Corte

La Corte Suprema revocó la absolución de militares

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Se trata de acusados de haber fusilado a tres presos políticos. Se trata de Víctor Pino Cano, de 86 años, y Osvaldo César Quiroga, de 72.
La Corte Suprema revocó la absolución de dos militares que fueron juzgados junto a Jorge Videla y Luciano Benjamín Menéndez en 2010, en un juicio en el que están acusados deltraslado y posterior fusilamiento de tres presos políticos cautivos en Córdoba, en el invierno de 1976.
Se trata de Víctor Pino Cano, de 86 años, y Osvaldo César Quiroga, de 72, quienes habían sido beneficiados con la absolución en primera y segunda instancia.
Con los votos a favor de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, y el voto en disidencia del cordobés Juan Carlos Maqueda, la Corte resolvió –el pasado martes 10– “declarar procedentes los recursos extraordinarios interpuestos por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal y por la querella, y dejar sin efecto la sentencia en cuanto confirmó las absoluciones de Víctor Pino Cano y Osvaldo César Quiroga en relación a los homicidios de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo, para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí decidido”.
Se trata de una decisión inédita en juicios por crímenes de lesa humanidad. El fiscal Maximiliano Hairabedián señaló en declaraciones al diario Página 12 que “no se hará un nuevo juicio” y que a partir de la decisión de la Corte, “una sentencia condenatoria podrá ser dictada por un Tribunal Oral o por una sala de la Cámara de Casación”. “Estoy muy contenta. En este contexto que estamos viviendo no me lo esperaba. Pasaron siete años desde esa tarde terrible. De ese mazazo para mi familia y las de los compañeros de muerte de mi marido”, señaló a su vez Raquel Altamira, la viuda de Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), fusilado a los 35 años junto a Gustavo Adolfo de Breuil, de 23, y Arnaldo Higinio Toranzo, de sólo 19.

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Fondo Conurbano: Misiones presenta este viernes la contestación de demanda ante la Corte

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Se trata del litigio impulsado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en reclamo de la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense, iniciativa que pone en riesgo a todas las economías provinciales.
Este viernes 29, fecha dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  Misiones hará la presentación contestando la demanda planteada por la Provincia de Buenos Aires.
El escrito fundamenta la defensa absoluta de los intereses de la Provincia de Misiones cuyos recursos se ven seriamente  amenazados de prosperar la presentación judicial interpuesta por Buenos Aires a las restantes jurisdicciones provinciales.
Se estima que si la Corte falla a favor de María Eugenia Vidal, la gobernadora bonaerense se alzaría con 53 mil millones de pesos este año y Misiones podría perder el equivalente a dos masas salariales, es decir unos tres mil millones de pesos este año.
El planteo de Misiones es que la disputa debe resolverse a través del Congreso y no por la vía judicial, elegida por Vidal justamente para saltar la discusión política. El gobernador Hugo Passalacqua fue claro: “No estamos en contra del reclamo, pero no debe hacerse a costa de los recursos de los misioneros”.
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Nueva cumbre de gobernadores en defensa de los recursos provinciales

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A días de que el Ejecutivo nacional presente el proyecto de la Ley de Presupuesto 2018 y con un escenario de congelamiento de fondos para el año entrante, la liga de gobernadores se vuelve a reunir y suma cada vez más sillas a la mesa.

Con el pedido judicial de la administración bonaerense de eliminar el tope para el Fondo del Conurbano, las posibilidades de modificar la Ley de Coparticipación y la continuidad del impuesto al Cheque como telón de fondo, la reunión entre los jefes de estados opositores que había sido pautada para la semana pasada se realizará el próximo miércoles y contará con la presencia de más gobernadores.

La escasez de fondos que la administración nacional dejó trascender y el congelamiento de los montos para obra pública prendieron las luces de alerta de los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada que entienden que pueden ver comprometidas las cuentas en 2018.

Tanto es así que a los que ya confirmaron la presencia al encuentro que se desarrollará en la Casa de San Juan, de esta capital, el anfitrión Sergio Uñac y sus pares Domingo Peppo (Chaco); Carlos Verna (La Pampa); Gildo Insfrán (Formosa); Juan Manuel Urtubey (Salta); Roxana Bertone (Tierra del Fuego); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Juan Schiaretti (Córdoba); Juan Manzur (Tucumán) y Lucía Corpacci (Catamarca).

Como representante del peronismo bonaerense el que asistirá es el candidato a senador Sergio Massa, el cual fue invitado por el gobernador Casas la semana pasada.

Pero esta vez será amplio el encuentro y se sumarán gobernadores de buena relación con la Casa Rosada. Así que se espera la llegada de los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Ricardo Colombi (Corrientes), como así también el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalaqua (Misiones) y Omar Gutiérrez (Neuquén).

La Casa Rosada tomó nota que ya no son solo los gobernadores PJ sino que algunos amigos cercanos decidieron acercar su silla a la mesa en donde se planteará una estrategia común en la discusión de los fondos coparticipables. Y más sabiendo que la postura de los gobernadores los apunta directamente, ya que repiten todo el tiempo la frase de “el reclamo es entendible, pero quien debe pagar la diferencia es la Nación”.

Frente a esto, en los últimos días desde el Ministerio del Interior explicaron que, de mantenerse el tope de $ 650 millones para Buenos Aires, las proyecciones plurianuales del Presupuesto 2017 muestra que quitando la Ciudad Autónoma que no recibe esta coparticipación la provincia que gobierna María Eugenia Vidal es la que menos recibirá este año en el que se repartirán $ 54.255 y se mantendrá en el último lugar hasta el 2019, año en que se estima que los fondos alcanzarían los 74.000 millones de pesos.

La intención del encuentro en lograr un bloque común para no perder ingresos algo que ya quedó plasmado en la decisión por unanimidad de los 20 fiscales de Estado de llevar adelante una estrategia judicial conjunta para responder la demanda en la Corte de cara a la discusión del presupuesto para el año próximo.

Como una de las ideas que se baraja es la de pedir un incremento en la coparticipación del Impuesto al Cheque (hoy es del 30%) a cambio de los votos que el Gobierno necesita en la Cámara alta para prórrogarlo un año más.

Además, y de cara a la reforma tributaria que dice estar trabajando el gobierno nacional, los jefe de estados provinciales llevarán a la mesa opciones respecto al Impuesto de Ingresos Brutos, algo que todos señalan necesario intentan solucionar para poder reducir los costos en el interior.

En la Casa Rosada leen sin embargo como “natural” la asistencia de los mandatarios de Cambiemos a la reunión porque “defienden los intereses de sus provincias”.

También se preocupan en aclarar que el destinatario de la instantánea no será Mauricio Macri sino la Corte, que es la que debe fallar en -enfatizan- “un conflicto entre provincias”. También remarcan que esperarán el fallo del máximo tribunal, para recién luego convocar a los gobernadores para explorar un acuerdo en el reparto de fondos.

Pero los Ejecutivos provinciales miran, en definitiva, al Presidente, ya que reclaman que la encrucijada no sea resuelta por la Justicia sino con una salida política, vía una reforma fiscal en el Congreso.

La estrategia apunta entre otros ejes a cosechar una mayor coparticipación del Impuesto al Cheque, del Fondo Sojero y del Fondo Vial, además de que entre en ese régimen el reparto de ATN, que hoy se da de manera discrecional. Una pieza clave en esta estocada, como articulador, es el titular del bloque del PJ en el Senado, Miguel Pichetto.

La pulseada se inserta además en otras dos discusiones macro: la de la nueva ley de coparticipación -en Nación esperan enviar el proyecto al Senado a más tardar a comienzos de 2018- y la de una reforma fiscal. Para la primera, en los hechos la demanda de Vidal actúa como catalizador. Para la segunda, los mandatarios advierten que están dispuestos a bajar la presión impositiva si hay una compensación en materia de mayores ingresos por otra vía.

La preocupación no es antojadiza: Vidal batalla en el máximo tribunal la voladura del techo de $ 650 millones al Fondo del Conurbano, que rige desde 1996. Una aspiración que de contar con viento judicial a favor derivaría en unos $ 50 mil millones anuales adicionales para el distrito, en detrimento del resto de las provincias.

La puja es fuerte: el año que viene el reparto entre los gobernadores en este concepto -se nutre del 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias- será del orden de los $ 64.911 millones.

Por eso la coalición peronista amplió la estrategia para cobijar además a caciques de otros signos políticos, incluidos los de Cambiemos. Moderará para eso hoy su discurso de defensa de sus recursos, aunque sin perder firmeza, pero ganará en volumen político al ampliar la instantánea a buena parte del país.

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Fuerte rechazo de diputados misioneros al fallo de la Corte sobre la potestad de Cataratas

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La Cámara de Diputados aprobó un repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la creación del Parque Provincial Iguazú en defensa de los recursos naturales que rodean a las Cataratas.

En la misma línea, los diputados renovadores impulsaron la ratificación de la vigencia de la ley de creación del Parque Provincial Iguazú, que ahora está “congelada” por el fallo de la Corte.

La diputada Claudia Gauto recordó que la creación del Parque Provincial fue aprobada por unanimidad el 30 de octubre de 2008. Comprende el sector argentino del río Iguazú, extendiéndose desde la línea de ribera en costa argentina hasta el límite internacional con Brasil y desde el límite este de Misiones, en la desembocadura del río Iguazú en el río San Antonio, hasta una línea imaginaria como límite al oeste, trazada 200 metros aguas arriba del emplazamiento del puente internacional que comunica a la Argentina con Brasil, como así también las islas formadas en el lado argentino del cauce del río.

Justamente, esta delimitación fue la que desconoció la Corte en su fallo, desconociendo la creación del parque en toda su extensión, protegiendo únicamente los intereses de Parques Nacionales en los saltos que componen las Cataratas del Iguazú, cuyo atractivo financia el resto de los parques nacionales del país.

Los legisladores misioneros recordaron que la ley de creación del Parque Provincial se fundó en el dominio y jurisdicción que tienen las provincias sobre los ríos que surcan sus territorios y las disposiciones del artículo 124 –último párrafo- de la Constitución nacional, que reconoce a los recursos naturales como dominio originario de las provincias. Las aguas superficiales y subterráneas configuran “evidentes recursos naturales”, que, como tales, pertenecen al dominio público y se encuentran bajo jurisdicción provincial.

Para los diputados provinciales, “por sobre las sentencias de hombres falibles, hay una geografía que es inmodificable por un fallo amañado e injusto y que obedece a otros intereses muy distantes a los de los misioneros, quienes solo buscamos hacernos cargo del cuidado y protección de lo que es nuestro”.

“Subyace en el fallo de la Corte la concepción de que las provincias no somos capaces de hacernos cargo del cuidado de nuestros recursos naturales y de que solo la administración federal tiene las competencias y virtudes para hacerlo. Veintidós parques provinciales, reservas privadas, paisajes protegidos, parques municipales, reservas de uso múltiple y todo el sistema de áreas naturales protegidas que conforman las más de 400 mil hectáreas bajo nuestro cuidado, muestran la falacia del análisis de los supremos. En el fallo, el esquema de pensamiento unitario esta tan vigente como en el inicio de nuestra historia”, cuestionaron.

El rechazo de los legisladores se suma a la iniciativa presentada por la senadora Sandra Giménez, quien en la Cámara alta, reclamó que el Parque Nacional Iguazú vuelva a manos de Misiones.  

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Después del reclamo de Passalacqua, la Corte quiere saber si Misiones iniciará pelea judicial por la coparticipación

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Pasadas las elecciones PASO, las provincias se preparan para encarar una nueva discusión por los fondos. Con la mirada puesta en lograr una nueva Ley de Coparticipación, los gobernadores del PJ cerraron filas y llamaron a defender sus ingresos frente al impulso de la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, que ayer volvió a reclamar por el fondo del conurbano.

Ahora, la que se sumó al debate fue la Corte Suprema de Justicia, que el jueves pasado emitió 17 fallos por los que emplaza a la misma cantidad de provincias a que definan si van a elegir el camino judicial o la negociación con el Estado nacional por la devolución del 15% de la coparticipación que dejaron de recibir para financiar a la ANSeS.

Ese mismo día, el gobernador Hugo Passalacqua había enviado una nota a la Corte pidiendo audiencia para frenar el reclamo de Vidal de incrementar el Fondo del Conurbano Bonaerense con la fórmula original del 10 por ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Passalacqua no se opone al planteo de Vidal, pero advierte que la reasignación de recursos no debe salir de las cuentas provinciales.

Las notas de la Corte, que llevan la firma del presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y de los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, atañen a las provincias de Buenos Aires; Santiago del Estero; Salta; Tierra del Fuego; Santa Cruz; Jujuy; La Pampa; Formosa; Misiones; Tucumán; San Juan; Chaco; Río Negro; Neuquén; Catamarca; Mendoza y La Rioja.

“La intención de la medida tomada por la Corte es propositiva. Lo que se buscó con esto es darle celeridad al tema con el objetivo de saber qué provincias van a mantener la acción legal para de esa manera darle traslado a cada jurisdicción o si siguen negociando en el marco del acuerdo de para impulsar una Ley Federal de Coparticipación”, explicó una fuente del Palacio Judicial a El Cronista.

“El resto de las provincias que no fueron comunicadas es porque se encuentran en diferentes situaciones legales, como Santa Fe que tiene fallo favorable, o Córdoba y San Luis”, agregó la misma fuente.

Los fallos fueron publicados el pasado 10 de agosto y les otorga un plazo de 10 días a cada una de las jurisdicciones para que respondan el camino que seguirá, por lo que las provincias tienen tiempo hasta el próximo jueves 24 para responder el escrito. “El objetivo final es que cad provincia diga me puse de acuerdo en esto con el Gobierno nacional y lo mantengo”.

En la Casa Rosada afirmaron que los fallos ayudarán a “encaminar la discusión”.

“Entendemos que lo que la Corte busca con esto es una definición de una de las partes para saber qué camino a seguir. Era algo acordado con el Gobierno, en donde lo que se plantea es que nosotros hicimos una propuesta que los gobernadores firmaron una carta de intención en esa línea”.

A diferencia de la explicación propositiva que dieron en el Palacio de Justicia, la lectura que hacen en la administración nacional es que “esto le servirá a la Corte para, si los distritos optan por la negociación, poder descartar cualquier tipo de denuncia que se intente plantear”.

La oferta que presentó en mayo del 2016 el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, establecía el pago durante el año pasado de 3% en efectivo y de un 6% en un préstamo de la ANSES vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con una tasa del 15% anual los dos primeros años, y del 12% los dos segundos.

La propuesta se completa con una devolución del 3% anual hasta 2020.

“Nosotros lo que propusimos es un formato hacia adelante, la discusión de lo adeudado está abierta porque ningún gobernador se iba a animar a firmar algo que le pudiera significar la posibilidad de un juicio político por no reclamar lo que le corresponde”, agregaron desde el Gobierno.

Así figura en el artículo 4 de la carta de intención suscripta entre los 24 distritos y el Gobierno nacional en donde se deja en claro que la firma del acuerdo “no implica la renuncia de los reclamos administrativo y/o judiciales”.

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