déficit fiscal

Caputo usa utilidades del BCRA para cancelar deuda y acelerar el saneamiento del balance del Central

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional avanzó con una nueva operación financiera orientada a recomponer el balance del Banco Central y reducir pasivos del Tesoro. Según informó el Ministerio de Economía, el BCRA puso a disposición del Tesoro Nacional $24,4 billones correspondientes a dividendos del ejercicio 2025, recursos que serán destinados en parte a reforzar depósitos oficiales y, principalmente, a cancelar Letras Intransferibles en poder de la autoridad monetaria.

La medida implica la utilización de $18,4 billones para recomprar Letras Intransferibles por un valor nominal estimado de USD 21.700 millones. De acuerdo con el comunicado oficial, la operación reducirá la deuda bruta del Tesoro en aproximadamente 3,3% del Producto Interno Bruto.

El restante de los fondos, unos $6 billones, será utilizado para constituir depósitos del Tesoro en el Banco Central, en un movimiento que el oficialismo presenta como parte de una estrategia de fortalecimiento patrimonial y estabilización monetaria.

El Gobierno apunta a desarmar uno de los pasivos históricos del BCRA

Las Letras Intransferibles fueron emitidas en años anteriores como mecanismo para compensar el uso de reservas internacionales por parte del Tesoro Nacional. Según explicó Economía, esos instrumentos reemplazaron activos líquidos —como dólares de reservas— por títulos “ilíquidos y sin valor de mercado”.

El comunicado oficial remarcó que esa operatoria había deteriorado el activo del Banco Central en un contexto de déficit fiscal y cierre del financiamiento voluntario. El Gobierno sostuvo además que, al inicio de diciembre de 2023, las reservas netas eran negativas en más de USD 11.000 millones.

La recompra de esos instrumentos aparece ahora como una de las piezas centrales del proceso de saneamiento del balance del BCRA iniciado por la administración de Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

El movimiento se conoció luego de que el Directorio del Banco Central aprobara los estados contables correspondientes a 2025, ejercicio en el que la entidad registró una ganancia de $34,3 billones. Según los datos oficiales, el resultado implicó una mejora del 34% respecto de 2024, mientras que el patrimonio neto alcanzó los $51,3 billones.

El BCRA atribuyó parte de esa mejora al recupero generado por la recompra de Letras Intransferibles y al incremento de reservas internacionales, que ascendieron a USD 41.095 millones al cierre de 2025.

El organismo también vinculó la mejora patrimonial con operaciones financiadas mediante desembolsos del FMI, acuerdos REPO con bancos internacionales y la valorización del oro.

La operación tiene además una lectura institucional y política. El Gobierno intenta mostrar consistencia fiscal y capacidad de ordenamiento financiero en un contexto donde la acumulación de reservas y la credibilidad monetaria siguen siendo variables observadas por el mercado y los organismos internacionales.

La decisión de utilizar utilidades contables del BCRA para cancelar deuda intraestado busca además reducir uno de los principales cuestionamientos históricos sobre la calidad de los activos del Central.

En paralelo, el Banco Central informó que continuará durante 2026 con el proceso de saneamiento de su hoja de balance y con un programa de compra de reservas preanunciadas, apoyado —según indicó— en la remonetización de la economía.

Qué cambia para la economía real

Aunque la operación ocurre dentro del sector público, el movimiento tiene efectos indirectos sobre el esquema económico general. La reducción de pasivos del Tesoro y la recomposición patrimonial del BCRA apuntan a fortalecer la estabilidad monetaria y financiera, dos variables clave para la estrategia antiinflacionaria del Gobierno.

También busca consolidar señales hacia acreedores e inversores en medio de un programa económico que mantiene el equilibrio fiscal como principal ancla.

El propio Banco Central destacó la reducción de intereses pagados por pasivos monetarios y la caída de los gastos de emisión, en línea con la política de contracción monetaria aplicada durante el último año.

Si el proceso de saneamiento financiero logra sostener la desaceleración inflacionaria y mejorar las condiciones de financiamiento, sectores productivos regionales podrían beneficiarse de una menor volatilidad cambiaria y monetaria. Sin embargo, el escenario todavía depende de variables externas, del nivel de reservas y de la capacidad oficial para sostener el equilibrio fiscal sin frenar la actividad.

El Gobierno exhibe la cancelación de Letras Intransferibles como una señal de normalización financiera y fortalecimiento institucional del Banco Central. Sin embargo, la consistencia de ese proceso seguirá atada a la evolución de reservas, la estabilidad cambiaria y el acceso al financiamiento.

La atención del mercado ahora se concentra en cómo evolucionará la estrategia de acumulación de divisas y en qué medida el saneamiento del balance del BCRA puede traducirse en una mayor estabilidad económica durante 2026.

Compartí esta noticia !

La recaudación cae por noveno mes y presiona el equilibrio fiscal del Gobierno

Compartí esta noticia !

Un análisis del presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz muestra que la recaudación tributaria nacional volvió a caer en términos reales en abril y extendió a nueve meses consecutivos la tendencia negativa. Según datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos alcanzaron los $17,4 billones, con una suba interanual nominal del 27,2%, pero insuficiente frente a la inflación estimada, lo que derivó en una contracción real.

El dato central no es mensual sino acumulativo: en los primeros cuatro meses de 2026, la recaudación crece 23,8% nominal, pero cae -6,7% en términos reales. La señal es consistente con una economía que pierde dinamismo y plantea un desafío directo para la estrategia fiscal del Gobierno.

Ingresos en retroceso y tensión fiscal

La recaudación es uno de los pilares del esquema fiscal. Su deterioro sostenido refleja, según los datos, dos factores simultáneos: menor actividad económica y decisiones de política tributaria.

El informe oficial señala que los ingresos continúan afectados por el frente externo, en particular por la reducción de alícuotas de derechos de exportación para productos clave como soja, trigo y maíz, junto con una desaceleración de importaciones. En términos concretos, esto implica menos recursos para el Estado en un contexto donde la consistencia fiscal sigue siendo un objetivo central.

Caída generalizada con focos de compensación

El comportamiento de los principales tributos muestra un cuadro heterogéneo, pero con predominio de caídas reales:

  • IVA: recaudó más de $6 billones, con suba nominal del 28,3%, pero caída real cercana al 3%. El dato expone el enfriamiento del consumo interno.
  • Ganancias: alcanzó $3,1 billones, con incremento nominal del 28%, aunque también con caída real (3,2%), limitada por menores retenciones y ajustes en liquidaciones.
  • Derechos de exportación: registraron el mayor impacto negativo, con una caída real significativa, explicada por la baja de alícuotas.

En contrapartida, algunos tributos vinculados a la nominalidad o a decisiones impositivas específicas mostraron mejoras:

  • Impuesto al cheque: subió 35,1% nominal, con leve crecimiento real.
  • Combustibles: avanzó 74,1% nominal, impulsado por actualizaciones del tributo.

El cuadro general indica que los aumentos no alcanzan a compensar la caída de los tributos más relevantes en términos de volumen.

La persistencia de la caída real en la recaudación condiciona el margen de maniobra del Gobierno. La combinación de menor ingreso y compromiso de orden fiscal genera una tensión estructural: sostener el equilibrio con menos recursos.

En términos de poder, el escenario fortalece el peso de las decisiones de política tributaria —como la reducción de retenciones— y traslada presión hacia la administración del gasto. Al mismo tiempo, expone la dependencia del esquema fiscal respecto del nivel de actividad económica.

Consumo, exportaciones y actividad

Los datos permiten una lectura directa sobre la economía real: La caída del IVA sugiere menor consumo. La debilidad en Ganancias refleja menor dinamismo en ingresos y utilidades. El retroceso en derechos de exportación combina efecto precio, volumen y cambios normativos. Y la desaceleración de importaciones evidencia menor nivel de actividad o ajuste en el comercio.

En conjunto, la recaudación funciona como termómetro: los ingresos fiscales retroceden porque la economía pierde tracción.

En provincias del NEA, donde el consumo interno y las economías regionales tienen peso, la caída del IVA y de tributos asociados al comercio puede traducirse en menor circulación económica.

Asimismo, los cambios en derechos de exportación sobre productos agropecuarios —aunque no específicos de la región— forman parte del esquema que redefine incentivos productivos a nivel nacional, con posibles efectos en cadenas vinculadas.

Recaudación, actividad y política fiscal

La continuidad de la tendencia abre interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema fiscal en los próximos meses. Variables clave a observar serán la evolución de la actividad económica, el impacto pleno de las modificaciones impositivas y la capacidad del Gobierno para compensar la caída de ingresos.

Si la recaudación no logra revertir la tendencia, el desafío no será sólo técnico, sino político: administrar un programa económico con menor margen fiscal en un contexto aún inestable.

Compartí esta noticia !

La recaudación crece en nominal pero cae en términos reales y expone el costo fiscal de la baja de retenciones

Compartí esta noticia !

La recaudación tributaria de abril alcanzó los $17.400.833 millones, con una suba interanual del 27,2%, según datos oficiales. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, los ingresos del Estado registraron una caída real del 4%, encadenando nueve meses consecutivos de retroceso. El dato, difundido este 4 de mayo por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), refleja una dinámica fiscal condicionada por la actividad económica y por decisiones de política tributaria.

El número sintetiza una tensión central: el Gobierno logra sostener ingresos nominales en crecimiento, pero pierde capacidad recaudatoria en términos reales en un contexto de reformas impositivas y menor aporte del comercio exterior.

Reformas tributarias y menor aporte externo

El desempeño de abril se explica, en parte, por cambios en la estructura impositiva. Según el informe oficial, la recaudación continúa “incidida negativamente por los menores ingresos vinculados al comercio exterior”, producto de dos factores: la desaceleración de las importaciones y la reducción de alícuotas en los derechos de exportación, especialmente en productos clave como soja, trigo y maíz.

Esa decisión implica un costo fiscal directo. Los derechos de exportación registraron una caída interanual del 13,3%, con ingresos por $574.547 millones. La baja de alícuotas —detallada en el informe— redujo la carga sobre el sector agroexportador, pero también recortó recursos del Estado.

En paralelo, la dinámica de importaciones también condicionó la recaudación. Los derechos de importación crecieron 15,8%, pero desde una base elevada y con impacto negativo de medidas como la utilización de créditos fiscales para cancelar tributos.

Crecimiento desigual entre impuestos

El mapa tributario muestra comportamientos heterogéneos. El IVA —principal fuente de ingresos— recaudó $6.049.934 millones, con una suba nominal del 28,3%. Sin embargo, el componente aduanero creció menos (21,6%), reflejando el menor dinamismo del comercio exterior.

El impuesto a las Ganancias aportó $3.136.961 millones (+28,0%), mientras que el tributo a los débitos y créditos bancarios —considerado un termómetro de la actividad— avanzó 35,1%, alcanzando $1.426.170 millones.

Los recursos de la Seguridad Social, por su parte, sumaron $4.552.872 millones (+26,6%), aunque el incremento nominal no logra compensar la inflación, lo que sugiere una caída en términos reales.

En contraste, Bienes Personales mostró una suba más moderada (12%), con $65.783 millones recaudados.

En Derechos de Exportación se obtuvieron $ 574.547 millones con una variación interanual negativa de -13,3%. Por otra parte, por Derechos de Importación y otros, ingresaron $ 588.298 millones con una variación interanual de 15,8%. 

El esquema revela una redistribución de cargas dentro del sistema tributario. La reducción de retenciones favorece al complejo agroexportador —uno de los principales generadores de divisas—, pero reduce ingresos fiscales en el corto plazo.

Al mismo tiempo, el peso de la recaudación se sostiene sobre impuestos vinculados al consumo (IVA) y a la actividad financiera (débitos y créditos), lo que traslada parte del esfuerzo tributario hacia la economía interna.

Desde la perspectiva del Gobierno, la estrategia combina estímulo sectorial con disciplina fiscal. Sin embargo, la persistencia de caídas reales en la recaudación introduce una restricción: limita el margen para sostener el equilibrio de las cuentas públicas sin ajustes adicionales.

Señales mixtas de actividad

Los datos tributarios funcionan como proxy de la economía real. El crecimiento del impuesto al cheque por encima del promedio sugiere cierta reactivación en la operatoria corriente, mientras que el desempeño del IVA indica un consumo que no logra despegar en términos reales.

La Seguridad Social aporta otra señal: el incremento nominal, por debajo de la inflación, refleja tensiones en el mercado laboral, ya sea por menor empleo registrado o por pérdida de poder adquisitivo.

En conjunto, el cuadro es de estabilidad nominal con fragilidad real.

Para economías como Misiones y el NEA, el comportamiento de la recaudación tiene impacto indirecto pero relevante. La menor recaudación vinculada al comercio exterior puede afectar la masa de recursos coparticipables, mientras que la evolución del IVA y la Seguridad Social incide en la dinámica del consumo y el empleo regional.

La baja de retenciones, en tanto, podría tener efectos positivos sobre sectores productivos vinculados al agro, aunque el impacto concreto dependerá de la transmisión a precios y niveles de actividad.

Informe Recaudación Tributaria de Abril by CristianMilciades

Sostenibilidad fiscal bajo presión

Con ingresos acumulados por $68 billones en el primer cuatrimestre (+23,8% interanual), la recaudación mantiene una trayectoria nominal ascendente. Sin embargo, la continuidad de caídas reales plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema fiscal.

Entre las variables a observar aparecen la evolución de la actividad económica, el impacto pleno de las reformas tributarias y el comportamiento del comercio exterior. A esto se suma un dato clave: cambios normativos recientes —como la eliminación de impuestos internos— comenzarán a impactar con mayor fuerza en los próximos meses.

El resultado fiscal dependerá, en buena medida, de cómo se reconfigure ese equilibrio entre alivio impositivo, nivel de actividad y capacidad de recaudación.

Compartí esta noticia !

El Gabinete de Milei se asegura aumentos de 123% y salarios de hasta $8 millones

Compartí esta noticia !

En la Casa Rosada lo llaman “descongelamiento salarial”, pero el impacto político es inevitable: mientras el presidente Javier Milei insiste en que mantiene congelado su sueldo desde que asumió, más de mil funcionarios de la primera línea del Estado nacional recibirán una recomposición acumulada del 123,8% en apenas cinco meses.

La medida quedó formalizada a través del decreto 931/2025, firmado el 2 de enero por Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y establece una fuerte actualización para ministros, secretarios, subsecretarios, titulares de organismos, presidentes de empresas públicas y responsables de entes autárquicos.

El objetivo oficial es equiparar los salarios de la alta conducción del Estado con los incrementos pactados en las paritarias del sector público, luego del congelamiento aplicado desde diciembre de 2023, en el inicio de la gestión libertaria.

Ministros arriba de los $8 millones

A partir de junio, los ministros y secretarios con rango ministerial cobrarán un sueldo bruto de $8.019.338, contra los $3.584.006 que percibían en diciembre de 2025. La suba acumulada alcanza así el 123,8%.

Los secretarios pasarán de $3.282.709 a $7.345.634, mientras que los subsecretarios escalarán de $2.981.513 a $6.761.656.

No se trata de un salto único, sino de una secuencia de aumentos escalonados mes a mes, que también impacta en más de 500 cargos jerárquicos de organismos descentralizados, empresas estatales y sociedades con participación pública.

En total, la recomposición alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales, gerentes de empresas públicas y titulares de organismos estratégicos, superando ampliamente el millar de funcionarios.

El propio decreto incorpora una cláusula de contención: si la Administración Pública Nacional registra déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones de la plana mayor del Estado quedarán automáticamente congeladas.

Es decir, la continuidad de los aumentos dependerá directamente de uno de los principales pilares del programa económico libertario: el ajuste fiscal que se aplica al resto del Estado y los recortes al presupuesto, tanto operativo como de inversiones de los ministerios.

Pese al fuerte incremento, los salarios del Poder Ejecutivo siguen por debajo de los ingresos del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

Diputados y senadores nacionales perciben remuneraciones brutas superiores a los $11 millones mensuales.

En la Justicia, los jueces de Cámara cobran entre $12 y $15 millones por mes, mientras que los jueces de Casación se ubican entre $13 y $16 millones. En la cima del sistema salarial estatal aparecen los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con haberes que rondan los $20 millones mensuales.

Así, mientras el discurso oficial mantiene el foco en el ajuste y la austeridad, la primera línea del Estado empieza a recuperar poder adquisitivo a un ritmo muy superior al del resto de la administración pública.

Compartí esta noticia !

Gobierno acelera privatizaciones y fija como meta vender todas las empresas públicas

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional profundizó su estrategia de retiro del Estado de la actividad productiva y ratificó que el objetivo es desprenderse de la totalidad de las empresas públicas. Así lo confirmó Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quien detalló que hay más de 40 firmas en proceso de privatización o cierre, en una política que apunta a redefinir el rol estatal en la economía.

La definición no es menor: según lo expuesto, la decisión abarca tanto compañías deficitarias como aquellas con balances positivos. El criterio no distingue desempeño, sino que responde a una directiva política central. “El objetivo es vender todo. Todas”, sostuvo el funcionario, al tiempo que aclaró que la discusión pasa ahora por los tiempos y las condiciones de cada operación.

Del déficit fiscal al rediseño del Estado

El proceso se inscribe en una lógica económica basada en el equilibrio fiscal y en la reducción del gasto público. Desde la visión oficial, las empresas estatales representan una carga estructural financiada por el conjunto de la población.

Chaher planteó que el problema no es coyuntural sino sistémico: incluso cuando las compañías logran ordenarse, ese equilibrio puede perderse si no operan bajo reglas de mercado. Bajo este diagnóstico, el Gobierno considera que la gestión pública no garantiza sostenibilidad en el tiempo.

En paralelo, el plan incluye una reconfiguración jurídica. La conversión de 13 empresas en Sociedades Anónimas busca, según lo informado, imponer estándares de control y transparencia similares a los del sector privado. Esta transformación funciona como paso previo a su eventual venta.

Ventas masivas, cierres y búsqueda de inversores

La hoja de ruta oficial contempla distintos mecanismos según el caso. En empresas como AySA, se proyecta la venta del 90% del paquete accionario, con un 10% reservado para los empleados. En otros casos, directamente se avanza en el cierre de estructuras consideradas sin función operativa.

El proceso también incluye activos estratégicos como Transener, donde ya se recibieron ofertas por USD 887 millones para adquirir parte del control accionario. Según lo informado, el Gobierno prioriza inversores con experiencia en los sectores involucrados, con el objetivo de sostener la operación a largo plazo.

Otro eje clave es el “blindaje” de las privatizaciones. La estrategia apunta a diseñar contratos que encarezcan eventuales intentos de reestatización, mediante penalidades económicas y compromisos internacionales.

Además, el esquema se extiende a sectores como energía (Enarsa), transporte ferroviario y aerocomercial, donde el Gobierno ya manifestó su intención de avanzar sin excepciones.

Concentración de decisiones y respaldo político

La centralización de la estrategia en la Agencia de Transformación refleja un alineamiento directo con la conducción política del Ejecutivo. La consigna de vender todas las empresas no surge de evaluaciones sectoriales aisladas, sino de una definición política integral.

En ese marco, el Gobierno refuerza su narrativa de disciplina fiscal y eficiencia como ejes de gestión. La decisión de no diferenciar entre empresas rentables y deficitarias implica un cambio respecto de modelos anteriores, donde se buscaba sostener ciertas compañías por su valor estratégico.

Al mismo tiempo, el enfoque legal para blindar las operaciones revela una preocupación por la sostenibilidad política del proceso en el tiempo, más allá del actual mandato.

Inversión, activos y mercado local

Desde el punto de vista económico, el proceso abre un escenario de transferencia de activos hacia el sector privado. Según lo señalado, una parte significativa de las operaciones recientes fue protagonizada por capitales locales, lo que marca un cambio respecto de experiencias anteriores.

El Gobierno sostiene que no se trata de una liquidación de activos, sino de una búsqueda de inversores que consideren viables los negocios en el contexto argentino. Sin embargo, el valor de las empresas y las condiciones de venta siguen siendo objeto de debate en el mercado.

En sectores como energía y transporte, la reconfiguración podría impactar en la estructura de costos y en la dinámica de inversión, aunque los efectos concretos dependerán de la implementación de cada proceso.

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin