déficit fiscal

El Tesoro le canjea bonos al BCRA y adquiere mayor poder de fuego para intervenir en el mercado

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La operación más relevante surge de la Resolución Conjunta 39/2026, mediante la cual el Tesoro intercambió tenencias del Banco Central en un bono ajustado por inflación (BONCER TZXD6, con vencimiento en diciembre de 2026) por dos Letras del Tesoro vinculadas al dólar oficial (LELINK), con vencimientos el 31 de julio y el 31 de agosto de este año. La conversión contempla hasta US$1.000 millones de valor nominal para cada instrumento, totalizando una capacidad de emisión de hasta US$2.000 millones.

La lectura del mercado fue inmediata. Diversos analistas interpretaron que la decisión fortalece la capacidad operativa del Banco Central para actuar sobre los instrumentos de cobertura cambiaria. En las últimas semanas, la autoridad monetaria incrementó su presencia en los mercados financieros buscando moderar expectativas de devaluación y contener la volatilidad de los contratos vinculados al tipo de cambio. Con una mayor tenencia de títulos dólar linked, el BCRA amplía su margen para intervenir en el mercado secundario y administrar la curva de cobertura.

La medida se produce en un contexto particularmente sensible. El Gobierno busca consolidar la desaceleración inflacionaria mientras enfrenta una mayor demanda estacional de pesos asociada al pago de aguinaldos y una dinámica cambiaria que continúa siendo observada de cerca por los inversores. De hecho, tras la última licitación de deuda, el Tesoro liberó cerca de $3 billones de liquidez que, según estimaciones privadas, terminarán absorbidos en buena medida por las necesidades de efectivo propias de esta época del año.

La operación también revela un cambio en la composición del riesgo financiero dentro del sector público. El Banco Central entrega un bono ajustado por CER y recibe instrumentos atados a la evolución del dólar oficial. En términos prácticos, el riesgo inflacionario es reemplazado por riesgo cambiario de corto plazo, una decisión alineada con la estrategia oficial de reducir gradualmente el peso de los instrumentos indexados por inflación dentro de la estructura de deuda.

Paralelamente, mediante la Resolución Conjunta 38/2026, Economía amplió la emisión de una Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares con vencimiento en junio de 2031 por un monto de US$35,25 millones. Estos títulos serán entregados al Banco Central para cancelar parte de los intereses devengados por las letras intransferibles que el organismo posee en cartera.

La operación responde a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Presupuesto 2026, que dispone que el 60% de los intereses de estas letras debe ser refinanciado mediante nuevos títulos a cinco años, mientras que el 40% restante se cancela en efectivo. En este caso, los vencimientos corresponden a dos letras emitidas a comienzos de 2024 y cuyos cupones operan durante esta semana.

Más allá de su magnitud relativamente reducida, la decisión vuelve a poner en evidencia la estrategia oficial de refinanciar compromisos intraestado sin recurrir a emisión monetaria directa. El Gobierno busca preservar el equilibrio fiscal y mantener bajo control la expansión de la base monetaria, uno de los pilares centrales del programa económico de Javier Milei.

Desde una perspectiva más amplia, ambas medidas forman parte del proceso de reconfiguración financiera que impulsa el Palacio de Hacienda. El objetivo es doble: por un lado, sostener la estabilidad cambiaria en un año marcado por la liberalización progresiva de los controles y la normalización del mercado; por otro, fortalecer la capacidad de financiamiento del Tesoro sin incrementar significativamente las necesidades de emisión.

La decisión adquiere además relevancia política. Mientras la administración Milei profundiza el ajuste sobre las transferencias discrecionales a las provincias y mantiene una estricta disciplina fiscal, Economía refuerza simultáneamente las herramientas financieras para administrar las expectativas del mercado. El mensaje implícito es que el equilibrio de las cuentas públicas seguirá siendo la prioridad, pero acompañado de una gestión cada vez más sofisticada de los instrumentos de deuda y de las relaciones financieras entre el Tesoro y el Banco Central.

En definitiva, el canje de bonos y la ampliación de títulos intransferibles no modifican sustancialmente el volumen de deuda pública, pero sí alteran su composición y mejoran la capacidad operativa del Gobierno para navegar un escenario donde la estabilidad cambiaria continúa siendo uno de los principales activos políticos y económicos de la administración nacional.

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El FMI advierte a Paraguay por la transparencia fiscal y pone el foco en un activo clave: la credibilidad del grado de inversión

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó un mensaje que trasciende la discusión sobre el déficit fiscal de Paraguay y apunta a uno de los principales activos construidos por el país durante las últimas décadas: la credibilidad de su política económica. En la declaración preliminar de la misión del Artículo IV correspondiente a 2026, el organismo valoró la fortaleza macroeconómica paraguaya, pero advirtió que la transparencia en las cuentas públicas será determinante para sostener la confianza de los mercados y preservar el reciente doble grado de inversión.

El informe reconoce que Paraguay mantiene una de las economías más estables de América Latina. El FMI proyecta un crecimiento del 4,4% para este año, destaca la fortaleza del régimen de metas de inflación, el tipo de cambio flexible, el elevado nivel de reservas internacionales y el avance de reformas estructurales orientadas a mejorar la competitividad, la inversión privada y la productividad. Sin embargo, identifica un punto de vulnerabilidad que considera prioritario: la forma en que el Estado registra sus compromisos fiscales.

Actualmente, el Gobierno informa un déficit equivalente al 2,2% del Producto Interno Bruto, alrededor de US$1.300 millones sobre una economía cercana a los US$59.000 millones. No obstante, el FMI sostiene que esa cifra no refleja completamente la posición fiscal porque existen obligaciones acumuladas con proveedores —principalmente de Salud y Obras Públicas— que todavía no están plenamente incorporadas a las estadísticas oficiales. Esas deudas rondan los US$1.100 millones.

Si esos compromisos fueran registrados íntegramente bajo criterios contables más estrictos, el desequilibrio fiscal se acercaría al 4,1% del PIB, muy por encima del límite de 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal paraguaya. La observación del organismo no cuestiona únicamente el tamaño del déficit, sino la necesidad de que las cuentas públicas representen fielmente todas las obligaciones asumidas por el Estado.

En ese sentido, el FMI recomendó avanzar hacia un sistema de contabilidad basado en el principio de devengado, mediante el cual el gasto se registra cuando nace la obligación de pago y no cuando efectivamente se desembolsa el dinero. Para el organismo, este cambio mejoraría significativamente la transparencia fiscal y reduciría las diferencias entre la ejecución presupuestaria y la realidad financiera del sector público.

La misión también instó al Ministerio de Economía y Finanzas a fortalecer la coordinación entre el presupuesto, la planificación financiera y el flujo de caja, además de profundizar los controles sobre la ejecución del gasto. Entre las recomendaciones figura completar la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEBYS), garantizar su interoperabilidad con los sistemas de planificación de los distintos organismos públicos y evitar que las instituciones asuman compromisos sin respaldo presupuestario.

El propio Gobierno de Santiago Peña había identificado este problema al asumir la administración, cuando denunció el elevado volumen de obligaciones impagas heredadas y recurrió a emisiones de bonos soberanos para cancelar parte de esos compromisos. Durante los últimos meses se abonaron alrededor de US$330 millones a proveedores de Salud y Obras Públicas. Sin embargo, el FMI considera que aún persiste un importante stock de obligaciones que debe incorporarse plenamente a las estadísticas fiscales para fortalecer la credibilidad del esquema presupuestario.

El organismo incluso ofreció asistencia técnica para acompañar la implementación de estas mejoras, mediante capacitación a los equipos del Ministerio de Economía y Finanzas y apoyo en la transición hacia estándares internacionales de administración financiera.

Más allá del aspecto técnico, la advertencia tiene una dimensión estratégica. Paraguay consiguió durante años posicionarse como una de las economías más previsibles de la región gracias a una combinación de disciplina fiscal, estabilidad monetaria y reglas macroeconómicas consistentes. Ese recorrido permitió alcanzar el doble grado de inversión otorgado por dos de las principales agencias calificadoras internacionales, un hito que redujo el costo del financiamiento soberano y amplió el interés de los inversores extranjeros.

Precisamente por ese motivo, el FMI subraya que la consolidación fiscal no debe medirse únicamente por el cumplimiento de una meta numérica, sino también por la calidad institucional de la información que presentan las cuentas públicas. La confianza de los mercados depende tanto de la solvencia financiera como de la transparencia con la que los gobiernos informan sus obligaciones.

El informe también plantea que Paraguay deberá continuar el proceso de consolidación fiscal hasta converger nuevamente al límite de 1,5% del PIB previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal para 2028, aunque aclara que el reconocimiento de los atrasos acumulados implicará un incremento transitorio del déficit durante este año.

Al mismo tiempo, el Fondo recomendó ampliar la base tributaria mediante una mayor formalización de la economía, fortalecer la administración impositiva, revisar beneficios fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público para generar espacio fiscal destinado a infraestructura y desarrollo sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

El mensaje del organismo llega en un momento especialmente sensible para Paraguay. Con el grado de inversión recientemente consolidado y una creciente llegada de capitales atraídos por sectores como energía renovable, agronegocios, infraestructura e inteligencia artificial, cualquier señal que afecte la percepción sobre la transparencia fiscal podría ser observada con atención por las agencias calificadoras y los mercados internacionales.

En ese contexto, la advertencia del FMI funciona más como un llamado preventivo que como una señal de alarma inmediata. El desafío para la administración de Santiago Peña será demostrar que puede preservar el principal activo económico construido durante más de una década: una reputación internacional basada en disciplina fiscal, previsibilidad institucional y credibilidad frente a los inversores.

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Milei acelera la reforma del Banco Central: busca blindar por ley la prohibición de financiar al Tesoro

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El presidente Javier Milei reunió este miércoles en Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza para definir la hoja de ruta legislativa del segundo semestre y anunció uno de los proyectos económicos más ambiciosos de su gestión: una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de impedir que la autoridad monetaria vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión de dinero.

La iniciativa, que el mandatario elabora junto a equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a consolidar institucionalmente uno de los pilares del programa económico libertario: eliminar la asistencia monetaria al déficit fiscal y restringir las funciones del Banco Central a la preservación del valor de la moneda.

La propuesta retoma conceptos que Milei expuso recientemente en la Fundación Faro, donde cuestionó el rol que adquirió el BCRA tras la reforma impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Según la visión del Presidente, aquella modificación transformó a la entidad en un instrumento de política económica al ampliar sus objetivos y flexibilizar los mecanismos para asistir financieramente al Estado.

El cambio más relevante de aquella reforma fue la modificación del artículo 3 de la Carta Orgánica. Hasta entonces, la misión primaria del Banco Central era “preservar el valor de la moneda”. Desde 2012, ese mandato fue reemplazado por un esquema de objetivos múltiples que incorporó la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, ampliando el margen de intervención de la autoridad monetaria.

Para el oficialismo, esa redefinición institucional terminó habilitando un uso recurrente de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del gasto público. En particular, cuestiona la flexibilización de los Adelantos Transitorios previstos en el artículo 20, herramienta mediante la cual el Banco Central pudo transferir recursos al Tesoro cuando éste enfrentaba restricciones de financiamiento.

Desde la óptica del Gobierno, esa dinámica fue uno de los factores estructurales que alimentaron décadas de inflación crónica, pérdida del poder adquisitivo y deterioro de la moneda nacional. “Por cualquier motivo podía emitirse dinero”, sostuvo Milei en su exposición, donde además insistió en que el Banco Central debe recuperar exclusivamente la función de defender el valor del peso.

La reforma buscará, en consecuencia, restringir severamente la capacidad del BCRA para financiar al sector público y reforzar su misión como autoridad monetaria independiente. Aunque el Gobierno aún no difundió el texto definitivo del proyecto, en la Casa Rosada admiten que la intención es revertir buena parte de las modificaciones introducidas hace catorce años y otorgar un marco legal permanente al esquema de disciplina monetaria que actualmente aplica el Ministerio de Economía.

Una agenda legislativa que combina reformas económicas y políticas

El encuentro fue convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien además presentó las prioridades parlamentarias para los próximos meses y agradeció a los legisladores oficialistas por el respaldo a las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo.

Además de la reforma del Banco Central, el Gobierno buscará avanzar con una amplia reforma política, modificaciones al régimen de Zona Fría y cambios al proyecto de Inocencia Fiscal elaborado por el Ministerio de Economía.

En materia electoral, el oficialismo pretende eliminar las PASO obligatorias, incorporar definitivamente el criterio de Ficha Limpia, flexibilizar el financiamiento privado de campañas, modificar aspectos de la boleta única y eliminar la obligatoriedad del debate presidencial.

Respecto del régimen de Zona Fría, la intención oficial es focalizar los subsidios al gas natural únicamente en los hogares vulnerables de las provincias incorporadas en 2021, mientras que la Patagonia, la Puna y Malargüe conservarían el beneficio pleno.

En paralelo, Economía impulsa modificaciones al régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y facilitar la formalización patrimonial.

Consolidar el programa económico por vía legislativa

La decisión de avanzar sobre la Carta Orgánica del Banco Central refleja la intención del Gobierno de transformar en legislación permanente los principales ejes de su programa económico. Si durante el primer año y medio de gestión el ajuste fiscal, la eliminación del financiamiento monetario y la desaceleración inflacionaria se apoyaron principalmente en decisiones administrativas y de política económica, ahora la estrategia apunta a blindar esos cambios mediante reformas legales que dificulten una eventual reversión por futuras administraciones.

En ese marco, la modificación del funcionamiento del BCRA aparece como una de las reformas institucionales más profundas que buscará impulsar el oficialismo en el Congreso, junto con los cambios políticos y tributarios que integran la agenda legislativa para el segundo semestre. La apuesta de Milei es convertir el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria en principios permanentes del sistema económico argentino, limitando por ley la utilización de la emisión como herramienta de financiamiento del Estado.

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Milei defendió en España su “moral como política de Estado”, reivindicó el ajuste y el capitalismo

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Al recibir la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, Milei optó por dejar de lado el discurso preparado para compartir una reflexión sobre lo que definió como “la silla eléctrica”: la experiencia de ejercer la Presidencia en un contexto de fuertes restricciones institucionales, económicas y políticas. Según explicó, gobernar implica enfrentar condicionantes que muchas veces resultan invisibles para quienes analizan la gestión desde afuera, una visión que, admitió, modificó profundamente su percepción sobre el funcionamiento del poder.

El mandatario recordó que antes de ingresar a la política mantenía una posición radicalmente crítica hacia el Estado, influenciado por la lectura de los economistas de la Escuela Austríaca, especialmente Murray Rothbard. Incluso reconoció que, tras estudiar la obra Monopolio y competencia, llegó a la conclusión de que gran parte de lo que había enseñado durante décadas sobre estructuras de mercado era erróneo.

Ese cambio intelectual lo llevó a adoptar el anarcocapitalismo como filosofía política y económica. Sin embargo, sostuvo que la experiencia de gobernar le permitió comprender que la toma de decisiones está condicionada por restricciones que no siempre son visibles para quienes permanecen “en la tribuna”. En ese sentido recordó conversaciones con el economista Juan Carlos de Pablo, a quien años atrás criticaba por mostrarse demasiado comprensivo con ministros y funcionarios, hasta que comprobó personalmente la complejidad de administrar el Estado.

La moral como criterio para gobernar

El eje conceptual de la exposición fue la explicación de lo que definió como una arquitectura de decisiones sustentada en tres dimensiones: los valores éticos y morales, la eficiencia económica y el utilitarismo político.

Para Milei, el primer nivel tiene prioridad absoluta. Sostuvo que existen principios que no admiten relativismo moral y que deben orientar toda política pública. Entre ellos mencionó el respeto por la vida, la libertad y la propiedad privada, valores que vinculó tanto con la filosofía griega como con el derecho natural, el pensamiento estoico, Adam Smith y la tradición judeocristiana.

Durante buena parte de su intervención recurrió a ejemplos históricos y filosóficos —como el mito de Filoctetes, las enseñanzas del rey Salomón o los Diez Mandamientos— para argumentar que “no todo vale para ganar”. Según afirmó, una decisión políticamente exitosa pero moralmente incorrecta termina siendo insostenible y conduce inevitablemente al fracaso.

En esa línea insistió en que las leyes positivas sólo son legítimas cuando respetan el derecho natural. Desde esa perspectiva, consideró que cualquier acción estatal que vulnere la vida, la libertad o la propiedad constituye una agresión ilegítima, aun cuando cuente con respaldo legal.

Críticas a la teoría económica tradicional

La segunda parte del discurso estuvo dedicada a desarrollar su visión económica. Milei cuestionó varios postulados centrales de la economía neoclásica, particularmente la utilización del óptimo de Pareto y la teoría de los fallos de mercado como fundamento para justificar regulaciones estatales.

Según sostuvo, muchas de esas construcciones matemáticas parten de modelos que no reflejan adecuadamente la realidad. En consecuencia, afirmó que los economistas suelen concluir que “la realidad está equivocada” cuando ésta no coincide con las hipótesis teóricas.

En contraposición reivindicó el enfoque de la Escuela Austríaca, especialmente los aportes de Hans-Hermann Hoppe y Jesús Huerta de Soto, al considerar que permiten demostrar la eficiencia del mercado sin recurrir a estructuras matemáticas que, a su juicio, terminan justificando intervenciones estatales contraproducentes.

También defendió los mercados concentrados y los rendimientos crecientes como condiciones necesarias para el proceso de innovación y crecimiento económico, argumentando que una regulación excesiva termina destruyendo los incentivos para invertir.

Uno de los momentos más ideológicos del discurso fue la asociación que estableció entre el capitalismo y los valores judeocristianos.

Milei afirmó que el capitalismo de libre empresa constituye “la maquinaria divina del progreso” porque encuentra sus fundamentos en los principios contenidos en las Tablas de la Ley entregadas a Moisés. En esa interpretación, sostuvo que la libertad individual, el derecho a la propiedad y la prohibición del robo forman parte del mismo entramado moral que permitió el desarrollo de Occidente.

Como contrapartida, calificó al marxismo como una doctrina “satánica”, a la que responsabilizó tanto por el empobrecimiento económico como por la muerte de más de 150 millones de personas durante el siglo XX. En ese contexto vinculó a la izquierda contemporánea con movimientos terroristas, argumentando que ambos comparten su rechazo al capitalismo y a Israel, al que definió como “el bastión de Occidente”.

El ajuste fiscal como decisión moral

La parte final del mensaje estuvo dedicada a justificar las principales medidas económicas adoptadas por su administración.

Milei sostuvo que el déficit fiscal representa una conducta inmoral porque, si se financia con emisión monetaria, constituye una forma de estafa mediante el impuesto inflacionario, mientras que si se cubre con endeudamiento traslada el costo a generaciones futuras.

Desde esa premisa explicó que descartó desde el inicio tres alternativas: aumentar impuestos, emitir dinero o recurrir a confiscaciones patrimoniales para estabilizar la economía. Según afirmó, esas herramientas vulneran el derecho de propiedad y contradicen el marco moral que guía su gestión.

En consecuencia, defendió el ajuste del gasto público implementado durante el primer año de gobierno, que describió como una reducción equivalente a cinco puntos del PBI, acompañada por una disminución cercana al 30% del gasto real y la eliminación de miles de regulaciones.

El Presidente aseguró que esas decisiones evitaron una hiperinflación que, según sus cálculos, podía alcanzar el 15.000% anual y permitieron iniciar una etapa de recuperación económica.

Como respaldo de esa estrategia, enumeró indicadores que, según sostuvo, muestran una mejora significativa: crecimiento del nivel de actividad, reducción de la inflación, caída de la pobreza y descenso de la indigencia. También afirmó que la deuda pública disminuyó y destacó que el proceso de estabilización se realizó “sin violar derechos de propiedad”.

Al cerrar su exposición, Milei reiteró que la prosperidad económica sólo puede sostenerse cuando las decisiones públicas respetan principios morales inalterables. En esa lógica, afirmó que la combinación entre valores judeocristianos, capitalismo de libre empresa y disciplina fiscal constituye el camino para “hacer grande nuevamente a la Argentina”, antes de concluir su intervención con su habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.

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El Gobierno volvió a cerrar mayo con superávit financiero y acumula saldo positivo equivalente al 0,2% del PBI

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El Sector Público Nacional registró en mayo un superávit financiero de $478.613 millones y un resultado primario positivo de $1,92 billones. En los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno acumuló un superávit financiero del 0,2% del PBI y reafirmó el equilibrio fiscal como principal ancla del programa económico.

El Gobierno nacional volvió a exhibir un resultado positivo en las cuentas públicas durante mayo y consolidó el superávit fiscal como uno de los pilares de su estrategia macroeconómica. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones, incluso después de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.445.754 millones, netos de las tenencias intra sector público.

Con este desempeño, el resultado acumulado de los primeros cinco meses de 2026 alcanza un superávit primario equivalente al 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI, un dato que el Ejecutivo presenta como una ratificación de la política de equilibrio fiscal implementada desde el inicio de la gestión.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional ascendieron durante mayo a $14,53 billones, con un incremento interanual nominal del 27,8%. Dentro de ese desempeño, los recursos tributarios crecieron un 30% respecto del mismo mes del año anterior.

El principal impulso provino del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación aumentó un 72,5% interanual, compensando parcialmente la caída observada en los Derechos de Exportación, que retrocedieron 17,4% como consecuencia de una menor recaudación por retenciones.

Desde el Palacio de Hacienda destacan que la evolución de los ingresos continúa respaldando el objetivo de sostener el equilibrio fiscal sin recurrir al financiamiento monetario del déficit.

El gasto primario cayó en términos reales, aunque crecieron las prestaciones sociales

Durante mayo, el gasto primario alcanzó los $12,61 billones, con un incremento nominal del 30,3% interanual. No obstante, descontando la inflación, el Gobierno sostiene que el gasto primario registró una reducción real del 2,2%.

Dentro de la estructura del gasto sobresale el comportamiento de las prestaciones sociales, que totalizaron $8,38 billones y crecieron 33,2% en términos nominales.

El informe oficial remarca que algunas partidas continuaron expandiéndose en términos reales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) mostró un crecimiento real del 8,6%, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas registraron una mejora del 1,2%.

Las remuneraciones del sector público, por su parte, ascendieron a $1,62 billones, con una variación nominal del 26,9%.

Universidades, energía y transporte explicaron buena parte de las transferencias

Las transferencias corrientes totalizaron $4,49 billones durante mayo.

Dentro de ese universo, las destinadas al sector público crecieron 47,4% interanual, impulsadas principalmente por un incremento del 89,1% en las partidas asignadas a las universidades nacionales.

En materia de subsidios económicos, el Estado destinó $784.178 millones, con un aumento del 6,8% respecto del mismo período del año anterior.

La mayor parte de esos recursos correspondió al sector energético, que recibió $523.417 millones, mientras que el transporte absorbió otros $258.687 millones.

En paralelo, el gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, manteniéndose prácticamente estable respecto del mes previo y reflejando la continuidad del criterio de fuerte contención de la inversión pública.

Transferencia extraordinaria del Banco Central para reducir deuda del Tesoro

Uno de los datos relevantes del informe fiscal fue la transferencia de utilidades realizada por el Banco Central correspondiente a los resultados del ejercicio 2025.

El monto alcanzó los $24,4 billones y, según precisó el Ministerio de Economía, esos recursos fueron destinados principalmente a cancelar deuda que el Tesoro mantenía con la autoridad monetaria, una estrategia orientada a mejorar la composición del balance del sector público sin incrementar el gasto corriente.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el resultado de mayo vuelve a confirmar la vigencia del denominado “ancla fiscal”, considerada por el Gobierno como la principal herramienta para sostener la desaceleración de la inflación y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

La administración de Javier Milei argumenta que el mantenimiento del superávit permite avanzar gradualmente en la reducción de la presión tributaria y devolver recursos al sector privado, en línea con la estrategia oficial de consolidación fiscal y menor intervención del Estado en la economía.

Con cinco meses consecutivos de resultados acumulados positivos, el Gobierno busca consolidar una señal de disciplina fiscal en un contexto donde la evolución de la actividad económica, la recaudación y el financiamiento seguirán siendo variables determinantes para sostener el equilibrio de las cuentas públicas durante el resto del año.

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