en vales remite a esquemas que históricamente fueron cuestionados por desnaturalizar la relación laboral formal. En términos concretos, limita la capacidad de los trabajadores para decidir sobre su consumo, reduce liquidez en economías locales y desdibuja la trazabilidad del salario.

El contexto empresarial tampoco es ajeno. Según se indicó, la firma tendría entre sus socios a una referente del sector maderero que recientemente había advertido sobre la crisis derivada de la caída del consumo interno. Esa lectura sectorial ahora encuentra una expresión concreta en el territorio.

Marco productivo: una cadena estratégica bajo presión

La industria maderera en la región se apoya en un esquema integrado que va desde la producción forestal hasta la industrialización y exportación. Sin embargo, el eslabón industrial —especialmente los aserraderos— suele ser el más expuesto a variaciones en la demanda y a los costos operativos.

Cuando el consumo interno se retrae, el impacto se traslada rápidamente a la actividad de transformación. En ese escenario, las empresas con menor espalda financiera enfrentan tensiones de liquidez que terminan trasladándose a la variable más sensible: el salario.

El caso de ASECOR se inscribe en esa lógica. No aparece como una decisión aislada, sino como la consecuencia de un desequilibrio económico que todavía no encuentra mecanismos de compensación. Y que, además, convive con un escenario donde otras provincias impulsan inversiones forestales de gran escala, buscando posicionar al sector como motor exportador.

Correlación de fuerzas: entre la crisis empresarial y la respuesta estatal

El episodio deja expuesta una zona gris en la articulación entre el sector privado y el Estado. Por un lado, la forestoindustria continúa siendo presentada como un eje de desarrollo regional. Por otro, emergen situaciones que cuestionan la sostenibilidad de ese modelo en el corto plazo.

En términos de poder, el caso coloca en tensión a varios actores: Empresas del sector, que advierten sobre la caída del consumo y la necesidad de sostener la actividad. Trabajadores, que quedan atrapados en esquemas informales para sostener ingresos. Estado, que enfrenta el desafío de garantizar condiciones laborales sin desarticular la producción.

La aparición de pagos en vales no solo afecta a los empleados involucrados. También introduce ruido en el conjunto de la cadena, porque puede anticipar conflictos laborales, inspecciones o incluso intervenciones regulatorias si la situación escala.

Además, impacta indirectamente en la economía regional: menos ingreso líquido implica menor circulación de dinero en comercios locales, lo que retroalimenta la caída del consumo que originó el problema.

Un escenario abierto: señales a monitorear

El caso ASECOR no define por sí solo el rumbo del sector maderero, pero sí funciona como indicador temprano. Sobre todo en un contexto donde la política económica nacional apuesta a la generación de divisas a través de complejos productivos como el forestal.

En las próximas semanas habrá variables clave a observar: Si la situación se replica en otras empresas del sector. Si aparecen respuestas institucionales para regularizar los pagos. Si el mercado interno muestra señales de recuperación o profundiza su retracción.

También quedará bajo análisis la capacidad del sistema productivo para absorber shocks de demanda sin trasladarlos directamente al empleo. Porque, en definitiva, el equilibrio entre competitividad y condiciones laborales sigue siendo uno de los puntos más sensibles de la agenda industrial.

Por ahora, el episodio en Virasoro pone en evidencia que, detrás de los grandes anuncios de inversión, la realidad cotidiana de algunas empresas empieza a mostrar fisuras que todavía no encuentran respuesta clara.

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El consumo de carne vacuna cayó a un mínimo en más de dos décadas

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De acuerdo con el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo aparente per cápita se ubicó en 47,3 kilos anuales, lo que representa una caída del 2,5% interanual y el nivel más bajo de los últimos 21 años.

En paralelo, la industria frigorífica atravesó uno de los febreros de menor actividad en casi medio siglo. La faena alcanzó las 924,3 mil cabezas de hacienda vacuna, con una leve suba del 1,5% frente a enero —ajustada por días hábiles— pero con una caída del 10,7% en la comparación interanual, equivalente a unas 110 mil cabezas menos.

La menor actividad se reflejó también en la producción. En el primer bimestre de 2026 se generaron 457 mil toneladas res con hueso, lo que implica una contracción del 9,1% frente al mismo período del año pasado. En términos absolutos, la caída fue de 45,5 mil toneladas.

En el mercado interno, el consumo total mostró un deterioro aún más marcado. Según CICCRA, el consumo aparente descendió a un ritmo del 13,8% interanual en el acumulado del primer bimestre, con un volumen total de 332,7 mil toneladas. El promedio móvil de los últimos doce meses se mantuvo en 47,3 kilos por habitante al año, 1,2 kilos por debajo del nivel registrado un año atrás.

Precios en alza

La caída del consumo se da en un escenario de fuerte presión sobre los precios. Según datos del INDEC, en febrero el precio de los cortes vacunos aumentó 7,4% mensual, muy por encima de la inflación general, que se ubicó en 2,9%.

Entre los principales cortes, la paleta lideró las subas con un 8,1%, seguida por el cuadril y la nalga (ambos con 8,0%). La carne picada común registró un incremento del 7,1%, mientras que el asado subió 5,7%.

En valores absolutos, el kilo de asado promedió los $16.852,4, el cuadril alcanzó los $19.792,7 y la nalga llegó a $20.527,5. La paleta se ubicó en $15.817,9 y la carne picada en $9.521,4.

Exportaciones en crecimiento

A contramano del mercado interno, las exportaciones continúan mostrando dinamismo. En el primer bimestre del año, los envíos al exterior habrían alcanzado las 124 mil toneladas res con hueso, con un crecimiento del 6,6% interanual.

En enero, en tanto, se certificaron exportaciones por 43,6 mil toneladas peso producto, lo que implicó una suba del 13,5% respecto al mismo mes de 2025. La caída en los embarques hacia China fue compensada por mayores ventas a Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos.

El precio promedio de exportación también mostró una fuerte mejora: la tonelada se ubicó en 7.362 dólares, un 30% por encima del valor registrado un año atrás. Según CICCRA, esta suba fue generalizada entre los principales destinos, impulsada en parte por la depreciación del dólar a nivel internacional, aunque con distinta intensidad según el mercado.

En este escenario, la cadena cárnica refleja una creciente dualidad: mientras el frente externo tracciona con mejores precios y volúmenes, el consumo interno continúa debilitándose, presionado por la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento sostenido de los alimentos.

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Dal Poggetto advierte por destrucción de empleo formal y presión sobre empresas en la transición económica del Gobierno

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La economista y directora ejecutiva de la consultora EcoGo, Marina Dal Poggetto alertó que el ajuste fiscal y el uso del tipo de cambio como ancla inflacionaria generan tensiones en el empleo, la recaudación y la estructura productiva.

Una transición con costos visibles

En pleno proceso de reconfiguración del régimen macroeconómico, la economista Marina Dal Poggetto lanzó una advertencia que interpela el corazón de la estrategia oficial. Desde Splendid AM 990, la directora ejecutiva de EcoGo sostuvo que la transición impulsada por el Gobierno ya muestra efectos concretos: destrucción de empleo formal, deterioro en las hojas de balance empresarias y caída del consumo interno.

El diagnóstico llega en un momento sensible. Con inflación mensual en torno al 2,9% y un esquema cambiario que busca consolidar estabilidad, la pregunta que subyace es si la normalización macro puede sostenerse sin erosionar la base productiva y laboral.

“Estás transitando de un régimen a otro”, planteó Dal Poggetto al describir el pasaje desde un modelo con alta brecha cambiaria, tasas reales negativas y fuerte protección comercial hacia otro con menor distorsión cambiaria, tasas positivas y apertura de importaciones. Ese giro, explicó, modifica incentivos y altera la lógica de funcionamiento de empresas y consumidores.

Del arbitraje financiero a la competencia por demanda

En el esquema previo, la economía operaba bajo una lógica de arbitraje. “Tomabas todos los pesos baratos que había en el sistema, comprabas todos los dólares baratos que te daba el Banco Central y si podías fijar precio eras Gardel”, sintetizó. Ese modelo permitía recomponer márgenes vía precios y protección comercial.

El actual escenario, en cambio, se apoya en la “normalización” de variables macro: brecha cambiaria que tendió a desaparecer, tasas de interés ya no negativas y mayor apertura de importaciones. Allí aparece un punto neurálgico. “Hoy sí importa la demanda y parte de esa demanda es abastecida con un aumento en las importaciones”, afirmó, al señalar la expansión de compras externas en bienes de consumo y autos.

El tipo de cambio funciona como ancla antiinflacionaria. Sin embargo, Dal Poggetto advirtió que esa herramienta implica riesgos si la inflación mensual se mantiene en torno al 2,9%. Con el dólar estable, el tipo de cambio real vuelve a apreciarse rápidamente. “Si lo dejás clavado en estos niveles con una inflación en torno al 2,9% mensual, en dos meses volvés a bajarlo”, señaló.

Esa apreciación reabre la discusión sobre competitividad. Tras la devaluación inicial que llevó el dólar oficial de 360 a 800 pesos, el tipo de cambio real alcanzó niveles elevados, pero luego comenzó a descender. El interrogante es cuánto margen tiene el Gobierno para sostener el ancla cambiaria sin profundizar tensiones en sectores transables.

Empleo formal en retroceso y reforma laboral en debate

El impacto más sensible aparece en el mercado de trabajo. Si bien la tasa de desempleo subió de 5,7% a 6,6%, la economista subrayó que el fenómeno central no es solo la desocupación sino la composición del empleo. “Lo que sí estás viendo es destrucción de empleo formal y creación de empleo semiformal, fundamentalmente monotributo”, advirtió.

En ese contexto se inscribe la reforma laboral en debate. Según su lectura, apunta a actualizar una legislación “muy rezagada”, pero se implementa en una economía que pierde puestos registrados. “Le estás bajando alícuotas o el costo de las contribuciones patronales a lo nuevo en una economía que está perdiendo empleo”, sostuvo.

La dimensión fiscal complejiza el cuadro. Con una recaudación que “está cayendo y probablemente siga cayendo”, el ajuste se sostiene vía contención del gasto. El Gobierno apuesta a consolidar equilibrio fiscal, pero lo hace sobre una base tributaria debilitada por la recesión y la menor actividad formal. Allí se juega una parte de la gobernabilidad económica.

Consumo, precios relativos y tensión social

El deterioro del poder adquisitivo agrega otra capa de presión. Dal Poggetto explicó que el índice de precios refleja una canasta promedio, pero cada hogar enfrenta una estructura distinta. “Hay una parte de los servicios, sobre todo de la clase media, que son bastante inelásticos”, señaló en referencia a prepagas, colegios, expensas y tarifas, rubros que subieron por encima de la inflación desde el inicio de la gestión.

“Están indexados a una inflación donde los ingresos no están yendo con la inflación”, remarcó. El resultado es una contracción del consumo que impacta directamente en empresas orientadas al mercado interno.

A esto se suma la presión sobre balances. “Empezás a ver una distorsión en la hoja de balance”, describió. Algunos sectores lograron recapitalizarse en el ciclo anterior; otros operan con márgenes estrechos en un contexto recesivo y mayor competencia externa.

En materia inflacionaria, anticipó que febrero y marzo mostrarán registros elevados por subas en carne, combustibles, colegios y tarifas. “Febrero va a ser alta y marzo probablemente siga estando en esos niveles”, afirmó, aunque proyectó que abril podría acercarse al 2% mensual si el esquema cambiario se mantiene.

Un equilibrio inestable

El diagnóstico no implica un rechazo al proceso de estabilización, pero sí una advertencia sobre sus costos y tiempos. La apertura comercial, la disciplina fiscal y el ancla cambiaria redefinen incentivos y ordenan precios relativos. La cuestión es si el tejido productivo puede absorber el shock sin mayor deterioro del empleo formal y de la recaudación.

En términos políticos, el Gobierno sostiene su estrategia como eje central de gestión. Sin embargo, la evolución del empleo registrado, la dinámica del consumo y la respuesta del sector empresario marcarán el pulso de las próximas semanas. La transición ya está en marcha. Lo que aún no está definido es cuán profundo será el costo social y productivo de ese nuevo régimen macroeconómico.

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La UIA presentó a Caputo un plan para reactivar la economía y aliviar la presión fiscal

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La Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió este viernes con el ministro de Economía, Luis Caputo, para acercarle un conjunto de propuestas orientadas a reactivar la actividad, aliviar los costos productivos y fortalecer la competitividad de la industria nacional en un contexto de estancamiento y creciente presión importadora.

El encuentro se produjo en medio de señales de preocupación dentro del empresariado. “Si no se reactiva el consumo, si no hay crecimiento, el programa económico no aguanta y esto termina mal”, deslizó uno de los principales hombres de negocios del país, reflejando un malestar que, aunque en voz baja, se repite en distintos sectores.

Tras la reunión, Caputo destacó el diálogo con el titular de la UIA, Martín Rappallini, junto a Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués. Señaló que conversaron sobre la reforma laboral -en particular el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)-, la reducción de los costos vinculados a la litigiosidad laboral, el régimen de nuevo empleo que baja los aportes patronales al 2% durante cuatro años y el RIMI para PyMES.

El ministro consideró que estos cambios, sumados a la ley de Inocencia Fiscal, serán “fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país”, con foco en creación de empleo, mejora salarial y mayor apertura comercial. También subrayó la necesidad de reducir la carga impositiva “principalmente en provincias y municipios” para mejorar la competitividad industrial.

Un escenario de estancamiento

La reunión se dio en un contexto complejo para la actividad. Según Eco Go, la economía se estancó en 2025: los niveles de noviembre se ubicaron en línea con los de un año atrás y diciembre habría vuelto a caer. Si bien el promedio anual mostró un crecimiento de 4,1%, ese resultado respondió en gran parte al arrastre estadístico de 2024.

En la industria, la utilización de la capacidad instalada fue del 53,8% en diciembre, por debajo del 56,7% registrado doce meses antes, un nivel ya considerado bajo por el sector.

Las propuestas de la UIA

La central fabril trabaja en un proyecto de ley orientado a reducir la presión tributaria y mejorar la competitividad. Entre las principales iniciativas presentadas al ministro se destacan:

  • Rebaja de costos laborales no salariales, incluyendo la posibilidad de computar aportes patronales a cuenta del IVA, complementando el incentivo del 4% previsto en la nueva legislación laboral para nuevos empleos.
  • Sistema de financiamiento en cuotas para estimular el consumo, similar al Ahora 12 pero sin subsidio estatal.
  • Medidas para fomentar exportaciones, como la eliminación de derechos de exportación pendientes y el aumento de reintegros, especialmente para manufacturas de origen industrial y alimentos.
  • Incentivos para la construcción, mediante devolución del IVA en compras de insumos realizadas con tarjeta de crédito y débito.
  • Alivio financiero para PyMES, incluyendo el uso de fondos del FAL y esquemas de crédito para capital de trabajo y consumo con garantía del hogar.
  • Refuerzo de controles ante subfacturación de importaciones, en un contexto de sobrecapacidad global y desvíos de comercio.
  • Agilización en la devolución de saldos acumulados y suspensión de embargos para PyMES, como herramientas de alivio fiscal.

Uno de los ejes centrales es la reducción integral de la carga tributaria, tanto a nivel nacional como provincial. Los industriales sostienen que, sin una baja coordinada de impuestos, la apertura económica podría acelerar la pérdida de competitividad y fomentar la relocalización de empresas en países con menor presión fiscal. Como ejemplo, mencionan la dificultad para desarrollar un polo audiovisual local frente a incentivos más atractivos en Uruguay o Colombia.

Desde Economía se comprometieron a analizar las propuestas y continuar el diálogo técnico.

Sectores en tensión

La preocupación empresarial responde a una realidad concreta en varias ramas industriales.

El sector textil es uno de los más golpeados por la apertura importadora y la caída del consumo. Desde la actividad sostienen que la elevada presión impositiva, en una cadena de valor extensa, distorsiona precios y resta competitividad frente a productos extranjeros o a circuitos informales.

En la siderurgia, fuentes sectoriales reportan caídas de hasta 50% en ventas, producto de la combinación entre apertura y retracción de la demanda interna. En neumáticos, estimaciones privadas indican que las importaciones ya representarían cerca del 85% del mercado.

El consumo masivo tampoco escapa a esta dinámica, con una competencia importada que comienza a desplazar producción nacional en distintos rubros.

En este contexto, la UIA busca instalar una agenda de reformas que combine reducción de costos, alivio impositivo y estímulos al consumo y la exportación, con el objetivo de evitar que el estancamiento derive en una crisis más profunda del entramado productivo.

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Los salarios formales cayeron fuerte contra la inflación en diciembre y perdieron más de 2% en 2025

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El poder adquisitivo de los salarios registrados volvió a deteriorarse en 2025. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los haberes del sector público y privado crecieron 28,8% en el año, frente a una inflación acumulada del 31,5%, lo que implicó una caída real del 2,1% interanual.

La merma se explicó íntegramente por el desempeño del último cuatrimestre. En diciembre, los salarios aumentaron 2% mensual, por debajo del 2,8% de inflación, profundizando el retroceso real.

El golpe fue más fuerte en el sector público. En diciembre, los salarios estatales subieron apenas 1%, lo que implicó una pérdida de 1,8% del poder adquisitivo en el mes. En el sector privado registrado, los ingresos avanzaron 2,5%, pero aun así mostraron una leve caída real de 0,3%, según estimaciones privadas en base a los datos oficiales.

En términos anuales, el deterioro se concentró en los últimos cuatro meses, cuando el salario real se contrajo 2,5%. El fenómeno estuvo vinculado a la aceleración inflacionaria de fin de año y al rezago típico de las actualizaciones salariales, que suelen ajustarse con base en inflación pasada. Cuando los precios se aceleran, los ingresos quedan temporalmente por detrás.

Si se amplía la comparación al período iniciado en noviembre de 2023 —momento del salto inflacionario posterior a la devaluación— la pérdida acumulada es mayor. Desde entonces, el conjunto de trabajadores registrados registra una caída real del 7,1%. La brecha sectorial es marcada: el empleo público acumula una pérdida del 17,03% de su poder adquisitivo, mientras que el privado registrado retrocede 1,55%.

Aunque durante parte de 2024 los salarios mostraron cierta recuperación real, el cierre de 2025 deja un balance negativo. El dato confirma que la recomposición salarial sigue condicionada por la dinámica inflacionaria y por el desfase entre precios y negociaciones paritarias.

En un contexto de desaceleración económica y menor utilización de capacidad instalada, la evolución del salario real se convierte en una variable clave para el consumo interno y la actividad.

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