Corrientes

Puente Santo Tomé–São Borja: el Ejecutivo ratifica adendas y habilita la nueva concesión

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El Gobierno ratifica prórrogas y habilita la adjudicación del Puente Santo Tomé–São Borja, cómo sigue la transición del corredor fronterizo clave para el Mercosur

El Gobierno nacional formalizó, mediante el Decreto 833/2025 publicado este 25 de noviembre, una serie de decisiones estratégicas para garantizar la continuidad operativa del Puente Internacional Santo Tomé–São Borja y avanzar en la transición hacia un nuevo modelo de concesión binacional. La medida ratifica dos prórrogas del contrato vigente con Mercovía S.A., aprueba la adjudicación del futuro contrato a CS Infra S.A. y redefine la representación argentina en la Comisión Mixta Argentino-Brasileña (COMAB).

Se trata del principal paso institucional de la última década en uno de los corredores logísticos más relevantes para el comercio regional, clave para el tránsito de cargas entre Argentina, Brasil y el eje central del Mercosur.

Un decreto para ordenar la transición: prórrogas, adjudicación y cambios institucionales

El Decreto 833/2025 ratifica formalmente la 6ª Adenda (25 de agosto de 2025) y la 7ª Adenda al Contrato Internacional de Concesión firmado originalmente en 1996, que prorrogan la operación de Mercovía S.A. entre el 29 de agosto y el 28 de octubre de 2025, y luego por un período adicional acordado entre ambos Estados.
El objetivo es evitar la interrupción del servicio en el Centro Unificado de Frontera y en la operación del puente binacional, cuyo contrato original vencía el 29 de agosto de 2025.

El decreto también aprueba la adjudicación a CS Infra S.A., seleccionada por la COMAB tras evaluar las propuestas del proceso licitatorio internacional iniciado bajo el Pliego N° 01/2025. Según el Acta N° 112 del 31 de julio de 2025, fue la única oferta válida, y superó técnicamente la presentada por Plus Byte S.R.L., desestimada por incumplimiento del Anexo 5 del pliego.

Por otra parte, el Gobierno modifica el artículo 4° del Decreto 383/1996 y faculta al Ministerio del Interior para proponer los representantes argentinos ante la COMAB, otorgándole un rol central en la gestión del corredor fronterizo. El Ministerio de Economía continuará como asistente técnico en materia de obras públicas e infraestructura.

Tres décadas de concesión, múltiples adendas y una transición compleja

El vínculo jurídico del puente se remonta al Acuerdo de 1989, aprobado por la Ley 23.772, mediante el cual Argentina y Brasil crearon la COMAB y definieron el marco para la construcción y explotación de la vinculación vial.
En 1996, el Decreto 383 adjudicó la concesión al entonces consorcio IMPREGILO-IGLYS-CIGLA-CONVAP (hoy Mercovía S.A.) por 25 años.

Desde 2021, ante el vencimiento del plazo, ambos países fueron encadenando prórrogas sucesivas:

  • 19/07/2021: Acuerdo de Prórroga inicial (365 días + opción 365).
  • 19/08/2021: 2ª Adenda (ratificada por Decreto 723/2021).
  • 23/08/2022: 3ª Adenda (tras nuevo canje de notas).
  • 08/08/2023: 4ª Adenda (ratificada por Decreto 581/2024).
  • 28/08/2024: 5ª Adenda (nueva prórroga de 365 días).
  • 25/08/2025: 6ª Adenda —prórroga hasta el 28/10/2025—.
  • 2025: 7ª Adenda —nueva prórroga acordada por ambos Estados para garantizar la continuidad del servicio—.

El 26 de agosto de 2025 entró en vigor un nuevo Acuerdo por Canje de Notas que habilitó una extensión “precaria y transitoria” por 31 días (29/08-29/09/2025), con posibilidad de 90 días adicionales si fuera necesario.

En paralelo, la COMAB avanzó en el proceso licitatorio internacional para una nueva concesión integral que abarcará operación, modernización, mantenimiento y gestión del Centro Unificado de Frontera.

Qué implica el decreto para el corredor fronterizo

El Decreto 833/2025 tiene efectos directos en tres planos:

Continuidad operativa garantizada

La ratificación de las adendas evita la interrupción del servicio —crítica para el tránsito fronterizo— y ordena la transición entre Mercovía S.A. y el nuevo concesionario.

Avance hacia un nuevo modelo de concesión

La aprobación de la adjudicación a CS Infra S.A. habilita la firma formal del contrato, que deberá realizarse bajo las condiciones del Pliego COMAB N° 01/2025.

El Gobierno autoriza explícitamente a la Delegación Argentina a rubricar el documento.

Reconfiguración institucional

El traspaso de la representación ante la COMAB al Ministerio del Interior reposiciona al área en la agenda de infraestructura estratégica, mientras que Economía queda como soporte técnico.

Esto implica un alineamiento administrativo con el resto de los organismos que gestionan pasos fronterizos y obras de conectividad.

Qué puede ocurrir en los próximos meses

Con la transición ya validada por decreto, los pasos siguientes son: Firma del contrato con CS Infra S.A. Asunción efectiva del nuevo concesionario (aplazada al 2 de diciembre de 2025 según Resolución COMAB N° 4). Implementación del cronograma de modernización y mejoras previsto en el pliego. Cierre definitivo de la concesión histórica de Mercovía S.A., con obligaciones específicas de colaboración establecidas en las adendas.

El puente Santo Tomé–São Borja es uno de los principales corredores logísticos de Corrientes y Río Grande do Sul. Su regulación, eficiencia y continuidad operativa impactan directamente en el comercio bilateral y en el movimiento regional de cargas hacia los puertos atlánticos.

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Corrientes: empresarios madereros revelan trabajo en negro y maniobras ilegales

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Crisis en la foresto–industria de Corrientes, denuncias cruzadas de empresarios madereros por trabajo informal, evasión y competencia desleal tras los cierres en Santa Rosa

Una entrevista a un referente del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa detonó un conflicto interno sin precedentes: empresarios del sector se acusaron públicamente por prácticas laborales ilegales, evasión impositiva y maniobras con madera sin documentación. La reacción expuso una crisis estructural que va más allá de la coyuntura económica y revela fallas profundas en gestión empresarial, informalidad y ausencia de inversión.

Un testimonio que encendió la mecha: acusaciones inéditas dentro del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa

La entrevista publicada este miércoles por ArgentinaForestal al empresario Juan Ramón Sotelo —presidente del Parque Foresto-Industrial Santa Rosa, miembro de APEFIC y propietario de Todo Pallets SRL— abrió una grieta que el sector mantenía bajo silencio desde hace años. Lo que comenzó como un análisis sobre la caída del mercado interno, el aumento de costos y el impacto de las lluvias en la actividad derivó en una serie de denuncias cruzadas entre industriales de la zona.

A partir de esa publicación, diferentes referentes de la foresto–industria correntina señalaron que los problemas no responden únicamente a la coyuntura económica, sino a fallas estructurales de gestión. Según un empresario consultado, los inconvenientes de Sotelo “no tienen nada que ver con la crisis actual”, sino con “cuestiones internas de su administración”, una situación que —según señalaron— se repite en la mayoría de los aserraderos de la región.

La polémica escaló rápidamente. Los industriales comenzaron a exponer públicamente lo que describen como una “cultura de informalidad” en la zona de Santa Rosa: evasión tributaria, trabajo en negro, subdeclaración de horas, compra de madera ilegal y uso de guías adulteradas para trasladar la producción. Incluso algunos testimonios mencionaron vínculos con organizaciones delictivas que operan en la región.

Trabajo informal, evasión y denuncias de madera ilegal: la estructura que los empresarios revelaron

Los testimonios coinciden en que la informalidad es la regla, no la excepción. La brecha entre los costos laborales formales y los pagos informales es uno de los puntos centrales.

De acuerdo con empresarios de la zona: Un empleador formal debería pagar cerca de $300.000 mensuales por operario en cargas sociales. Muchos aserraderos pagan solo $30.000 por trabajador, utilizando seguros u otros esquemas no registrados. La hora oficial de un operario maderero, fijada en $4.300, se paga en la práctica entre $2.500 y $3.000. Varias empresas declaran menos horas de las trabajadas para reducir su carga formal.

La consecuencia inmediata es una competencia desleal que perjudica a quienes operan en regla, profundiza la desigualdad de condiciones y deteriora el mercado.

Uno de los testimonios más duros fue el del empresario Hermann Rodolfo Karsten, quien escribió en redes sociales que: “Casi todos los ‘aserraderos’ de Santa Rosa no son industrias: no pagan aportes laborales, no pagan impuestos, compran materia prima en negro, venden en negro, trasladan la madera con guías truchas, compran madera robada y realizan fletes con sobrecarga.”

En otro tramo, redobló su denuncia al afirmar que algunos actores “de vez en cuando hacen de mulas del gran mercado narco con base en Santa Rosa”.

Karsten también remarcó que quienes cumplen las normas deben enfrentar una competencia que considera destructiva: “Yo vengo bancando la crisis de valor y volumen, poniendo la madera a valor cero, pagando todos los impuestos y teniendo todo el personal en blanco. Por mí que se ardan todos, así desaparece la competencia desleal.”

Las afirmaciones, lejos de ser aisladas, replican comentarios que habitualmente se escuchan “por lo bajo” entre industriales formales de la región.

Una crisis estructural: informalidad, falta de inversión y quiebre en la gobernanza sectorial

Más allá del impacto económico coyuntural —como la caída del mercado interno o la presión de costos—, los distintos actores coinciden en que la crisis tiene raíces más profundas.

Entre los factores estructurales señalados por empresarios y especialistas del sector se encuentran: Falta de capacitación de propietarios, mandos medios y altos directivos. Escasa inversión en tecnología, maquinaria y automatización. Dependencia de madera de zonas afectadas por eventos climáticos, como inundaciones. Problemas logísticos que encarecen la operatoria y afectan la competitividad.

Un productor forestal sintetizó así la contradicción central del negocio: “Las empresas que cumplen con todo son las más exitosas. Entonces, ¿por qué evadir? Se supone que evadiendo ganás más, pero la realidad muestra lo contrario”.

El conflicto escaló al plano personal cuando, tras el posteo de Karsten, varios empresarios expresaron su molestia. Según trascendió, incluso el propio Sotelo le pidió “mesura” para evitar tensiones crecientes en el sector.

Lejos de moderar su postura, Karsten desafió públicamente: “Invito a todos los empleadores y empleados a una audiencia pública en la plaza de Santa Rosa, a cara descubierta. Que digan quiénes están enojados y debatamos con nombre y apellido.”

La reacción dejó al descubierto una fractura interna que trasciende los aspectos económicos: enfrenta a empresarios que operan formalmente contra quienes trabajan por fuera del marco legal, pese a beneficiarse de un régimen provincial que promueve “impuestos cero” para atraer inversiones.

Paradójicamente, el estallido se produce en un contexto en el que el Gobierno de Corrientes sigue posicionando a Santa Rosa como modelo de radicación industrial, mientras el sector revela problemas de informalidad, fallas de gestión y un esquema productivo que muchos describen como “terminal” para cientos de aserraderos.

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Claudio Anselmo: “La liberación del precio de la yerba no es una sorpresa”

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El ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, sostuvo que la decisión del Gobierno nacional de liberar el precio de la yerba mate “no es una sorpresa” y se inscribe en la política de desregulación económica impulsada por Javier Milei desde el inicio de su gestión.

La medida, oficializada mediante cambios normativos que le quitan al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar el precio de la hoja verde y la yerba canchada, generó fuerte impacto en Misiones, donde se concentra el corazón de la producción y la mayor parte de los pequeños productores afectados por la caída del valor de la materia prima.

Anselmo habló con el diario Época de Corrientes, desde Nueva Delhi, India, donde integra una misión comercial junto al gobernador Gustavo Valdés, y analizó el alcance de la norma que redefine el funcionamiento del organismo yerbatero.

El funcionario recordó que el DNU 70/23 ya había modificado artículos centrales de la Ley 25.564, quitándole al INYM la capacidad de regular plantaciones, cosechas y precios.

“La nueva resolución simplemente termina de ordenar legalmente algo que ya estaba en marcha”, afirmó. Según su visión, el reciente ajuste sobre el Decreto 1.240/2002 “consolida la eliminación de los mecanismos de intervención que regían la actividad”.

Para Anselmo, la yerba mate era “la única actividad en Argentina con un nivel tan alto de regulación”, por lo que su desregulación resulta “lógica dentro de la estrategia económica del Gobierno nacional”.

Aclaró, sin embargo, que el INYM no desaparece, sino que “vuelve a las funciones para las que fue creado: promover y desarrollar la actividad”.

Ese rol, dijo, deberá incluir una agenda activa de promoción del consumo interno y externo, aprovechando los recursos de la tasa de fiscalización.

Ante el malestar de productores por el desplome del precio de la hoja verde, Anselmo fue contundente:

“Hoy hay más oferta que demanda. Argentina, Brasil y Paraguay están produciendo más yerba de la que el mercado necesita”.

Por eso, consideró que la desregulación debe verse como “una oportunidad para exportar más”. En el seminario realizado en la Embajada Argentina en Nueva Delhi –relató–, la yerba mate generó un interés notable, lo que refuerza la posibilidad de abrir nuevos mercados.

Anselmo recordó que Corrientes “nunca tuvo injerencia directa en la fijación de precios”, dado que no participa como actor comercial en la cadena.

Señaló que el mecanismo anterior, que dependía reiteradamente de un laudo de la Secretaría de Agricultura para destrabar precios, demostraba que el sistema de fijación previa “no funcionaba”.

La desregulación, afirmó, “alinea al sector yerbatero con la política general de liberalización” y quita al Estado de la intervención directa en los costos.

Según la posición de la administración correntina, el foco del debate debe desplazarse de la contención de precios hacia la apertura de mercados internacionales, en un contexto en el que la yerba mate puede competir globalmente en la misma liga que el té o el café.

Para las provincias productoras, especialmente Misiones, el desafío será redefinir los instrumentos institucionales del INYM y sostener los ingresos de miles de pequeños productores en un escenario de mercado más volátil.

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El Gobierno activó el “Plan Paraná” para reforzar el control de la Hidrovía Paraná–Paraguay

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El Gobierno Nacional puso en marcha el Plan Paraná, un esquema integral de prevención, detección, neutralización e investigación de delitos complejos en la Hidrovía Paraná–Paraguay. La medida fue oficializada mediante la Resolución 1307/2025 del Ministerio de Seguridad y apunta a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar actividades ilícitas en el principal corredor fluvial del país.

Una vía estratégica bajo presión: por qué se lanza el Plan Paraná

La resolución publicada en el Boletín Oficial destaca que la Hidrovía Paraná–Paraguay es “una vía de navegación de carácter internacional de vital importancia estratégica para la República Argentina”, ya que constituye el eje fluvial más extenso de Sudamérica y concentra un volumen significativo del comercio exterior del país y de la región.

En el tramo que va desde el Puerto de Asunción hasta el Puerto de Buenos Aires circulan hasta 300 barcazas por día, lo que convierte al corredor en un espacio logístico de altísima relevancia, pero también en un territorio altamente vulnerable a delitos complejos.

El texto advierte que organizaciones del crimen organizado transnacional aprovechan: La extensión geográfica del curso fluvial. La alta densidad de puertos públicos y privados. Las limitaciones tecnológicas de los controles tradicionales.

De esta manera, despliegan operaciones vinculadas al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de bienes de consumo y el lavado de activos, actividades que representan “una amenaza concreta tanto a la seguridad pública nacional como a la estabilidad económica y social de las regiones involucradas”.

Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad subraya la necesidad de profundizar la coordinación entre las Fuerzas Federales, organismos administrativos especializados, el Poder Judicial y agencias internacionales, para asegurar un nivel de control más eficaz.

Objetivos, herramientas y despliegue territorial

El Plan Paraná establece un conjunto de objetivos específicos orientados a fortalecer la capacidad estatal de control sobre toda la traza argentina de la Hidrovía:

  1. Desarticular redes de contrabando y crimen organizado en la frontera fluvial norte (Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones).
  2. Incrementar los controles en puertos públicos y privados del tramo inferior de la Hidrovía (Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires).
  3. Fortalecer la cooperación interagencial, con participación de EUDA, ONUDD, DEA y CICAD-OEA.
  4. Implementar sistemas de monitoreo integral en tiempo real, mediante drones, radares, scanners y tecnologías de vigilancia avanzadas.
  5. Intensificar la inteligencia criminal y financiera, con foco en organizaciones criminales transnacionales y esquemas de lavado de activos.

Seis polígonos operativos

La estrategia se organizará en fases operativas delimitadas por polígonos territoriales de intervención, que estructuran el despliegue de las Fuerzas Federales:

  • Primer Polígono: Puerto Bermejo (Chaco), Ciudad de Corrientes (Corrientes), Resistencia (Chaco) e Itatí (Corrientes).
  • Segundo Polígono: jurisdicciones de Corrientes, Resistencia y Bella Vista (Corrientes).
  • Tercer Polígono: Bella Vista (Corrientes) – La Paz (Entre Ríos).
  • Cuarto Polígono: La Paz – Ciudad de Paraná (Entre Ríos).
  • Quinto Polígono: Ciudad de Paraná – San Nicolás (Buenos Aires).
  • Sexto Polígono: San Nicolás – Paraná Guazú.

Este ordenamiento permitirá identificar zonas críticas, optimizar recursos y establecer prioridades según niveles de riesgo, densidad portuaria y patrones de circulación detectados por los organismos de seguridad.

Perspectivas para la región y el comercio exterior

La implementación del Plan Paraná tiene implicancias directas para provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, donde la frontera fluvial concentra operativos y desafíos históricos vinculados al contrabando y el tráfico transnacional. Asimismo, en el tramo medio e inferior de la Hidrovía —desde Entre Ríos hasta Buenos Aires— se prevé un aumento de controles sobre terminales portuarias y flujos de carga, lo que podría reordenar prácticas operativas en empresas logísticas y exportadoras.

El reforzamiento tecnológico —con drones, radares y sistemas de vigilancia integral— anticipa una mayor trazabilidad en la circulación de embarcaciones y mercancías, lo que podría generar reacciones en sectores transportistas y operadores fluviales, aunque la resolución no consigna medidas de carácter económico o regulatorio más allá del enfoque de seguridad.

A nivel institucional, la participación de agencias internacionales como ONUDD, DEA y CICAD-OEA sugiere un alineamiento con estándares de cooperación global contra el crimen organizado, mientras que en el plano interno se espera que el esquema mejore la coordinación entre fuerzas y reduzca la fragmentación operativa que históricamente afectó los controles en la Hidrovía.

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Justicia Federal de Resistencia declaró crimen de lesa humanidad el caso Tereszecuk

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Reconocen como delito de lesa humanidad el asesinato del militante misionero Carlos Tereszecuk durante la dictadura

La Justicia Federal de Resistencia declaró crimen de lesa humanidad el secuestro, tortura y homicidio de Carlos Enrique Tereszecuk, ocurrido en noviembre de 1976. El fallo, enmarcado en el Derecho a la Verdad, reconstruye los hechos como parte del plan sistemático de desapariciones conocido como los “Vuelos de la Muerte” en el río Paraná.

Un fallo histórico: la verdad como reparación y memoria colectiva

La jueza federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, emitió una sentencia sin imputados que reconoce como crimen de lesa humanidad el secuestro y asesinato de Carlos Enrique Tereszecuk, militante misionero detenido ilegalmente a comienzos de noviembre de 1976 por razones políticas.

La resolución, dictada en el marco del Derecho a la Verdad, concluye que el caso de Tereszecuk forma parte de los denominados Vuelos de la Muerte perpetrados en el río Paraná, una práctica sistemática del terrorismo de Estado para desaparecer personas durante la última dictadura militar.

Según el fallo, los cuerpos eran arrojados al río “desnudos, con manos y pies atados con alambres, impactos de bala en el pecho o el cráneo, las yemas de los dedos cortadas para impedir su identificación y cortes abdominales para evitar que flotaran”.

La sentencia fue celebrada por los familiares del militante, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Fiscalía Federal, la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y abogados querellantes. La audiencia, realizada de forma virtual, fue seguida también en distintos espacios de memoria, entre ellos la Casa por la Memoria de Resistencia, el Espacio por la Memoria del ex Regimiento 9 de Corrientes y el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de Posadas.

La justicia ante la impunidad biológica: los límites del proceso penal

La sentencia se enmarca en un contexto judicial complejo: la muerte de los principales responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976 —los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero— impidió el avance de causas penales con imputados vivos.

Frente a esta imposibilidad material de juzgar, la magistrada acogió el reclamo de los familiares en el marco del derecho a la verdad, reconociendo su condición de víctimas y estableciendo que la reconstrucción de los hechos constituye una forma de reparación simbólica y memoria institucional.

La Fiscalía Federal acompañó el planteo con base en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, recordando los antecedentes de los Juicios por la Verdad desarrollados en la década de 1990 y el precedente Martinelli, que consagró el derecho de las víctimas y la sociedad a conocer la verdad sobre los crímenes del terrorismo de Estado, aun sin posibilidad de sanción penal.

“El derecho a la verdad es una obligación del Estado y una deuda con las víctimas y la memoria colectiva”, sostuvo el dictamen fiscal. Destacando que estas resoluciones fortalecen el proceso de justicia transicional en la Argentina.

Reconstrucción del caso: de Posadas al Paraná

De acuerdo con la investigación judicial, Carlos Tereszecuk fue secuestrado a comienzos de noviembre de 1976 y trasladado a la Jefatura de Policía de Resistencia. Uno de los centros clandestinos de detención bajo control conjunto de la Policía del Chaco y el Ejército Argentino.

Testimonios coincidentes indican que fue sometido a torturas sistemáticas y que se encontraba en condiciones de extrema debilidad. Un ex detenido relató que fue obligado a bañarlo por orden de sus captores, ya que el joven militante no podía mantenerse en pie.

Días después, fue asesinado y su cuerpo arrojado al río Paraná. El 15 de noviembre de 1976 su cuerpo apareció en la costa de Empedrado, Corrientes, a unos 70 kilómetros río abajo de la capital chaqueña. Sepultado como NN, fue identificado recién en 2018 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. En el marco de las tareas de restitución e identificación de víctimas de la dictadura.

La sentencia determinó que el secuestro, las torturas y el homicidio fueron parte de una persecución política “planificada y ejecutada por el aparato estatal. Con el fin de eliminar a quienes eran considerados opositores al régimen”, enmarcando el caso dentro de los crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.

Perfil del militante: compromiso político y social

Carlos Enrique Tereszecuk nació en Posadas, Misiones, en 1952. Inició estudios para sacerdote en el Seminario de Fátima de Córdoba, pero los abandonó para dedicarse a la militancia social y política.

Fue vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional de Misiones en 1974. Y participó activamente de la campaña electoral del Partido Auténtico Peronista en 1975. Donde se desempeñó como secretario de los diputados provinciales electos Juan Figueredo y Pablo Fernández Long.

Desde esa función, articuló con gremios, colonos, tareferos y trabajadoras de casas particulares, promoviendo proyectos de ley para la protección de sus derechos laborales.

En 1975, un intento de secuestro dentro de la Cámara de Diputados lo obligó a pasar a la clandestinidad. Se refugió en Corrientes en 1976, donde finalmente fue detenido y trasladado al centro clandestino de la Jefatura de Policía del Chaco.

Tras el retorno democrático, su hermano Norberto Tereszecuk presentó la denuncia ante la CONADEP y el Juzgado Federal de Resistencia. Impulsando una búsqueda que culminó casi cinco décadas después con el reconocimiento judicial de su asesinato como crimen de lesa humanidad.

Memoria activa: la verdad como política de Estado

El fallo reafirma la vigencia de las políticas de memoria, verdad y justicia como pilares institucionales del Estado argentino. En un contexto de avance de discursos negacionistas, la sentencia representa un acto de reafirmación jurídica y moral frente al terrorismo de Estado.

Además, la decisión contribuye a documentar los Vuelos de la Muerte en el Litoral, un circuito represivo menos visibilizado que el del Río de la Plata. Pero igualmente sistemático, con epicentro en Resistencia, Corrientes y Posadas.

La declaración judicial del caso Tereszecuk como crimen de lesa humanidad se inscribe en la línea de precedentes que sostienen que el Derecho a la Verdad es imprescriptible. Y constituye una obligación internacional del Estado argentino en materia de derechos humanos.

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