El funcionario desmintió los audios que lo vinculan con la agencia de discapacidad y denunció una maniobra política a semanas de las elecciones.
El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, rechazó este lunes las acusaciones de corrupción que lo vinculan con un presunto esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A través de un comunicado, negó haber intervenido en contrataciones del organismo y denunció una “operación política” del kirchnerismo con fines electorales.
En su mensaje, difundido en la red social X durante la madrugada, Menem apuntó directamente contra la oposición. “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, expresó.
Comunicado:
Jamás imagine tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno. Por el tamaño de dicha operación es…— Lulemenem (@Lulemenem) August 25, 2025
La publicación fue replicada en las cuentas oficiales del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en señal de respaldo al funcionario.
Rechazó cualquier vínculo con la Agencia Nacional de Discapacidad
En el mismo comunicado, Lule Menem rechazó de forma tajante cualquier vínculo con la ANDIS. “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”, escribió. También remarcó: “Tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del Estado”.
Además, afirmó no haber mantenido conversaciones sobre la agencia de discapacidad con los hermanos Milei. “Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis”, aseguró.
Lule Menem denunció una maniobra política atribuida al kirchnerismo
El funcionario libertario vinculó la filtración de los audios con la campaña en la provincia de Buenos Aires, que celebrará elecciones en dos semanas. “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes”, dijo, y calificó al distrito como “último reducto del kirchnerismo”.
En el tramo final de su mensaje, insistió con que se trata de una maniobra política para dañar la imagen del oficialismo: “Ya estamos acostumbrados a estas prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral. Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante”.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó duramente la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar cinco decretos delegados clave para la reorganización de organismos públicos y defendió que las reformas implementadas no serán revertidas.
En una ofensiva política y comunicacional que combinó publicaciones en redes sociales, gráficos sobre estructuras burocráticas y una extensa entrevista radial, el funcionario vinculó la votación parlamentaria con la preservación de “privilegios” y “fuentes de corrupción” que, según su visión, el Gobierno busca erradicar.
En la sesión del miércoles, la Cámara de Diputados votó en contra de cinco decretos delegados firmados por el presidente Javier Milei:
DNU 462/25: reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
DNU 461/25: disolución de Vialidad Nacional y traspaso de funciones.
DNU 345/25: eliminación del Instituto Nacional del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
DNU 340/25: desregulación de la Marina Mercante.
DNU 351/25: reorganización del Banco Nacional de Datos Genéticos.
La decisión fue respaldada por la oposición y parte de los bloques dialoguistas, incluyendo legisladores que previamente habían apoyado la Ley Bases, lo que generó fuertes reproches desde el Ejecutivo.
Estrategia comunicacional: gráficos y denuncias en redes
En su cuenta oficial de X, Sturzenegger publicó: “UN VOTO A FAVOR DE LA CORRUPCIÓN Y LA CASTA. Ayer la Cámara de Diputados votó la derogación de los delegados 462/25 y 461/25 (falta Senado). ¿Por qué es un voto a favor de la corrupción y la casta? Mirá el video y entenderás en qué se gasta tu dinero. VLLC!”.
El mensaje estuvo acompañado de una fotografía y un video grabado en su despacho, donde desplegó sobre el piso gráficos que representan la estructura de Vialidad Nacional y del INTA.
Según el ministro, Vialidad Nacional cuenta con 1.500 cargos jerárquicos para administrar apenas 20.000 km de rutas de una red vial total de 840.000 km, mientras que el INTA posee 6.000 empleados, 3.000 vehículos y casi 1.000 cargos directivos, con ingresos equivalentes a la mitad de las retenciones al maíz.
En entrevista con Radio Mitre, Sturzenegger insistió en que la estructura del Estado heredada era “insostenible” y que las reformas apuntan a eliminar burocracia, reducir el déficit y reasignar recursos.
“Se escudan en causas nobles para armar un curro atrás”, señaló sobre organismos como el Instituto Nacional del Teatro, donde —según sus datos— el 65% del presupuesto se destinaba a gastos administrativos y no a la producción cultural.
Defendió que el ajuste del gasto está vinculado a la reducción de la pobreza y aseguró que las jubilaciones recuperaron entre un 15% y 20% de poder adquisitivo durante la actual gestión.
Respecto a la Marina Mercante, explicó que la reforma permitía el “cese de bandera” para que embarcaciones extranjeras con tripulación argentina operen bajo leyes laborales externas, lo que —afirmó— no fue objetado por los gremios, pero sí por la empresa National Shipping, que debería modificar su convenio colectivo.
En materia de seguros, propuso liberalizar el mercado para aumentar la competencia y cobertura, con un rol regulador del Estado limitado al control de la solvencia patrimonial de las aseguradoras, eliminando la aprobación previa de productos.
Sturzenegger subrayó que la votación no tuvo impacto en el tipo de cambio ni en el riesgo país, interpretándolo como una señal de que los mercados confían en el compromiso oficial con el equilibrio fiscal.
Comparó el contexto con la Italia de la posguerra, donde la inestabilidad política no afectaba la estabilidad macroeconómica, y descartó que el Banco Central esté interviniendo de forma intensiva en el mercado cambiario.
El ministro enmarcó el rechazo legislativo dentro de la dinámica republicana, con “avances y retrocesos”, y anticipó que el Gobierno buscará nuevas vías para implementar las reformas incluso después del cambio de composición política previsto para el 10 de diciembre.
“El objetivo sigue siendo un Estado más eficiente, con menos carga para el sector productivo y sin espacios para la corrupción estructural”, concluyó.
Obtuvo 37 puntos sobre 100 asignados al país más transparente, según la edición 2024 del Índice de Percepción de la Corrupción, que mide anualmente la ONG Transparencia Internacional. Es el mismo valor que se registró en 2023
En el primer año de gestión del presidente Javier Milei, Argentina se mantuvo con el mismo puntaje del último año de Alberto Fernández en el ranking que mide Transparencia Internacional (TI), a través de Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en 180 países. En 2024 Argentina obtuvo apenas 37 puntos, bastante alejado de los 100, que es el puntaje al que se acercan los más transparentes. La medición a nivel nacional refleja que no se percibieron mejoras en materia de transparencia durante el último año.
A escala mundial Argentina se ubica en el puesto 99 entre los 180 países medidos, junto a países como Etiopía, Indonesia, Lesoto y Marruecos, a sólo una posición del año anterior.
“La corrupción es una amenaza mundial en progreso que no solo socava el desarrollo, sino también es un factor decisivo en el declive de la democracia, la inestabilidad y las violaciones a los derechos humanos. Combatirla debe ser una prioridad absoluta y constante de la comunidad internacional y de todos los países. Esto es fundamental para hacer retroceder el autoritarismo y asegurar un mundo pacífico, libre y sostenible”, dijo François Valérian, presidente de Transparencia Internacional.
El mejor número de nuestro país se observó en 2019, cuando obtuvo un desempeño de 45 puntos, durante la presidencia de Mauricio Macri. No era un número alto, pero se acercaba a la media mundial. Tras la finalización de ese mandato y el cambio de gobierno, el país evidenció un marcado retroceso y el IPC registró una caída de 8 puntos, pasando de 45 a 37. Dichos resultados, contrastan significativamente con los esfuerzos graduales logrados durante la gestión previa, que habían permitido avances ligeros pero sostenidos en este mismo ámbito.
En efecto, la administración de Alberto Fernández no logró mantener las mejoras heredadas, diluyendo las iniciativas implementadas anteriormente y revirtiendo parte del progreso alcanzado. La baja de ocho puntos en cuatro años representa uno de los retrocesos más notorios en la evaluación de este indicador.
La peor performance había sido en 2015, cuando obtuvo solo 32 puntos sobre el máximo de 100, y quedó en el puesto 107 sobre los 168 países relevados en el Índice de ese año.
Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano (el capítulo argentino de TI) , dijo que la corrupción es un problema endémico para muchos países, y también para la Argentina.
“Este índice evidencia que se trata de un fenómeno que se extiende a toda la política, no a un partido en particular. De la misma manera, se expande en múltiples espacios de la vida empresarial y económica. También puede inferirse una relación entre corrupción y abuso de los puestos de poder. Es vital que la ciudadanía deje de tolerar comportamientos ilícitos o autoritarios por parte de la política. Solo exigiendo decencia podremos construir un país estable y confiable”, sostuvo.
El contexto internacional
La corrupción continúa representando un grave desafío global, afectando de manera transversal a numerosos países. Según el informe, más de dos tercios de las naciones evaluadas presentan una calificación inferior a 50 puntos. Este dato subraya la persistencia de niveles alarmantemente elevados de corrupción en todo el mundo, con un promedio global estancado en 43 puntos.
Casi 6.800 millones de personas viven en países con una puntuación del IPC inferior a 50. Esto equivale al 85 % de la población mundial de 8.000 millones.
En el panorama global, Dinamarca se alza como la nación con la mejor calificación con 90 puntos, asegurando el primer lugar en el ranking. Finlandia obtiene el segundo puesto con 88 puntos, consolidándose también entre los países percibidos como menos corruptos, seguida por Singapur (84)
Los países con las puntuaciones más bajas atraviesan, en su mayoría, situaciones de fragilidad y conflictos, como Sudán del Sur (8), Somalia (9), Venezuela (10), Siria (12), Libia (13), Eritrea (13), Yemen (13) y Guinea Ecuatorial (13).
En los últimos 5 años, 7 países han mejorado significativamente su puntuación en el IPC: Costa de Marfil (45), la República Dominicana (36), Kosovo (44), Kuwait (46), Maldivas (38), Moldavia (43) y Zambia (39).
Por el contrario, en el mismo periodo, 13 países han registrado un descenso importante en su puntuación: Austria (67), Bielorrusia (33), Bélgica (69), El Salvador (30), Francia (67), Kirguistán (25), el Líbano (22), Myanmar (16), Nicaragua (14), Rusia (22), Sri Lanka (32), el Reino Unido (71) y Venezuela (10).
El continente americano también registra ejemplos destacados en la lucha contra la corrupción. Uruguay, con 76 puntos, se posiciona como el país mejor evaluado de la región, ocupando el puesto 13 del listado global, seguido por Canadá, que alcanzó 75 puntos y quedó ubicado en el lugar 15 del mismo ranking. Chile obtuvo 63 puntos y Costa Rica 58. Con puntajes inferiores al de Argentina se listan a Brasil (34), Bolivia (28), Paraguay (24) y Honduras con 22, entre otros.
Sin embargo, existe una notable disparidad en los resultados dentro del continente, ya que Argentina figura en una posición intermedia: obtuvo el puesto 18 entre los 32 evaluados en la región.
Para Pablo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, nuestro país se encuentra estancado en materia de lucha contra la corrupción y el índice muestra eso.
“El gobierno argentino ha mostrado retrocesos en algunas materias durante el último año, como por ejemplo en el acceso a la información pública y la transparencia que se ha resentido fuertemente desde que asumió el poder Javier Milei. También se generan fuertes dudas en esta materia al observar las candidaturas a la Corte Suprema de Justicia con candidatos con fuerte rechazo por parte de la ciudadanía y la sociedad civil”, remarcó
La relación entre la corrupción y el cambio climático
La edición 2024 del IPC puso foco en la vinculación entre corrupción y cambio climático. Argentina no está fuera del debate mundial. La ONG sostiene que para alcanzar un desarrollo energético acorde al potencial de los recursos naturales existentes, debe postularse una transición equitativa, sostenible, asequible e inclusiva. Y esta no podrá alcanzarse si “existen prácticas de corrupción que atentan contra dichos objetivos, violaciones a los derechos humanos o afectación de las comunidades y el ambiente en donde se desarrollan las actividades; si las operaciones de las empresas y las negociaciones entre el sector público y el sector privado se dan en entornos de poca transparencia y no se rinde cuentas del impacto generado”
Transparencia Internacional ha fijado posición con relación a este tema: “la corrupción pone en peligro los fondos climáticos vitales de todo el mundo. Por lo tanto, mejorar su protección es vital para proteger a miles de millones de personas vulnerables”.
“En un contexto de fenómenos climáticos extremos, calentamiento global sin precedentes, erosión de la democracia y un declive en el liderazgo mundial en materia climática, el mundo está contra las cuerdas en la lucha contra la crisis climática”, advierte el informe.
Los datos más recientes indican que las puntuaciones del IPC son inferiores o han descendido en muchos de los países que tienen una participación más activa en la acción climática internacional, -entre ellos, aquellos vulnerables al cambio climático-, y que son anfitriones de cumbres internacionales, como la Conferencia de las Partes (COP) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Según concluyen, “la corrupción obstruye la puesta en marcha de acciones climáticas efectivas, ya que impide la adopción de políticas ambiciosas”.
“Debemos erradicar la corrupción de inmediato antes de que termine entorpeciendo las acciones climáticas significativas. Los gobiernos y las organizaciones multilaterales deben integrar medidas para salvaguardar las finanzas, restablecer la confianza y maximizar el impacto. En la actualidad, las fuerzas corruptas no sólo tienen un papel en la formulación de las políticas, sino que a menudo las imponen y desarticulan el sistema de pesos y contrapesos institucionales; silenciando, a su vez, a periodistas, activistas y a toda persona que se pronuncie a favor de la igualdad y la sostenibilidad” expresó Maíra Martini, directora ejecutiva de Transparencia Internacional
Los datos revelan que la mayoría de los países que son sumamente vulnerables al cambio climático tienen una puntuación inferior a 50 en el IPC, lo cual pone de manifiesto la imperiosa necesidad de aplicar políticas de rendición de cuentas capaces de garantizar el uso eficiente de los fondos.
En una investigación reciente de la ONG que elabora el IPC, se comprobó el modo en que la corrupción puede socavar una “transición justa” hacia cero emisiones netas y se señalaron ejemplos concretos en Sudáfrica (41 puntos), Vietnam (40) e Indonesia (37), donde insuficientes salvaguardas han creado oportunidades que aprovecharon actores sin escrúpulos.
Los países que sufren los peores efectos de la crisis climática obtienen las puntuaciones más bajas, como Sudán del Sur (8), Somalia (9) y Venezuela (10). En Somalia, el cambio climático ha causado estragos en su economía agrícola y profundizó el conflicto que ya lleva 30 años en el país.
¿Cómo se mide la corrupción?
Desde su establecimiento en 1995, el IPC se posiciona como la herramienta a nivel mundial para medir la corrupción dentro del sector público. Este índice utiliza una metodología que combina entre tres y trece encuestas y evaluaciones sobre corrupción, recopiladas por diversas instituciones de renombre internacional. Estas fuentes permiten evaluar a 180 países y territorios, atribuyendo un puntaje en una escala de cero a 100, donde cero representa un nivel de corrupción muy alto, y 100 indica una corrupción pública extremadamente baja.
De acuerdo con esta escala, el índice proporciona una visión comprensiva sobre cómo se perciben las prácticas de corrupción en instituciones públicas, basándose en datos provenientes de fuentes diversas.
Para el caso de Argentina las fuentes utilizadas para el índice 2024 fueron el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, las Calificaciones de Riesgo País de Global Insight, el Anuario de Competitividad Mundial del International Institute for Management Development (IMD), The Economist Intelligence Unit Country Ratings, la Guía Internacional de Riesgo País de PRS Group, el Proyecto Variedades de Democracia, el Foro Económico Mundial EOS, y el Índice de Estado de Derecho del Proyecto Justicia Mundial.
Los datos fuente del IPC captan los distintos aspectos de la corrupción, tales como sobornos, desvío de fondos públicos, prevalencia de funcionarios que utilizan el cargo público para obtener beneficios privados sin afrontar consecuencias, capacidad de los gobiernos para contener la corrupción y aplicar mecanismos de integridad efectivos en el sector público y nombramientos meritocráticos versus nepotistas en la función pública, así como se tienen en cuenta otras variables como el enjuiciamiento penal de funcionarios corruptos, leyes adecuadas sobre divulgación financiera y protección legal para quienes denuncian casos de soborno y corrupción, entre otros.
Infografías: Marcelo Regalado y Transparencia Internacional (2024)
El dirigente entrerriano denunció una “persecución política” por parte de la magistrada. Es investigado en la Argentina por enriquecimiento ilícito y en Paraguay por contrabando.
El exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, presentaron una solicitud este jueves para recusar a la jueza Sandra Arroyo Salgado y pedir la eximición de prisión.
El pedido lo formalizó el abogado de ambos, quien solicitó que la investigación que se realice en la Argentina sea con ambos acusados estando en libertad. Hasta ahora, tanto Kueider como Guinsel Costa cumplen prisión domiciliaria en un hotel de lujo de Paraguay.
Por otra parte, los imputados pidieron apartar a Arroyo Salgado de la investigación que se abrió en la Argentina porque entienden que se trata de una persecución política por parte de la magistrada.
La jueza federal había enviado el martes un exhorto internacional en la causa contra el exsenador por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en el que pidió la extradición de Kueider y de su secretaria para tomarles indagatoriaen la Argentina.
Arroyo Salgado solicitó el traslado de ambos acusados en calidad de “detenidos comunicados” a su Juzgado Federal de San Isidro. También pidió el secuestro de sus celulares, equipos electrónicos y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron detenidos.
En el exhorto también solicitó que se realice un allanamiento en el departamento de lujo que comparten Kueider y Guinsel Costa para cumplir la prisión domiciliaria que dictó la justicia paraguaya.
Rodolfo González, socio y dueño del vehículo en el que fue detenido el exsenador Edgardo Kueider en Paraguay, se presentó este miércoles en los Tribunales de Concordia para realizar los trámites de identificación en la jefatura policial.
El empresario, conocido como “Gonzalito” o “Pajarito”, se presentó en el marco de la causa abierta contra Kueider en Entre Ríos donde se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos económicos. Estuvo acompañado por su abogado Juan Grimberg y comparecieron ante el fiscal José Arias.
González, de 63 años, figura como empleado del Senado de la Nación, asignado en la Biblioteca del Congreso, y su nombre aparece en operaciones inmobiliarias por la compra de tres departamentos de lujo en una exclusiva torre de Paraná. Además, es el titular de la camioneta Chevrolet Trailblazer.
El 69% de los argentinos creen que más de la mitad o todos los políticos son corruptos. Es uno de los resultados que arroja el Barómetro de las Américas, una encuesta que, desde 2004, se realiza cada dos años en la mayoría de los países de la región.
Pese a la profunda insatisfacción y la creciente irascibilidad que manifiestan con su clase dirigente, los argentinos están entre las sociedades de América Latina y Caribe que más aprecian el valor de la democracia.
Según los resultados de la última edición del Barómetro de las Américas, “casi 7 de cada 10 argentinos apoya la democracia (69%), un valor que se encuentra por arriba de lo que ocurre en el resto de la región, donde el respaldo alcanza un promedio de 61%”, señala Fernanda Boidi, Directora de trabajo de campo y alianzas regionales de LAPOP Lab, Vanderbilt Universito.
De la encuesta, que desde 2004 se realiza cada dos años en más de veinte países de América Latina, surgió que los argentinos son, a su vez, uno de los países latinoamericanos que menos justifican un golpe de estado en casos de mucha corrupción, con un 30% de adhesión a esta alternativa, contra una media del 40% que sí la considera como una solución en el resto de la región.
“Esto no significa que los argentinos cierren sus ojos ante la corrupción”, agrega Boidi. En nuestro país, el 69% cree que más de la mitad o todos los políticos son corruptos, por encima de lo que sucede en la región, donde este porcentaje alcanza en promedio el 64%.
Producido por LAPOP Lab (siglas en inglés de Latin American Public Opinion Project), con base en la Universidad de Vanderbilt, en la ciudad de Nashville, Tennessee, EE.UU., el Barómetro de las Américas es la única encuesta comparada con una base científica tan rigurosa en la región, basada en al menos 1500 entrevistas promedio que conforman estudios representativos a nivel nacional en cada uno de los países donde se lleva adelante.
La Argentina es, por otro lado, el segundo país con el menor porcentaje de personas que justificarían que el presidente cierre el Congreso, donde solo el 16% apoyaría esta medida, “casi la mitad del respaldo que una opción de estas características tiene en el resto de la región, donde el 31% consideró en promedio que podría apoyarla”, aclara.
El Salvador, con 51% de adhesión a un eventual cierre del Congreso y Uruguay, con tan solo el 11% dispuesto a sostener esa salida, son los dos polos de esta suerte de ranking de defensa de la acción parlamentaria y la división de poderes.
Empero, los porcentajes de respaldo al régimen democrático en la Argentina conviven con un nivel de insatisfacción que, en este caso, sí está en línea con lo que ocurre en los restantes países de América Latina y el Caribe.
Del sondeo se desprende que sólo dos de cada cinco argentinos están satisfechos con la democracia (43%), una cifra que refleja el promedio regional, que también es del 43%. Uruguay es el país con mayor satisfacción, un 82% que casi duplica el promedio de los otros países y contrasta rotundamente con el 11% que exhibe Haití.
La confianza de los argentinos en las elecciones también está entre las más altas de la región. Es del 48%, mientras que el promedio de la región es de 41%. La máxima confianza se registra en Uruguay, con 81%, y la mínima en Colombia, con 22%.
Entre 2004 y 2019, el Barómetro de las Américas se realizó en base a entrevistas cara a cara en ocho idiomas, usando dispositivos móviles. En 2021, a causa de la pandemia por COVID-19 que impidió la realización de encuestas presenciales, se realizaron entrevistas telefónicas a muestra representativas a nivel nacional de adultos en edad de votar que usan un teléfono celular. Los resultados se ponderaron por región, edad, género y nivel de educación.
Impacto en la región
La evaluación del pulso de la democracia en la región de América Latina y el Caribe (ALyC) en 2021 arroja resultados mixtos. Los datos del Barómetro de las Américas de 2021 confirman que el apoyo a la democracia permaneció estable en la región de ALyC, mientras que aumentó la tolerancia a una centralización del poder en el ejecutivo.
Los especialistas del LAPOP advierten que la pandemia hizo que el público necesitase más los servicios del gobierno a la vez que generó tensiones y disminuyó la capacidad del estado para proporcionarlos. “El hecho de que el apoyo a la democracia permaneciese estable en medio de esta crisis es una señal impresionante de resiliencia. De hecho, la satisfacción con la democracia aumentó marginalmente en 2021, una señal de que el público no culpa a la democracia por el sufrimiento colectivo que padece“, subrayan.
No obstante, persiste un escepticismo en torno a la democracia electoral. Un gran número de ciudadanos no está de acuerdo con que la democracia sea el mejor sistema político disponible, advierte el documento y se pregunta: “¿Qué quiere el público en su lugar?” Una respuesta proporcionada por el Barómetro de las Américas de 2021 es la voz. “Cuando se les pide que elijan entre libertad de expresión o acceso garantizado a ingresos y servicios básicos, la inmensa mayoría de los residentes en ALyC optan por la libertad de expresión“, advierte el informe.
Según el Barómetro, “estas actitudes revelan un reto crítico para la salud de la democracia en la región: en la medida en que los ciudadanos sientan que sus voces no están siendo escuchadas a través de las elecciones, pueden aceptar desviaciones de las prácticas democráticas“.
Fernanda Boidi del LAPOP Lab
Photo: Anne Rayner
LAPOP Lab es la principal institución académica que realiza encuestas de opinión pública en las Américas, con más de 30 años de experiencia. Como centro de excelencia en investigación por encuestas, LAPOP usa enfoques y métodos innovadores con los “estándares más altos” para llevar a cabo encuestas nacionales; conducir estudios de evaluación de impacto, y producir reportes acerca de las actitudes, evaluaciones y experiencias de los individuos. El Barómetro de las Américas es la única encuesta comparativa y científicamente rigurosa que cubre 34 naciones incluyendo Norte, Centro y Sur América, así como también, un significativo número de países en el Caribe. Cada año publica docenas de estudios académicos de alta calidad y artículos de relevancia para la elaboración de políticas públicas
