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Una comuna paraguaya se declaró en quiebra y acusan a las autoridades anteriores

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La municipalidad de Villarrica, en el departamento paraguayo de Guairá, se declaró en quiebra por una deuda equivalente a 1,6 millones de dólares, aparentemente por una presunta malversación de las anteriores autoridades, informó hoy la prensa local.

El intendente Magín Benítez anunció que la comuna está “técnicamente en quiebra”, como consecuencia de la deuda, de la que responsabilizó a sus antecesores Gustavo Navarro y Alejandro Aguilera, contra quienes presentó una denuncia.

“Estamos técnicamente en quiebra con una deuda que asciende más de 11.000 millones de guaraníes, según el corte administrativo, pero cada vez que nosotros nos interiorizamos en la administración de nuestro municipio esa deuda asciende”, manifestó Benítez, según el sitio del diario Última Hora.

Advirtió además que la administración está totalmente “huérfana de documentos” y que también existe un faltante de más de 2.000 millones de guaraníes (293.000 dólares) en el estado financiero.

“Además, encontramos otras irregularidades y una deuda con el funcionariado; hay más de cinco o cuatro meses de salario que no están percibiendo”, explicó.

Entre las situaciones curiosas, el intendente reveló que Villarrica tiene deudas por la construcción de una terminal de ómnibus, que la comuna no tiene.

“El saqueo revela que el mecanismo que estuvo vigente, no solo en la Gobernación del Departamento Central, Asunción, sino también en otras ciudades como Villarrica, mientras la gente moría en los pasillos. Estos colorados de la claque robaban de manera alevosa y esto no puede quedar impune”, remarcó la diputada Kattya González, quien acompañó la denuncia de Benítez.

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La deuda pública misionera está en su punto más bajo del último quinquenio

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Ya a finales del 2019, cuando el gobierno nacional del ex presidente Macri comenzaba a despedirse del poder, comenzó a tomar más fuerza el problema de la deuda. De hecho, el punto central de la problemática fue el reperfilamiento de deuda que estableció el ex mandatario durante los últimos meses de su gestión. 

 

Ante ello, el 2020 se inició con la deuda pública como uno de los pilares centrales a resolver, particularmente en la negociación de tenedores de bonos y títulos argentinos en el exterior. Antes de poder llegar a una solución, vino la pandemia: cachetazo para las arcas públicas en sus primeros meses, pero la negociación siguió en pie y, tras largos meses de negociaciones, el ministro Martín Guzmán logró cerrar el acuerdo. 

 

En medio de todo ello, comenzó un segundo problema relativo a la deuda pública: el pasivo de las provincias, donde una buena parte de la explicación del problema que atravesaban correspondía a lo sucedido algunos pocos años antes. 

 

Todos recordaremos que la primera medida fuerte del gobierno de Macri tras asumir, fue el arreglo con los holdouts (famosos en la Argentina por ser llamados fondos buitres), efectivizando el pago de deuda reclamada, lo que posibilitó una fuerte apertura del crédito extranjero para el país. En ese contexto, las provincias se sumaron a este envión, colocando títulos de deuda en el exterior, regidas bajo leyes de Nueva York y, por supuesto, en dólares, durante 2016 y 2017. 

 

Algunas provincias tuvieron condiciones algo más favorables en función de su propio historial crediticio y de factores endógenos (si la deuda está garantizada por regalías, por ejemplo), y otras tuvieron posibilidad de acceder a crédito algo más caro, pero que, en la proyección estimada de crecimiento para esos años, más el supuesto de equilibrio y estabilidad cambiaria, generaba la expectativa de solvencia.

 

¿Qué vino luego de esto? Corrida cambiaria del 2018, que disparó el valor del dólar, inicio de recesión, freno de la actividad, caída en recaudación, y casi dos años después, pandemia, que fue la trompada final a cajas provinciales que, en su gran mayoría, traían un fuerte stress. 

 

Todo esto generó que sean las provincias las que inicien sus propios procesos de negociación con tenedores de sus títulos para reestructurar los mismos: un proceso similar al realizado por la Nación, pero con las provincias ahora como protagonistas. 

 

Doce fueron las provincias que iniciaron este camino, y cuatro lo hicieron en una situación de default. De ese total, diez ya lograron cerrar sus acuerdos (Mendoza, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Córdoba, Chubut, Neuquén, Río Negro, Chaco y Buenos Aires – que tuvo la negociación más tensa y larga, cerrada apenas días atrás); una está a días de culminar el proceso formal de cierre de acuerdo (La Rioja); y otra aún continúa negociando, pero lo hace pagando normalmente sus servicios de deuda, evitando así todo tipo de conflicto en el medio de los diálogos (Tierra del Fuego)

 

Naturalmente, iniciar un proceso de reestructuración de títulos de deuda en moneda extranjera pone de manifiesto un problema de caja y de flujo de pago, y detrás de ello se esconden dos cosas: la posibilidad de insolvencia, pero también, y quizás lo más relevante en este contexto, la priorización de recursos de la gestión provincial, que debe destinar una importante masa (dependiendo el caso) de recursos para cumplir sus compromisos.

 

El repaso de esta historia tiene un sentido: en el listado de provincias que reestructuraron (o en están aún en proceso) no se observa a Misiones. Primer punto a favor para la provincia: no solo no debió reestructurar deuda, sino que ni siquiera tiene títulos extranjeros en dólares. Por ende, no sufrió ni la corrida cambiaria ni los altos volúmenes de pago por servicios de deuda que tenían otros distritos

 

Pero la situación es aún más auspiciante para Misiones cuando analizamos el stock de deuda de la provincia: si observamos los datos del período 2017 – 2021, actualmente Misiones está en su nivel más bajo de deuda pública al medirlo en moneda constante. 

 

Veamos de qué se trata esto. En primer lugar, cabe destacar la aclaración del motivo por el cual tomamos este período de análisis, y tiene que ver con un aspecto metodológico fundamental: el IPC. 

Recordemos que la gestión Macri impulsó una nueva serie de medición del alza de precios que tiene como base a diciembre de 2016, e incluye no solo la medición nacional sino también regional. Por ese motivo, y para utilizar una sola serie del índice de precios, particularmente la referida a la de la región del NEA, tomamos en consideración el periodo 1º trimestre 2017 como inicio del análisis, hasta el 2º trimestre 2021, que son los últimos datos disponibles. 

 

Los datos de este último período mencionado nos dicen que el stock de deuda pública de la provincia de Misiones es por un total de $12.075,2 millones: tiene un incremento del 25,4% a pesos corrientes, respecto a igual período del 2020; y en ese marco, el 64,1% del total del stock de deuda es con el Gobierno Nacional y un 34,3% en Títulos Públicos, entre otros.

 

Sin embargo, si medimos el stock de deuda pública misionera en moneda constante, como se indicó anteriormente, observamos que en este 2º trimestre 2021 Misiones tiene el stock más bajo de toda la serie analizada. Dicho de otro modo, la provincia sostuvo un proceso de desendeudamiento progresivo que permitió que hoy esté en su nivel más bajo.

 

 

 

Como frecuentemente lo indicamos, tener un bajo stock de deuda pública es una ventaja comparativa en relación a otras jurisdicciones, no solo porque no sobrecarga al gasto, sino porque, además, incluso, permite tener latente la posibilidad de salir al mercado en búsqueda de financiamiento más barato para la ejecución, por ejemplo, de alguna obra de gran magnitud. 

 

Ahora bien, la fortaleza misionera en este caso no se trata solamente de un bajo stock de deuda pública, sino de su vinculo con los ingresos y con el gasto.

 

Como primer punto, veamos el stock en relación a los ingresos de la provincia. Como el último dato disponible corresponde al segundo trimestre 2021, podemos comparar entonces cuanto pesa el stock de deuda provincial sobre el total de los ingresos de ese mismo período, respecto a años anteriores. 

 

Aquí volvemos a ver un piso: tomando los segundos trimestres del período 2017-2021, en la actualidad el stock de deuda es el de menor peso sobre los ingresos: equivale a solo el 12,1%, cuando en el 2017 era del 29,4% de los ingresos totales del período. Aquí juegan en conjunto dos factores: la baja del stock real y el fuerte incremento real de los recursos que tuvo la provincia en este período. 

 

 

En la actualidad (2º trimestre 2021) sobre un total de doce provincias que tienen datos actualizados de sus stocks de deuda, Misiones tiene la segunda proporción stock/ingresos de todo el país, solo por encima de Formosa. Esto pone una vez más de manifiesto la situación beneficiosa en este punto particular que tiene Misiones respecto a otras jurisdicciones, que parte de la propia administración y gestión de los pasivos. 

 

 

El segundo punto fundamental de la relación del stock con otras variables, es al observar los servicios de deuda (es decir, los pagos) en relación al gasto de la provincia. Considerando nuevamente los segundos trimestres para el período 2017-2021, en la actualidad el peso del pago de servicios de deuda se encuentra en su piso, cuando se lo relaciona con el gasto total: representan apenas el 0,4% del gasto total misionero. 

 

En este punto, cabe destacar que en todo el período analizado el peso de los servicios de deuda ha sido históricamente bajos, sin llegar en ningún caso al punto porcentual. Esto se trata de un dato fundamental importancia: a menor carga de pago de deuda, se direcciona el gasto hacia otras prioridades de la gestión de gobierno que hacen al desarrollo provincial. Menos peso de la deuda, más recursos para infraestructura, innovación, demandas sociales, fomento al consumo, salarios, etc. 

 

 

En definitiva, una de las grandes fortalezas misioneras desde el punto de vista fiscal es el hecho de contar prácticamente con la totalidad de su presupuesto para volcarlo a inversión y al funcionamiento del Estado, sin tener que preocuparse demasiado por el cumplimiento de pago de deuda, algo que no ocurre en todas las provincias.

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Alberto: “No vamos a someter a la Argentina a compromisos que no podamos cumplir”

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El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que quiere “que el mundo vea a la Argentina como un país honorable que cumple sus compromisos” al referirse a la renegociación de la deuda externa que lleva adelante el Gobierno “sin que eso signifique una nueva postergación de nuestro pueblo”.

En este sentido, Fernández renovó su “compromiso con todos y cada argentino” de que el Gobierno nacional “no va a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos que están encerrados en sus casas están esperando, que es salir, producir y hacer crecer la Argentina”.

“No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable que cumple sus compromisos y por lo tanto no vamos a hacer más que lo que debamos hacer para que los compromisos que asumamos con nuestros acreedores no signifiquen una nueva postergación de nuestro pueblo”, afirmó durante un discurso que brindó en un acto en la Escuela del Centenario de la ciudad de Santiago del Estero junto al gobernador Gerardo Zamora.

Y agregó: “Leo en los diarios que corremos el peligro de caer en default mañana y yo me preguntó por qué mienten así. Si estamos en default desde hace meses, desde antes de diciembre que estamos en default, solo que no lo escriben, solo que lo ocultan”.

Por otra parte, el jefe del Estado sostuvo que “el mejor capitalismo es el que invierte pensando en que todos accedan a lo que se produce” y lamentó el hecho de que “un día el capitalismo le prestó más atención a las ganancias financieras que a la producción”

“Aquel capitalismo que se preocupaba por que todos tengan auto era un capitalismo solidario, contenían en sí lo mejor de su economía, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia humanista, nació para distribuir mejor la riqueza entre los hombres”, aseguró Fernandez, quien estuvo acompañado por los ministros de Interior, Eduardo de Pedro; y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

Finalmente, llamó a construir otro sistema económico, con “una economía más solidaria” en la que se “termine con esa lógica de la meritocracia, porque la meritocracia no existe, porque no todos tenemos las mismas posibilidades, porque el rico más mediocre tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres”.

“Esa nueva sociedad, ese nuevo país lo vamos a empezar a construir ahora, ahora que todo esto está pasando, ahora que quedó al descubierto la insuficiencia argentina, ahora que apareció un virus y nos obligó a producir respiradores automáticos a gran velocidad y nos obligó a construir hospitales a gran velocidad, y nos obligó a construir test para detectar un virus a gran velocidad”, cerró.

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Deuda: Argentina formalizó decisión de no pagar vencimientos de hoy

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El gobierno argentino decidió hacer uso legal del período de gracia de 30 días y no pagar los vencimientos previstos para hoy por 500 millones de dólares, al tiempo que ratificó “la voluntad de pago” en el marco del proceso de reestructuración de deuda puesto en marcha.

El Ministerio de Economía envió un comunicado a los inversores en el que sostuvo que “en el marco del lanzamiento de esta oferta, cuyos términos expiran el día 8 de mayo de 2020, que la República decidió valerse de los períodos de gracia contemplados para los servicios de renta” de los vencimientos previstos para la jornada de hoy.

De este modo, el gobierno argentino hace uso legal del período de gracia de 30 días y no pagar los vencimientos previstos para hoy por 500 millones de dólares, al tiempo que ratificó “la voluntad de pago” en el marco del proceso de reestructuración de deuda puesto en marcha.

Los títulos en cuestión son los Bonos Internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses 6,875% 2021, los Bonos Internacionales en dolares 7,50% con vencimiento en 2026 y los Bonos Internacionales en dólares 7,625% 2046.

En el mismo comunicado el gobierno ratificó “su voluntad de pago aun en el gravísimo contexto internacional que se ha generado producto de la pandemia del COVID-19, y busca dentro del marco de los contratos existentes un perfil de endeudamiento sostenible que no atente contra, sino que sea en un todo compatible con, un sendero de crecimiento sustentable en el mediano y largo plazo”.

Esta comunicación se produjo luego de enviar el lunes pasado la invitación formal a los acreedores para el ingreso a la oferta de canje de deuda por alrededor de 64.800 millones de dólares, en la que estableció la fecha del 8 de mayo para que los bonistas notifiquen la decisión de participar de la operación.

Según la carta enviada a los inversores, “la invitación caducará a las 5:00 p.m. (hora de la ciudad de Nueva York) el 8 de mayo de 2020, a menos que la República la prorrogue o termine antes” de esa fecha.

La decisión oficializada de no pagar los vencimientos previstos para hoy era descontado por parte del mercado, tras las declaraciones formuladas en tal sentido por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El lunes pasado, tras la formalización de la oferta, tres grupos de bonistas emitieron comunicados en los que rechazaron la propuesta argentina y pidieron una mejora.

Frente a esto, Guzmán respondió que “las expresiones de rechazo en algún sentido eran esperables, es parte de un proceso en el cual la otra parte busca presionar para que la Argentina ofrezca más. Pero, como digo, ofrecer más no se puede, porque no es sostenible”, se plantó el ministro.

En unos documentos suplementarios a la oferta enviados a la SEC y conocidos hoy, el gobierno argentino especificó que los títulos en circulación de los tenedores que podrán ingresar al canje, que totalizan unos 68.400 millones de dólares, se dividen de la siguiente forma, según moneda de origen de emisión: 45.250 millones de dólares, 17.200 millones de euros en bonos europeos y 400 millones en francos suizos.

La Argentina invitó a los inversores a elegir entre 10 bonos cuyos vencimientos van desde el 2030 al 2047, en el marco de la operación en la que los bancos Bank of America Securities y HSBC fueron designados “administradores de las invitaciones”.

En la invitación a los acreedores también se infiere la posibilidad de que la Argentina se reserve el derecho de efectuar reestructuraciones parciales.

La oferta incluye una quita de intereses general de 62%, y un recorte de capital promedio en los bonos de 5%, en líneas generales.

Los analistas de mercado estimaron que la quita general, en valor presente neto, es de 67%, similar al canje de deuda concretado en 2005.


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La pandemia y el default

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La pandemia está generando un shock recesivo a escala mundial. La respuesta de los países desarrollados es utilizar políticas monetarias y fiscales que permitan morigerar el daño.

En este caso, se trata de un shock que afecta en forma desproporcionada a algunos servicios trabajo intensivos que se encuentran en una virtual parálisis de actividad (como turismo, entretenimiento, etc.), y a este efecto más permanente se suman los derivados de las cuarentenas o restricciones que han dispuesto muchos países.

En ese contexto, las medidas más adecuadas para ayudar a paliar el impacto de la crisis deben cumplir algunos requisitos:

Ser transitorias. La pandemia es temporaria, aunque hoy la ciencia no sepa por cuánto tiempo afectará al mundo. Por ello, los instrumentos que se utilicen tienen que tener un impacto rápido y desparecer al finalizar la crisis sanitaria.

En la Argentina, en 2009 los aumentos de gasto estatal que se decidieron para resolver una crisis temporaria terminaron en un aumento permanente del gasto público que es la madre de nuestra debilidad fiscal de los últimos años. En cambio, los ingresos adicionales para jubilados, personas de bajos recursos y trabajadores independientes que el Gobierno Nacional adoptó en 2020 respetan este criterio. No así los anuncios de mayores inversiones en infraestructura o los créditos Procrear que no tienen impacto inmediato y pueden tener efectos más permanentes sobre el nivel de gasto primario.

Proveer liquidez y evitar quiebras por la pandemia. La velocidad de reacción post crisis depende de conservar intacta la capacidad empresarial. Empresas en concurso de acreedores no tienen la misma posibilidad de reaccionar que otras que pudieron mantenerse a flote. Por ello, la provisión de liquidez que anunciaron algunos gobiernos europeos no distingue por tamaño de empresa sino que se trata de mantener en actividad a todos, evitando disrupciones que puedan afectar la cadena de pagos.

Parecería que en la Argentina se avanzaría en esa dirección facilitando garantías para que las entidades financieras puedan financiar los pagos de salarios de las empresas privadas.

Aportar ingresos a los trabajadores afectados. En los países desarrollados, la protección contra el desempleo de los asalariados se provee por medio del seguro de desempleo que habitualmente cubre el 50% del sueldo en actividad por varios meses. Ese mecanismo de transferencia funciona en forma automática: se reduce el costo salarial para el empleador y el Estado se hace cargo de la mitad de la remuneración.

En los países de la región, incluida la Argentina, la protección contra el desempleo se instrumenta por medio de la indemnización por despido. En tiempos normales, este sistema puede tener algunas ventajas de incentivos respecto de un seguro de desempleo tradicional pero en un momento como el actual, adolece de varios problemas: agrava, en lugar de aliviar, el problema de liquidez de corto plazo que enfrenta la empresa, y no hay un aporte inmediato del Estado al trabajador despedido que fue cesado en sus funciones pero a quien, por diversos motivos, no se le pagó la indemnización. La prohibición de despedir no resuelve el problema porque tenderá a aumentar los casos de empresas en concurso de acreedores, dificultando la recuperación posterior de la economía. Para los sectores en problemas, el gobierno debería tratar de coordinar una negociación entre empresarios y sindicatos, similar a las suspensiones, en lugar de forzar a que todas las empresas continúen como si todo fuera normal en un momento de crisis.

Los cuentapropistas e informales plantean un desafío importante. En el caso argentino, el gobierno dispuso un apoyo puntual pero limitado a las personas de menores ingresos (informales y las dos categorías más bajas del monotributo). Nuevamente, el problema es más generalizado y no todos tienen ahorros para poder financiar un nivel mínimo de gastos mientras dure el periodo sin ingresos por su actividad normal.

Reducciones impositivas. Varios países han anunciado rebajas o diferimientos de impuestos y se preparan para que sean más extensas para las actividades que demorarán en volver a la normalidad. En la Argentina ha habido poco al respecto. Las restricciones particulares de la Argentina.

El descalabro fiscal que comenzó en 2009 ha dejado al gobierno sin acceso a la deuda y con un déficit primario pequeño antes de la irrupción de la pandemia. En ese contexto, la caída de ingresos públicos y cualquier programa por el lado del gasto terminarán siendo financiados por el BCRA.

En el corto plazo, y dada la crisis, no debería esperarse un salto importante en la tasa de inflación, pero si no se corrige a tiempo cuando la economía empiece a reaccionar, el riesgo de una aceleración inflacionaria es importante. Por ello, es muy importante evitar aumentos de gasto estatal que no se extingan con la crisis sanitaria.

Además, sería conveniente coordinar con provincias y éstas con sus municipios, la posibilidad de reducir los salarios de empleados estatales que trabajen desde sus domicilios (una suerte de réplica de las suspensiones acordadas entre empresas y sindicatos en el sector privado). Eso evita una presión descomunal sobre el BCRA o que, ante la negativa, algunas provincias emitan cuasimonedas que al final resultarán en una quita de ingresos desordenada para los empleados que cobren con ellas.

Respecto de la deuda externa, la negociación con los acreedores sigue su curso a pesar de la pandemia. A partir de un informe del FMI del 19 de marzo y de las presentaciones del Ministerio de Economía se puede inferir que la propuesta oficial incluirá quitas de cupones y de capital y postergación de pagos.

Es difícil que una propuesta así prospere. En el informe del FMI se puede inferir que los recursos que pueda acceder el gobierno por encima del resultado fiscal primario (señoreaje y nueva emisión de deuda) se destinarán a acumular reservas en el BCRA o a cancelar la deuda con los organismos multilaterales. Ello lleva naturalmente a una mayor quita a los acreedores privados.

El Ministerio de Economía parece sugerir que buscará postergar los pagos al FMI pero ello requiere convertir el stand by actual en un EFF. Es fácil hacer eso si el gobierno está dispuesto a hacer reformas estructurales, pero no parece que ese sea el caso.

Tanto el FMI como el Ministerio de Economía sostienen que el superávit primario de mediano plazo sería del orden de 1.3% del PIB. Ese esfuerzo fiscal post restructuración es muy inferior al que han realizado otros países que han restructurado exitosamente su deuda. No hay ninguna justificación técnica de porqué no se puede hacer más esfuerzo fiscal.

Finalmente, el ejercicio del Ministerio de Economía, que calcula el resultado fiscal primario consistente con mantener el peso de la deuda constante, tiene algunos errores que exageran el número.

Se utiliza un ratio de deuda exagerado, con una tasa de interés promedio ponderada que es mayor que la real y se computan los intereses en moneda extranjera como si fueran reales ignorando la inflación internacional. Si se corrigen estos errores se arriba a un resultado primario requerido que es menos de la mitad del expuesto por el Ministerio de Economía.

En el corto plazo, los costos de un default quedarían tapados por los de la pandemia. Pero el ritmo de recuperación se vería afectado negativamente en caso de no llegar a un acuerdo.

Por eso parece mejor convocar a los acreedores para que apoyen una postergación de los pagos de intereses y capital en la deuda en moneda extranjera por 12 ó 18 meses, ofreciendo a cambio pagar una fracción de los intereses devengados en ese período y acumulando el resto. El gobierno obtiene un alivio importante en la caja y los acreedores pueden reclamar judicialmente sus montos intactos, si así lo desean, en 2021.

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