déficit fiscal

El Gobierno incumplió la meta fiscal con el FMI tras el déficit de junio

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El resultado fiscal de junio marcó un punto de inflexión para la estrategia económica del Gobierno nacional. Luego de varios meses exhibiendo el superávit como principal activo de la política macroeconómica, el Sector Público Nacional (SPN) cerró el sexto mes del año con un déficit superior a los $1 billón, un resultado que derivó en el incumplimiento de la meta fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el primer semestre de 2026.

El acuerdo vigente establecía un superávit acumulado de $6,9 billones entre enero y junio. Sin embargo, con el resultado negativo de junio, el Gobierno finalizó el semestre con un saldo de aproximadamente $6,3 billones, unos $570.000 millones por debajo del objetivo pactado, lo que obligaría a solicitar un waiver —la dispensa que el FMI concede cuando un país no alcanza una meta cuantitativa, aunque considera que el programa mantiene consistencia general— durante la próxima revisión del acuerdo.

El deterioro de las cuentas públicas en junio respondió a una combinación de factores extraordinarios y estacionales. El déficit del SPN alcanzó los $1.024.891 millones, explicado por una caída de los ingresos tributarios, el pago del medio aguinaldo, mayores erogaciones vinculadas a subsidios energéticos y la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó gran parte de la menor recaudación precisamente al cambio en el calendario tributario. Según explicó, el corrimiento del vencimiento de las declaraciones juradas desde junio hacia julio redujo transitoriamente los ingresos fiscales del sexto mes del año, efecto que podría revertirse cuando esos recursos ingresen efectivamente al Tesoro.

No obstante, distintos economistas advierten que la explicación no se limita al calendario impositivo. Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, señaló que el Gobierno también enfrentó mayores dificultades para continuar ajustando el gasto público, debido tanto al incremento de las prestaciones como al aumento de las transferencias destinadas a subsidios energéticos.

El comportamiento de la recaudación también refleja una economía que todavía no logra consolidar una recuperación suficientemente robusta. Durante junio, los ingresos tributarios registraron una caída superior al 10% en términos reales respecto del mismo mes del año anterior, una señal que comienza a generar interrogantes sobre la capacidad de sostener el equilibrio fiscal únicamente mediante el ajuste del gasto.

Desde GMA Capital sostienen que el desvío es relativamente acotado y no compromete el principal ancla macroeconómica del programa económico. Sin embargo, advierten que reduce el margen de maniobra para la segunda mitad del año y obliga a que el crecimiento económico comience a traducirse en una recuperación genuina de la recaudación tributaria. En otras palabras, la consolidación fiscal dependerá cada vez menos de los recortes presupuestarios y más del desempeño de la actividad económica.

En la misma línea, Fausto Spotorno consideró que el incumplimiento responde principalmente a un fenómeno estacional y sostuvo que el objetivo central será alcanzar la meta anual comprometida con el organismo internacional, más que el cumplimiento estricto del resultado semestral.

Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, coincidió en que el desvío es reducido y estimó que el Gobierno buscará compensarlo durante los próximos meses mediante una mejora en la recaudación asociada a una recuperación gradual del nivel de actividad.

El contexto adquiere mayor relevancia porque hacia fines de julio está prevista una nueva revisión del programa con el FMI, instancia que podría habilitar un desembolso superior a los US$680 millones. En ese marco, también se espera la visita a la Argentina de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, quien mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei, autoridades del Ministerio de Economía y representantes del sector privado.

Más allá del incumplimiento puntual, el episodio refleja una nueva etapa para la política fiscal argentina. Tras varios meses en los que el ajuste del gasto permitió alcanzar resultados históricos, el desafío comienza a desplazarse hacia la generación de ingresos sostenibles en un contexto de menor inflación, desaceleración tributaria y recuperación económica todavía heterogénea. El equilibrio fiscal ya no dependerá exclusivamente de la disciplina presupuestaria, sino también de la capacidad del crecimiento para ampliar la base tributaria sin recurrir a mayores cargas impositivas.

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Junio cerró con déficit fiscal, pero el Gobierno sostuvo el superávit acumulado en el primer semestre

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Las cuentas públicas registraron un traspié en junio, aunque el Gobierno nacional logró preservar el equilibrio fiscal acumulado durante la primera mitad del año. El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) cerró el sexto mes de 2026 con un déficit financiero de $1,02 billones, explicado por una combinación de menores ingresos tributarios y un incremento estacional del gasto asociado al pago del medio aguinaldo a jubilados y pensionados.

Pese al resultado mensual negativo, el balance del primer semestre continúa mostrando números positivos. Entre enero y junio, el SPN acumuló un superávit financiero equivalente al 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit primario cercano al 0,6% del PBI, manteniendo vigente el principal ancla del programa económico que impulsa el Gobierno nacional.

Durante junio, el resultado financiero arrojó un rojo de $1.024.891 millones, compuesto por un déficit primario de $696.843 millones y pagos de intereses de la deuda pública —netos de operaciones intra sector público— por $328.049 millones.

Desde el Palacio de Hacienda explicaron que el deterioro mensual respondió principalmente al traslado de los vencimientos del Impuesto a las Ganancias para personas humanas hacia julio, lo que redujo la recaudación del período, mientras que el gasto aumentó por el impacto del pago del aguinaldo a beneficiarios del sistema previsional.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron los $14,16 billones, con una expansión interanual superior al 22%. En tanto, los recursos tributarios crecieron 21,7% respecto de junio de 2025, aunque ese desempeño quedó condicionado por la postergación del calendario impositivo.

Por el lado del gasto, las erogaciones primarias ascendieron a $14,86 billones, con un incremento interanual del 37,7%. El principal componente continuó siendo el gasto previsional: las prestaciones sociales totalizaron $11,06 billones, un 38,1% más que un año atrás, impulsadas por la incorporación del medio aguinaldo.

Las remuneraciones del sector público alcanzaron los $1,61 billones, con una suba interanual del 20,2%, mientras que las transferencias corrientes crecieron 48,6% hasta los $3,54 billones. Dentro de ese rubro, Economía destacó el incremento de las partidas destinadas a las universidades nacionales.

En materia de subsidios, el Estado destinó $1,06 billones, de los cuales $714.381 millones correspondieron al sector energético y $348.916 millones al transporte. Por su parte, el gasto de capital se ubicó en $224.453 millones, mostrando una recuperación respecto del mes anterior.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el resultado acumulado confirma la continuidad de la política de disciplina fiscal, uno de los pilares centrales del programa económico. En esa línea, el ministro Luis Caputo sostuvo que “el orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico” y aseguró que la consolidación fiscal permitió avanzar con una reducción de impuestos nacionales equivalente a casi 3% del PBI desde 2024.

Si bien el déficit de junio refleja el impacto de factores estacionales y del calendario tributario, el dato que sigue observando el mercado es el comportamiento del resultado acumulado. Con un superávit primario del 0,6% del PBI en la primera mitad del año, el Gobierno mantiene margen para acercarse al objetivo comprometido con el Fondo Monetario Internacional, que establece una meta anual de 1,4% del PBI.

Imig Junio 2026 by CristianMilciades

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“Shutdown”: Milei propone un mecanismo para “apagar el Estado” cuando se agote el presupuesto

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El presidente Javier Milei volvió a colocar el equilibrio fiscal en el centro de su agenda política y económica al anticipar que el Gobierno trabaja en un proyecto para implementar un mecanismo de “shutdown” del Poder Ejecutivo, inspirado en el modelo estadounidense. La idea apunta a impedir que la administración siga comprometiendo gastos cuando se agoten las partidas autorizadas, salvo en áreas esenciales, y establecer una regla de disciplina fiscal mucho más estricta que la vigente en Argentina.

“Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, afirmó el mandatario durante una entrevista, donde explicó que la iniciativa forma parte de un paquete más amplio que incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y nuevas restricciones al financiamiento monetario del Tesoro.

La propuesta representa un cambio conceptual relevante: pasar de un sistema que permite la continuidad operativa del Estado mediante la prórroga presupuestaria a otro donde la falta de autorización de gasto implicaría la suspensión automática de actividades no esenciales.

El anuncio surgió mientras Milei describía la reforma que prepara para la autoridad monetaria. Según sostuvo, el Gobierno ya cuenta con una “versión unificada” del proyecto y buscará limitar de manera explícita cualquier forma de financiamiento del déficit por parte del Banco Central.

El Presidente cuestionó el esquema actual de la entidad y planteó que emitir para financiar al fisco debería tener consecuencias penales. “Emitir podría ser penado. Exactamente, porque es una estafa. La estafa y la falsificación de moneda es un delito penal”, sostuvo.

En esa lógica, la independencia del Banco Central y el cierre automático del gasto aparecen como dos piezas complementarias de un mismo objetivo: impedir que el déficit fiscal vuelva a financiarse mediante emisión monetaria.

El jefe de Estado adelantó que se reunirá esta tarde en Olivos con los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y el presidente del Central, Santiago Bausili.

“A partir de las 18 empezamos a reconstruir la base en la cual vamos a reparar 91 años de todo el daño que le hicieron a los argentinos. Nos juntamos a delinear el formato final de lo que va a ser la Carta Orgánica del Banco Central. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos”, señaló.

Qué es un “shutdown” en Estados Unidos

En el sistema estadounidense, un government shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto o una autorización transitoria de financiamiento antes de que se agoten los recursos disponibles. En ese escenario, las agencias federales sin fondos deben suspender actividades consideradas no esenciales, mientras continúan funcionando servicios críticos como seguridad, defensa, control aéreo y otras funciones estratégicas.

El caso más conocido se produjo durante la primera presidencia de Donald Trump, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, cuando el gobierno federal permaneció parcialmente cerrado durante 35 días por la disputa sobre el financiamiento del muro fronterizo con México.

Según la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, aquel cierre afectó a unos 800.000 empleados federales y generó una pérdida permanente de actividad económica estimada en unos US$3.000 millones.

La diferencia con el sistema argentino

El modelo actual argentino funciona de manera muy distinta. La Ley de Administración Financiera establece que, si el Congreso no aprueba el Presupuesto al inicio del ejercicio, continúa vigente el del año anterior con los ajustes correspondientes. Esa prórroga evita precisamente una paralización automática de la administración pública.

Por eso, para implementar un esquema similar al estadounidense sería necesaria una ley específica que modifique las reglas de ejecución presupuestaria.

La versión que analiza el Gobierno no implicaría necesariamente un cierre total del Estado, sino la imposibilidad de seguir comprometiendo o devengando gastos una vez agotada una partida, excepto en áreas exceptuadas o servicios esenciales.

La iniciativa se inscribe en la estrategia fiscal de Milei, basada en el objetivo de déficit cero y en la reducción permanente del tamaño del Estado.

Desde la visión oficial, un mecanismo de “apagado” presupuestario funcionaría como una restricción institucional fuerte para evitar expansiones del gasto no autorizadas y reforzar la credibilidad del programa económico.

Sin embargo, su eventual implementación abriría un debate complejo sobre la flexibilidad del Estado para responder a emergencias, la continuidad de servicios públicos y el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso en materia presupuestaria.

La señal política detrás del anuncio

Más allá de los detalles técnicos, el mensaje de Milei apunta a consolidar una idea central de su gobierno: el gasto público debe tener límites automáticos y no depender de decisiones discrecionales posteriores.

En un país acostumbrado a la prórroga de presupuestos y a la utilización de herramientas excepcionales para financiar al Tesoro, la propuesta busca instalar una regla de cierre mucho más rígida, alineada con la visión libertaria de disciplina fiscal y restricción del poder estatal.

El desafío será traducir esa lógica al sistema institucional argentino sin afectar la continuidad de funciones esenciales ni generar una parálisis administrativa de alto costo económico y social.

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El Tesoro le canjea bonos al BCRA y adquiere mayor poder de fuego para intervenir en el mercado

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La operación más relevante surge de la Resolución Conjunta 39/2026, mediante la cual el Tesoro intercambió tenencias del Banco Central en un bono ajustado por inflación (BONCER TZXD6, con vencimiento en diciembre de 2026) por dos Letras del Tesoro vinculadas al dólar oficial (LELINK), con vencimientos el 31 de julio y el 31 de agosto de este año. La conversión contempla hasta US$1.000 millones de valor nominal para cada instrumento, totalizando una capacidad de emisión de hasta US$2.000 millones.

La lectura del mercado fue inmediata. Diversos analistas interpretaron que la decisión fortalece la capacidad operativa del Banco Central para actuar sobre los instrumentos de cobertura cambiaria. En las últimas semanas, la autoridad monetaria incrementó su presencia en los mercados financieros buscando moderar expectativas de devaluación y contener la volatilidad de los contratos vinculados al tipo de cambio. Con una mayor tenencia de títulos dólar linked, el BCRA amplía su margen para intervenir en el mercado secundario y administrar la curva de cobertura.

La medida se produce en un contexto particularmente sensible. El Gobierno busca consolidar la desaceleración inflacionaria mientras enfrenta una mayor demanda estacional de pesos asociada al pago de aguinaldos y una dinámica cambiaria que continúa siendo observada de cerca por los inversores. De hecho, tras la última licitación de deuda, el Tesoro liberó cerca de $3 billones de liquidez que, según estimaciones privadas, terminarán absorbidos en buena medida por las necesidades de efectivo propias de esta época del año.

La operación también revela un cambio en la composición del riesgo financiero dentro del sector público. El Banco Central entrega un bono ajustado por CER y recibe instrumentos atados a la evolución del dólar oficial. En términos prácticos, el riesgo inflacionario es reemplazado por riesgo cambiario de corto plazo, una decisión alineada con la estrategia oficial de reducir gradualmente el peso de los instrumentos indexados por inflación dentro de la estructura de deuda.

Paralelamente, mediante la Resolución Conjunta 38/2026, Economía amplió la emisión de una Letra del Tesoro Nacional Intransferible en dólares con vencimiento en junio de 2031 por un monto de US$35,25 millones. Estos títulos serán entregados al Banco Central para cancelar parte de los intereses devengados por las letras intransferibles que el organismo posee en cartera.

La operación responde a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Presupuesto 2026, que dispone que el 60% de los intereses de estas letras debe ser refinanciado mediante nuevos títulos a cinco años, mientras que el 40% restante se cancela en efectivo. En este caso, los vencimientos corresponden a dos letras emitidas a comienzos de 2024 y cuyos cupones operan durante esta semana.

Más allá de su magnitud relativamente reducida, la decisión vuelve a poner en evidencia la estrategia oficial de refinanciar compromisos intraestado sin recurrir a emisión monetaria directa. El Gobierno busca preservar el equilibrio fiscal y mantener bajo control la expansión de la base monetaria, uno de los pilares centrales del programa económico de Javier Milei.

Desde una perspectiva más amplia, ambas medidas forman parte del proceso de reconfiguración financiera que impulsa el Palacio de Hacienda. El objetivo es doble: por un lado, sostener la estabilidad cambiaria en un año marcado por la liberalización progresiva de los controles y la normalización del mercado; por otro, fortalecer la capacidad de financiamiento del Tesoro sin incrementar significativamente las necesidades de emisión.

La decisión adquiere además relevancia política. Mientras la administración Milei profundiza el ajuste sobre las transferencias discrecionales a las provincias y mantiene una estricta disciplina fiscal, Economía refuerza simultáneamente las herramientas financieras para administrar las expectativas del mercado. El mensaje implícito es que el equilibrio de las cuentas públicas seguirá siendo la prioridad, pero acompañado de una gestión cada vez más sofisticada de los instrumentos de deuda y de las relaciones financieras entre el Tesoro y el Banco Central.

En definitiva, el canje de bonos y la ampliación de títulos intransferibles no modifican sustancialmente el volumen de deuda pública, pero sí alteran su composición y mejoran la capacidad operativa del Gobierno para navegar un escenario donde la estabilidad cambiaria continúa siendo uno de los principales activos políticos y económicos de la administración nacional.

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El FMI advierte a Paraguay por la transparencia fiscal y pone el foco en un activo clave: la credibilidad del grado de inversión

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó un mensaje que trasciende la discusión sobre el déficit fiscal de Paraguay y apunta a uno de los principales activos construidos por el país durante las últimas décadas: la credibilidad de su política económica. En la declaración preliminar de la misión del Artículo IV correspondiente a 2026, el organismo valoró la fortaleza macroeconómica paraguaya, pero advirtió que la transparencia en las cuentas públicas será determinante para sostener la confianza de los mercados y preservar el reciente doble grado de inversión.

El informe reconoce que Paraguay mantiene una de las economías más estables de América Latina. El FMI proyecta un crecimiento del 4,4% para este año, destaca la fortaleza del régimen de metas de inflación, el tipo de cambio flexible, el elevado nivel de reservas internacionales y el avance de reformas estructurales orientadas a mejorar la competitividad, la inversión privada y la productividad. Sin embargo, identifica un punto de vulnerabilidad que considera prioritario: la forma en que el Estado registra sus compromisos fiscales.

Actualmente, el Gobierno informa un déficit equivalente al 2,2% del Producto Interno Bruto, alrededor de US$1.300 millones sobre una economía cercana a los US$59.000 millones. No obstante, el FMI sostiene que esa cifra no refleja completamente la posición fiscal porque existen obligaciones acumuladas con proveedores —principalmente de Salud y Obras Públicas— que todavía no están plenamente incorporadas a las estadísticas oficiales. Esas deudas rondan los US$1.100 millones.

Si esos compromisos fueran registrados íntegramente bajo criterios contables más estrictos, el desequilibrio fiscal se acercaría al 4,1% del PIB, muy por encima del límite de 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal paraguaya. La observación del organismo no cuestiona únicamente el tamaño del déficit, sino la necesidad de que las cuentas públicas representen fielmente todas las obligaciones asumidas por el Estado.

En ese sentido, el FMI recomendó avanzar hacia un sistema de contabilidad basado en el principio de devengado, mediante el cual el gasto se registra cuando nace la obligación de pago y no cuando efectivamente se desembolsa el dinero. Para el organismo, este cambio mejoraría significativamente la transparencia fiscal y reduciría las diferencias entre la ejecución presupuestaria y la realidad financiera del sector público.

La misión también instó al Ministerio de Economía y Finanzas a fortalecer la coordinación entre el presupuesto, la planificación financiera y el flujo de caja, además de profundizar los controles sobre la ejecución del gasto. Entre las recomendaciones figura completar la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEBYS), garantizar su interoperabilidad con los sistemas de planificación de los distintos organismos públicos y evitar que las instituciones asuman compromisos sin respaldo presupuestario.

El propio Gobierno de Santiago Peña había identificado este problema al asumir la administración, cuando denunció el elevado volumen de obligaciones impagas heredadas y recurrió a emisiones de bonos soberanos para cancelar parte de esos compromisos. Durante los últimos meses se abonaron alrededor de US$330 millones a proveedores de Salud y Obras Públicas. Sin embargo, el FMI considera que aún persiste un importante stock de obligaciones que debe incorporarse plenamente a las estadísticas fiscales para fortalecer la credibilidad del esquema presupuestario.

El organismo incluso ofreció asistencia técnica para acompañar la implementación de estas mejoras, mediante capacitación a los equipos del Ministerio de Economía y Finanzas y apoyo en la transición hacia estándares internacionales de administración financiera.

Más allá del aspecto técnico, la advertencia tiene una dimensión estratégica. Paraguay consiguió durante años posicionarse como una de las economías más previsibles de la región gracias a una combinación de disciplina fiscal, estabilidad monetaria y reglas macroeconómicas consistentes. Ese recorrido permitió alcanzar el doble grado de inversión otorgado por dos de las principales agencias calificadoras internacionales, un hito que redujo el costo del financiamiento soberano y amplió el interés de los inversores extranjeros.

Precisamente por ese motivo, el FMI subraya que la consolidación fiscal no debe medirse únicamente por el cumplimiento de una meta numérica, sino también por la calidad institucional de la información que presentan las cuentas públicas. La confianza de los mercados depende tanto de la solvencia financiera como de la transparencia con la que los gobiernos informan sus obligaciones.

El informe también plantea que Paraguay deberá continuar el proceso de consolidación fiscal hasta converger nuevamente al límite de 1,5% del PIB previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal para 2028, aunque aclara que el reconocimiento de los atrasos acumulados implicará un incremento transitorio del déficit durante este año.

Al mismo tiempo, el Fondo recomendó ampliar la base tributaria mediante una mayor formalización de la economía, fortalecer la administración impositiva, revisar beneficios fiscales y mejorar la eficiencia del gasto público para generar espacio fiscal destinado a infraestructura y desarrollo sin comprometer la estabilidad macroeconómica.

El mensaje del organismo llega en un momento especialmente sensible para Paraguay. Con el grado de inversión recientemente consolidado y una creciente llegada de capitales atraídos por sectores como energía renovable, agronegocios, infraestructura e inteligencia artificial, cualquier señal que afecte la percepción sobre la transparencia fiscal podría ser observada con atención por las agencias calificadoras y los mercados internacionales.

En ese contexto, la advertencia del FMI funciona más como un llamado preventivo que como una señal de alarma inmediata. El desafío para la administración de Santiago Peña será demostrar que puede preservar el principal activo económico construido durante más de una década: una reputación internacional basada en disciplina fiscal, previsibilidad institucional y credibilidad frente a los inversores.

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