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Internaron a Bolsonaro por un “malestar” no precisado

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Horas después de que su ministro de Educación tuviera que renunciar en medio de un escándalo de corrupción, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado en el Hospital de las Fuerzas Armadas, en Brasilia, para someterse a exámenes debido a un “malestar” no precisado, informó una fuente oficial.

El mandatario fue hospitalizado cuando estaba previsto que asistiera a un acto del partido Republicanos, aliado del gobierno, reportó el ministro de Comunicaciones, Fábio Faria.

La primera dama, Michelle Bolsonaro, quien sí asistió al acto de Republicanos, afirmó que el jefe del Estado estaba “bien”, según el portal de noticias G1, de la cadena Globo.

“Estoy seguro de que el presidente está bien, son solo unos exámenes que está haciéndose, por eso no está”, dijo en el acto el líder de Republicanos, el diputado Marcos Pereira.

Bolsonaro, de 67 años, se aprestaba a pasar la noche en el hospital, según G1.

En enero pasado, el mandatario estuvo internado dos días en un hospital de San Pablo, debido a una obstrucción intestinal.

Su médico, Antonio Luiz Macedo, explicó entonces que el problema había sido causado por un camarón en mal estado.

Bolsonaro fue apuñalado en 2018, durante la campaña electoral, y desde entonces fue sometido a cuatro cirugías en la región abdominal.

También fue operado por cálculos en la vejiga y se realizó una vasectomía.

Además, en julio de 2021 fue internado por un hipo persistente y también entonces se le diagnosticó obstrucción intestinal.

Bolsonaro dejó el Hospital militar en la madrugada de este martes (29). Según información de CNN Brasil, el convoy de la Presidencia salió del HFA alrededor de las 6:20. Según los asistentes de Bolsonaro, citados por la publicación, el presidente sintió molestias en la región del abdomen durante la tarde del lunes (28) y, por lo tanto, acudió a la unidad de salud.

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Juez fija caución por U$S 10 millones para directivos de Vicentin, que no podrán salir del país

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Los 14 directivos de la agroexportadora Vicentin imputados por estafas no podrán salir del país y seis de ellos deberán fijar un seguro de caución por U$S 10 millones para continuar en libertad, resolvió hoy un juez penal de la ciudad de Rosario.

De esta forma, el juez Román Lanzón rechazó el planteo de prisión preventiva solicitado por el fiscal Miguel Moreno para los ejecutivos Omar Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze, todos de la firma agroexportadora, al tiempo que le fijó una caución de 10U$S millones y el cumplimiento de una serie de medidas de conductas hasta que el caso vaya a juicio, informaron a Télam fuentes judiciales.

El fiscal, que el martes acusó a los ejecutivos por balance falso y estafas por unos U$S600 millones, sostuvo tras la audiencia de hoy en la que se debatieron las medidas cautelares: “Nosotros creíamos que era procedente la prisión preventiva, y ahora vamos a evaluar si apelamos o no”.

Si bien rechazó la prisión solicitada por el fiscal, el juez estableció que los 14 acusados deberán fijar domicilio, y les dictó la prohibición de salir del país y les ordenó entregar a la Fiscalía de sus pasaportes.

Moreno también había solicitada la prisión domiciliaria con tobillera electrónica para Daniel Néstor Buyatti, expresidente del directorio de Vicentin, medida que fue rechazada por el juez.

A la vez, Lanzón dio por formalizada la acusación presentada el martes pasado por el fiscal, que imputó por más de una decena de estafas a quienes fueron miembro del directorio de la cerealera concursada hasta el 15 de octubre del año pasado, cuando renunciaron con el fin de generar “confianza” en los acreedores de la compañía.

En concreto, el fiscal sostuvo que existió “un ardid” por parte de la conducción de la compañía que consistió en introducir información falsa en los balances para mostrar “una aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC, con el fin de ocultar su realidad económica financiera”.

Entre los damnificados por esas presuntas maniobras de estafa hay un grupo de clientes de la agroexportadora que le entregó granos bajo la modalidad de “precio a fijar”, pero que no pudieron cobrarlos por la cesación de pagos de la compañía en diciembre de ese año.

También un pool de bancos internacionales que otorgó préstamos a Vicentin para prefinanciar exportaciones, convencidos de la solidez patrimonial de la firma.

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Encuesta: 54% de los brasileños apoya destitución de Bolsonaro

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Más de la mitad de los brasileños está a favor de iniciar un proceso de destitución contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por primera vez desde que asumió el cargo, según una encuesta publicada este sábado (10.07.2021).

El sondeo de opinión del instituto Datafolha muestra que el 54% de los encuestados quiere que el presidente de la Cámara de Diputados dé seguimiento una de las más de 120 solicitudes de destitución presentadas hasta ahora.

Esta es la primera vez que el apoyo del juicio es mayoritario entre los brasileños, según Datafolha, que entrevistó a 2.074 personas entre el 7 y el 8 de julio para una encuesta con un margen de error de dos puntos porcentuales.

En mayo, en una encuesta similar, los favorables al juicio político constituían el 49 % y los contrarios el 46 por ciento.

Los datos publicados el sábado mostraban que el porcentaje era aún mayor entre las mujeres (59%), los jóvenes (59%), los pobres (60%), los negros (65%) y los homosexuales o bisexuales (77 por ciento).

Bolsonaro ha sido muy criticado por su gestión de la crisis del coronavirus, que ha dejado más de 530.000 muertos en Brasil, el segundo país más enlutado del mundo después de Estados Unidos.

El gobernante rechazó los resultados de la encuesta y negó cualquier caso de corrupción en su gobierno.

“Van dos años y medio sin corrupción. Quieren imputarme ahora un crimen de corrupción pese a que no fue comprada ni una dosis de esas vacunas”, afirmó desde la sureña ciudad de Porto Alegre.

De acuerdo con el mandatario, los contratos sospechosos fueron suspendidos por los organismos fiscalizadores debido a que “nosotros tenemos un filtro, tenemos control”, lo que impidió la compra de vacunas en los negocios investigados.

El viernes, Bolsonaro desató el repudio al poner en duda la elección de 2022, diciendo que no se llevarán a cabo si no se permiten las boletas de papel, además del voto electrónico que se aplica desde 1996.

Con el actual sistema electoral, “corremos el riesgo de no tener elecciones el año que viene. Su futuro está en juego”, dijo a sus partidarios en Brasilia. También calificó de “imbécil” al presidente del Tribunal Superior Electoral, Luis Roberto Barroso, por negarse a su petición.

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Fiscalía General pide a la Corte investigar rol de Bolsonaro en el escándalo de compra de vacunas

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La Fiscalía General de la República de Brasil le pidió hoy a la Corte Suprema abrir una causa para investigar al presidente Jair Bolsonaro, en el escándalo de la sobrefacturación en un contrato frustrado para la compra de la vacuna india Covaxin por parte del Ministerio de Salud.

El pedido apunta a determinar si Bolsonaro cometió el delito de prevaricato, es decir, si no ordenó investigar corrupción luego de haber sido informado del asunto por el diputado Luiz Miranda, uno de sus aliados, el 20 de marzo pasado.

El pedido fue hecho por el subprocurador general de la República, Humberto de Medeiros, y es el acto judicial más importante sobre corrupción vinculado al actual presidente.

El diputado bolsonarista Luis Miranda, del oficialista partido Demócratas, y el hermano de este, Ricardo Miranda, funcionario de carrera encargado de importaciones en el Ministerio de Salud, dijeron bajo juramento ante la comisión investigadora del Senado que le avisaron de la sobrefacturación de 1.000 por ciento en la compra de Covaxin a Bolsonaro el 20 de marzo en el Palacio del Planalto.

El pedido busca establecer si el mandatario ultraderechista, sabiendo del delito, no activó a la Policía Federal para investigar la denuncia, en la que aparece vinculado por su poder de cabildeo el líder del Gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, exministro de Salud de Michel Temer.

El Gobierno de Bolsonaro dijo que avisó dos días después, el 22 de marzo, al entonces ministro de Salud, general Eduardo Pazuello, hoy secretario especial de la Presidencia, quien fue expulsado del cargo el 23 de marzo.

El contrato con empresas tercerizadas para comprar vacunas Covaxin fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo, tres meses después de esa reunión entre los hermanos Miranda y Bolsonaro en la casa de gobierno.

El fiscal general, Augusto Aras, muy cercano al presidente, había pedido al Supremo Tribunal Federal esperar que la comisión del Senado termine de investigar para tomar el caso.

Pero la jueza suprema Rosa Weber le envió un escrito diciendo que la fiscalía general no podía ser apenas un “mero observador” de posibles delitos siendo cometidos.

Este escándalo sobre Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense Davati de insumos médicos denunció a un director de logística del Ministerio de Salud por pedirle 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no llegó a cumplirse.

El fiscal general Aras había desestimado el jueves denunciar a Bolsonaro por omisiones en la compra de vacunas durante 2020, cuando retrasó las adquisiciones de dosis de CoronaVac y Pfizer debido a sus cuestionamientos a la vacunación.

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Brasil: un juez anula otros dos juicios de Moro contra Lula da Silva y lo acerca a una candidatura

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Un magistrado de la Corte Suprema de Brasil anuló ayer por falta de parcialidad otros dos procesos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva tratados por el exjuez Sergio Moro, que ya había sido declarado “parcial” en el caso que llevó a cumplir 19 meses de cárcel al líder de la izquierda, quien se consolida como presidenciable, según sondeos publicados hoy.

Esa decisión invalida todas las pruebas recogidas por Moro y obliga a reiniciar los juicios desde cero, alejando la posibilidad de una condena relativamente rápida en segunda instancia, que le impediría a Lula presentarse a las elecciones presidenciales de 2022.

Las sucesivas decisiones de la justicia a favor del dirigente del PT, le han dado impulso en la carrera electoral para 2022, para las cuales las encuestas de intención de voto lo muestran en el primer lugar.

Según la última encuesta de Ipee, publicada hoy, Lula tiene una intención de voto del 49% por encima del 23% de Bolsonaro, un porcentaje que se reduce al 41% por ciento frente al 32 del actual presidente entre los evangelistas.

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinó que “hay identidad de hechos y jurídica” entre el caso en el cual Moro fue declarado “parcial” y los otros dos que pasaron por las manos del ícono de la Operación anticorrupción Lava Jato en su juzgado de Curitiba, informó la agencia de noticias AFP.

Por ello, Mendes ordenó “anular todas las actuaciones decisorias del magistrado, incluyendo los de la fase previa al proceso”.

Lula fue condenado por Moro en 2017 a 9 años y medio de cárcel como beneficiario de un tríplex en el litoral paulista ofrecido por una constructora a cambio de contratos con la estatal Petrobras. Un tribunal de apelaciones confirmó y amplió su condena, lo que le impidió disputar la elección presidencial de 2018 y lo mantuvo preso desde abril de ese año hasta noviembre de 2019.

Pero la segunda sala de la corte suprema (integrada por cinco jueces) atendió en marzo los reclamos de la defensa de Lula sobre la “parcialidad” de Moro, que se habría evidenciado entre otras cosas cuando el ultraderechista Jair Bolsonaro, vencedor en los comicios, nombró al juez ministro de Justicia.

Ese fallo fue ratificado por el plenario del STF por 7 votos a 4.

Mendes extendió ahora esa decisión a las otras dos causas radicadas en Curitiba, ambas en fase procesal. Una está relacionada con reformas realizadas en una hacienda en Atibaia (Sao Paulo) y la otra con la compra de un terreno para el Instituto Lula.

El expresidente (2003-2010), que siempre se declaró inocente, se vio beneficiado en los últimos meses por una serie de absoluciones en muchas denuncias de corrupción tramitadas en varios juzgados del país.

Actualmente, aparte de los casos de Curitiba que serán derivados a un tribunal de Brasilia, el dirigente, de 75 años, enfrenta aún otros tres procesos, uno en Brasilia y dos en Sao Paulo.

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