Corrientes

Profundizan la investigación por supuesta evasión y enriquecimiento del exgobernador Colombi

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La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de la defensa de un exfuncionario y su esposa sospechados de ser testaferros del exgobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, en el marco de una causa por presuntos enriquecimiento y evasión tributaria, informaron hoy fuentes judiciales.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, rechazó este miércoles, al declarar inadmisible, un recurso de la defensa del exdirector del Pami en Corrientes, Marcelo Hernán Laslo y de su esposa, María Elena Haddad, que intentaron revocar la investigación que había sido cerrada en 2018 pero reabierta este año por denuncias de enriquecimiento y evasión.

Se investiga una maniobra en la que el matrimonio, a través de dos escribanas -una de las cuales está condenada en esta causa- traspasó a Colombi dos casas ubicadas en el casco céntrico de la capital de Corrientes.

De esa operación se desprendió una investigación por evasión y enriquecimiento ilícito tanto para el exmandatario provincial, como para Hadad y Laslo, quien, a su vez, atesoraba fondos en una casa financiera fraudulenta, la cooperativa Pyramis, no habilitada por el Banco Central de la República Argentina y que este año fue cerrada con una condena de la Justicia federal.

Concretamente, la medida dictada por la Casación ratifica que están revocados tres puntos de la resolución dictada en 2018 por el Juzgado Federal de Paso de los Libres al sobreseer a Colombi, Laslo y Hadad, tanto como a las escribanas involucradas y negar la conexidad con la causa por el banco clandestino Pyramis.

En esos marcos es que actualmente la causa es orientada por el Juzgado Federal 2 de la capital, a cargo del juez Juan Carlos Vallejos.

Esto es así dado que el fiscal General de la órbita federal en Corrientes, Carlos Schaefer apeló los sobreseimientos hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia dela Nación, que el 12 de julio de 2022 declaró procedente el recurso extraordinario del Ministerio Público Fiscal, dejó sin efecto la resolución que alivió las situaciones del exgobernador y los supuestos testaferros y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento.

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Transporte público: Posadas tiene uno de los boletos más baratos de la región y de Misiones

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Posadas no sólo tiene uno de los boletos más baratos en la región, sino también dentro de Misiones: el transporte es más accesible que en otras ciudades donde las distancias recorridas son más cortas. 

El boleto de colectivos en Corrientes cuesta 170 pesos y valdrá 200 desde noviembre, lo que convertirá a la capital vecina en la ciudad con el boleto más caro del país. La suba en Corrientes refleja la enorme disparidad entre el costo del transporte en la Argentina. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se ejecuta la mayor parte de los subsidios al transporte, el boleto aumentó un 5,8%, por lo que el mínimo de colectivo pasó a costar $ 52,96.

En Formosa el boleto cuesta 84 pesos; en Resistencia (Chaco) vale 75 y en Posadas, con el Sistema Integrado de Transporte, que permite conexiones, el boleto vale 90 con SUBE.

El costo en la capital es sustancialmente más bajo que el de otras ciudades misioneras donde el recorrido es mucho menor en distancia. En Apóstoles, Río Uruguay cobra 200 pesos por el boleto interno, mientras que para el ramal hasta la localidad correntina de Colonia Liebig, aumenta a 250 pesos. El boleto anterior costaba 130 pesos. 

En Cerro Azul, la empresa El Tala también cobra 200 pesos. En El Soberbio, la tarifa es de 150 pesos y en Eldorado, ETC cobra 120. En Alem, Rota y Tala, cobra 150 y en Wanda, Kenia cobra 117. En San Vicente, Kenia cobra 130 pesos.

En Puerto Iguazú los concejales pidieron aprobar un incremento de la tarifa que se elevó a 120 para los usuarios que utilicen la tarjeta. Aquellos que no poseen la tarjeta deben pagar 150 pesos. El costo del boleto a Cataratas y al aeropuerto también aumentó de 650 pesos a 1300 pesos y los trabajadores y residentes que abonaban 200 pesos pagan 300 pesos, con un aumento del 50 por ciento. 

Lo llamativo es que las localidades más caras, tienen tramos mucho más cortos que en Posadas, por lo que no hay proporcionalidad entre kilómetro recorrido y el precio pagado por el usuario. A diferencia de Posadas, las empresas tampoco ofrecen conectividad. Es decir, en Posadas pagan un solo boleto por distancias más largas con conexiones, mientras que en las otras localidades pagan cada vez que suben al colectivo.

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La Afip incautó granos de contrabando valuados en más de $27 millones

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI) incautó 209 toneladas de granos valuadas en 27.481.000 de pesos, durante controles de ruta realizados en la provincia de Corrientes. Lo interdictado equivale a la carga de 7 camiones repletos de carga.

En la localidad de Paso de los Libres, funcionarios del organismo que conduce Carlos Castagneto detectaron 179 toneladas de soja granel valuada en $23.270.000, transportadas en 6 camiones sin la documentación respaldatoria correspondiente. El operativo contó con la colaboración de las fuerzas de seguridad de la provincia.

También en Paso de los Libres y durante otro operativo de control de vehicular, agentes del organismo incautaron 30 toneladas de alpiste a granel, con un valor de mercado de 4.211.700 pesos.

Las acciones de la DGI especializadas en actividades agropecuarias focalizan sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos.

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Realizarán inspección a excentro clandestino de Corrientes junto a víctimas de la última dictadura

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El Tribunal Oral Federal de Corrientes realizará hoy, junto a víctimas de la última dictadura cívico militar, una inspección ocular al exRegimiento de Infantería 9 de esa ciudad, donde se encontraba el centro clandestino de detención más grande de la zona, en el marco del décimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la provincia, que tiene nueve imputados.

El TOF correntino, compuesto por los jueces Fermín Ceroleni, Juan Manuel Iglesias y Eduardo Ariel Belforte, realizará desde las 9 una inspección ocular al predio que fue convertido en Espacio de Memoria en el exRI9, luego de haber sido utilizado como campo de concentración por la última dictadura.

La visita se hará con víctimas que fueron secuestradas en ese lugar, según confirmaron fuentes judiciales.

El debate por el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en Corrientes inició el 7 de agosto y, luego de la audiencia de hoy, seguirá con rondas testimoniales previstas para los días 13, 19, 26 y 27 de septiembre.

Habrá también otras inspecciones oculares a sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención y exterminio de presos políticos bajo la órbita de la Séptima Brigada de Infantería del Ejército entre los años 1976 y 1983.

Fuentes de la causa señalaron a Télam que los sitios que se recorrerán son la Jefatura de Policía de la Provincia, donde funcionó la Alcaidía Policial y la cárcel de mujeres Instituto Pelletier.

Los acusados en este proceso son el excomandante de la VII Brigada de Infantería, Alfredo Carlos Farmache; el exauxiliar de la División II Inteligencia, Eduardo Antonio Cardozo; el excoronel de Regimiento de Infantería 9, Abelardo Carlos de la Vega; el exteniente 1° de la Unidad Regimiento 9, Raúl Horacio Harsich; el exsargento ayudante y exauxiliar de Inteligencia de la Gendarmería, Pedro Armando Alarcón.

También el excomandante de Gendarmería Nacional, Abelardo Palma; el exjefe de la Oficina de Inteligencia de la Jefatura de la Compañía Comandos y Servicios del Regimiento de Infantería N° 9, Juan Carlos De Marchi; el exoficial de Inteligencia de la Compañía Comandos y Servicios del Regimiento de Infantería N° 9, Horacio Losito; y el exalférez de la Gendarmería Nacional, Raúl Alfredo Reynoso.

La Séptima Brigada intervenía en el esquema organizativo de la represión ilegal durante la dictadura en esta región, como jefatura de la subzona 23 -escenario de los hechos que se juzgan -, dentro del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.

En ese contexto es que se registró un total de 104 víctimas, entre las cuales hay dos homicidios y los casos de dos niños privados de su libertad junto a sus madres, entre otros presuntos delitos como secuestros y torturas.

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Pedirán condenas para una red de explotación sexual de víctimas de trata en Corrientes

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Con la primera parte del alegato de la fiscalía se inició ayer, en Corrientes, la etapa final del juicio por la megacausa de explotación sexual de al menos 36 víctimas de trata en una zona fronteriza con Brasil y mañana se conocerán las penas que se pedirán para los 16 imputados, informaron fuentes judiciales.

La fiscal Tamara Pourcel y la representante de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Victoria Zazzola, abrieron hoy la instancia de alegatos en el debate por el sometimiento a la prostitución de 36 personas vulnerables en al menos tres locales nocturnos de la ciudad de Paso de los Libres.

Con uno de los imputados en la sala y otros 15 que la siguieron de manera virtual, la audiencia se extendió desde las 8.30 hasta pasado el mediodía y luego los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes dispusieron que el final de este alegato del Ministerio Público Fiscal sea pronunciado mañana por el fiscal federal Carlos Schaefer, quien pedirá las condenas para cada uno de los acusados.

Luego de los alegatos de la fiscalía será el turno de las réplicas por parte de las defensas, un trabajo que será articulado en 16 capítulos, correspondientes a cada integrante de la red investigada y que funcionó hasta 2015 cuando los fiscales federales Fabián Martínez y Carlos Schaefer y Marcelo Colombo por la Protex, y la jueza Cristina Pozzer Penzo, orientaron la investigación que llegó a juicio en mayo pasado.

Solo uno de los acusados, el abogado Dionisio Velazco, participó en forma presencial de la audiencia de hoy, mientras que el resto, casi todos residentes en Paso de los Libres, siguieron el desarrollo de la jornada mediante videoconferencia.

A lo largo de este debate, a cargo de los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel Moreyra (subrogante de Misiones), declararon alrededor de 50 testigos, entre quienes se encuentran algunas víctimas de este delito, que se le atribuye a empresarios, comerciantes, abogados, un exgendarme y que alcanzó, según se denunció, a tener protección del fiscal federal de esa zona, Benito Pont, hoy con 71 años de edad y apartado del proceso por incapacidad.

Una de las claves para que esta red de prostíbulos, individualizados como Balizas, Kilómetro de Oro y Roxi (también conocido como Puro Movimiento), llegara a esta instancia fue escrita en el procesamiento a los imputados por parte de la jueza Pozzer Penzo, que remarcó la condición de vulnerabilidad que sufrían las víctimas.

“Todas estas condiciones objetivas de vulnerabilidad de las mujeres fueron aprovechadas por las imputadas para someterlas con el fin de explotación sexual que se desarrollaba en los locales a su cargo. Para más, es doctrina reiterada de la Alzada que el consentimiento prestado en estas condiciones de necesidad y vulnerabilidad carece de cualquier valor”, señala el expediente, al que tuvo acceso Télam.

Entre las víctimas había personas de Entre Ríos, Chaco, Formosa, Córdoba, de la misma ciudad de Paso de los Libres e incluso de Paraguay y República Dominicana, todas con carencias económicas y educativas.

Ahora se intenta determinar el grado de responsabilidad y qué pena le corresponderá a cada uno de los imputados, entre quienes se encuentran el empresario Ricardo Aguirre, su pareja Clelia Espada y su hijo Ricardo Gustavo Aguirre, el comandante principal de Gendarmería José María Viero, que, por otra parte, es cuñado del exfiscal Benito Pont.

Además están imputados Rosana Estela Rodríguez (que junto a los Aguirre y Espada figuran como supuestos organizadores de la red), Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Do Santos, Ramón Do Santos y Claudia María Do Santos que llegaron al debate acusados como presuntos coautores materiales.

También Dionisio Velasco como partícipe -al igual que Viero-, Mónica Beatriz Alberti, Juan Manuel Schell y Norma Rosalía Lanatta, que figuran como coautores de los delitos investigados, todos ellos por 11 hechos.

En tanto que María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain fueron procesados como coautores del delito, pero ocho veces de manera reiterada.

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