El mandato del presidente de Brasil, Michel Temer, quedó hoy en manos del Tribunal Superior Electoral, que debe evaluar si hubo irregularidades o delitos de corrupción en la financiación de la campaña vencedora de Dilma Rousseff en 2014, de la que fue vicepresidente y ahora busca ser juzgado en forma separada para evitar ser destituido en caso de condena.
Este proceso ante la justicia electoral pone nuevamente a Brasil dentro de la inestabilidad institucional, a menos de un año de la destitución de Rousseff como presidenta vía un juicio político que es calificado por la oposición a Temer como un “golpe parlamentario” dado que el Congreso la desplazó del poder bajo un cargo menor: irregularidades contables en el presupuesto.
“Este proceso puede terminar en una elección indirecta de un nuevo presidente por parte del Congreso, en caso de que Temer sea destituido, aunque preveo que los plazos no serán cortos”, dijo a Télam el abogado Fernando Neiffer, presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Instituto de Abogados de San Pablo (IASP).
Lo cierto es que una nueva batalla política guiada por la delación de los ejecutivos de Odebrecht se trabará en la justicia electoral, luego de que el instructor del caso, el juez Herman Benjamin, entregara su informe luego de recolectar las pruebas en el proceso.
Todo está dominado por la declaración que dieron al máximo tribunal electoral los ex ejecutivos de la constructora Odebrecht, uno de los cuales, Claudio Melo Filho, acusó a Temer de pedirle tres millones de dólares en 2014 para su fuerza, el Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil (PMDB), distribuidos en efectivo y en forma ilegal.
Pero también Marcelo Odebrecht, heredero del imperio de la ingeniería condenado a 19 años de prisión que en diciembre podrá quedar libre debido a su delación premiada, dijo que Rousseff “sabía” que él le pagaba ilegalmente en paraísos fiscales en el exterior a su publicista de campaña, Joao Santana.
Sin embargo, el empresario “arrepentido” admitió que nunca habló con Rousseff sobre ese asunto.
Rousseff y Temer pidieron anular las declaraciones de Odebrecht porque forman parte de la Operación Lava Jato y de un acuerdo de delación premiada.
El pedido de esta investigación fue realizado por el candidato derrotado por Rousseff en 2014, Aecio Neves, senador y presidente del Supremo Tribunal Federal (STF).
Como una paradoja de esta crisis que se parece a un juego de matrioshkas, las muñecas rusas que se van sucediendo una dentro de otra, Neves se alió a Temer en 2016 y formaron un programa de gobierno y una fuerza parlamentaria que retiró a Rousseff del poder.
A esta acusación de Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Rousseff la calificó de “golpe dentro del golpe”.
Es que Neves pidió ayer que sean separados los procesos de Temer y de Rousseff.
“Es algo muy difícil que eso ocurra, desafía a toda la jurisprudencia, pero todo dependerá de la visión de los miembros del tribunal electoral. Personalmente no creo que todas las apelaciones, sea como sea el resultado, terminen resueltas antes de las elecciones de 2018”, comentó el abogado Neiffer a Télam.
En caso de que Rousseff y Temer sean condenados, estarán inhabilitados para cargos públicos por 8 años.
El gran protagonista de todo este asunto es una de las figuras más polémicas del llamado “Mundo Brasilia”, el presidente del tribunal electoral, Gilmar Mendes, también integrante de la corte suprema y asiduo visitante a cenas y almuerzos al Palacio del Jaburú, la residencia de Temer en Brasilia.
Mendes fue abogado del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y es tal vez el juez más poderoso del país, al punto que varios columnistas de los principales diarios han considerado el domingo pasado que el magistrado es un candidato para ser electo en forma indirecta por el Congreso como presidente en caso de una condena rápida de Temer.
El Tribunal Superior Electoral está compuesto por siete jueces, tres del STF, dos miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y otros tantos abogados elegidos por el presidente de la República.
A los dos abogados actuales se les vence el mandato en mayo y Temer debe nombrar a otros dos, con lo cual su situación contaría con cierta ventaja.
Para acelerar los tiempos, el presidente del tribunal, Mendes, dijo que convocará a sesiones extraordinarias para terminar la sesión.
Según la Constitución, si el vacío en el Poder Ejecutivo se da en los dos últimos años del mandato (el actual terminar el 31 de diciembre de 2018), el reemplazo es mediante una elección indirecta en el Congreso, ampliamente dominado por la alianza PMDB-PSDB de Temer y Aecio Neves.
De acuerdo a filtraciones a la prensa, el instructor del caso se inclina por la condena contra la fórmula Rousseff-Temer por abuso de poder económico.
El recaudador de la campaña de Rousseff, Edinho Silva, alcalde de la ciudad paulista de Araraquara, negó que hayan existido pagos de caja dos a la campaña de Rousseff ya que hubo un pago de 70 millones de reales (unos 22 millones de dólares) al publicista Santana.
Odebrecht dijo que le pagó dinero directamente a Santana en cuentas en el exterior supuestamente en nombre del Partido de los Trabajadores (PT) para abonar gastos de campañas, un argumento que rechaza Rousseff.
“La pelota está en manos de Gilmar Mendes, que podrá llevarla al punto del penal o tirarla a la tribuna. El está acusado de ser cercano al gobierno de Temer. Sobre dividir la fórmula presidencial Rousseff-Temer, será algo exótico: los votos de Dilma sirvieron para elegir a Temer pero dejarán de valer para destituirlo”, apuntó el columnista Bernardo Mello Franco, de Folha de Sao Paulo.
