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Encuesta: 54% de los brasileños apoya destitución de Bolsonaro

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Más de la mitad de los brasileños está a favor de iniciar un proceso de destitución contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por primera vez desde que asumió el cargo, según una encuesta publicada este sábado (10.07.2021).

El sondeo de opinión del instituto Datafolha muestra que el 54% de los encuestados quiere que el presidente de la Cámara de Diputados dé seguimiento una de las más de 120 solicitudes de destitución presentadas hasta ahora.

Esta es la primera vez que el apoyo del juicio es mayoritario entre los brasileños, según Datafolha, que entrevistó a 2.074 personas entre el 7 y el 8 de julio para una encuesta con un margen de error de dos puntos porcentuales.

En mayo, en una encuesta similar, los favorables al juicio político constituían el 49 % y los contrarios el 46 por ciento.

Los datos publicados el sábado mostraban que el porcentaje era aún mayor entre las mujeres (59%), los jóvenes (59%), los pobres (60%), los negros (65%) y los homosexuales o bisexuales (77 por ciento).

Bolsonaro ha sido muy criticado por su gestión de la crisis del coronavirus, que ha dejado más de 530.000 muertos en Brasil, el segundo país más enlutado del mundo después de Estados Unidos.

El gobernante rechazó los resultados de la encuesta y negó cualquier caso de corrupción en su gobierno.

“Van dos años y medio sin corrupción. Quieren imputarme ahora un crimen de corrupción pese a que no fue comprada ni una dosis de esas vacunas”, afirmó desde la sureña ciudad de Porto Alegre.

De acuerdo con el mandatario, los contratos sospechosos fueron suspendidos por los organismos fiscalizadores debido a que “nosotros tenemos un filtro, tenemos control”, lo que impidió la compra de vacunas en los negocios investigados.

El viernes, Bolsonaro desató el repudio al poner en duda la elección de 2022, diciendo que no se llevarán a cabo si no se permiten las boletas de papel, además del voto electrónico que se aplica desde 1996.

Con el actual sistema electoral, “corremos el riesgo de no tener elecciones el año que viene. Su futuro está en juego”, dijo a sus partidarios en Brasilia. También calificó de “imbécil” al presidente del Tribunal Superior Electoral, Luis Roberto Barroso, por negarse a su petición.

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Fiscalía General pide a la Corte investigar rol de Bolsonaro en el escándalo de compra de vacunas

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La Fiscalía General de la República de Brasil le pidió hoy a la Corte Suprema abrir una causa para investigar al presidente Jair Bolsonaro, en el escándalo de la sobrefacturación en un contrato frustrado para la compra de la vacuna india Covaxin por parte del Ministerio de Salud.

El pedido apunta a determinar si Bolsonaro cometió el delito de prevaricato, es decir, si no ordenó investigar corrupción luego de haber sido informado del asunto por el diputado Luiz Miranda, uno de sus aliados, el 20 de marzo pasado.

El pedido fue hecho por el subprocurador general de la República, Humberto de Medeiros, y es el acto judicial más importante sobre corrupción vinculado al actual presidente.

El diputado bolsonarista Luis Miranda, del oficialista partido Demócratas, y el hermano de este, Ricardo Miranda, funcionario de carrera encargado de importaciones en el Ministerio de Salud, dijeron bajo juramento ante la comisión investigadora del Senado que le avisaron de la sobrefacturación de 1.000 por ciento en la compra de Covaxin a Bolsonaro el 20 de marzo en el Palacio del Planalto.

El pedido busca establecer si el mandatario ultraderechista, sabiendo del delito, no activó a la Policía Federal para investigar la denuncia, en la que aparece vinculado por su poder de cabildeo el líder del Gobierno en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, exministro de Salud de Michel Temer.

El Gobierno de Bolsonaro dijo que avisó dos días después, el 22 de marzo, al entonces ministro de Salud, general Eduardo Pazuello, hoy secretario especial de la Presidencia, quien fue expulsado del cargo el 23 de marzo.

El contrato con empresas tercerizadas para comprar vacunas Covaxin fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo, tres meses después de esa reunión entre los hermanos Miranda y Bolsonaro en la casa de gobierno.

El fiscal general, Augusto Aras, muy cercano al presidente, había pedido al Supremo Tribunal Federal esperar que la comisión del Senado termine de investigar para tomar el caso.

Pero la jueza suprema Rosa Weber le envió un escrito diciendo que la fiscalía general no podía ser apenas un “mero observador” de posibles delitos siendo cometidos.

Este escándalo sobre Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense Davati de insumos médicos denunció a un director de logística del Ministerio de Salud por pedirle 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no llegó a cumplirse.

El fiscal general Aras había desestimado el jueves denunciar a Bolsonaro por omisiones en la compra de vacunas durante 2020, cuando retrasó las adquisiciones de dosis de CoronaVac y Pfizer debido a sus cuestionamientos a la vacunación.

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Brasil: un juez anula otros dos juicios de Moro contra Lula da Silva y lo acerca a una candidatura

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Un magistrado de la Corte Suprema de Brasil anuló ayer por falta de parcialidad otros dos procesos contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva tratados por el exjuez Sergio Moro, que ya había sido declarado “parcial” en el caso que llevó a cumplir 19 meses de cárcel al líder de la izquierda, quien se consolida como presidenciable, según sondeos publicados hoy.

Esa decisión invalida todas las pruebas recogidas por Moro y obliga a reiniciar los juicios desde cero, alejando la posibilidad de una condena relativamente rápida en segunda instancia, que le impediría a Lula presentarse a las elecciones presidenciales de 2022.

Las sucesivas decisiones de la justicia a favor del dirigente del PT, le han dado impulso en la carrera electoral para 2022, para las cuales las encuestas de intención de voto lo muestran en el primer lugar.

Según la última encuesta de Ipee, publicada hoy, Lula tiene una intención de voto del 49% por encima del 23% de Bolsonaro, un porcentaje que se reduce al 41% por ciento frente al 32 del actual presidente entre los evangelistas.

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinó que “hay identidad de hechos y jurídica” entre el caso en el cual Moro fue declarado “parcial” y los otros dos que pasaron por las manos del ícono de la Operación anticorrupción Lava Jato en su juzgado de Curitiba, informó la agencia de noticias AFP.

Por ello, Mendes ordenó “anular todas las actuaciones decisorias del magistrado, incluyendo los de la fase previa al proceso”.

Lula fue condenado por Moro en 2017 a 9 años y medio de cárcel como beneficiario de un tríplex en el litoral paulista ofrecido por una constructora a cambio de contratos con la estatal Petrobras. Un tribunal de apelaciones confirmó y amplió su condena, lo que le impidió disputar la elección presidencial de 2018 y lo mantuvo preso desde abril de ese año hasta noviembre de 2019.

Pero la segunda sala de la corte suprema (integrada por cinco jueces) atendió en marzo los reclamos de la defensa de Lula sobre la “parcialidad” de Moro, que se habría evidenciado entre otras cosas cuando el ultraderechista Jair Bolsonaro, vencedor en los comicios, nombró al juez ministro de Justicia.

Ese fallo fue ratificado por el plenario del STF por 7 votos a 4.

Mendes extendió ahora esa decisión a las otras dos causas radicadas en Curitiba, ambas en fase procesal. Una está relacionada con reformas realizadas en una hacienda en Atibaia (Sao Paulo) y la otra con la compra de un terreno para el Instituto Lula.

El expresidente (2003-2010), que siempre se declaró inocente, se vio beneficiado en los últimos meses por una serie de absoluciones en muchas denuncias de corrupción tramitadas en varios juzgados del país.

Actualmente, aparte de los casos de Curitiba que serán derivados a un tribunal de Brasilia, el dirigente, de 75 años, enfrenta aún otros tres procesos, uno en Brasilia y dos en Sao Paulo.

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Brasil: Tras no hallar pruebas, la Justicia absolvió a Lula en un caso de corrupción

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Según la decisión del juez federal, la investigación no “demostró de manera convincente” cómo el expresidente y su jefe de Gabinete “habrían participado en el contexto supuestamente criminal”, la Fiscalía los acusaba de favorecer a las automotrices a cambio de sobornos.

La Justicia de Brasil absolvió este lunes al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en uno de los casos de corrupción en los que había sido acusado por la Fiscalía de favorecer a las automotrices a cambio de sobornos, tras no hallar “evidencia adecuada” que demuestre su culpabilidad.

La Corte Federal del Distrito Federal también absolvió al exjefe de Gabinete Gilberto Carvalho, quien también fue secretario de Presidencia durante el primer Gobierno de la exmandataria Dilma Rousseff- y a otras cinco personas.

Según la decisión del juez federal Frederico Botelho de Barros Viana, la investigación no “demostró de manera convincente” cómo el expresidente y su jefe de Gabinete “habrían participado en el contexto supuestamente criminal”.

“Eso es porque, si bien existen elementos que demuestran el desempeño de la empresa de Mauro Marcondes – Marcondes y Mautoni – en cuanto a la extensión de beneficios fiscales a las empresas CAOA y MMC, no existe evidencia adecuada y ni siquiera mínimamente capaz de demostrar la existencia de un ajuste ilícito entre los imputados con el propósito de transferir montos a favor de Lula y Carvalho”, establece la sentencia replicada este lunes por el medio OGlobo.

En 2017, la Fiscalía había afirmado que Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, modificó, a cambio de supuestas coimas, una medida legislativa para favorecer a empresas del sector automotriz mediante una prórroga de los beneficios tributarios por cinco años, pero la acusación fue desestimada.

Pero en los alegatos finales, en mayo pasado, cambió de postura y solicitó la absolución de Lula.

“Es seguro, por tanto, concluir que la fiscalía carece de elementos que puedan sustentar, más allá de toda duda razonable, una posible sentencia condenatoria en contra de los imputados”, reforzó este lunes el magistrado.

El proceso se enmarca dentro de la “Operación Zelotes”, que desde 2015 estudia supuestas irregularidades en el CARF, departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos, y que también salpicó a varios importantes banqueros y políticos.

Lula, quien llegó a pasar 580 días en prisión por presuntas causas de corrupción, se vio favorecido este año por un fallo del Supremo que anuló otras penas que pesaban en su contra y le permitió así restituir sus derechos políticos.

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Macri creó una agencia para que los testigos protegidos no dependan de Alberto Fernández

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Como se esperaba, Mauricio Macri apeló a un decreto para quitarle al Ministerio de Justicia la potestad sobre el programa de testigos protegidos. De esta manera, ya no dependerá del Gobierno nacional. Sin embargo, tampoco pudo pasarlo a la órbita de la Justicia como se especuló al principio. En su lugar, el Presidente creó una agencia que, si bien funcionará en el ámbito del ministerio citado, tendrá carácter autárquico y autonomía funcional.

Después de varios días de idas y vueltas, el Gobierno nacional finalmente decidió por decreto quitarle al Ministerio de Justicia la potestad sobre el programa de testigos protegidos y así evitar que dependa de Alberto Fernández cuando éste asuma la Presidencia el 10 de diciembre próximo.

Lo hizo mediante la creación de la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, que tendrá a su cargo “la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos” que colaboren “de modo trascendente y eficiente” en una investigación judicial de competencia federal.

El decreto 795 fue publicado este viernes (29/11) en Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Mauricio Macri y miembros de su gabinete. Allí se señala también que la nueva agencia funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pero “con el carácter de ente autárquico dotado de autonomía funcional“.

El tema había sido adelantado la semana pasada por el titular de esa cartera, Germán Garavano, al considerar que debía ser un ente “autárquico” y que tuviera independencia del Poder Ejecutivo.

En un principio se pensó en pasarlo a la órbita de la Justicia, pero el Gobierno no había encontrado suficiente respaldo en ese ámbito, y la medida se venía demorando.

Según la norma publicada hoy se transfiere además al nuevo organismo “el cargo de Director Nacional, el personal y la totalidad de los bienes, activos, presupuesto vigente y patrimonio” de los que hasta ahora era el Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.

El decreto dispone que la agencia está destinada a “la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal y lo previsto por la Ley N° 23.737 y sus modificatorias”.

Pero agrega que podrá incluir “fundadamente otros casos no previstos en el primer párrafo cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable”.

La norma además crea un Consejo Consultivo que supervisará su funcionamiento y elaborará una propuesta para designar al director de la nueva agencia.

El traspaso del programa fuera de la estructura del próximo gabinete había sido un pedido de los testigos bajo el programa de protección que se encuadran como ‘imputados colaboradores’ en causas que atañen al kirchnerismo y que temen por su seguridad bajo el gobierno de los Fernández.

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