En el marco de su línea de investigación económica, la Fundación Encuentro difundió su informe mensual de febrero de 2026 sobre recaudación tributaria nacional, elaborado en base a datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El trabajo revela una caída real interanual del 9,9%, mientras que en el acumulado del primer bimestre la contracción alcanza el 8,8% en términos constantes.
Medida a precios constantes, la recaudación de febrero se ubicó en 16.231.830 millones de pesos, por debajo de los 18.007.800 millones registrados en febrero de 2025 y también inferior a los niveles de 2023 y 2024. El informe subraya que, desde agosto de 2025 hasta febrero de 2026, se observan caídas consecutivas en los recursos tributarios, en línea con el retroceso de los principales tributos asociados al nivel de actividad.
La merma generalizada —con excepción del Impuesto a los Combustibles— se vincula tanto a medidas de reducción de la carga impositiva como a la desaceleración económica.
Composición de la recaudación
En febrero, la estructura tributaria estuvo concentrada en tres grandes rubros:
IVA: 5.405.501 millones de pesos (33% del total)
Seguridad Social: 4.284.520 millones (26%)
Impuesto a las Ganancias: 3.432.249 millones (21%)
En conjunto, estos tributos explicaron el 81% de la recaudación total del mes.
Variaciones por tributo
La caída interanual estuvo explicada principalmente por el retroceso del IVA y de los tributos vinculados al comercio exterior. Entre las principales variaciones reales se destacan:
Impuesto PAIS: -101,0%
Derechos de Exportación: -39,7%
Derechos de Importación y otros: -26,8%
IVA: -14,6%
Combustibles: +18,6%
La fuerte disminución en Derechos de Exportación se asocia a la eliminación y reducción de alícuotas, especialmente en productos como soja, trigo y maíz. En tanto, la caída en los derechos vinculados a importaciones responde a un efecto base, dado el mayor volumen de compras externas registrado en febrero de 2025.
Acumulado del primer bimestre
En el acumulado a febrero, la recaudación totaliza 35,1 billones de pesos constantes, por debajo de los 38,5 billones de 2025, los 35,5 billones de 2024 y los 38,0 billones de 2023. En términos interanuales, la caída es de 1,0% respecto de 2024 y de 7,5% frente a 2023.
El informe completo puede consultarse en el sitio oficial de la Fundación Encuentro.
El ministro defendió la estrategia del Gobierno y marcó límites a la presión financiera.
En Córdoba, ante empresarios reunidos en la Fundación Mediterránea, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso una tensión que atraviesa hoy al Gobierno: pese a la compra acelerada de reservas, el riesgo país se mantiene cerca de los 600 puntos básicos. Y lejos de anunciar un giro, eligió confrontar con el diagnóstico de los analistas. “Es más difícil de lo que se cree”, dijo, en un mensaje que buscó ordenar expectativas dentro y fuera del mercado.
El dato no es menor. El Ejecutivo incrementó las compras de divisas por encima del compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional —pasó de un 5% del volumen diario acordado a algo más del 30%—, pero esa señal no se tradujo en una baja sustancial del indicador que mide el costo del financiamiento externo. La pregunta que dejó flotando Caputo es si el mercado exige algo más estructural que acumulación de dólares o si, directamente, el acceso al crédito sigue condicionado por factores políticos y externos.
Reservas, acceso al mercado y el debate sobre la colocación internacional
Caputo apuntó contra quienes, semanas atrás, reclamaban mayor intervención del Banco Central para fortalecer reservas como condición para reducir el riesgo país. Ahora, sostuvo, esos mismos sectores proponen una colocación internacional, aunque sea por USD 1.000 millones, como gesto para validar acceso al mercado.
El ministro rechazó esa alternativa. “Esas son cosas coyunturales que no cambian nada”, afirmó. Según su lectura, el mercado no necesita demostraciones simbólicas de acceso, porque “lo único que sabe es si un país tiene acceso o no”. La diferencia, agregó, puede estar en la tasa, no en la posibilidad técnica de emitir deuda.
La definición tiene peso político. Implica que el Gobierno no se moverá por presión de corto plazo y que priorizará el equilibrio fiscal y la acumulación de reservas por sobre señales financieras que puedan interpretarse como concesiones.
El funcionario insistió en que la estrategia de compra de divisas continuará y que se ejecuta “sin afectar el precio”, considerando la profundidad del mercado. El mensaje apunta a despejar temores de distorsiones cambiarias, pero también a sostener la idea de que la política económica tiene coherencia interna más allá de la volatilidad externa, hoy atravesada por el conflicto en Medio Oriente.
— Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) March 3, 2026
Equilibrio fiscal como eje de poder
Caputo encuadró el debate financiero dentro de una narrativa más amplia: orden macroeconómico, reducción del gasto y eliminación del déficit. Aseguró que el Gobierno bajó el gasto 30% en términos reales y corrigió cinco puntos de déficit fiscal en un mes, sin recurrir a default ni a mecanismos extraordinarios.
En términos políticos, el mensaje es claro. El oficialismo busca consolidar el equilibrio fiscal como activo de poder, no solo como herramienta técnica. “El compromiso fiscal es indeclinable”, afirmó el ministro, y lo presentó como “el escudo más importante ante cualquier shock externo”.
Esa postura redefine la correlación de fuerzas con el mercado. Si el Gobierno mantiene superávit y disciplina fiscal, el riesgo país deja de ser —según esta lógica— un indicador exclusivamente interno y pasa a estar más vinculado a percepciones estructurales y al contexto global.
También defendió la continuidad de reformas y la baja de impuestos, condicionadas al crecimiento de la recaudación y la formalización del empleo. En ese marco, mencionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la reducción de aportes patronales de 18 a 2 puntos, con el objetivo de transparentar costos y reducir litigiosidad.
Crecimiento, crédito y el desafío estructural
El ministro vinculó el problema del riesgo país con una debilidad más profunda: la falta de crédito y de mercado de capitales. Recordó que cuando el Gobierno asumió, el crédito al sector privado representaba apenas el 3% del PBI, frente a niveles superiores al 30% en economías comparables.
Para Caputo, el ahorro existe pero permanece fuera del sistema financiero. Sin crédito interno y con dependencia histórica del financiamiento externo, la baja del riesgo país no depende solo de decisiones puntuales, sino de reconstruir confianza de largo plazo.
Esa definición introduce un matiz estratégico. Si el problema es estructural, la solución no será inmediata. Y si el mercado exige pruebas adicionales, el Gobierno parece dispuesto a sostener el rumbo antes que modificar la hoja de ruta.
Un indicador bajo presión y un Gobierno que no cede
La exposición en la Fundación Mediterránea funcionó como mensaje político. Caputo no anunció cambios. Tampoco negó la dificultad. Admitió que el proceso es “más difícil de lo que se cree”, pero reafirmó la continuidad del esquema fiscal, la acumulación de reservas y la agenda de reformas.
El riesgo país cerca de los 600 puntos básicos refleja que la discusión sigue abierta. La clave estará en si el equilibrio fiscal y la acumulación sostenida de divisas logran alterar la percepción de acceso al crédito o si el mercado demanda un hito adicional.
Por ahora, el Gobierno elige resistir la presión coyuntural. El termómetro financiero no acompaña, pero la estrategia no se mueve. En las próximas semanas, la evolución del contexto internacional y la reacción de los inversores marcarán si la apuesta consolida autoridad o reabre el debate interno sobre cómo acelerar la baja del costo argentino.
El Sector Público Nacional No Financiero cerró 2025 con un superávit fiscal primario de 1,4% del PIB y un superávit financiero de 0,2% del PIB, pese a haber registrado en diciembre el primer déficit primario del año. Según el balance fiscal elaborado por la consultora Ecolatina, se trata de un hecho inédito en la historia reciente: es la primera vez desde el período 2008–2009 que la Argentina acumula dos años consecutivos de superávit fiscal, consolidando un cambio de régimen en la dinámica de las cuentas públicas.
El resultado se apoyó en el fuerte ajuste del gasto realizado en 2024 y sostenido durante 2025, junto con una estrategia financiera que contuvo el pago explícito de intereses. Sin embargo, el informe advierte sobre tensiones subyacentes en la estructura de ingresos, el perfil de vencimientos de deuda y los desafíos que plantea el escenario fiscal y financiero de cara a 2026.
Déficit en diciembre, pero superávit en el acumulado anual
En el último mes de 2025, el Sector Público Nacional No Financiero registró un déficit primario de $2,8 billones. Al incorporar pagos de intereses por $0,4 billones, el resultado financiero fue negativo en $3,3 billones. Se trató del primer déficit primario del año y superó en 68% al rojo observado en diciembre de 2024.
De acuerdo con Ecolatina, este desempeño respondió a una combinación de factores: por un lado, un crecimiento real interanual del gasto primario de 1,7%, explicado en gran medida por la estacionalidad típica del cierre del año; por otro, una caída real interanual de 7% en los ingresos totales, reflejo de la desaceleración de la recaudación tributaria hacia el final de 2025.
No obstante, el “colchón fiscal” acumulado durante el resto del año permitió compensar el desliz de diciembre. Así, el resultado primario anual cerró con un superávit equivalente al 1,4% del PIB, apenas 0,4 puntos porcentuales por debajo de 2024, mientras que el resultado financiero fue superavitario en 0,2% del PIB, 0,1 puntos menos que el año previo.
Desde una perspectiva histórica, el dato resulta relevante: no se registraban dos años consecutivos de superávit fiscal desde 2008–2009, siendo 2009 el último año con resultado positivo. A partir de entonces, la política fiscal estuvo signada por un crecimiento del gasto primario por encima de los ingresos, dando lugar a déficits persistentes hasta el punto de inflexión alcanzado en 2024.
Ingresos en mínimos históricos y una nueva composición del ajuste
El informe destaca que, en 2025, los ingresos totales del SPN cayeron 2,6% interanual real y se ubicaron en 15,9% del PIB, lo que implicó una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto de 2024 y marcó el nivel más bajo desde 2005.
Este resultado estuvo condicionado por una elevada base de comparación, ya que en 2024 habían estado vigentes el Impuesto PAIS, ingresos extraordinarios del blanqueo y recursos excepcionales vinculados a Ganancias y Bienes Personales. A ello se sumó un deterioro de la recaudación tributaria hacia el cierre del año, tras un inicio más dinámico impulsado por la recuperación de la actividad y el mayor aporte del sector externo.
En términos agregados, los ingresos tributarios cerraron 2025 con una contracción real de 2,5% interanual. Al interior, el IVA neto mostró una evolución prácticamente estable (+0,9% i.a. real), mientras que las contribuciones a la Seguridad Social crecieron 13,8% i.a. real, traccionadas por la mejora de la remuneración bruta promedio y consolidándose como uno de los pocos rubros con desempeño claramente positivo.
En contraste, el impuesto a las Ganancias registró una caída real de 6,8% interanual, explicada en gran medida por la base de comparación de 2024 asociada a la devaluación de diciembre de 2023. Una dinámica aún más marcada se observó en Bienes Personales, cuya recaudación se redujo 34,2% interanual real, afectada tanto por ingresos extraordinarios del año previo como por la reducción de alícuotas.
El aporte del comercio exterior también fue de mayor a menor. Los Derechos de Exportación se contrajeron 15,7% interanual real, mientras que los Derechos de Importación crecieron 22,6% interanual real, en un contexto de apreciación cambiaria y elevados volúmenes de importación.
Gasto en mínimos y el rol de los instrumentos capitalizables
Por el lado del gasto, el gasto primario representó en 2025 apenas 14,5% del PIB, uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas, muy por debajo del 19,1% del PIB alcanzado en 2023. Con un gasto ya fuertemente comprimido, el margen para profundizar el ajuste fue limitado, por lo que el gasto mostró una variación prácticamente neutra, con un aumento real de 0,4% interanual.
El informe subraya un cambio en la composición del ajuste. El gasto social creció 6% interanual real, impulsado por la nueva fórmula de movilidad que indexa las prestaciones a la inflación del mes previo. En particular, las jubilaciones y pensiones contributivas, que concentran el 64% del gasto social, aumentaron 15% i.a. real, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se expandió 23,2% i.a. real, alcanzando un máximo histórico en términos reales y ubicándose cerca de 70% por encima de los niveles de 2023.
En sentido opuesto, las asignaciones familiares y otros programas sociales —incluyendo Tarjeta Alimentar, Volver al Trabajo, Programa 1000 Días y bonos de suma fija— registraron una caída cercana al 30% interanual real.
El ajuste continuó concentrándose fuera del gasto social, especialmente en los Subsidios Económicos, que se redujeron 31% interanual real, con un recorte más profundo en Energía (−38%) y una baja más moderada en Transporte (−7%). El Gasto de Capital se mantuvo en niveles históricamente bajos: 0,4% del PIB, sin cambios respecto de 2024 y muy lejos del 2,7% del PIB registrado en la década pasada.
En paralelo, las Transferencias a Provincias crecieron 25% interanual real, aunque permanecen casi 60% por debajo de 2023, mientras que los Salarios públicos cayeron 7% interanual real y se mantienen 27% por debajo de los niveles previos al ajuste.
Desde el punto de vista financiero, Ecolatina remarca la estrategia adoptada desde mediados de 2024 y profundizada en 2025, basada en la emisión de instrumentos capitalizables (Lecaps y Boncaps). Este esquema permitió contener el pago de intereses explícitos y mejorar el resultado financiero observado. Sin embargo, tuvo efectos no neutros por debajo de la línea, con amortizaciones en moneda local en máximos históricos en relación con el PIB.
Si se imputara el componente de capitalización como intereses devengados, el pago de intereses de 2025 ascendería a 3,9% del PIB, transformando el superávit financiero en un déficit cercano a 3,7% del PIB. El informe aclara que se trata de un escenario extremo y que el resultado real se ubica en un punto intermedio entre ambos extremos.
Perspectivas fiscales y financieras para 2026
Con el Presupuesto 2026 aprobado, el Gobierno cuenta con una hoja de ruta que fija como ancla fiscal un superávit primario de alrededor del 1,5% del PIB, además de un mayor respaldo político para avanzar en una agenda legislativa más amplia, que incluye la reforma laboral actualmente en tratamiento en el Congreso y una eventual reforma tributaria.
En materia de ingresos, la reducción de alícuotas de los derechos de exportación anticipa un menor aporte del comercio exterior, que podría ser parcialmente compensado por mayores ingresos vía importaciones. En este contexto, la sostenibilidad fiscal dependerá en gran medida del desempeño de la actividad económica y del consumo. No obstante, la reforma laboral introduce riesgos a la baja en el corto plazo, especialmente por un potencial desfinanciamiento de la seguridad social y tensiones en la coparticipación, dado que contempla reducciones en Ganancias e impuestos internos.
Del lado del gasto, el margen de maniobra seguirá siendo acotado: cerca del 70% de las erogaciones están indexadas por inflación. Se espera una profundización del recorte de subsidios bajo el nuevo esquema tarifario, con impacto sobre el ingreso disponible de los hogares y la inflación, lo que podría moderar la recuperación económica. En cuanto al gasto de capital, existe margen para una recomposición gradual, aunque dependerá de las prioridades del Ejecutivo.
Finalmente, el programa financiero aparece como uno de los principales desafíos. El perfil de vencimientos de 2026 es exigente y obligará a sostener elevados niveles de rollover, posiblemente con tasas de interés altas, aun en un contexto de inflación en descenso. En este marco, la estrategia de financiamiento y el uso de instrumentos capitalizables serán claves para evaluar la sostenibilidad de la deuda.
Con todo, el informe concluye que el resultado primario continuaría siendo superavitario en 2026, en magnitudes similares a las observadas en los últimos dos años, consolidando el cambio de régimen fiscal iniciado en 2024.
A 48 horas de un vencimiento clave de deuda externa, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender el préstamo por US$ 3.000 millones que tomó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante una operación de REPO con bancos internacionales. El funcionario aseguró que la operación no implica un aumento de la deuda, sino que permitirá cancelar obligaciones por US$ 4.300 millones que vencen este viernes 9 de enero, y aprovechó para diferenciar la estrategia financiera del actual Gobierno respecto de las gestiones kirchneristas.
La defensa del acuerdo se dio a través de redes sociales, en un tono confrontativo, donde Caputo afirmó que el kirchnerismo “ya no psicopatea a nadie” y sostuvo que la actual administración opera bajo un esquema de financiamiento neto negativo, en contraposición a los años de déficit fiscal y endeudamiento.
Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de “financiamiento neto positivo”, e incluso lo festejaban. Es decir,… https://t.co/Nq7eqG4ZXM
El ministro explicó que el REPO negociado por el BCRA con seis bancos internacionales tiene como objetivo exclusivo afrontar el vencimiento de deuda previsto para este viernes, correspondiente a bonos emitidos en agosto de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, como resultado de la reestructuración encabezada por Martín Guzmán.
“El Gobierno tomó hoy US$ 3.000 millones para cancelar US$ 4.300 millones. O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga”, escribió Caputo, en referencia a los conceptos utilizados por anteriores administraciones.
Según precisó, el préstamo tiene un plazo de 372 días (un año y 12 días) y devenga una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que implica una tasa anual del 7,4%.
Cruce político y diferenciación con el kirchnerismo
En su mensaje, el titular del Palacio de Hacienda buscó marcar una diferencia estructural entre el endeudamiento actual y el de los gobiernos anteriores. “Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit. Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban”, afirmó.
Caputo insistió en que, a diferencia de ese esquema, la administración libertaria “terminó con el déficit y bajó la deuda consolidada en 50 mil millones”, mientras que durante los gobiernos kirchneristas la deuda habría aumentado en US$ 300.000 millones, según expresó el funcionario.
El ministro agregó que el concepto de financiamiento neto positivo implicaba “festejar engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo”, y cerró su mensaje con una frase provocadora: “Besos para todos y sigan participando”.
Contexto financiero y señales al mercado
La defensa pública del REPO se produjo en un contexto de tensión financiera, con el mercado atento a la capacidad del Gobierno para cumplir con los compromisos heredados sin regresar, por ahora, al mercado internacional de bonos. La operación permitió al Ejecutivo ganar margen de maniobra para cumplir el vencimiento inmediato, aunque a un costo financiero explícito.
El mensaje oficial busca instalar la idea de que la operación no incrementa el stock de deuda, sino que forma parte de una estrategia de ordenamiento macroeconómico basada en el equilibrio fiscal y la reducción de pasivos, en contraste con el enfoque de administraciones anteriores.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2026, una ley clave que define el rumbo económico y social del país para el próximo año. El plan de gastos e ingresos asciende a 149,6 billones de guaraníes, equivalentes a unos 19.000 millones de dólares, y representa un incremento del 12,3% respecto al presupuesto 2025, con un fuerte énfasis en inversión social, salud, educación y seguridad, pero manteniendo el déficit fiscal dentro del tope del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
La norma, sancionada previamente por el Congreso y promulgada en el último día de 2025, marca el inicio del proceso de reglamentación y ejecución presupuestaria para 2026. Desde el Poder Ejecutivo destacaron que se trata de un presupuesto consensuado con el Poder Legislativo y alineado con el objetivo de priorizar a los sectores más vulnerables sin desordenar las cuentas públicas.
Un presupuesto expansivo con fuerte eje en políticas sociales
El Presupuesto 2026 destina partidas significativas a programas sociales emblemáticos. Entre ellos se destaca el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, que contará con 370 millones de dólares, con el objetivo de alcanzar a un millón de estudiantes en todo el país. A esto se suma una asignación de 412 millones de dólares para el programa de adultos mayores, que permitirá incorporar 30.000 nuevos beneficiarios al sistema.
El esquema de gastos también refuerza áreas sensibles como Seguridad, Defensa, Salud y Educación, consolidando un perfil de presupuesto orientado a la inversión social y a la provisión de servicios públicos esenciales. En el área sanitaria, las modificaciones introducidas por el Congreso incluyeron un aumento cercano a 47.000 millones de guaraníes, destinados a obras e inversiones específicas como la ampliación del Hospital de Caaguazú (20.000 millones), la adquisición de mamógrafos (10.000 millones), equipamiento para el futuro hospital de Curuguaty y la reposición de recursos para el Centro de Tratamiento de Adicciones.
Cambios legislativos y reasignaciones estratégicas
Durante el debate parlamentario, ambas cámaras introdujeron ajustes relevantes al proyecto original del Ejecutivo. Uno de los cambios más significativos fue la reasignación de fondos originalmente previstos para el Ministerio de Obras Públicas, que se redireccionaron para fortalecer el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con el objetivo de dinamizar la construcción de viviendas sociales en 2026.
También se incrementó el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en 10.000 millones de guaraníes, y el del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en 17.000 millones de guaraníes, destinados en gran parte al proyecto “Letrina Cero”, que prevé la construcción de baños adecuados en 347 escuelas, con una asignación específica de 15.000 millones, mientras que el resto se orientará a tareas de supervisión regional.
En términos globales, el PGN aprobado asciende a 149,1 billones de guaraníes (unos 18.928 millones de dólares), una cifra muy cercana a la propuesta original del Ejecutivo y consistente con la estrategia fiscal del Gobierno.
Orden fiscal y señal política al mercado
Uno de los aspectos más destacados del Presupuesto 2026 es el cumplimiento del tope de déficit fiscal del 1,5% del PIB, un límite que no se respetaba desde 2018. Al conocerse la sanción legislativa, el presidente Peña celebró este punto y subrayó su relevancia institucional y económica: “Esto marca un hito: es la primera vez desde 2018 que se aprueba un presupuesto dentro de este límite, lo que demuestra nuestro compromiso absoluto con el orden administrativo”.
Desde una mirada macroeconómica, el PGN 2026 busca combinar expansión del gasto social con disciplina fiscal, un equilibrio que será observado de cerca tanto por los actores políticos internos como por analistas económicos y organismos internacionales. La ejecución efectiva del presupuesto y el cumplimiento de las metas fiscales serán determinantes para sostener la credibilidad del programa económico del Gobierno en un año clave para la gestión.
