Réplica de Macri a Moyano: Propone juzgar por corrupción a sindicalistas
Un día después de la marcha 21F convocada por Hugo Moyano contra las políticas de Mauricio Macri, el oficialismo presentó un proyecto de ley para que los gremialistas puedan ser sancionados por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, al igual que los funcionarios públicos. Además, la propuesta prevé aumentar las penas de prisión y las multas para estos ilícitos, con la intención de que esta modificación se incluya en el proyecto de reforma del Código Penal, que el Ejecutivo tiene previsto enviar al Congreso este año, entre otros ítems.
En el plano discursivo, la respuesta del Gobierno nacional a la marcha “21F” convocada por Hugo Moyano contra las políticas de Mauricio Macri fue minimizar la manifestación y tildarla de “extorsión”. Pero en la práctica, una de las réplicas llegó de mano de legisladores oficialistas, que este jueves (22/02) presentaron un proyecto de ley para que los gremialistas puedan ser sancionados por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, al igual que los funcionarios públicos.
Según informa Semanario Parlamentario, la iniciativa fue firmada por más de una veintena de diputados de Cambiemos, encabezada por el radical Luis Petri.
Además, la propuesta prevé aumentar las penas de prisión y las multas para estos ilícitos, con la intención de que esta modificación se incluya en el proyecto de reforma integral del Código Penal, que el Ejecutivo tiene previsto enviar al Congreso este año.
Para el delito de cohecho, la iniciativa establece tres a 10 años de prisión -actualmente va de uno a seis años- e incorpora a “quienes dirijan o administren asociaciones sindicales con personería gremial u obras sociales de la Ley 23.660 que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.
En cuanto al enriquecimiento ilícito, las penas de prisión de 2 a 6 años pasan a 4 a 10 años y una multa del 50% del valor del enriquecimiento. Podrá ser penado quien “al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo como director, administrador de asociaciones sindicales con personería gremial u obras sociales”, reza el texto del proyecto para modificar el artículo 268 (2) del Código Penal.
Por otra parte, se pretende modificar la Ley 23.551 -de Asociaciones Sindicales- con el fin de que quien pretenda integrar los órganos directivos de los gremios deberá presentar “una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días hábiles desde la asunción”, y otra actualizada a la hora de dejar el cargo.
“La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero”, indica la iniciativa, a la que tuvo acceso parlamentario.com. En tanto, quienes incumplan con este requisito serán sancionados con el artí culo 268 (3) del Código Penal.
Además, las declaraciones juradas deberán ser publicadas en la página web del organismo para que los afiliados y cualquier ciudadano las puedan consultar.
El diputado Petri sostuvo que “el norte que debe guiar el interés sindical es la defensa de los derechos de los trabajadores y se debe sancionar a aquellos que hacen abuso del poder de representación que le conceden los trabajadores para enriquecerse indebidamente”.
“El sindicalismo argentino no puede estar al margen de la ley. Sus dirigentes deben rendir cuentas, ser investigados y sancionados en caso de cometer actos de corrupción”, afirmó el vicepresidente segundo de la Cámara baja.
