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Ventas en supermercados de Misiones cayeron 7,3% en junio y cerraron el semestre en -10,4%

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En junio de 2026, las ventas en los grandes supermercados a nivel nacional fueron por $ 2,48 billones y registraron un descenso real del 3,1% interanual, siendo la sexta baja consecutiva. Por su parte, la comparación mensual desestacionalizada exhibió también una caída que llegó al -1,0% respecto a mayo pasado. Así, este indicador se ubica -10,3% en lo que va del actual gobierno nacional.

En la provincia de Misiones, las ventas totalizaron $ 27.274 millones en mayo de 2026 y en relación con igual mes del 2025 mostraron una caída del 7,3% real, siendo la quinta baja más fuerte del país y la décimo cuarta consecutiva para la provincia aunque, en ese marco, se destacan dos cosas: la caída interanual se desaceleró significativamente en comparación con el mes anterior (fue -14,3% en mayo) y, en segundo lugar, las ventas de junio crecieron mensualmente 5,6% respecto a mayo.

Por grupos de artículos, tres de los once que releva el INDEC presentaron crecimientos interanuales: lideró Panadería con +13,1%, seguido por Verduras y Frutas con +5,7% y por productos de Almacén con +3,2%, siendo este el caso más relevante dada su alta participación en el total provincial (explica el 33% de la facturación total del mes).

A su vez, el resto de los rubros exhibieron caídas interanuales con una fuerte brecha entre ellos: por un lado, el rubro de Otros lo hizo en -1,5% pero, en el extremo opuesto, Indumentaria cayó al 29,3%, la más fuerte en la provincia. De esta forma, el acumulado del primer semestre del año cerró para Misiones con ventas por $ 155.793 millones con una caída del 10,4% respecto a igual período de 2025, además de quedar por debajo también de igual período del 2024 (-9,8%), de 2023 (-33,8%) y de 2022 (-35,8%).

A nivel nacional, como se mencionó, la caída en las ventas de junio fue del 3,1% interanual y en ese marco, hubo solo seis provincias que exhibieron crecimiento con Neuquén (+5,3%) y La Pampa (+5,0%) a la cabeza; entre los que presentaron caídas, las más abruptas fueron las de Chaco (-8,2%), Catamarca (-8,5%) y Corrientes (-9,8%).

A nivel acumulado, el total nacional presenta una caída del 2,8%; y solo cuatro provincias exhiben resultados positivos (lideradas por Neuquén con +3,5%) y el resto registra descensos, siendo los de Corrientes (-13,3%) y Misiones (-10,4%) los más fuertes.

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La CGT y las CTA reclamaron un plan de refinanciación ante el salto del endeudamiento de familias y Pymes

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La CGT, las dos CTA y movimientos sociales llevaron al Ministerio de Economía un reclamo que busca instalar una discusión que excede el nivel de las tasas de interés: cómo evitar que el endeudamiento de los hogares y las pequeñas empresas termine convirtiéndose en un nuevo freno para el consumo, la producción y el empleo. Las organizaciones sindicales exigieron al Gobierno de Javier Milei la puesta en marcha de un “programa de refinanciación de deudas” frente al fuerte aumento de la morosidad.

La movilización llegó hasta el Palacio de Hacienda sin un acto central ni escenario para discursos. Los dirigentes entregaron un documento en el que plantearon que el equilibrio macroeconómico no puede evaluarse únicamente por las variables financieras, sino que debe incorporar una solución al endeudamiento de familias y Pymes y una estrategia para recuperar la actividad de la economía real.

El diagnóstico presentado por las centrales sindicales vincula directamente la pérdida de ingresos y el deterioro del consumo con el aumento del costo financiero. En esa lectura, cuando una familia deja de poder afrontar una tarjeta o un préstamo, reduce inmediatamente su capacidad de consumo; cuando una Pyme no consigue financiar su capital de trabajo, restringe su producción. La consecuencia final de esa cadena es una economía con menos ventas, menos actividad y mayor presión sobre el empleo.

El planteo adquiere mayor dimensión a partir de los datos atribuidos al Banco Central. Según las cifras citadas por las organizaciones sindicales, más de 20 millones de personas mantienen deudas con bancos y entidades no bancarias en Argentina, mientras que la morosidad de las familias se cuadruplicó desde diciembre de 2023 y alcanzó al 17,5% de los créditos personales.

Para las centrales, el problema no termina en el sistema financiero formal. El deterioro de la capacidad de pago puede expulsar a los hogares del crédito bancario y empujarlos hacia mecanismos informales de financiamiento, incluso para cubrir gastos esenciales. Allí, advierten, el costo del endeudamiento puede adquirir características usurarias y profundizar todavía más la vulnerabilidad económica.

El documento entregado en Economía propone, en ese sentido, una respuesta que combine extensión de plazos y reducción transitoria de la presión de las cuotas. La hipótesis es que una refinanciación con tasas compatibles con la evolución de los ingresos permitiría liberar recursos de los hogares y de las empresas, recuperar capacidad de consumo y sostener el capital de trabajo.

El reclamo también apunta al Banco Central. Las organizaciones pidieron que el organismo ejerza su función regulatoria sobre las tasas aplicadas a préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y otros mecanismos capaces de generar endeudamiento entre personas físicas. La demanda busca ampliar la discusión sobre el costo del crédito a todo el ecosistema financiero que hoy utilizan los hogares.

En paralelo, reclamaron un diagnóstico específico sobre la situación de las Pymes, especialmente aquellas cuyo endeudamiento compromete el capital de trabajo y pone en riesgo la continuidad de la actividad. El argumento es que una política de alivio financiero para empresas pequeñas no debería ser vista únicamente como una asistencia al sector privado, sino como una herramienta para preservar unidades productivas y puestos de trabajo.

La CGT sostuvo que “el endeudamiento es una política de gobierno” y cuestionó el modelo económico por obligar, según su diagnóstico, a familias a recurrir al crédito para afrontar alimentación, alquiler y servicios básicos. La protesta reunió a los integrantes del triunvirato de la central, Cristina Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de dirigentes como Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez.

Desde la CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar advirtió sobre el riesgo de que el endeudamiento termine actuando como un factor de conflictividad social. El secretario general de ATE sostuvo que millones de hogares atraviesan una situación crítica y reclamó que el Gobierno utilice sus herramientas regulatorias para limitar los costos financieros e implementar un programa de desendeudamiento.

Más allá de la disputa política, el eje económico del reclamo abre una discusión relevante sobre la relación entre estabilidad macroeconómica y economía real. Una reducción de la inflación o una mejora de determinadas variables financieras no necesariamente se traduce en una recuperación automática de los ingresos disponibles si una proporción creciente del salario o de la facturación empresarial queda comprometida por cuotas, intereses y refinanciaciones.

Ese es, precisamente, el punto de mayor profundidad del documento sindical: la deuda no aparece como un fenómeno aislado, sino como una consecuencia y, al mismo tiempo, como un mecanismo que puede profundizar la caída de la actividad. Si los hogares destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de obligaciones financieras, consumen menos. Si las empresas enfrentan dificultades para financiar su capital de trabajo, producen menos. Y si ambas variables retroceden simultáneamente, la recuperación del empleo se vuelve más difícil.

Desde esa perspectiva, una política de refinanciación no debería limitarse a postergar vencimientos. El desafío sería diseñar mecanismos que reduzcan efectivamente la carga financiera, extiendan los plazos y vinculen las condiciones de pago con la evolución de los ingresos. En el caso de las Pymes, la clave estaría en preservar capital de trabajo y capacidad productiva, evitando que una crisis de liquidez transitoria termine en cierre definitivo.

La discusión plantea, además, una cuestión central para cualquier estrategia de crecimiento: quién tiene capacidad para sostener el ciclo económico. El consumo de los hogares genera demanda; la demanda sostiene las ventas; las ventas permiten producir; la producción sostiene el empleo. Cuando ese circuito se rompe por una combinación de ingresos insuficientes y alto costo financiero, la deuda deja de ser solamente un problema individual y comienza a adquirir una dimensión macroeconómica.

Por eso, el reclamo de la CGT y las CTA puede leerse como una propuesta para desplazar parte del foco desde las cuentas financieras hacia las cuentas concretas de hogares y empresas. El desafío no consiste solamente en reducir la morosidad, sino en evitar que el endeudamiento se convierta en una barrera estructural para la recuperación del consumo y la inversión.

La salida que proponen las organizaciones sindicales incluye, además, una estrategia más amplia de estímulo a la inversión productiva y diversificación de la matriz económica. En esa concepción, refinanciar deudas sería una herramienta de emergencia dentro de una política mayor orientada a recomponer ingresos, activar la capacidad instalada, ampliar mercados y generar empleo.

El punto de fondo es que la sostenibilidad económica también se mide en la capacidad de las familias para llegar a fin de mes y de las empresas para sostener su actividad. Si la estabilización financiera se construye sobre hogares cada vez más endeudados y Pymes con menor capital de trabajo, la economía puede mostrar equilibrio en algunas variables mientras acumula tensiones en otras.

El reclamo entregado en el Ministerio de Economía pone así sobre la mesa una alternativa concreta frente a la morosidad: refinanciar, bajar la presión de las cuotas, regular el costo del crédito y proteger el capital de trabajo de las empresas. Pero también plantea una condición de fondo para que esa solución sea sostenible: recuperar los ingresos y la actividad productiva para que las familias y las empresas vuelvan a tener capacidad genuina de pago.

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Supermercados: la demanda se consolida como el principal freno y la confianza sigue en terreno negativo

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La fotografía que devuelve el comercio de alimentos y productos de consumo masivo tiene una particularidad: los empresarios esperan que los próximos meses sean algo mejores, pero todavía no encuentran señales suficientes para ampliar compras, contratar personal o apostar por una recuperación firme de la actividad.

La Encuesta de Tendencia de Negocios de supermercados y autoservicios mayoristas publicada este miércoles por el INDEC muestra que el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) se ubicó en -1,1% en julio de 2026, todavía en terreno negativo. El índice combina la percepción sobre la situación comercial actual, las expectativas para los próximos tres meses y el nivel de stocks.

Detrás de ese número aparece un dato todavía más revelador sobre el momento del consumo: el 63,6% de las empresas identifica a la demanda como el principal factor que limita la posibilidad de aumentar su actividad comercial. Tres meses antes lo señalaba el 57,3%. Es decir, lejos de disiparse, la restricción vinculada a las ventas ganó 6,3 puntos porcentuales.

El problema central del sector ya no aparece, por lo tanto, en el abastecimiento ni primordialmente en el financiamiento. Está del otro lado del mostrador.

El diagnóstico empresario de julio continúa siendo predominantemente defensivo. Apenas 6,8% de las compañías considera que su situación comercial es buena, mientras 64,8% la define como normal y 28,4% como mala.

La diferencia entre respuestas positivas y negativas arroja un balance de -21,6%, con un indicador de difusión de 39,2%.

La serie histórica que presenta el INDEC permite observar que el balance comercial permanece claramente debajo de cero durante 2026, después de la recuperación parcial registrada hacia finales de 2025. La percepción empresaria, por lo tanto, está lejos de reflejar un escenario expansivo.

La misma cautela aparece al analizar la competencia. Un 68,2% señaló que no hubo modificaciones durante los últimos tres meses, pero 26,1% afirmó que aumentó, frente a apenas 5,7% que percibió una disminución.

En un mercado donde el consumo continúa condicionando la expansión, la pelea por cada venta adquiere mayor peso.

La composición de los factores que frenan la actividad probablemente sea uno de los elementos económicos más relevantes del informe.

La demanda concentra el 63,6% de las respuestas, muy por encima del costo laboral, que aparece en segundo lugar con 20,5%. Mucho más atrás se ubican el costo del financiamiento, con 5,7%; la competencia dentro del propio sector, 3,4%; otros factores, 3,4%; y los problemas de suministro, apenas 1,1%.

Sólo 2,3% respondió que no enfrenta ninguna restricción para incrementar la actividad.

La comparación contra tres meses atrás refuerza el diagnóstico. La demanda pasó de representar 57,3% de las limitaciones a 63,6%, mientras disminuyeron el costo laboral -de 21,3% a 20,5%-, el costo del financiamiento -de 6,7% a 5,7%- y la competencia -de 5,3% a 3,4%-.

El comportamiento de los inventarios ofrece otra pista sobre las estrategias comerciales.

El 64,8% considera que sus stocks están en niveles normales, pero 22,7% afirma que se encuentran por debajo de lo habitual y sólo 12,5% por encima. El balance resulta negativo en 10,2 puntos. Ese manejo prudente de inventarios tiene continuidad hacia adelante.

Consultados sobre el volumen de pedidos que realizarán a sus proveedores entre agosto y octubre, 83% anticipó que no habrá cambios, 12,5% espera disminuirlos y apenas 4,5% proyecta aumentarlos. El balance es de -8%.

El crédito continúa siendo una dificultad

El escenario financiero tampoco aparece despejado. El 27,3% de los empresarios califica como mala la situación financiera de su compañía, contra 10,2% que la considera buena y 62,5% que la define como normal. El balance se ubica en -17%.

Más marcado es el diagnóstico cuando la consulta se concentra específicamente en el crédito.

Un 33% considera difícil el acceso al financiamiento, 63,6% lo califica como normal y solamente 3,4% dice que resulta fácil. El balance es de -29,5%, uno de los indicadores más negativos de toda la encuesta.

Durante julio, 60,2% de supermercados y autoservicios mayoristas afirmó haber aumentado sus precios promedio de venta. Otro 37,5% señaló que permanecieron sin modificaciones y apenas 2,3% informó reducciones.

Pero quizás más relevante sea lo que las empresas esperan hacia adelante.

Para el trimestre agosto-octubre, 62,5% anticipa nuevos aumentos de sus precios promedio, mientras 37,5% prevé mantenerlos y ninguna de las empresas relevadas proyecta disminuciones.

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La inflación en el NEA aceleró en julio, en línea con el dato nacional

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la región del NEA registró un alza del 2,0% en el mes de julio de 2026, presentando una aceleración respecto al mes anterior. A nivel acumulado del primer semestre los precios del nordeste crecen 22,3% y 36,9% en la trayectoria interanual; en los dos últimos los casos, el NEA muestra la mayor suba del dato de inflación del país.

En el NEA, la suba mensual de julio 2026 presentó una aceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto al mes previo (1,9% en junio 2026), levemente inferior a la observada para el total país (+0,2 p.p.). A nivel interanual, la suba de precios fue del 36,9%, su mayor nivel desde junio de 2025.

En la comparación con las otras regiones del país, el NEA presentó la tercera mayor suba mensual de precios de todo el país, al tiempo que sostiene el incremento más alto en el acumulado anual y en la trayectoria interanual, tal como se había visto en los meses previos.

Educación y Recreación y Cultura explicaron las subas más fuertes del mes

Desagregando por divisiones, durante julio hubo seis divisiones que mostraron expansiones superiores al total general regional: la más fuerte se vio en Educación con 7,5%, una suba de muy fuerte intensidad que es poco frecuente para el mes en cuestión, por lo que podría estar apoyado en fuertes incrementos de cuotas de establecimientos privados (tanto en educación formal como no formal); le siguió Recreación y Cultura con 4,0% (con mayor fuerza en artículos de librería, papelería y otros); y más atrás se ubicaron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros (3,9%, otra vez empujado por energía eléctrica y gas y en menor medida, pero significativo, de alquileres); Salud (2,7%, traccionado por prepagas), Comunicación (2,3%) y Restaurantes y Hoteles (2,0%).

A su vez, las divisiones que arrojaron alzas inferiores al nivel general regional fueron Bienes y Servicios varios (1,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%), Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (1,4%), Transporte (1,3%), Bebidas Alcohólicas y Tabaco (1,3%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).

En el análisis de la comparación interanual, la división de Vivienda y servicios sostiene el liderazgo en la región con +72,8%, casi dos veces más que el nivel general regional (36,9%); le sigue Educación (45,8%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas se cuela en el podio con 40,7%; a su vez, Prendas de vestir y calzado (13,7%) muestra la menor suba año/año.

¿Qué pasó con los alimentos?

En julio 2026, la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas presentó un alza del 1,5%, el mismo nivel de suba que había mostrado el mes anterior. En este marco, los rubros de mayor suba durante julio dentro de este grupo fueron en Verduras, tubérculos y legumbres (6,7%), Pan y Cereales (1,9%), y Azúcar, dulces y golosinas (1,8%); por el contrario, la Carne mostró la mejor suba del mes en la región (0,2%).

Los precios Estacionales impulsaron el resultado regional; lo destacado: los Núcleo volvieron a desacelerar

Al observar los resultados de julio por categorías de precios, se observa que los precios Estacionales, en línea con el nivel país, fueron los de mayor crecimiento en el NEA con 3,6%, acelerando fuertemente contra el mes previo (+1,6 p.p.); por su parte, los precios Regulados se mantuvieron con la misma intensidad del mes anterior, mostrando una suba del 2,9%. En este marco, se destaca el comportamiento de los precios Núcleo, que desaceleraron por cuarto mes consecutivo: la suba de julio fue de 1,5% (-0,1 p.p. contra el dato de junio).

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Las ventas minoristas pyme bajaron 3,8% interanual en julio

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Las ventas minoristas pyme registraron un descenso interanual del 3,8% durante el mes de julio. Asimismo, la comparación respecto al mes anterior también mostró una contracción del 2,1%. De esta manera, en los primeros siete meses del año, se acumuló un retroceso del 2,7%.
 
El descenso en la medición interanual obedeció al agotamiento de la liquidez extraordinaria aportada por el aguinaldo en el mes anterior. La ausencia de este dinamizador coyuntural, combinada con la mayor incidencia de las tarifas de servicios invernales sobre el presupuesto familiar, profundizó la cautela del consumidor y desaceleró el ritmo general de la actividad.

En lo que respecta a la percepción cualitativa sobre el estado del negocio, el 48,1% de los comerciantes consultados sostuvo que su nivel de actividad se mantuvo estable con relación al mismo período del año anterior, cifra que evidenció un descenso de dos puntos porcentuales en comparación con el relevamiento del mes de junio. Esta retracción en la lectura neutral se tradujo de forma directa en un incremento de las valoraciones pesimistas, observándose que la proporción de comercios que definió su escenario operativo como desfavorable ascendió del 43,1% al 44,5% en el transcurso del último mes.
 


En cuanto a las proyecciones a doce meses, el 46,3% de los relevados prevé que su nivel de actividad no experimentará cambios significativos. Por otro lado, un 42,4% estima un escenario futuro más favorable, lo que representa un avance de 4,7 puntos porcentuales en la visión optimista respecto al mes anterior, mientras que el 11,3% restante aguarda un deterioro en el desempeño de su negocio. Finalmente, en lo relativo a las decisiones de financiamiento, el 61,5% de los locales juzgó que la coyuntura resulta desfavorable para concretar nuevas inversiones de capital, en tanto que el 14% la consideró oportuna y el 24,5% optó por no fijar una posición al respecto.
 

 
En el desglose por sectores, seis de las siete actividades relevadas mostraron retrocesos en la comparación interanual. Los mayores descensos se concentraron en Textil e indumentaria (-5,6%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-5,5%) y Alimentos y bebidas (-5,4%). En contraste, el único rubro que logró terreno positivo fue Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (+1%).

El índice general de ventas minoristas informado por CAME mide las ventas realizadas por los comercios relevados bajo cualquier modalidad.
Durante julio se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 14,9% y una baja intermensual desestacionalizada del -0,1%.
 


El desempeño minorista del mes de julio evidenció una marcada desaceleración interanual, explicada por el agotamiento de los impulsos coyunturales y la inyección de liquidez que habían dinamizado el período previo, por el ya mencionado cobro del aguinaldo. La pérdida persistente de capacidad adquisitiva, agravada por la incidencia de los costos de las tarifas de servicios durante el invierno sobre el presupuesto familiar, derivó en una demanda defensiva y fragmentada. En este escenario, el consumo se acotó a la adquisición de bienes indispensables de la canasta básica, fármacos recetados e insumos de reposición inmediata, postergando de manera sistemática las decisiones de compra en bienes durables, indumentaria, amoblamiento y productos de mayor valor unitario.
 
Por el lado de la oferta, la concreción de operaciones se mantuvo condicionada por el uso de promociones bancarias, billeteras digitales y descuentos por pago al contado, ante la saturación de los márgenes crediticios de los consumidores. En paralelo, los comercios enfrentaron una compresión de sus márgenes de rentabilidad producto de las constantes alzas en los costos de reposición, el encarecimiento logístico y la presión de la competencia informal e importada. Frente a esta coyuntura de costos al alza y de ventas contenidas, el empresariado pyme sostuvo una postura de marcada cautela financiera, congelando planes de inversión de capital y priorizando el sostenimiento del flujo operativo.

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