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Milei acelera la reforma del Banco Central: busca blindar por ley la prohibición de financiar al Tesoro

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El presidente Javier Milei reunió este miércoles en Casa Rosada a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza para definir la hoja de ruta legislativa del segundo semestre y anunció uno de los proyectos económicos más ambiciosos de su gestión: una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de impedir que la autoridad monetaria vuelva a financiar al Tesoro mediante emisión de dinero.

La iniciativa, que el mandatario elabora junto a equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, apunta a consolidar institucionalmente uno de los pilares del programa económico libertario: eliminar la asistencia monetaria al déficit fiscal y restringir las funciones del Banco Central a la preservación del valor de la moneda.

La propuesta retoma conceptos que Milei expuso recientemente en la Fundación Faro, donde cuestionó el rol que adquirió el BCRA tras la reforma impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Según la visión del Presidente, aquella modificación transformó a la entidad en un instrumento de política económica al ampliar sus objetivos y flexibilizar los mecanismos para asistir financieramente al Estado.

El cambio más relevante de aquella reforma fue la modificación del artículo 3 de la Carta Orgánica. Hasta entonces, la misión primaria del Banco Central era “preservar el valor de la moneda”. Desde 2012, ese mandato fue reemplazado por un esquema de objetivos múltiples que incorporó la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social, ampliando el margen de intervención de la autoridad monetaria.

Para el oficialismo, esa redefinición institucional terminó habilitando un uso recurrente de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del gasto público. En particular, cuestiona la flexibilización de los Adelantos Transitorios previstos en el artículo 20, herramienta mediante la cual el Banco Central pudo transferir recursos al Tesoro cuando éste enfrentaba restricciones de financiamiento.

Desde la óptica del Gobierno, esa dinámica fue uno de los factores estructurales que alimentaron décadas de inflación crónica, pérdida del poder adquisitivo y deterioro de la moneda nacional. “Por cualquier motivo podía emitirse dinero”, sostuvo Milei en su exposición, donde además insistió en que el Banco Central debe recuperar exclusivamente la función de defender el valor del peso.

La reforma buscará, en consecuencia, restringir severamente la capacidad del BCRA para financiar al sector público y reforzar su misión como autoridad monetaria independiente. Aunque el Gobierno aún no difundió el texto definitivo del proyecto, en la Casa Rosada admiten que la intención es revertir buena parte de las modificaciones introducidas hace catorce años y otorgar un marco legal permanente al esquema de disciplina monetaria que actualmente aplica el Ministerio de Economía.

Una agenda legislativa que combina reformas económicas y políticas

El encuentro fue convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien además presentó las prioridades parlamentarias para los próximos meses y agradeció a los legisladores oficialistas por el respaldo a las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo.

Además de la reforma del Banco Central, el Gobierno buscará avanzar con una amplia reforma política, modificaciones al régimen de Zona Fría y cambios al proyecto de Inocencia Fiscal elaborado por el Ministerio de Economía.

En materia electoral, el oficialismo pretende eliminar las PASO obligatorias, incorporar definitivamente el criterio de Ficha Limpia, flexibilizar el financiamiento privado de campañas, modificar aspectos de la boleta única y eliminar la obligatoriedad del debate presidencial.

Respecto del régimen de Zona Fría, la intención oficial es focalizar los subsidios al gas natural únicamente en los hogares vulnerables de las provincias incorporadas en 2021, mientras que la Patagonia, la Puna y Malargüe conservarían el beneficio pleno.

En paralelo, Economía impulsa modificaciones al régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para ampliar el universo de contribuyentes alcanzados y facilitar la formalización patrimonial.

Consolidar el programa económico por vía legislativa

La decisión de avanzar sobre la Carta Orgánica del Banco Central refleja la intención del Gobierno de transformar en legislación permanente los principales ejes de su programa económico. Si durante el primer año y medio de gestión el ajuste fiscal, la eliminación del financiamiento monetario y la desaceleración inflacionaria se apoyaron principalmente en decisiones administrativas y de política económica, ahora la estrategia apunta a blindar esos cambios mediante reformas legales que dificulten una eventual reversión por futuras administraciones.

En ese marco, la modificación del funcionamiento del BCRA aparece como una de las reformas institucionales más profundas que buscará impulsar el oficialismo en el Congreso, junto con los cambios políticos y tributarios que integran la agenda legislativa para el segundo semestre. La apuesta de Milei es convertir el equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria en principios permanentes del sistema económico argentino, limitando por ley la utilización de la emisión como herramienta de financiamiento del Estado.

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Milei defendió en España su “moral como política de Estado”, reivindicó el ajuste y el capitalismo

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Al recibir la Medalla de Honor de la Universidad CEU San Pablo, Milei optó por dejar de lado el discurso preparado para compartir una reflexión sobre lo que definió como “la silla eléctrica”: la experiencia de ejercer la Presidencia en un contexto de fuertes restricciones institucionales, económicas y políticas. Según explicó, gobernar implica enfrentar condicionantes que muchas veces resultan invisibles para quienes analizan la gestión desde afuera, una visión que, admitió, modificó profundamente su percepción sobre el funcionamiento del poder.

El mandatario recordó que antes de ingresar a la política mantenía una posición radicalmente crítica hacia el Estado, influenciado por la lectura de los economistas de la Escuela Austríaca, especialmente Murray Rothbard. Incluso reconoció que, tras estudiar la obra Monopolio y competencia, llegó a la conclusión de que gran parte de lo que había enseñado durante décadas sobre estructuras de mercado era erróneo.

Ese cambio intelectual lo llevó a adoptar el anarcocapitalismo como filosofía política y económica. Sin embargo, sostuvo que la experiencia de gobernar le permitió comprender que la toma de decisiones está condicionada por restricciones que no siempre son visibles para quienes permanecen “en la tribuna”. En ese sentido recordó conversaciones con el economista Juan Carlos de Pablo, a quien años atrás criticaba por mostrarse demasiado comprensivo con ministros y funcionarios, hasta que comprobó personalmente la complejidad de administrar el Estado.

La moral como criterio para gobernar

El eje conceptual de la exposición fue la explicación de lo que definió como una arquitectura de decisiones sustentada en tres dimensiones: los valores éticos y morales, la eficiencia económica y el utilitarismo político.

Para Milei, el primer nivel tiene prioridad absoluta. Sostuvo que existen principios que no admiten relativismo moral y que deben orientar toda política pública. Entre ellos mencionó el respeto por la vida, la libertad y la propiedad privada, valores que vinculó tanto con la filosofía griega como con el derecho natural, el pensamiento estoico, Adam Smith y la tradición judeocristiana.

Durante buena parte de su intervención recurrió a ejemplos históricos y filosóficos —como el mito de Filoctetes, las enseñanzas del rey Salomón o los Diez Mandamientos— para argumentar que “no todo vale para ganar”. Según afirmó, una decisión políticamente exitosa pero moralmente incorrecta termina siendo insostenible y conduce inevitablemente al fracaso.

En esa línea insistió en que las leyes positivas sólo son legítimas cuando respetan el derecho natural. Desde esa perspectiva, consideró que cualquier acción estatal que vulnere la vida, la libertad o la propiedad constituye una agresión ilegítima, aun cuando cuente con respaldo legal.

Críticas a la teoría económica tradicional

La segunda parte del discurso estuvo dedicada a desarrollar su visión económica. Milei cuestionó varios postulados centrales de la economía neoclásica, particularmente la utilización del óptimo de Pareto y la teoría de los fallos de mercado como fundamento para justificar regulaciones estatales.

Según sostuvo, muchas de esas construcciones matemáticas parten de modelos que no reflejan adecuadamente la realidad. En consecuencia, afirmó que los economistas suelen concluir que “la realidad está equivocada” cuando ésta no coincide con las hipótesis teóricas.

En contraposición reivindicó el enfoque de la Escuela Austríaca, especialmente los aportes de Hans-Hermann Hoppe y Jesús Huerta de Soto, al considerar que permiten demostrar la eficiencia del mercado sin recurrir a estructuras matemáticas que, a su juicio, terminan justificando intervenciones estatales contraproducentes.

También defendió los mercados concentrados y los rendimientos crecientes como condiciones necesarias para el proceso de innovación y crecimiento económico, argumentando que una regulación excesiva termina destruyendo los incentivos para invertir.

Uno de los momentos más ideológicos del discurso fue la asociación que estableció entre el capitalismo y los valores judeocristianos.

Milei afirmó que el capitalismo de libre empresa constituye “la maquinaria divina del progreso” porque encuentra sus fundamentos en los principios contenidos en las Tablas de la Ley entregadas a Moisés. En esa interpretación, sostuvo que la libertad individual, el derecho a la propiedad y la prohibición del robo forman parte del mismo entramado moral que permitió el desarrollo de Occidente.

Como contrapartida, calificó al marxismo como una doctrina “satánica”, a la que responsabilizó tanto por el empobrecimiento económico como por la muerte de más de 150 millones de personas durante el siglo XX. En ese contexto vinculó a la izquierda contemporánea con movimientos terroristas, argumentando que ambos comparten su rechazo al capitalismo y a Israel, al que definió como “el bastión de Occidente”.

El ajuste fiscal como decisión moral

La parte final del mensaje estuvo dedicada a justificar las principales medidas económicas adoptadas por su administración.

Milei sostuvo que el déficit fiscal representa una conducta inmoral porque, si se financia con emisión monetaria, constituye una forma de estafa mediante el impuesto inflacionario, mientras que si se cubre con endeudamiento traslada el costo a generaciones futuras.

Desde esa premisa explicó que descartó desde el inicio tres alternativas: aumentar impuestos, emitir dinero o recurrir a confiscaciones patrimoniales para estabilizar la economía. Según afirmó, esas herramientas vulneran el derecho de propiedad y contradicen el marco moral que guía su gestión.

En consecuencia, defendió el ajuste del gasto público implementado durante el primer año de gobierno, que describió como una reducción equivalente a cinco puntos del PBI, acompañada por una disminución cercana al 30% del gasto real y la eliminación de miles de regulaciones.

El Presidente aseguró que esas decisiones evitaron una hiperinflación que, según sus cálculos, podía alcanzar el 15.000% anual y permitieron iniciar una etapa de recuperación económica.

Como respaldo de esa estrategia, enumeró indicadores que, según sostuvo, muestran una mejora significativa: crecimiento del nivel de actividad, reducción de la inflación, caída de la pobreza y descenso de la indigencia. También afirmó que la deuda pública disminuyó y destacó que el proceso de estabilización se realizó “sin violar derechos de propiedad”.

Al cerrar su exposición, Milei reiteró que la prosperidad económica sólo puede sostenerse cuando las decisiones públicas respetan principios morales inalterables. En esa lógica, afirmó que la combinación entre valores judeocristianos, capitalismo de libre empresa y disciplina fiscal constituye el camino para “hacer grande nuevamente a la Argentina”, antes de concluir su intervención con su habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.

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El Gobierno volvió a cerrar mayo con superávit financiero y acumula saldo positivo equivalente al 0,2% del PBI

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El Sector Público Nacional registró en mayo un superávit financiero de $478.613 millones y un resultado primario positivo de $1,92 billones. En los primeros cinco meses de 2026, el Gobierno acumuló un superávit financiero del 0,2% del PBI y reafirmó el equilibrio fiscal como principal ancla del programa económico.

El Gobierno nacional volvió a exhibir un resultado positivo en las cuentas públicas durante mayo y consolidó el superávit fiscal como uno de los pilares de su estrategia macroeconómica. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones, incluso después de afrontar pagos de intereses de deuda por $1.445.754 millones, netos de las tenencias intra sector público.

Con este desempeño, el resultado acumulado de los primeros cinco meses de 2026 alcanza un superávit primario equivalente al 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI, un dato que el Ejecutivo presenta como una ratificación de la política de equilibrio fiscal implementada desde el inicio de la gestión.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional ascendieron durante mayo a $14,53 billones, con un incremento interanual nominal del 27,8%. Dentro de ese desempeño, los recursos tributarios crecieron un 30% respecto del mismo mes del año anterior.

El principal impulso provino del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación aumentó un 72,5% interanual, compensando parcialmente la caída observada en los Derechos de Exportación, que retrocedieron 17,4% como consecuencia de una menor recaudación por retenciones.

Desde el Palacio de Hacienda destacan que la evolución de los ingresos continúa respaldando el objetivo de sostener el equilibrio fiscal sin recurrir al financiamiento monetario del déficit.

El gasto primario cayó en términos reales, aunque crecieron las prestaciones sociales

Durante mayo, el gasto primario alcanzó los $12,61 billones, con un incremento nominal del 30,3% interanual. No obstante, descontando la inflación, el Gobierno sostiene que el gasto primario registró una reducción real del 2,2%.

Dentro de la estructura del gasto sobresale el comportamiento de las prestaciones sociales, que totalizaron $8,38 billones y crecieron 33,2% en términos nominales.

El informe oficial remarca que algunas partidas continuaron expandiéndose en términos reales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) mostró un crecimiento real del 8,6%, mientras que las jubilaciones y pensiones contributivas registraron una mejora del 1,2%.

Las remuneraciones del sector público, por su parte, ascendieron a $1,62 billones, con una variación nominal del 26,9%.

Universidades, energía y transporte explicaron buena parte de las transferencias

Las transferencias corrientes totalizaron $4,49 billones durante mayo.

Dentro de ese universo, las destinadas al sector público crecieron 47,4% interanual, impulsadas principalmente por un incremento del 89,1% en las partidas asignadas a las universidades nacionales.

En materia de subsidios económicos, el Estado destinó $784.178 millones, con un aumento del 6,8% respecto del mismo período del año anterior.

La mayor parte de esos recursos correspondió al sector energético, que recibió $523.417 millones, mientras que el transporte absorbió otros $258.687 millones.

En paralelo, el gasto de capital se ubicó en $183.519 millones, manteniéndose prácticamente estable respecto del mes previo y reflejando la continuidad del criterio de fuerte contención de la inversión pública.

Transferencia extraordinaria del Banco Central para reducir deuda del Tesoro

Uno de los datos relevantes del informe fiscal fue la transferencia de utilidades realizada por el Banco Central correspondiente a los resultados del ejercicio 2025.

El monto alcanzó los $24,4 billones y, según precisó el Ministerio de Economía, esos recursos fueron destinados principalmente a cancelar deuda que el Tesoro mantenía con la autoridad monetaria, una estrategia orientada a mejorar la composición del balance del sector público sin incrementar el gasto corriente.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el resultado de mayo vuelve a confirmar la vigencia del denominado “ancla fiscal”, considerada por el Gobierno como la principal herramienta para sostener la desaceleración de la inflación y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

La administración de Javier Milei argumenta que el mantenimiento del superávit permite avanzar gradualmente en la reducción de la presión tributaria y devolver recursos al sector privado, en línea con la estrategia oficial de consolidación fiscal y menor intervención del Estado en la economía.

Con cinco meses consecutivos de resultados acumulados positivos, el Gobierno busca consolidar una señal de disciplina fiscal en un contexto donde la evolución de la actividad económica, la recaudación y el financiamiento seguirán siendo variables determinantes para sostener el equilibrio de las cuentas públicas durante el resto del año.

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Las provincias cerraron 2025 con déficit fiscal y se profundiza la tensión entre los gobernadores y la Nación

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La situación fiscal de las provincias dio un giro durante 2025. Tras haber registrado superávit en 2024, el consolidado de los distritos subnacionales finalizó el año con déficit, producto de una combinación de menor crecimiento de los ingresos y una expansión del gasto que superó ampliamente la evolución de la recaudación. El deterioro de las cuentas públicas provinciales ayuda a explicar el creciente conflicto entre los gobernadores y el Gobierno nacional por la distribución de recursos y el financiamiento de las administraciones locales.

De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado sobre datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y del INDEC, las 23 jurisdicciones analizadas —con excepción de La Pampa, por falta de información completa— pasaron de un superávit primario de $4,8 billones en 2024 a un déficit de $380.000 millones en 2025, medido a valores constantes de mayo de 2026.

El deterioro fue aún más marcado en el resultado financiero. Una vez computado el pago de intereses de deuda, las provincias cerraron el ejercicio con un déficit de $3,6 billones, en contraste con el superávit de $2 billones alcanzado el año anterior. En términos agregados, el rojo fiscal representó el 2,1% de los ingresos totales provinciales y el equivalente al 0,33% del Producto Bruto Interno (PBI).

Menor actividad y caída de la recaudación

El informe atribuye el cambio de escenario principalmente al impacto de la desaceleración económica sobre los ingresos provinciales. Mientras la recaudación perdió dinamismo, el gasto continuó creciendo en términos reales.

Los ingresos totales aumentaron apenas un 3,4% interanual en términos reales, mientras que el gasto primario avanzó un 6,8%, ampliando el desequilibrio fiscal.

Entre los recursos, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por la mejora de la recaudación tributaria propia y de las contribuciones a los sistemas previsionales provinciales. Los ingresos tributarios locales crecieron un 3,6% real, con desempeños destacados del Impuesto de Sellos, que aumentó un 28,7%, y del impuesto Automotor, con una suba del 21,8%.

Sin embargo, esa mejora no alcanzó para compensar la menor dinámica de otros ingresos vinculados al nivel de actividad económica y a la coparticipación federal.

El gasto en personal volvió a ser el principal motor

Del lado de las erogaciones, el IARAF identifica al gasto en personal como el componente que más incidió en el aumento del gasto primario.

Según el estudio, las remuneraciones explicaron el 43% del incremento total del gasto provincial consolidado, consolidándose nuevamente como el principal factor de presión sobre las cuentas públicas.

También crecieron otros componentes relevantes del presupuesto provincial. La inversión real directa aumentó un 23,1% en términos reales, mientras que las prestaciones de la seguridad social registraron una expansión del 11%.

El deterioro de las finanzas provinciales también ayuda a comprender el endurecimiento de la relación entre los gobernadores y la administración nacional durante los últimos meses.

Frente a la caída de los recursos, el Gobierno nacional debió implementar en marzo un mecanismo excepcional que permitió adelantar fondos de coparticipación para aliviar las tensiones financieras de varias jurisdicciones.

El escenario fiscal de las provincias se convirtió así en uno de los principales focos de negociación entre las administraciones provinciales y la Casa Rosada, en un contexto donde la política de equilibrio fiscal del Gobierno nacional convive con crecientes dificultades financieras en los estados subnacionales.

La evolución de la actividad económica durante 2026 y el comportamiento de la recaudación serán variables determinantes para evaluar si las provincias logran recomponer sus cuentas o si el déficit observado en 2025 marca el inicio de un nuevo ciclo de restricciones fiscales.

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Caputo ratificó el rumbo económico y anticipó más reformas: “Los mejores meses están por venir”

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El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó su participación en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) para enviar una señal clara al mercado: el Gobierno considera que la etapa más difícil del programa económico quedó atrás y apuesta a consolidar un ciclo de crecimiento sostenido, desinflación y reformas estructurales que, según su visión, permitirán modificar patrones históricos de la economía argentina.

Ante ejecutivos financieros, empresarios y referentes del sector privado, el titular del Palacio de Hacienda defendió los resultados obtenidos durante los primeros dos años y medio de gestión y aseguró que los próximos 18 meses serán mejores que los anteriores. “Esperamos que los mejores meses sean los que vienen”, afirmó, en una exposición atravesada por un mensaje de confianza sobre la evolución de la actividad económica y el proceso de baja de la inflación.

Caputo sostuvo que la economía atraviesa una recuperación sostenida y destacó que la tendencia-ciclo del nivel de actividad acumula 24 meses consecutivos de crecimiento, un comportamiento que, según señaló, no se observaba desde 2011. Para el ministro, la mejora no responde a factores transitorios sino a un cambio estructural derivado del ordenamiento macroeconómico implementado desde diciembre de 2023.

La definición más fuerte de la jornada estuvo vinculada a la perspectiva política y económica de mediano plazo. El funcionario aseguró que espera un 2027 “totalmente atípico” respecto de los años electorales tradicionales en Argentina. Según explicó, el Gobierno proyecta llegar a ese período con crecimiento más acelerado, inflación en descenso y sin las tensiones cambiarias y financieras que históricamente acompañaron los procesos electorales.

El mensaje estuvo dirigido tanto a inversores locales como internacionales. Caputo insistió en que la administración de Javier Milei dispone de información y herramientas que permiten sostener el optimismo sobre la evolución de las variables económicas y remarcó que las proyecciones oficiales no responden a una estrategia comunicacional sino a diagnósticos construidos sobre datos concretos.

En materia de reformas, el ministro reivindicó la reglamentación de la modernización laboral como uno de los hitos más relevantes de la gestión. Consideró que la iniciativa facilitará una mayor formalización del empleo y contribuirá a ampliar la base tributaria sin necesidad de aumentar la presión fiscal.

En paralelo, confirmó que el Gobierno enviará al Congreso una nueva versión del proyecto de “Inocencia Fiscal”, incorporando observaciones realizadas por entidades profesionales. La apuesta oficial es que los ahorros que hoy permanecen fuera del circuito financiero se transformen en inversión productiva y potencien el crecimiento económico.

Caputo vinculó directamente ese proceso con la posibilidad de profundizar la reducción de impuestos. Recordó que la administración nacional ya eliminó o redujo tributos equivalentes a tres puntos del Producto Bruto Interno, unos 20.000 millones de dólares anuales, y aseguró que el objetivo sigue siendo disminuir la carga tributaria y los costos regulatorios para mejorar la competitividad.

Sin embargo, dejó en claro que la transformación impositiva no dependerá exclusivamente de la Nación. El ministro apuntó a las provincias y municipios, particularmente por el peso de Ingresos Brutos y las tasas locales. Aunque evitó confrontaciones, afirmó que observa una creciente predisposición de los gobernadores para acompañar el nuevo esquema económico.

Otro de los temas centrales fue la inflación. Caputo reconoció que durante el último año hubo episodios de volatilidad asociados a shocks políticos internos, pero aseguró que el sendero de desaceleración continúa intacto. Según explicó, el Gobierno espera que mayo confirme una nueva reducción del índice de precios y reiteró que la inflación argentina terminará convergiendo a niveles internacionales.

Para respaldar su argumento, comparó la experiencia local con otros programas de estabilización exitosos de América Latina y sostuvo que Argentina logró una reducción de la inflación más rápida que la observada en casos como Chile, Perú, México o Polonia.

En relación con el debate sobre la dolarización, el ministro aclaró que el objetivo del presidente Javier Milei nunca fue reemplazar completamente al peso sino avanzar hacia un esquema de competencia de monedas. En ese sentido, defendió las medidas destinadas a incentivar la circulación de dólares dentro de la economía formal y anticipó una transición hacia un sistema bimonetario similar al uruguayo, donde conviven pesos y dólares según el tipo de transacción.

Respecto del acceso al financiamiento, Caputo explicó por qué el Gobierno continúa sin regresar plenamente a los mercados internacionales. Según detalló, la decisión responde a criterios financieros y no a restricciones de acceso. Argumentó que la Nación puede refinanciar obligaciones mediante organismos multilaterales y emisiones locales a tasas más bajas que las disponibles actualmente en el mercado internacional.

Incluso afirmó que los vencimientos de deuda correspondientes a 2026 y 2027 ya se encuentran cubiertos y destacó el excelente vínculo que mantiene el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. “La relación con el FMI no puede ser mejor”, resumió.

El ministro también dedicó parte de su exposición al escenario internacional. Reconoció que la incertidumbre global representa un riesgo, especialmente por las tensiones geopolíticas, la persistencia de déficits fiscales en economías desarrolladas y los efectos de la inteligencia artificial sobre la demanda energética y las tasas de interés.

No obstante, sostuvo que Argentina enfrenta ese contexto desde una posición mucho más sólida que en el pasado. Destacó que el país exhibe simultáneamente superávit fiscal y superávit energético, una combinación inédita en las últimas décadas que, a su juicio, permite absorber mejor los shocks externos.

La conclusión de Caputo fue también una definición política. Reafirmó que el programa económico actual es distinto a los anteriores porque el orden macroeconómico no surgió de una crisis sino de una decisión política deliberada. Según su visión, esa diferencia marca un punto de quiebre en la historia económica argentina.

“Esta vez es diferente”, insistió. Para el ministro, la estabilización se consiguió respetando contratos y propiedad privada, sin recurrir a confiscaciones, corralitos o pesificaciones forzadas. En esa lógica, atribuyó al presidente Milei el liderazgo y la determinación necesarios para sostener un programa que considera excepcional en la historia reciente del país.

El mensaje final hacia el empresariado fue inequívoco: más disciplina fiscal, más desregulación, más apertura a la inversión privada y una profundización de las reformas estructurales. En palabras del propio ministro, el camino elegido exige “más ortodoxia que nunca”.

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