Corrientes

Corrientes: Valdés denunció “agresión a la soberanía argentina” tras incidente con Armada paraguaya

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El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, denunció hoy un incidente con efectivos de la Marinería paraguaya en el río Paraná que, dijo, “intimidaron a pescadores correntinos en aguas argentinas”, y consideró el hecho como “una agresión a la soberanía argentina”.

Este es un conflicto habitual aguas abajo de la represa de Yacyretá, que desde la habilitación de la exclusa de navegación modificó el canal de navegación en el río Paraná, lo que “corrió” la frontera legal entre Paraguay y Argentina, dejando las islas Apipé Grande, Apipé Chico e Isla San Martín, que son argentinas, en aguas paraguayas.

También anunció que se realizará la denuncia formal y que se comunicó con el presidente Alberto Fernández, el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y dijo que aseguraron que “tomarán cartas en el asunto”.

El mandatario correntino brindó detalles del hecho en conferencia de prensa, donde además se expuso el video del operativo que protagonizó la Armada paraguaya, que, sostuvo, “nos preocupa porque pone riesgo en la navegabilidad del río Paraná”.

Mencionó la situación de intimidación, por parte de los militares que portaban armas, a los pescadores de Ituzaingó que se encontraban a bordo de una lancha, el decomiso de su equipamiento y amenazas de detención.

“No podemos permitir que parte de la Armada paraguaya amedrente de semejante forma a las embarcaciones argentinas. No es la primera vez, teníamos denuncias, pero ahora estamos viendo imágenes que nos preocupan mucho y no queremos permanecer callados ante estos incidentes”, expresó.

Tras brindar detalles del incidente y presentar el registro fílmico, Valdés, precisó que se comunicó con el presidente Fernández, el canciller Cafiero y el ministro Aníbal Fernández, quienes “se comprometieron a tomar cartas en el asunto”.

Se refirió a la petición al Gobierno nacional: la “presencia permanente y estable de la Prefectura Naval Argentina, en toda la zona jurisdiccional del río Paraná desde Punta Aguirre, hasta finalización de Isla Apipé Grande”.

También expresó la necesidad de hacer “una manifestación pública de lo que está ocurriendo en una zona de frontera, en aguas argentinas, en inmediaciones de la isla Apipé Grande e isla Apipé Chico y la isla San Martín en zona de Punta Ñaró”, detalló respecto de la zona en cuestión.

El gobernador, flanqueado por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard y Pedro Cassani, sostuvo que “recibimos información de una zona de aguas juriisdiccionales argentinas, donde pescadores correntinos fueron abordados por fuerzas militares del Paraguay, les fue decomisado, su equipamiento en costa argentina, con pedido de autorización de navegabilidad del río Paraná, bajo apercibimiento de llevar detenidos a los ciudadanos argentinos”.

“Tiene que haber un aprovechamiento común entre los hermanos paraguayos y los argentinos, con una libre y armoniosa convivencia, somos pacíficos, no podemos permitir que se amedrente de esta forma a las embarcaciones argentinas”, manifestó Valdés.

Anticipó que “está formalizando la denuncia ante Prefectura Naval Argentina y, además, “pedimos presencia permanente de Prefectura para brindar protección y seguridad los tripulantes de embarcaciones deportivas argentinas y que se garanticen los derechos establecidos en los tratados internacionales”.

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Condenan a 6 años de prisión por coimas al exjuez federal, pero lo absuelven por asociación ilícita

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El exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila fue condenado hoy a 6 años de prisión por haber recibido coimas por parte de narcotraficantes a cambio de fallos que los podían beneficiar, pero resultó absuelto de haber formado parte de una asociación ilícita, informaron fuentes judiciales.

El fallo -al que tuvo acceso Télam- fue dictado este mediodía por el Tribunal Oral Federal correntino, que consideró que el exmagistrado fue autor de tres hechos de “cohecho pasivo agravado por su condición de magistrado” y otros tantos de “prevaricato”, y se le fijó una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de 37 mil pesos.

En un veredicto por mayoría, los jueces Juan Manuel Iglesias, Manuel de Jesús Moreira y Rubén Quiñones, condenaron también a los secretarios de Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau, a cinco y cuatro años de prisión, respectivamente, como partícipes necesarios de “cohecho pasivo agravado”.

A su vez, estos dos acusados también fueron absueltos de “asociación ilícita”, al igual que el exjuez.

En tanto, el abogado Duylio Barboza Galeano recibió una pena de dos años por “cohecho activo agravado” (haber pagado coimas), mientras que fueron absueltos el exintendente de la localidad correntina de Empedrado, Juan Manuel Faraone; y los letrados Gregorio Giménez y Tomás Viglione.

Los imputados fueron sometidos a juicio oral como presuntos integrantes de una organización criminal aparentemente liderada por Soto Dávila, cuando este estaba a cargo del Juzgado Federal 1 de Corrientes.

Si bien durante una etapa del proceso el exmagistrado estuvo con prisión domiciliaria por esta causa, Soto Dávila llegó al debate en libertad, al igual que sus dos exsecretarios.

Los fiscales federales Carlos Schaefer y los de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Diego Iglesias y Martín Uriona, había acusado al ex juez de ser el jefe de una asociación ilícita, de ocho casos de cohecho pasivo agravado y de nueve casos de prevaricato por haber dictado sentencias contrarias a derecho.

Por ello, en sus alegatos, había pedido que Soto Dávila fueran condenado a 15 años de prisión, y Molina y Grau, a 12 y 9 años y seis meses, respectivamente; por lo que se espera que los fiscales apelen el fallo del tribunal de primera instancia tras analizar los fundamentos, que se conocerán el próximo 16 de agosto.

De acuerdo a la acusación, en distintas causas que tramitaban en el juzgado de Soto Dávila se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico.

Respecto del accionar, se consideró que ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión o, incluso, se indicaban participaciones menores a quienes dirigían las actividades de narcotráfico, detallaron las fuentes judiciales.

Tras la sentencia, la abogada Mariana Barbitta, defensora de Soto Dávila, dijo a Télam que “el paso siguiente es el recurso de casación” para apelar la condena, pero que primero deben conocer los fundamentos de la sentencia, que se notificarán a las partes el 16 de agosto próximo.

“Vamos a discutir cada uno de los puntos que va a fundamentar el tribunal respecto a esta condena”, argumentó la defensora y agregó: “A nuestro criterio, es una condena ilegal porque no entendemos cuál sería el sostén jurídico de esta imposición de pena, un monto desproporcionado en relación a la edad de mi cliente, en relación a su trayectoria, que no tiene antecedentes judiciales. Es un veredicto que va a ser absolutamente cuestionado”.

La letrada recordó que esta investigación fue “una derivación de la famosa causa Sapucay”, en la que se desbarató una banda narco trasnacional que operaba desde la ciudad correntina de Itatí.

“Cuando uno revisa eso, advierte cuestiones que no están claras, que están direccionadas hacia un objetivo que probablemente haya sido, no solamente manchar el honor de mi cliente”, opinó.

“No vamos a bajar los brazos, este es el comienzo de una pelea que recién empieza”, concluyó la defensora.

Por su parte, Aníbal Ibarra, abogado del exsecretario Grau, dijo a la prensa que también apelará la condena en Casación.

“Quiero escuchar los fundamentos, no había elementos para ninguno de los hechos”, indicó el letrado, quien consideró el fallo como “absolutamente injusto”.

Por otro lado, en esta causa hubo otros involucrados que arribaron a acuerdos de penas en juicios abreviados como los abogados Jorge Vallejos, condenado a dos de prisión en suspenso al igual que Barboza Galeano, y Omar Serial, que recibió una pena de dos años.

En tanto que también fue condenado hoy el contrabandista de marihuana Carlos “Cachito” Bareiro, a tres años y ocho meses de prisión por cohecho activo agravado y fue absuelto el narcotraficante Pablo Torres.

Mientras que el Tribunal determinó “reservas las actuaciones” respecto del narco Federico Sebastián Marín, alias Morenita, quien se encuentra prófugo desde febrero pasado.

Y asimismo, el TOF de Corrientes ordenó hoy que se abra una investigación sobre las circunstancias en las que fue detenido el abogado Gregorio “Pochi” Giménez, cuya defensa denunció abusos por parte de la fuerza que actuó en el procedimiento.

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Triunfó el oficialismo en Corrientes

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El frente ECO+Vamos Corrientes obtiene un amplio triunfo con más del 62% de los votos, de acuerdo a los primeros datos oficiales que corresponden al 5% de las mesas escrutadas en toda la provincia. 

Entre tanto el Frente de Todos alcanza más del 32% y Ganemos Corrientes, 2%. 

El gobernador Gustavo Valdés habló con la prensa y señaló que la expectativa es alcanzar el 70 % de los sufragios. “Creemos que estamos llegando al 70 % de los votos, estamos tratando de meter 4 senadores y 10 u 11 diputados de 15. Es una victoria contundente en principio”, dijo.

“Es una ratificación a lo que venimos haciendo y decíamos que el camino es juntos, así que estamos trabajando juntos. Por eso la idea es no tanta confrontación, sino más propuestas, más ideas, más trabajo en conjunto y poder brindar la posibilidad de una Argentina que viene diferente y que queremos construir como alternativa”, agregó en declaraciones que fueron reproducidas por el diario La República, de Corrientes.

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Secuestran más de 2.300 kilos de marihuana y detienen al conductor de un camión

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El procedimiento se materializó sobre el puente interprovincial “General Manuel Belgrano”, que une las provincias de Corrientes y Chaco. El trabajo investigativo de la Fuerza concluyó en el decomiso de la droga, la cual se encontraba en el semirremolque y sería trasladada hacia Santa Fe.

Ayer, personal de la Sección Puente “General Belgrano”, contando con el apoyo del Grupo Operativo de Investigaciones y Procedimientos (GOIP), ambos dependientes del Escuadrón 48 “Corrientes”, se encontraban desplegados sobre el kilómetro 1 de la Ruta Nacional Nº 16, en el sector conocido como “la subida del puente”, cuando detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales con el fin de realizar el control físico y documentológico del mismo.

El registro del semirremolque del rodado resultó en el hallazgo de un cargamento de 166 bultos que emanaban un fuerte olor a marihuana, por lo que los gendarmes comunicaron los hechos al Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Corrientes, que orientó el traslado el camión con acoplado hasta la Unidad.

Con apoyo de personal de Criminalística y Estudios Forenses, en presencia de testigos, se contabilizaron 3.521 paquetes rectangulares, dentro de los cuales se encontraban acondicionados 2.341 kilos 225 gramos de “cannabis sativa”, conforme el resultado que arrojó el test de orientación de campo sobre las muestras obtenidas.

El Magistrado interviniente dispuso la detención del conductor, como así también el secuestro del estupefaciente, del rodado, dos teléfonos celulares y 31.520 pesos argentinos que fueron hallados en la cabina del transporte.

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Industria: Corrientes reconoce que tiene casi diez mil empleos menos que Misiones

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Un estudio realizado por la provincia de Corrientes ratifica que la industria de Misiones le saca un enorme cuerpo de ventaja, pese al crecimiento del empleo registrado en la tierra del chamamé. 

El análisis fue realizado por el director de Estadística y Censos provincial, Francisco Bosco, tomando datos del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación y detalla que a enero de este año, Corrientes registraba 13.507 asalariados registrados privados industriales contra 23.277 de Misiones. 

Mientras que Formosa tiene 2.585 y Chaco 8769 trabajadores industriales. La diferencia a favor de Misiones es de 9.770 empleos, lo que ratifica el liderazgo industrial.

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