Los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio ; de Hacienda, Nicolás Dujovne , de Finanzas, Luis Caputo , y de Educación, Esteban Bullrich , encabezaron esta tarde en Casa de Gobierno un encuentro con ministros de Economía de las provincias para avanzar en la elaboración de una nueva ley de coparticipación federal, además de una reforma tributaria y una norma de responsabilidad fiscal. Misiones estuvo representada por el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, quien elevó la postura de la Provincia en la discusión sobre el reparto de recursos y el equilibrio fiscal.
Frigerio señaló que “vamos a intentar sentar las bases de la discusión de la reforma de la coparticipación federal de impuestos, que es un mandato constitucional incumplido por más de 20 años y además ver si podemos avanzar en otras cuestiones pendientes”.
Entre ellas el ministro incluyó a “la reforma tributaria que debe comprender a las provincias también, y ya que estamos todos juntos vamos a hablar de otros temas de la coyuntura y del vínculo diario y permanente que tenemos con todos los gobiernos”.
Al término del encuentro, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, puntualizó que se planteó trabajar en tres proyectos de largo plazo: la reforma tributaria, el régimen de coparticipación y la ley de responsabilidad fiscal.
“Obviamente -destacó el ministro de María Eugenia Vidal- estos tres proyectos hacen al desarrollo del largo plazo en la Argentina que necesita de la concurrencia de la Nación pero también de las 24 jurisdicciones”.
Sobre este esfuerzo Lacunza consideró que “si seguimos en la lógica de tironear cada uno del mantel y con el ejercicio egoísta de ver que cheque se lleva cada uno de coparticipación para su provincia, es la mejor garantía del fracaso”.
“Por el contrario, con un enfoque colectivo en donde veamos que puede poner cada uno y se puedan resolver las cuestiones de inequidad, ahí vamos a avanzar”, analizó.
Frigerio se explayó sobre los criterios que pretende el presidente Mauricio Macri para la distribución de los fondos federales, básicamente, de eficiencia en el gasto y necesidad de cada distrito, que se cristalizarán en una nueva ley de coparticipación.
Participaron de la reunión, realizada en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, los ministros de Economía de 22 provincias y el viceministro del área de la Ciudad de Buenos Aires. La única ausencia fue la de la titular de Hacienda Pública de San Luis, María Natalia Zabala Chacur.
Estuvieron presentes además el secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena; el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli; el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero, y otros funcionarios nacionales.
Caballero, en recientes declaraciones a Télam, dijo que la actual normativa sobre coparticipación federal proviene de “una ley transitoria de 1988 y a partir de ese momento se hicieron un parche tras otro”, lo cual originó “distintos esquemas de distribuciones parciales donde se generaron desequilibrios verticales y horizontales entre nación y provincias”.
Destacó: “La única manera de salir de este laberinto es plantear un nuevo esquema de distribución a través de ver qué gastos tiene que realizar cada jurisdicción y qué recursos puede recaudar”, porque “apostamos a un país federal y que cada nivel de gobierno pueda asumir sus responsabilidades desde lo local y desde la Nación”.
Los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, encabezan en la Casa de Gobierno un encuentro con los ministros de Economía de las provincias, para avanzar en la elaboración de una nueva ley de coparticipación federal.
Antes de comenzar la reunión, Frigerio hizo una breve declaración a la prensa en la que señaló que “vamos a intentar sentar las bases de la discusión de la reforma de la coparticipación federal de impuestos, que es un mandato constitucional incumplido por más de 20 años y además ver si podemos avanzar en otras cuestiones pendientes”.
Entre ellas Frigerio incluyó a “la reforma tributaria que debe comprender a las provincias también, y ya que estamos todos junto vamos a hablar de otros temas de la coyuntura y del vínculo diario y permanente que tenemos con todos los gobiernos”.
Consultado sobre si se encararía el tema salarial de los docentes y el reclamo gremial de una paritaria nacional, el ministro señaló que “si sale el tema, vamos a hablar”.
Asisten a la reunión, que se realiza en el Salón de los Pueblos Originarios, en la planta baja de la Casa rosada, los ministros de economía de 22 provincias y el viceministro del área de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que no concurrió el titular de economía de la provincia de San Luis.
Están presentes además el secretario de Hacienda del Ministerio de Hacienda, Rodrigo Pena; el secretario de Provincias, Alejandro Caldarelli; el subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero, y otros funcionarios nacionales.
Caballero, en recientes declaraciones a Télam, dijo que la actual normativa sobre coparticipación federal proviene de “una ley transitoria de 1988 y a partir de ese momento se hicieron un parche tras otro”, lo cual originó “distintos esquemas de distribuciones parciales donde se generaron desequilibrios verticales y horizontales entre nación y provincias”
Destacó: “La única manera de salir de este laberinto es plantear un nuevo esquema de distribución a través de ver qué gastos tiene que realizar cada jurisdicción y qué recursos puede recaudar”, porque “apostamos a un país federal y que cada nivel de gobierno pueda asumir sus responsabilidades desde lo local y desde la Nación”.
“Siempre puede fallar”, decía Tu Sam. Algo de esto sobrevolará en el arduo y trabajoso camino que el Gobierno Nacional y las provincias arrancarán formalmente hoy desde las 14, cuando se reúnan los ministros de economía de los 24 distritos para empezar conversaciones que terminen -si todo va bien- el año próximo, tras las elecciones, con la sanción de una nueva ley de Coparticipación.
el Gobierno Nacional y las provincias arrancarán formalmente hoy desde las 14, cuando se reúnan los ministros de economía de los 24 distritos para empezar conversaciones que terminen -si todo va bien- el año próximo, tras las elecciones, con la sanción de una nueva ley de Coparticipación.
Los anfitriones serán los ministros Rogelio Frigerio y Nicolás Dujovne. Frigerio al mando de las negociaciones políticas y Dujovne con la mirada puesta en los números.
Misiones tiene muchísimo para pelear y ganar en este debate. Tiene 1.100.000 habitantes y recibe menos que Formosa, que tiene 530.000 personas en su territorio, a pesar de que la tierra colorada debe brindar más servicios como policía, hospitales y escuelas. Chaco y Corrientes, también con menos almas, reciben más que Misiones.
El criterio que busca imponer el gobierno es tomar en cuenta esto, los servicios que cada provincia tiene que brindar. Ahí Misiones tiene para pedir más que otros distritos. El otro criterio es ver cuánto recaudan o pueden recaudar las provincias. Otro punto en el cual Misiones está bien parada.
Es decir, la propuesta oficial es decirle a cada provincia. ¿Cuánto necesitás? ¿Cuánto podés conseguir por tus propios medios? Y cubrir la diferencia.
El camino es largo y el martes serán apenas los primeros escarceos para reformar una ley que data de 1988. Que se ordenó reformar por mandato constitucional en 1994 en el plazo de 2 años, pero que nunca se logró consensuar. Hay otra clave, el Gobierno Nacional prometió que ninguna provincia se va a ir con menos de lo que ya tiene. Acá la pelea por la torta es entre provincias y Nación.
Misiones va a pedir una reparación histórica, igual que la que reclama la provincia de Buenos Aires, porque tiene menos dinero que el que debería recibir. “Tendríamos que tener una Coparticipación 30 puntos más alta”, dijo Safrán el sábado en una exclusiva con este portal.
En enero Misiones recibió casi $1800 millones de “Copa”, cuando debería percibir -aproximadamente- unos $500 millones más, según el cálculo del ministro de Hacienda, que estará el martes en Buenos Aires. De cada $100 que le ingresan al Estado provincial, $60 son de Coparticipación, $22 de Rentas y el resto son giros de Nación por afuera de la “Copa”.
La reunión de hoy se convocó en la Casa Rosada con los ministros de Economía de los 24 distritos del país, en la que se planteará un sistema de medición de prestación de servicios y capacidad recaudatoria, con lo que la provincia de Buenos Aires pasará a percibir casi un 35% más de recursos.
El subsecretario de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior, Paulino Caballero, encargado de la organización del encuentro, explicó a la agencia Télam que la ley de Coparticipación vigente, la 23.548, es “transitoria, ya que en un año se tenía que sacar la definitiva y no se hizo, y así pasaron 30 años prácticamente y seguimos con parches, uno tras otro, lo cual se transformó en una situación caótica”.
Reforma tributaria, Ingresos Brutos y recién después Coparticipación
El miércoles de la semana pasada, Economis dialogó en exclusiva con Alejandro Caldarelli, quien estuvo en Posadas para inaugurar la oficina regional de la UIF. Caldarelli también estará esta tarde sentado a la mesa con los ministros provinciales.
“Puede ser que Misiones sea de las que recibe menos, sabemos que hay muchas inequidades y hay que reconocerlas para poder corregirlas, ninguna provincia se puede levantar de la mesa con menos recursos de los que tenía, hay que hacerlo de acá adelante con el potencial aumento de recursos, si desde la Nación se va a encarar una reforma tributaria, este tema tiene que ponerse en la mesa con las provincias”, afirmó el secretario de Relaciones con las Provincias.
Caldarelli explicó que en la agenda del Gobierno, por orden cronológico, primero se buscará sancionar una nueva reforma tributaria (se habla de bajar el IVA, entre otros gravámenes), después consensuar con las provincias reformas en los Ingresos Brutos y otros impuestos que cobran, para bajar la presión impositiva. Recién después y tras las elecciones se intentaría reformar la ley de Coparticipación. Se busca dejar cualquier cambio fuera de las especulaciones electorales.
En el medio de estas reformas importantes estarán las elecciones de medio término. El camino que arranca el martes es largo, sinuoso, cargado de curvas y contra curvas. Como decía Tu Sam…”Siempre digo que puede fallar”.
“Siempre puede fallar”, como decía Tu Sam. Algo de esto sobrevolará en el arduo y trabajoso camino que el Gobierno Nacional y las provincias arrancarán formalmente este martes, cuando se reúnan los ministros de economía de los 24 distritos para empezar conversaciones que terminen -si todo va bien- el año próximo, tras las elecciones, con la sanción de una nueva ley de Coparticipación.
Misiones tiene muchísimo para pelear y ganar en este debate. Tiene 1.100.000 habitantes y recibe menos que Formosa, que tiene 530.000 personas en su territorio, a pesar de que la tierra colorada debe brindar más servicios como policía, hospitales y escuelas. Chaco y Corrientes, también con menos almas, reciben más que Misiones.
El criterio que busca imponer el gobierno es tomar en cuenta esto, los servicios que cada provincia tiene que brindar. Ahí Misiones tiene para pedir más que otros distritos. El otro criterio es ver cuánto recaudan o pueden recaudar las provincias. Otro punto en el cual Misiones está bien parada.
Es decir, la propuesta oficial es decirle a cada provincia. ¿Cuánto necesitás? ¿Cuánto podés conseguir por tus propios medios? Y cubrir la diferencia.
El camino es largo y el martes serán apenas los primeros escarceos para reformar una ley que data de 1988. Que se ordenó reformar por mandato constitucional en 1994 en el plazo de 2 años, pero que nunca se logró consensuar. Hay otra clave, el Gobierno Nacional prometió que ninguna provincia se va a ir con menos de lo que ya tiene. Acá la pelea por la torta es entre provincias y Nación.
Misiones va a pedir una reparación histórica, igual que la que reclama la provincia de Buenos Aires, porque tiene menos dinero que el que debería recibir. “Tendríamos que tener una Coparticipación 30 puntos más alta”, dijo Safrán el sábado en una exclusiva con este portal.
En enero Misiones recibió casi $1800 millones de “Copa”, cuando debería percibir -aproximadamente- unos $500 millones más, según el cálculo del ministro de Hacienda, que estará el martes en Buenos Aires. De cada $100 que le ingresan al Estado provincial, $60 son de Coparticipación, $22 de Rentas y el resto son giros de Nación por afuera de la “Copa”.
La reunión de pasado mañana se convocó en la Casa Rosada con los ministros de Economía de los 24 distritos del país, en la que se planteará un sistema de medición de prestación de servicios y capacidad recaudatoria, con lo que la provincia de Buenos Aires pasará a percibir casi un 35% más de recursos.
El subsecretario de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior, Paulino Caballero, encargado de la organización del encuentro, explicó a la agencia Télam que la ley de Coparticipación vigente, la 23.548, es “transitoria, ya que en un año se tenía que sacar la definitiva y no se hizo, y así pasaron 30 años prácticamente y seguimos con parches, uno tras otro, lo cual se transformó en una situación caótica”.
Respecto a la nueva ecuación que se propondrá, Caballero aclaró que “ya hay esquemas que están funcionado con indicadores de reparto afectados a prestación de servicios”.
“De hecho -amplió- en la provincia de Buenos Aires se utilizan indicadores que están afectados a la prestación de servicios: en Argentina funciona así en algunas provincias. Lo que no es normal es cómo está funcionando ahora, con un régimen de coeficiente fijo, con lo que cambió el país en 30 años desde el punto de vista de la estructura demográfica, económica y productiva”.
El funcionario confió que la idea es remitir el proyecto de ley al Congreso luego de las elecciones legislativas, una vez logrado el “consenso” con las provincias, ya que para ser aprobado debe tenerse el visto bueno de las 23 provincias y de la ciudad de Buenos Aires.
Reforma tributaria, Ingresos Brutos y recién después Coparticipación
El miércoles, Economis dialogó en exclusiva con Alejandro Caldarelli, quien estuvo en Posadas para inaugurar la oficina regional de la UIF.
“Puede ser que Misiones sea de las que recibe menos, sabemos que hay muchas inequidades y hay que reconocerlas para poder corregirlas, ninguna provincia se puede levantar de la mesa con menos recursos de los que tenía, hay que hacerlo de acá adelante con el potencial aumento de recursos, si desde la Nación se va a encarar una reforma tributaria, este tema tiene que ponerse en la mesa con las provincias”, afirmó el secretario de Relaciones con las Provincias.
Caldarelli explicó que en la agenda del Gobierno, por orden cronológico, primero se buscará sancionar una nueva reforma tributaria (se habla de bajar el IVA, entre otros gravámenes), después consensuar con las provincias reformas en los Ingresos Brutos y otros impuestos que cobran, para bajar la presión impositiva. Recién después y tras las elecciones se intentaría reformar la ley de Coparticipación. Se busca dejar cualquier cambio fuera de las especulaciones electorales.
En el medio de estas reformas importantes estarán las elecciones de medio término. El camino que arranca el martes es largo, sinuoso, cargado de curvas y contra curvas. Como decía Tu Sam…”Siempre digo que puede fallar”.
El acuerdo de condonación de deudas entre el Gobierno y el grupo Macri, concesionario del Correo Argentino, debería ser considerado un escándalo. No sólo por el monto en juego, estimado por la fiscal que desnudó la maniobra en 70 mil millones de pesos, sino por las partes intervinientes. El Correo Argentino en manos de Franco Macri desde 1997, quebró en 2003 y le debía más de mil millones al Estado. Sucesivamente fue dilatando el arreglo, que llegó con su hijo Presidente. Las negociaciones avaladas por el Gobierno resultaron ser sumamente gravosas para el Estado por la deuda incobrable y por una nueva maniobra que recién se conoció en las últimas horas. No sólo se le perdonó prácticamente toda la deuda, sino que la misma familia Macri reclama un resarcimiento económico de 1850 millones más intereses y no renuncia a más reclamos.
Cuando la familia recibió el Correo de manos de Carlos Menem, la empresa estatal contaba con 20.400 empleados y no tenía deuda. El grupo debía pagarle al Estado un canon semestral de 51,6 millones de pesos.
En la despedida del riojano del poder, el Correo le debía al Estado 408 millones de pesos y otros 60 millones en préstamos al Banco Nación. Nada alcanzaba. En 2001 entró en concurso preventivo y despidió a 12.800 trabajadores. La Afip le reclamó después más de 500 millones de pesos por falta de pago de los aportes patronales, lo que hace una deuda acumulada de más de mil millones de pesos.
Nada extraordinario. Fue más o menos el mismo esquema que se repitió en otras empresas privatizadas. Aerolíneas, YPF, las AFJP, tuvieron el mismo final. Quebrados, sin activos y con millones de dólares fugados. Empresas fundidas, ejecutivos millonarios. En realidad, es una historia que encuentra sus orígenes en las postrimerías de la última dictadura militar, cuando el siempre presente Domingo Cavallo estatizó la deuda privada. El grupo Socma, del entonces joven Mauricio, fue una de las empresas beneficiadas con la licuación y estatización de una deuda de 170 millones de dólares-
La nueva operación, sin embargo, pasa casi desapercibida en los grandes medios y en los principales debates políticos. Por ahora es apenas un vocerío lateral, que indigna a un sector de la oposición, mientras que los indignados con los bolsos del señor López, distraídos, callan o justifican. “No hay que pensar que Mauricio sabía”, dijo la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Es poco probable que el tema no se haya colado en alguna cena familiar. Socma, la controladora del Correo, fue transferida en 2007 al ahora Presidente. Ahora está en manos de los hermanos y de tres hijos de Mauricio. Todo se reduce, en última instancia, en un beneficio familiar.
El enorme volumen de dinero en nada se asemeja a los bolsos tirados en el convento. Pero refleja lo mismo. La diferencia es que la condonación de deudas es abstracta. Los bolsos de López fueron fotografiados por doquier y las imágenes ocuparon horas de televisión. Por eso, el grado de indignación es distinto.
Sin embargo, la promesa de “transparencia”, quedó licuada en un gris pantanoso. Hasta los socios de Cambiemos, tímidamente, intentan desmarcarse. Algunos. “No entiendo de derecho pero sí de ética y no hay explicación que valga ni justifique que el hijo Presidente le resuelva un problema al papá empresario en conflicto con el Estado”, aseguró el ex gobernador Ricardo Barrios Arrechea.
En cambio, el diputado Luis Pastori minimizó la situación y culpó a la fiscal Gabriela Boquín de moverse como “un elefante en un bazar”. Para el contador, “la señora hizo mal las cuentas o no supo verificar la que le informaron. No supo qué fórmula usar. Usó la fórmula del interés compuesto cuando tenía que usar la del interés simple. Y así llega a los supuestos 70.000 millones”.
Obvia el legislador en su intento de preservar la “cristalería” del Gobierno, es que más allá del dinero en juego, lo que está en discusión es el uso del Estado al servicio de la familia presidencial. La ética, como define el veterano Barrios Arrechea.
La ética y la transparencia fueron pilares en la campaña de Cambiemos y una piedra en el zapato del kirchnerismo. ¿Por qué era grave antes lo que ahora no lo es?
Los asesores del Gobierno estiman que el escándalo del Correo no pasará a mayores ya que no está en la agenda de los grandes medios ni hace a la realidad del ciudadano común. Y tal vez acierten. Sin embargo, la realidad cotidiana no tiene demasiados elementos alentadores para el que paga los impuestos.
La economía no muestra signos de una enorme reacción, sino apenas retoños que asoman producto de un efecto rebote tras una caída profunda el año pasado. El desempleo se acentúa, con más de 250 mil despidos. La inflación que parece estar contenida en niveles bajos por la caída del consumo, tiene como contrapeso la pérdida del poder adquisitivo del año anterior.
El propio Gobierno es el que puede llegar a minar sus chances políticas en las elecciones legislativas con sendos conflictos generados por la negativa a avalar incrementos salariales que estén por encima del 17 por ciento de inflación estimada para este año.
Los empleados bancarios fueron los primeros en ponerse en estado de alerta. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que apuesta a las pasantías para “generar empleo”, frenó un acuerdo ya cerrado con los bancos y los trabajadores con un aumento del 24 por ciento.
El otro frente que está creciendo en temperatura es el docente. El inicio de clases está en riesgo por la negativa del ministro de Educación, Esteban Bullrich de abrir las paritarias federales y ponerle un techo a las negociaciones. Los gobiernos del interior quedan así librados a su suerte y el salario docente volverá a estar desequilibrado entre provincias ricas y pobres. La ministra de Educación de Misiones, Ivonne Aquino, puso sobre el tapete esas diferencias: sin los recursos federales, será casi imposible sostener los salarios de los educadores.
En el primer encuentro de la paritaria “misionera”, los gremios se mostraron comprensivos con la posición en la que está el Gobierno y reconocieron que una de las prioridades es mantener el empleo. Signo de los tiempos. De todos modos, es probable que haya un acuerdo en Misiones –mañana hay un nuevo encuentro, en el que se conocerá la propuesta oficial-, aunque los sindicalistas quieren bastante más que la oferta oficial y estén presionados por los gremios nacionales para sostener una postura unificada.
A la postura de la Ctera se sumaron en las últimas horas las centrales obreras agrupadas en la CGT, que ya anunció una movilización y un paro nacional sin fecha. Si hay unidad de las centrales sindicales, el foco de conflicto puede agrandar el descontento y provocar efectos inesperados de cara a las elecciones.
Para las provincias el panorama es bastante claro. Más allá del rumbo de la nacional, que arrastra a todos, cada uno de los gobernadores tendrá que hacerse fuerte desde la gestión si quiere obtener resultados políticos favorables.
El gobernador Hugo Passalacqua mantiene aceitadas relaciones con el Gobierno nacional. Esta semana acompañó a Macri a Brasil, donde mantuvo una cumbre bilateral con el presidente Michael Temer.
(Brasília – DF, 07/02/2017) Visita Oficial do Presidente da Argentina, Maurício Macri. Fotos: Marcos Corrêa/PR
Passalacqua es una de las figuras políticas de mayor exposición en las giras de Macri. Viajó con él a Europa y posiblemente sea parte de un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Cancillería apura a la brevedad posible.
En Brasilia los planteos misioneros fueron precisos: mejorar la conectividad en las fronteras, a través de conexiones físicas y también el flujo del comercio para potenciar la economía local, atascada con un problema intrínseco de la política nacional: el atraso cambiario. Con el precio del dólar planchado como está –esta semana tuvo una caída llamativa-, el problema de las asimetrías seguirá latente, más allá del comercio fronterizo. Las empresas exportadoras no pueden competir con los precios de Paraguay y Brasil y eso ya está afectando al empleo en la zona del Alto Paraná, dedicado esencialmente a la forestoindustria.
Los paliativos con el ITC diferenciado para Posadas apenas ayudaron a mitigar la enorme sangría de recursos hacia Encarnación. Las estaciones de servicio de la capital provincial aumentaron levemente sus ventas –en un promedio del diez por ciento en relación a diciembre-, pero, en cambio, las de Candelaria y Garupá, sufrieron una caída del 40 por ciento.
Las gestiones por mayores beneficios son permanentes, pero los tiempos porteños no coinciden con las necesidades locales.
Esta semana visitó Misiones por unas pocas horas el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Aunque es el funcionario de Nación más cercano a la Provincia, esta vez estuvo parco a la hora de enfrentar los reclamos políticos y empresarios. “Nosotros avanzamos con la diferenciación del ITC para Posadas y para todas las ciudades que tengan un mecanismo o interrelación con el Paraguay cercana o fluida, son los que más sufrían las diferencias de precio de las naftas locales y del otro lado de la frontera, no ocurría lo mismo con Brasil, hicimos los cálculos y no ameritaba”, dijo Frigerio, poniéndole un techo a los comerciantes y a los funcionarios misioneros, quienes reclamaron la medida para toda la provincia.
Después agregó: “Estamos trabajando para mejorar la competitividad de nuestra economía, hablando con los distintos sectores de la producción, representantes de los trabajadores, empresas y el Estado en todos los niveles del Gobierno para vender nuestros productos de manera más barata”. La toma de decisiones, va muy atrás de las demandas.
El titular de la cartera del Interior sí ocupó varias horas en reuniones con referentes del PRO en Misiones. La salvedad no es antojadiza. Los socios radicales de Cambiemos fueron simples espectadores durante las reuniones políticas y después en los actos oficiales.
La idea del PRO es que las elecciones legislativas sirvan para potenciar su propia fuerza. El presidente del partido, el misionero Humberto Schiavoni, insistió en que “no habrá problemas para alcanzar una lista de consenso”. La lista que importa es la naciona y, pretenden, debe ser encabezada por un PRO puro y no por un socio. La discusión local estará abierta a internas y a danza de nombres. El de Alex Ziegler se filtró como posible postulante a la Cámara de Diputados provincial.
La estrategia del Gobierno provincial es clara. Aprovechar cada beneficio que se pueda obtener de la Nación, pero enfocar las energías en las herramientas propias que se puedan utilizar. La puesta en marcha del Fondo de Crédito de Misiones promete convertirse en un potente motor para la economía local, con una capital de 500 millones de pesos disponible para préstamos a pequeños empresarios y productores que tienen dificultades para acceder a la banca financiera tradicional. Los requisitos de acceso son casi tan exigentes como los de los bancos, pero la decisión es impulsar aquellos emprendimientos que puedan generar empleo, generar valor agregado a la producción local y sustituir importaciones. El círculo virtuoso está a la vuelta de la esquina. Si aumenta la producción y se sustituyen importaciones, es dinero que circulará inmediatamente en la economía local.
En paralelo, se abre la discusión por una nueva ley de coparticipación federal. El Gobierno tiene un borrador de proyecto que deberá ser consensuado con las provincias. La iniciativa oficial parte de la base de que ninguna provincia recibirá menos dinero que en la actualidad. Pero, como es de esperar, la disputa se planteará en cuánto debe recibir la provincia de Buenos Aires, gobernada por Maria Eugenia Vidal, la mimada de Macri. El ministerio del Interior calcula que no menos del 35 por ciento más.
La visión del Estado en retroceso del actual Gobierno puede ser fundamental a la hora de las negociaciones, ya que la Nación será la que deba ceder mayores recursos para repartir. A cambio, el Estado nacional se sacaría varias de sus obligaciones actuales, como el caso de los recursos para el salario docente.
Pero los gobernadores advierten que no se trata sólo de no perder dinero, sino que la ecuación debe cubrir además otras desigualdades internas. Misiones, por caso, reveló el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, en una entrevista concedida a Economis, en 1980 era la novena provincia en el reparto de recursos. Después de las cesiones del radicalismo primero y de Ramón Puerta después, ocupa los últimos puestos, pese a ser la provincia del NEA con mayor cantidad de habitantes, una economía más potente y al mismo tiempo, elevados indicadores de NBI y pobreza. “No debemos recibir menos de 30 por ciento más de los recursos actuales”, advierte Safrán.
Esos recursos son claves para el futuro de la Provincia, ya que quedarían fijos y no dependerían del humor político de turno. De todos modos, la balanza no se inclinaría para un lado, sino que nuevamente haría equilibrio con los recursos federales que dejarían de venir por otras vías. Pero con más recursos propios, será la Provincia la que determine cómo y en qué distribuye.
