CORTE SUPREMA

La Corte Suprema definirá cómo se calculan los intereses en juicios laborales

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza más de 1.200 expedientes laborales vinculados al cálculo de intereses en créditos del trabajo, una controversia que expone un vacío legal y amenaza con generar un fallo de alcance histórico. La decisión, que involucra la validez de las tasas fijadas por la Cámara Nacional del Trabajo, impactará en trabajadores, empleadores, aseguradoras y en el propio sistema judicial.

El debate se abrió tras una serie de resoluciones de la Cámara Nacional del Trabajo que declararon inconstitucional la prohibición de indexar deudas, cuestionando las leyes 23.928 (Ley de Convertibilidad) y 25.561 (de Emergencia Económica). Esta postura contradijo fallos históricos de la Corte como “Chiara Díaz”, “Massolo” y “Puente Olivera”, y también se apartó del criterio fijado por el máximo tribunal en el caso “Lacuadra”.

Los recursos llegaron a la Corte entre agosto y diciembre de 2024, en un período clave: antes del fallo “Levinas”, que en diciembre pasado transfirió la revisión de estas causas al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ-CABA).

El problema es que los expedientes ingresados antes del 27 de diciembre de 2024 quedaron bajo la órbita directa de la Corte Suprema, mientras que los posteriores dependen primero del TSJ. Este esquema genera una doble vía judicial con riesgo de contradicciones, y coloca al sistema frente a un dilema: un mismo caso podría recibir soluciones divergentes según la fecha en que se haya iniciado el litigio.

Un fallo con repercusión nacional

La resolución de la Corte marcará el rumbo de miles de reclamos laborales, con incidencia directa en el capital económico de los trabajadores, que esperan el cobro actualizado de indemnizaciones o créditos atrasados, y en la previsibilidad de costos para las empresas y aseguradoras.

El máximo tribunal enfrenta tres caminos posibles:

  1. Esperar un pronunciamiento del TSJ-CABA y postergar su análisis. Esta opción agravaría las demoras para los trabajadores y mantendría la incertidumbre.
  2. Pronunciarse ahora y fijar un criterio definitivo, con el riesgo de que luego el TSJ adopte una posición distinta, generando una jurisprudencia dividida.
  3. Desestimar los planteos y delegar en el TSJ, aunque la existencia de agravios federales obliga a la Corte a intervenir, ya que se cuestionan leyes nacionales y su propia doctrina.

Sea cual sea la estrategia, lo que la Corte determine terminará por constituirse en la última palabra sobre la materia y unificará la interpretación jurídica a nivel federal.

El debate trasciende lo técnico y expone un problema estructural del sistema judicial laboral: la falta de un criterio uniforme sobre cómo actualizar deudas y aplicar intereses en juicios que suelen extenderse por años.

Para los trabajadores, la decisión definirá si sus créditos pierden poder adquisitivo en un país con inflación persistente. Para los empresarios y aseguradoras, está en juego la magnitud de pasivos contingentes que deben afrontar. Para el Estado, que actúa como empleador y garante, la definición afectará sus compromisos presupuestarios.

La expectativa es alta: un fallo que garantice previsibilidad jurídica podría descomprimir la litigiosidad y ordenar el cálculo de intereses en todo el país. Pero una definición que profundice las diferencias entre la Corte y el TSJ-CABA abriría un frente de inseguridad legal con consecuencias en la inversión y en la confianza institucional.

La Corte Suprema deberá resolver en los próximos meses cuál será el estándar definitivo. Un pronunciamiento claro podría consolidar el principio de seguridad jurídica en materia laboral, mientras que una indefinición prolongada dejaría a miles de causas paralizadas y a trabajadores y empresas sin respuestas.

En cualquier caso, el fallo se perfila como uno de los más relevantes en la historia reciente del derecho laboral argentino, con un alcance que excede el fuero y repercutirá en la economía, la política y la confianza en la administración de justicia.

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Corte Suprema obliga a Tabacalera Sarandí a pagar USD 1.400 millones por evasión

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El fallo pone fin a una batalla judicial de más de cinco años entre Tabacalera Sarandí y el Estado, y consolida el uso de herramientas fiscales para reducir el consumo de tabaco.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este jueves un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había declarado inconstitucional el impuesto interno mínimo al tabaco previsto en la Ley 27.430. La decisión obliga a Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero —conocido como el “Señor del Tabaco”—, a cancelar una deuda que, según estimaciones de la AFIP, asciende a USD 1.400 millones por tributos impagos.

La resolución no solo zanja una disputa de larga data entre la empresa y el Estado, sino que también reafirma la potestad del Congreso para fijar políticas tributarias con fines extrafiscales, como el desaliento al consumo de cigarrillos, en línea con criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El conflicto comenzó tras la reforma impositiva impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, que elevó en un 70% los impuestos internos al tabaco e introdujo un monto mínimo por paquete. La medida buscó reducir la brecha de precios entre marcas premium y productos “ultrabaratos”, apuntando a disminuir el consumo.

Pablo Otero cuestionó el esquema alegando que afectaba de manera desproporcionada a sus marcas económicas —como Red Point, West, Master y Kiel— y que lo colocaba en desventaja frente a multinacionales como Massalin Particulares y Nobleza Piccardo.

En 2022, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a Sarandí, declarando inconstitucional la norma. Tanto la AFIP como Massalin apelaron, y el caso llegó al máximo tribunal.

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú, subraya que la definición de impuestos y montos mínimos es una atribución del Congreso, salvo en casos de discriminación o arbitrariedad manifiesta, que —según la Corte— no se verificaron.

El fallo remarca que los impuestos al tabaco cumplen una función extrafiscal: “El aumento de precios de los productos de tabaco es la medida más efectiva para reducir su consumo”, citando lineamientos de la OMS.

Asimismo, cuestiona que el fallo de la Cámara se basara en consideraciones sobre “la realidad del mercado” o “el rol de las grandes tabacaleras” sin respaldo normativo suficiente, apartándose de la función judicial.

La Corte también desestimó una presentación reciente de Sarandí en la que la empresa anunciaba su intención de desistir del juicio, alegando acogerse a un régimen de regularización. El tribunal determinó que no se cumplieron los requisitos formales para ello, por lo que el proceso debía continuar hasta la sentencia definitiva.

Además, se rechazaron recusaciones contra el Procurador General, Eduardo Casal, y la Procuradora Fiscal, Laura Monti, así como nulidades planteadas por la defensa.

Con la decisión, el Estado podrá reclamar el pago del impuesto mínimo desde su entrada en vigencia, lo que, según estimaciones de la AFIP, representa más de USD 1.400 millones para Tabacalera Sarandí. El precedente también fortalece la posición de la administración tributaria frente a otros litigios similares en el sector.

Desde la perspectiva sanitaria, la sentencia consolida la utilización de políticas fiscales como herramienta para desincentivar el consumo de tabaco, alineando la legislación argentina con las estrategias recomendadas por la OMS y otros organismos internacionales de salud pública.

Un fallo con proyección internacional

La referencia a la causa “Nobleza Piccardo” de 2015, citada por Lorenzetti, refuerza la doctrina de que el derecho a la salud prima sobre los intereses comerciales de las tabacaleras. El máximo tribunal ratifica que el Estado no solo está habilitado, sino obligado, a adoptar medidas que reduzcan el consumo de productos nocivos.

En el plano internacional, la sentencia envía un mensaje claro sobre la solidez jurídica de las políticas impositivas con fines de salud pública, un punto que podría influir en litigios y regulaciones en otros países de la región.

Con el fallo firme, la AFIP podrá iniciar acciones para ejecutar el cobro de la deuda. En paralelo, se espera que el Congreso y el Poder Ejecutivo refuercen el esquema impositivo al tabaco como parte de las estrategias integrales de control del tabaquismo.

FALLO CORTE SUPREMA SOBRE TABACALERA SARANDI by CristianMilciades

El caso también deja en evidencia la necesidad de armonizar la política fiscal con objetivos de salud pública, un enfoque que, de mantenerse, podría replicarse en otros sectores vinculados a productos con impacto sanitario negativo.

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La Corte reactivó la Causa Correo Argentino de Mauricio Macri

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un nuevo giro en la causa “Correo Argentino”, al rechazar un recurso de queja presentado por la defensa de Jaime Cibils Robirosa Jaime Kleidermacher, ambos vinculados al Grupo Macri

La Agencia Noticias Argentinas accedió a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, un tribunal que tras su decisión acaba de confirmar la prisión de otro ex presidente, como el caso de Cristina Kirchner. La decisión, firmada digitalmente por los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti, no solo reactiva la causa, sino que también impone un depósito económico a los recurrentes, bajo apercibimiento de ejecución.

El expediente, que investiga irregularidades en el acuerdo entre el Estado Nacional y una firma de la familia del ex presidente Mauricio Macri por la deuda de Correo Argentino S.A., vuelve a ganar relevancia tras el fallo de la Corte. El máximo tribunal desestimó la presentación directa de la defensa, argumentando que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)”.

Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y Jaime Kleidermacher, su representante legal, imputados en la causa que tramita el juez federal Ariel Lijo desde 2017, habían intentado recusar a los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña, alegando “temor de parcialidad”. La defensa argumentó que ambos jueces tienen una “enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri y por lo tanto hacia” ellos, y que la causa poseía “un claro contenido político” buscando “poner de rodillas” al ex jefe de Estado.

Correo Argentina S.A

Los directivos de Correo Argentino S.A., controlada por SOCMA (la empresa de la familia Macri), cuestionaron la imparcialidad de Farah por haber denunciado supuestas presiones del gobierno macrista. En cuanto a Boico, se señaló que, antes de ser juez, defendió a funcionarios kirchneristas, incluyendo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, tanto la Cámara Federal como la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (el tribunal de origen del recurso de hecho) ratificaron el rechazo a la recusación. El juez Javier Carbajo, en un fallo unipersonal, aseguró que “más allá de la señalada disparidad entre la pretensión incoada y la decisión en jaque, la defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado”.

Recursos recurrentes del Correo Argentino S.A

Finalmente, el reclamo llegó a la Corte Suprema a través de un recurso de queja. La Corte, en su fallo, fue categórica: “Por ello, se desestima la presentación directa. Intímese a cada uno de los recurrentes a que, dentro del quinto día de notificados, efectúen el depósito que dispone el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la orden de esta Corte y bajo apercibimiento de ejecución”.

En la causa, además de Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, también fueron imputados e indagados el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Los cuatro están acusados por el acuerdo de 2016 que preveía la cancelación de una deuda, incluyendo la aceptación por parte del Estado de licuar el 98,87 por ciento de la misma. La fiscal Gabriela Boquin fue quien detectó la maniobra y la denunció como “ruinosa” y “abusiva”, logrando frenar el pacto.

La decisión de la Corte, al desestimar el recurso de queja y exigir el depósito, confirma la continuidad de la investigación, manteniendo a los directivos de Correo Argentino y, por extensión, al Grupo Macri, bajo el escrutinio judicial en esta compleja causa.

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Cristina, la justicia y la opinión pública: entre el rechazo mayoritario y un núcleo duro resistente

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La figura de Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo uno de los ejes gravitacionales del escenario político argentino, incluso fuera de los cargos formales. La reciente encuesta nacional realizada por CB Consultora Opinión Pública los días 11 y 12 de junio de 2025 —sobre un total de 1.328 casos y con un margen de error de ±2,7%— revela con nitidez las tensiones entre la justicia, la opinión pública y el legado político de la exmandataria.

Según el relevamiento, el 53,5% de los encuestados tiene una imagen negativa de Cristina Fernández de Kirchner, frente a un 45,5% que mantiene una percepción positiva. Si bien su balance de imagen resulta negativo, el dato no es marginal: representa una porción sustantiva del electorado, que se mantiene fiel en un contexto de fuerte judicialización.

En comparación, Javier Milei registra un 37,1% de imagen positiva y un 58,9% de imagen negativa, lo que refleja que la polarización no ha desaparecido, sino que se ha reconfigurado.

El centro de la medición gira en torno al vínculo entre la ex presidenta y la justicia. A pocos días de que se conociera una ratificación judicial que implica su inhabilitación para ejercer cargos públicos, el 61,4% de los consultados se manifestó a favor de esa sanción de por vida, mientras un 37,4% expresó su desacuerdo. Esta diferencia nítida indica que, más allá de las valoraciones políticas, hay consenso mayoritario sobre la gravedad de las causas que la involucran.

Consultados directamente sobre si consideran a Fernández de Kirchner culpable o inocente en las causas por corrupción en su contra, la mayoría se inclinó por la culpabilidad, aunque el informe no detalla el porcentaje exacto. El dato se vincula directamente con otro hallazgo: el 38,9% estaría dispuesto a votar por un candidato afín a Cristina si hoy fueran las elecciones legislativas, mientras que un 51,3% lo haría por un candidato alineado con Javier Milei.

Lawfare: división de percepciones

Uno de los núcleos de disputa discursiva es la idea de “lawfare” o persecución judicial. La encuesta revela que una porción significativa de la sociedad cree en esta narrativa, aunque no alcanza la mayoría. Este dato refuerza que la tesis del uso de la justicia como herramienta política, si bien instalada, no logra revertir el daño reputacional acumulado en torno a la ex presidenta.

Además, el 61% considera que los jueces no fallan exclusivamente en base a pruebas, sino que se ven influidos por presiones políticas y mediáticas. Este dato debe ser leído como una crítica más amplia al funcionamiento del Poder Judicial, que no exculpa necesariamente a Fernández de Kirchner, pero sí revela una erosión generalizada de la confianza institucional.

La encuesta también preguntó por la imagen de los jueces de la Corte Suprema. Todos los magistrados evaluados (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) obtuvieron más imagen negativa que positiva. Por ejemplo, Lorenzetti presenta un diferencial negativo de más de 15 puntos: 25,4% de imagen positiva contra un 40,9% negativa.

Este dato, combinado con el bajo nivel de confianza en la justicia en general, muestra que la deslegitimación no se limita a casos específicos, sino que atraviesa estructuralmente al sistema judicial argentino.

La encuesta de CB Consultora pone en evidencia una paradoja central del presente político: mientras la mayoría de la sociedad acuerda con la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner y cree en su culpabilidad, también desconfía profundamente del sistema judicial que la juzga. Este doble estándar sugiere que la justicia como institución no ha logrado conquistar la legitimidad que exige su rol de árbitro final.

Por otra parte, el núcleo kirchnerista se mantiene activo y electoralmente significativo, lo que explica que, incluso en retirada, CFK siga siendo una pieza central del tablero. Para el oficialismo libertario, la figura de Cristina opera como una útil contracara. Para la oposición peronista, es una sombra difícil de integrar o superar.

En este entramado, el vínculo entre justicia y política aparece profundamente deteriorado. Y mientras las causas avanzan en tribunales, en el juicio paralelo de la opinión pública, la sentencia parece ya haber sido dictada.

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A ciegas en un mundo inestable

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La política, que hasta aquí había sido condescendiente con el presidente Javier Milei, de repente le puso un freno de un modo inesperado, con una alianza impensable y consecuencias impredecibles ante la inminencia de las primeras evaluaciones de medio término: Salta, Chaco, Jujuy, San Luis y la madre de las batallas, en Capital Federal, irán a las urnas en mayo. Misiones el próximo 8 de junio. 

El revés del Gobierno en el Senado no por inesperado fue menos aparatoso: la designación por decreto de dos integrantes de la Corte Suprema, el cuestionado Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, quien pretende atrincherarse en su despacho, fue rechazada por una amplia cantidad de votos, en una confluencia entre el PRO, radicales y el kirchnerismo, además de disidencias dentro de la propia Libertad Avanza. 

Es un desplante que va más allá de los nombres, aunque Lijo cosecha rechazos en todo el universo jurídico. Fue un freno al modo irreverente y con poco apego a la institucionalidad. La designación “en comisión” es una herramienta que se usó de modo forzado, a pocos días de que comiencen las sesiones ordinarias y sin acordar con los senadores de la oposición. Fueron muchas las advertencias de que los pliegos iban a ser rechazados, pero el Gobierno siguió fiel a su libreto. Con la negativa puesta, la única apelación de Milei fue volver a la muletilla de “la casta”. Pero lo más probable es que si el resultado hubiera sido distinto, salía asado de festejo, como cuando los diputados rechazaron el aumento a los jubilados. 

“Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación. Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina. Es evidente que la politización de la justicia representa una amenaza para la democracia. Mientras la clase política anteponga su protección penal y no la normalización del sistema judicial, el derecho a la justicia continuará limitado en la República Argentina”, fue la respuesta del Gobierno, en un mensaje poco encriptado que parece apuntar por igual a Cristina Fernández y a Mauricio Macri, ambos con problemas no resueltos en la Justicia.

La intransigencia oficial abre un escenario de conflicto de poderes. No hay jurista que avale la continuidad de García-Mansilla, quien ya había jurado previamente y ahora no quiere abandonar la Corte. Los que piden su salida, advierten que todo lo que decida estará viciado de nulidad. El tiempista Ricardo Lorenzetti dijo que él no hubiera entrado por decreto. Justo la imagen que necesita la Argentina en momentos -casi desesperados- en los que debe dar garantías de seguridad jurídica y cohesión política para conseguir los auxilios financieros de los que depende la supervivencia del propio Gobierno

Los senadores que votaron en contra de García-Mansilla dejaron otro argumento difícil de contrarrestar: la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la Comisión de Acuerdos, disparó “¿Nos mintió o es manipulable por el Poder Ejecutivo y por eso asumió? En cualquier caso, se demuestra la falta de idoneidad”. Es que el hoy okupa en la Corte, había dicho que no quería entrar por decreto, como finalmente hizo. ¿Qué lo hizo cambiar de parecer? 

Los que votaron a favor, como los senadores de Innovación Federal, lo hicieron con la premisa de dar gobernabilidad. Pero lejos estuvo de alcanzar. 

Con respecto al pliego del juez que ya forma parte del máximo tribunal de justicia, tuvo 20 votos a favor, pero 51 en contra. Eduardo Vischi, Carolina Losada, Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Pablo Blanco, Flavio Fama, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Stella Olalla y Rodolfo Suárez del radicalismo rechazaron cada pliego en ambas votaciones. Misma postura tomaron Alfredo de Ángeli, Martín Goerling Lara, Guadalupe Tagliaferri y Victoria Huala del Frente Pro, habitual aliado de La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich habló de una “vendetta” de Mauricio Macri: “Se juntó con el kirchnerismo para voltearle un decreto a Milei”, se quejó la ministra de Seguridad le adjudicó al expresidente un rol decisivo en la votación del Senado. “Él está con bronca, no quiere aceptar que al Gobierno le va bien”, apuntó sobre el fundador de PRO. Más allá de la interna expuesta, la hoy fanática libertaria -como antes macrista y antes aliancista y…-, podría haber elegido mejores palabras: vendetta significa venganza, y se refiere a rencillas entre grupos, clanes o familias, particularmente de la mafia italiana, la tierra de origen del apellido del ex presidente. 

Lo cierto es que más que una vendetta, la votación en contra se veía venir desde hace tiempo. “Desde el primer día que presentaron el pliego dije públicamente que iba a votar en contra de Lijo. Y de García-Mansilla, porque aceptó ser designado por decreto cuando él mismo dijo en la audiencia del Senado, que no aceptaría ser designado por decreto en comisión. No es correcto utilizar la vía del decreto estando el Congreso en funcionamiento. En todo caso, el Ejecutivo debería haber retirado los pliegos, al no haber alcanzado los consensos necesarios y enviar otros jueces. También considero que es indispensable una mujer en la Corte”, detalló Goerling, un hombre de las filas de Bullrich y oficialista desde el minuto cero. 

Lejos de las teorías conspiracionistas, el fallido del Senado es un reflejo de la sinuosa gestión del Gobierno, que no construye vínculos políticos y que se encierra en resultados económicos que todavía no están sólidos. La contención de la inflación ha sido la gran bandera, pero no es una batalla ganada ni mucho menos. La inflación de alimentos acumulada en las últimas cuatro semanas trepó a 3,8%, el valor más alto desde mayo de 2024. El promedio mensual se mantiene en torno al 3%, en línea con la dinámica de febrero, anticipan las principales consultoras. 

La urgencia con la que el Gobierno pidió auxilio al Fondo Monetario Internacional es una señal clara de que los resultados económicos no son los deseados. La falta de dólares es acuciante y los respaldos son más simbólicos que concretos. El directorio del FMI no logró llegar a un acuerdo sobre el primer desembolso del préstamo para la Argentina, que quiere una cuota “generosa” para fortalecer reservas en momentos en que la economía global está entrando en una etapa de incertidumbre por la guerra comercial desatada por los aranceles de Donald Trump. El amigo del norte no dejó fuera a la Argentina de sus tributos, lo que encarece las exportaciones argentinas, ya golpeadas por un tipo de cambio anclado y costos internos que se dispararon. La industria forestal atraviesa su “peor momento” señaló en un documento la Apicofom, una de las entidades empresarias emblemáticas de la actividad. “El mercado interno está paralizado, las ventas son casi inexistentes y los plazos de pago se alargan indefinidamente. A la vez, el mercado internacional se vuelve inaccesible por falta de competitividad, agravada por una guerra comercial entre las principales potencias que alimenta la incertidumbre y paraliza las decisiones de inversión y producción”, alertaron los empresarios. 

La guerra comercial no es una buena noticia para las exportaciones argentinas ni para el comercio mundial. Se espera una caída del 1 por ciento global. Arancel por arancel, el mundo quedará pobre, definió hace unos días en una columna de Economis, Guillermo Knass. El aumento de aranceles sube costos y esto aumenta la inflación en Estados Unidos y anticipa tasas de interés al alza. El costo de endeudarse será más alto, justo cuando Argentina necesita ir al mercado.

Milei viajó a Washington con la esperanza de tomarse una foto con Trump y traer alguna noticia que alivie las tensiones. No la consiguió y su visita terminó en un escándalo poco diplomático según relató Glenn Parada, uno de los responsables de la gala “American Patriots” realizada en Mar-a-Lago, la residencia del Presidente de Estados Unidos. “Todo estaba planeado para que se encontraran. Milei aceptó venir por eso. Los pusimos juntos para que se puedan reunir. Pero a los 15 minutos de que se fue la delegación argentina, llegó Trump”, señaló.

Cuando se le preguntó específicamente por la actitud del canciller Gerardo  Werthein, Parada no dudó: “Sí, estaba muy enojado. Se lo notaba molesto, se fue a los gritos”. ¿Habrá sabido Milei que Trump no iba a hacer concesiones? Como fuere, el enésimo viaje presidencial no arrojó resultados positivos para mostrar. 

Ese caótico escenario obliga a refugiarse en el territorio. La suerte de las economías regionales está atada a la gestión local. El Gobierno provincial busca abrir canales de negociación para fortalecer empresas locales. En esa línea, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli y el secretario de Hacienda, Adolfo Safrán, se reunieron con el Banco Interamericano de Desarrollo para gestionar líneas de crédito en dólares para empresas misioneras. En el paquete hay 200 millones de dólares listos para financiar exportaciones y dar garantía a otras operaciones.

En el plano político, la Renovación marcó el pulso con la presentación en sociedad de sus principales candidatos legislativos. Junto a Sebastián Macías, otros siete nombres ya fueron conocidos, en una amalgama de experiencia, territorialidad y juventud, no exenta de compromiso con el “misionerismo”, aunque las raíces sean diversas. Sobre todo en los jóvenes es donde se aprecia una puntillosa selección: profesionales, especializados y con compromiso social. 

En la oposición el escenario es diametralmente distinto. La alianza Unidos por el Futuro no sale de los nombres conocidos ni puede detener la fuga de dirigentes hacia la Libertad Avanza. El macrismo duro también está fragmentado. El diputado Miguel Núñez -vicepresidente del PRO- abrió una nueva fisura al anunciar un espacio propio que desafía a la alianza entre el partido y los radicales. Dijo que como candidato a diputado irá el ex policía Ramón Amarilla, quien está preso a la espera del juicio por sedición y conspiración, durante la revuelta policial del año pasado. Con un video repasando el rol de Amarilla como principal vocero de la protesta y acampe policial durante mayo de 2024, el diputado Miguel Núñez (PRO) confirmó que el ex suboficial mayor tomó “la decisión de dar pelea desde otro lugar” y competirá en las legislativas desde la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde permanece detenido.

La situación de Amarilla en la justicia es compleja. En el Juzgado de Instrucción Nº 6, Secretaría Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, se tramita la causa identificada como Expte. Nº 64913/2024 “Agente Fiscal N° S/Eleva Denuncia N° 93, 94, 95 y de la 109 a la 126”, donde se investigan presuntos delitos de usurpación, daños, daños e interrupción de los servicios públicos y de comunicaciones, intimidación e incitación a la violencia, peligro de incendio de arsenal, supresión de datos de comunicaciones, encuadrados en los artículos 181, 183, 184 inciso 6, 186 inciso 3, 153, 194 y 212 del Código Penal Argentino y/o los que surjan de la investigación.

A su vez, en el Juzgado de Instrucción Nº 3, Secretaría Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial de Posadas, se instruye el Expte. Nº 121199/2024, caratulado “Morel, Juan Osvaldo s/ denuncia. Expte ‘J’ Nº 520/2024-UR-X”, causa en la que el magistrado interviniente ordenó la detención de Amarilla mediante el Oficio ID 26323976, de fecha 19/09/2024.

Núñez ratificó la candidatura del referente de la fuerza provincial, aunque no brindó detalles sobre la conformación completa de la lista, ya que “se está definiendo cómo será el lanzamiento de él”, y aseguró que “nada le impide ser candidato“. La ficha limpia no aplica para todos. Sin dudas, los problemas judiciales enturbiaron la base política de la oposición. El escándalo de pedofilia de Germán Kiczka golpeó de lleno a la alianza Cambiemos, hoy mutada en Unidos por el Futuro y las tensiones internas se hicieron más evidentes que nunca. El inicio del juicio al ex diputado de Activar concita la atención de todo el país y desnuda las interrelaciones dentro de la alianza. Los amigos ya no atienden el teléfono y lo desconocen, aunque estuvo en diversas listas y aparecía en todas las fotos. Su amigo y socio político, Pedro Puerta, se negó a presentarse a declarar en el tribunal y amparado en sus fueros parlamentarios -pese a que hace varios meses que no aparece por la Legislatura-, sólo responderá preguntas por escrito. La fiscalía quiere ahondar sobre su relación, mensajes comprometedores y una complicidad que quedó grabada en el célebre streaming en el que el hijo del ex gobernador confesaba usar un “yuyito” del amor para conseguir favores sexuales de “guainas, guainos o gurises”.

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