déficit fiscal

El Gabinete de Milei se asegura aumentos de 123% y salarios de hasta $8 millones

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En la Casa Rosada lo llaman “descongelamiento salarial”, pero el impacto político es inevitable: mientras el presidente Javier Milei insiste en que mantiene congelado su sueldo desde que asumió, más de mil funcionarios de la primera línea del Estado nacional recibirán una recomposición acumulada del 123,8% en apenas cinco meses.

La medida quedó formalizada a través del decreto 931/2025, firmado el 2 de enero por Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y establece una fuerte actualización para ministros, secretarios, subsecretarios, titulares de organismos, presidentes de empresas públicas y responsables de entes autárquicos.

El objetivo oficial es equiparar los salarios de la alta conducción del Estado con los incrementos pactados en las paritarias del sector público, luego del congelamiento aplicado desde diciembre de 2023, en el inicio de la gestión libertaria.

Ministros arriba de los $8 millones

A partir de junio, los ministros y secretarios con rango ministerial cobrarán un sueldo bruto de $8.019.338, contra los $3.584.006 que percibían en diciembre de 2025. La suba acumulada alcanza así el 123,8%.

Los secretarios pasarán de $3.282.709 a $7.345.634, mientras que los subsecretarios escalarán de $2.981.513 a $6.761.656.

No se trata de un salto único, sino de una secuencia de aumentos escalonados mes a mes, que también impacta en más de 500 cargos jerárquicos de organismos descentralizados, empresas estatales y sociedades con participación pública.

En total, la recomposición alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios, directores nacionales, gerentes de empresas públicas y titulares de organismos estratégicos, superando ampliamente el millar de funcionarios.

El propio decreto incorpora una cláusula de contención: si la Administración Pública Nacional registra déficit fiscal financiero acumulado, las retribuciones de la plana mayor del Estado quedarán automáticamente congeladas.

Es decir, la continuidad de los aumentos dependerá directamente de uno de los principales pilares del programa económico libertario: el ajuste fiscal que se aplica al resto del Estado y los recortes al presupuesto, tanto operativo como de inversiones de los ministerios.

Pese al fuerte incremento, los salarios del Poder Ejecutivo siguen por debajo de los ingresos del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

Diputados y senadores nacionales perciben remuneraciones brutas superiores a los $11 millones mensuales.

En la Justicia, los jueces de Cámara cobran entre $12 y $15 millones por mes, mientras que los jueces de Casación se ubican entre $13 y $16 millones. En la cima del sistema salarial estatal aparecen los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con haberes que rondan los $20 millones mensuales.

Así, mientras el discurso oficial mantiene el foco en el ajuste y la austeridad, la primera línea del Estado empieza a recuperar poder adquisitivo a un ritmo muy superior al del resto de la administración pública.

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Gobierno acelera privatizaciones y fija como meta vender todas las empresas públicas

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El Gobierno nacional profundizó su estrategia de retiro del Estado de la actividad productiva y ratificó que el objetivo es desprenderse de la totalidad de las empresas públicas. Así lo confirmó Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quien detalló que hay más de 40 firmas en proceso de privatización o cierre, en una política que apunta a redefinir el rol estatal en la economía.

La definición no es menor: según lo expuesto, la decisión abarca tanto compañías deficitarias como aquellas con balances positivos. El criterio no distingue desempeño, sino que responde a una directiva política central. “El objetivo es vender todo. Todas”, sostuvo el funcionario, al tiempo que aclaró que la discusión pasa ahora por los tiempos y las condiciones de cada operación.

Del déficit fiscal al rediseño del Estado

El proceso se inscribe en una lógica económica basada en el equilibrio fiscal y en la reducción del gasto público. Desde la visión oficial, las empresas estatales representan una carga estructural financiada por el conjunto de la población.

Chaher planteó que el problema no es coyuntural sino sistémico: incluso cuando las compañías logran ordenarse, ese equilibrio puede perderse si no operan bajo reglas de mercado. Bajo este diagnóstico, el Gobierno considera que la gestión pública no garantiza sostenibilidad en el tiempo.

En paralelo, el plan incluye una reconfiguración jurídica. La conversión de 13 empresas en Sociedades Anónimas busca, según lo informado, imponer estándares de control y transparencia similares a los del sector privado. Esta transformación funciona como paso previo a su eventual venta.

Ventas masivas, cierres y búsqueda de inversores

La hoja de ruta oficial contempla distintos mecanismos según el caso. En empresas como AySA, se proyecta la venta del 90% del paquete accionario, con un 10% reservado para los empleados. En otros casos, directamente se avanza en el cierre de estructuras consideradas sin función operativa.

El proceso también incluye activos estratégicos como Transener, donde ya se recibieron ofertas por USD 887 millones para adquirir parte del control accionario. Según lo informado, el Gobierno prioriza inversores con experiencia en los sectores involucrados, con el objetivo de sostener la operación a largo plazo.

Otro eje clave es el “blindaje” de las privatizaciones. La estrategia apunta a diseñar contratos que encarezcan eventuales intentos de reestatización, mediante penalidades económicas y compromisos internacionales.

Además, el esquema se extiende a sectores como energía (Enarsa), transporte ferroviario y aerocomercial, donde el Gobierno ya manifestó su intención de avanzar sin excepciones.

Concentración de decisiones y respaldo político

La centralización de la estrategia en la Agencia de Transformación refleja un alineamiento directo con la conducción política del Ejecutivo. La consigna de vender todas las empresas no surge de evaluaciones sectoriales aisladas, sino de una definición política integral.

En ese marco, el Gobierno refuerza su narrativa de disciplina fiscal y eficiencia como ejes de gestión. La decisión de no diferenciar entre empresas rentables y deficitarias implica un cambio respecto de modelos anteriores, donde se buscaba sostener ciertas compañías por su valor estratégico.

Al mismo tiempo, el enfoque legal para blindar las operaciones revela una preocupación por la sostenibilidad política del proceso en el tiempo, más allá del actual mandato.

Inversión, activos y mercado local

Desde el punto de vista económico, el proceso abre un escenario de transferencia de activos hacia el sector privado. Según lo señalado, una parte significativa de las operaciones recientes fue protagonizada por capitales locales, lo que marca un cambio respecto de experiencias anteriores.

El Gobierno sostiene que no se trata de una liquidación de activos, sino de una búsqueda de inversores que consideren viables los negocios en el contexto argentino. Sin embargo, el valor de las empresas y las condiciones de venta siguen siendo objeto de debate en el mercado.

En sectores como energía y transporte, la reconfiguración podría impactar en la estructura de costos y en la dinámica de inversión, aunque los efectos concretos dependerán de la implementación de cada proceso.

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Caputo busca respaldo empresario y promete crecimiento sostenido en la cumbre AmCham

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El ministro de Economía, Luis Caputo, se presentó este martes ante empresarios en la cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y pidió confianza en el programa económico del Gobierno. Allí aseguró que el país “será el que más crecerá en los próximos 30 años” y proyectó que los próximos 18 a 20 meses podrían marcar el mejor desempeño en décadas.

El mensaje se dio en una jornada atravesada por dos variables clave: la difusión del índice de inflación de marzo —que, según lo esperado, rondaría el 3%— y el inminente viaje del equipo económico a Washington para avanzar en la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de destrabar un desembolso de US$1000 millones.

Estabilización, FMI y señales al mercado

La exposición de Caputo se inscribe en una estrategia del Gobierno para consolidar expectativas en el sector privado. El ministro defendió que la actual gestión implementó un esquema económico inédito en el país y sostuvo que la estabilidad macroeconómica es el eje central del programa.

En ese marco, destacó la utilización de herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que acumula 35 proyectos por un total de US$85.000 millones, según lo informado. La iniciativa apunta a generar previsibilidad y atraer capital en sectores estratégicos.

La agenda oficial también incluye negociaciones con el FMI, donde el Gobierno busca cerrar la segunda revisión del acuerdo vigente. Esa instancia resulta clave para sostener el flujo de financiamiento externo.

Nueva lógica económica y reconfiguración del consumo

Uno de los ejes del discurso fue la reinterpretación del comportamiento económico actual. Frente a las señales de caída en algunos indicadores, Caputo rechazó la idea de una contracción generalizada y planteó que existe una “heterogeneidad” en la actividad.

Según explicó, el cambio de modelo —basado en la reducción del déficit, menor presión impositiva y mayor apertura— modificó los incentivos. En ese nuevo escenario, algunas empresas reducen operaciones mientras otras expanden su actividad e incluso exportan.

El ministro vinculó esta dinámica con una transformación del consumo. Afirmó que ya no responde a conductas defensivas frente a la inflación —como el sobrestockeo— sino a decisiones más racionales en un contexto de mayor estabilidad.

Respaldo condicionado del sector privado

El planteo del Gobierno apunta a consolidar apoyo empresarial en una etapa de transición. La presencia de ejecutivos, gobernadores y funcionarios en el evento refleja la centralidad del mensaje político: sostener el rumbo económico pese a señales mixtas en la actividad.

Caputo también dejó una definición implícita sobre el rol del sector privado: la adaptación al nuevo esquema será determinante. En su exposición, diferenció entre empresas que ajustan su estructura y aquellas que invierten para competir en un mercado más abierto.

Inflación, inversión y empleo en transición

El ministro insistió en que la inflación “va a tener certificado de defunción”, vinculando su evolución a la demanda de dinero, la confianza y la baja de tasas de interés. En paralelo, proyectó una recuperación de la actividad impulsada por la inversión, más que por el consumo.

En el plano laboral, reconoció que algunos sectores industriales registran caídas, mientras el empleo total crece con mayor peso de la informalidad. Según explicó, este fenómeno responde a un proceso de reconversión hacia servicios, que ya representan cerca del 60% de la economía local.

Impacto indirecto en Misiones y el NEA

Aunque el discurso tuvo un alcance nacional, las definiciones económicas tienen impacto en las economías regionales. En provincias como Misiones, donde la estructura productiva combina industria, servicios y economías primarias, los cambios en consumo e inversión pueden traducirse en dinámicas dispares.

La evolución del crédito, la obra pública —como los corredores viales anunciados— y la llegada de inversiones bajo el RIGI aparecen como variables a seguir para medir el efecto territorial del modelo.

Inflación, financiamiento y reacción del mercado

El Gobierno enfrenta un escenario donde las expectativas juegan un rol central. La publicación del índice de inflación, el resultado de la negociación con el FMI y la respuesta del sector privado serán determinantes para validar —o tensionar— el diagnóstico oficial.

También quedará bajo observación la evolución del consumo, el empleo industrial y la capacidad del programa para sostener un crecimiento basado en inversión.

El rumbo está definido, pero su consolidación dependerá de variables que todavía no terminan de estabilizarse.

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Caputo admite dudas sobre la recuperación y anticipa posible rebote inflacionario

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Un reconocimiento incómodo en pleno proceso de estabilización. El 1 de abril, en la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó una señal que no suele aparecer en la narrativa oficial: admitió su “preocupación” por la velocidad de la recuperación económica y anticipó que la inflación de marzo podría interrumpir la tendencia descendente.

El dato introduce una fisura en el discurso del Gobierno. Mientras sostiene que el programa económico no se modificará, el propio titular del Palacio de Hacienda reconoce que la actividad podría mostrar señales de retroceso —con un EMAE de febrero “para abajo”— y que los precios podrían acelerar. ¿Se trata de una advertencia preventiva o de un primer ajuste discursivo frente a datos menos favorables?

Entre la consistencia del plan y los límites de la economía real

El planteo de Caputo se inscribe en una defensa explícita del modelo económico. Aun con las señales de desaceleración, el ministro sostuvo que “no nos va a desviar del rumbo” y reafirmó la meta oficial.

Sin embargo, el diagnóstico revela tensiones concretas. Por un lado, el consumo no logra consolidar un repunte sostenido. Por otro, la actividad muestra signos de enfriamiento en indicadores clave. En ese contexto, el funcionario reconoció que la economía tiene potencial para crecer entre 9% y 10%, pero dejó implícito que ese escenario aún no se materializa.

El discurso también abordó un punto estructural: la política fiscal y las retenciones. Caputo expresó su intención de llevar los Derechos de Exportación a cero, aunque advirtió que una baja inmediata generaría déficit fiscal. La ecuación es directa: sin equilibrio fiscal, el financiamiento volvería a tensionar el esquema económico.

Ese límite condiciona cualquier decisión. El Gobierno prioriza el orden fiscal como ancla central, incluso cuando eso retrasa medidas de estímulo que podrían acelerar la actividad.

Señales al mercado y disputa de expectativas

El reconocimiento de posibles desvíos en inflación y actividad tiene un doble impacto. Hacia el mercado, funciona como una señal de realismo: el programa no desconoce los costos de corto plazo. Pero hacia la política, también redefine la narrativa.

Caputo vinculó la resistencia al programa con sectores que “estaban cómodos con el modelo anterior”. Esa lectura introduce una dimensión de conflicto: el ajuste no solo es económico, también es político.

Al mismo tiempo, el ministro descartó de plano la posibilidad de una devaluación como herramienta de competitividad, en un mensaje dirigido tanto a economistas como a actores del sistema productivo. La definición busca cerrar el debate interno sobre el tipo de cambio, uno de los puntos más sensibles para la estabilidad del programa.

En ese marco, el Gobierno intenta sostener una expectativa: que los fundamentos —PIB, exportaciones, consumo privado y cosecha— respalden la estrategia en el mediano plazo. Pero el corto plazo aparece más incierto.

Un programa que entra en fase de prueba

Las próximas semanas serán clave para validar el diagnóstico oficial. La evolución de la inflación de marzo y los datos de actividad definirán si la desaceleración es transitoria o si marca un cambio de tendencia.

El Gobierno enfrenta un equilibrio delicado. Mantener el rumbo implica sostener el ajuste y la disciplina fiscal, pero la demora en la recuperación puede erosionar el respaldo social y político.

La definición de Caputo deja abierta esa tensión. El programa económico no se modifica, pero empieza a mostrar sus límites en la velocidad de los resultados. La incógnita ya no es solo si el plan funciona, sino cuándo empieza a sentirse en la economía cotidiana.

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La recaudación crece 26,2% pero pierde contra la inflación y acumula ocho meses de caída real

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La recaudación tributaria de marzo volvió a encender una señal de alerta en el frente fiscal: aunque alcanzó los $16.071.028 millones y mostró un crecimiento interanual del 26,2%, el dato quedó por debajo de la inflación estimada en torno al 33% en los últimos doce meses. El resultado no sólo implica una nueva caída en términos reales, sino que extiende a ocho meses consecutivos la contracción del ingreso tributario ajustado por precios, en un contexto donde el Gobierno sostiene su estrategia de alivio impositivo y enfrenta tensiones crecientes en la relación con las provincias.

El dato, informado el 1 de abril de 2026 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), confirma una moderación en el ritmo de expansión de los recursos fiscales y abre un interrogante central: ¿hasta qué punto la baja de impuestos y la desaceleración de la actividad condicionan la capacidad de financiamiento del Estado?

Menos ingresos reales y señales de enfriamiento fiscal

El número de marzo no sólo quedó por debajo de la inflación interanual, sino también del registro de febrero, cuando la recaudación había alcanzado $16,2 billones. En términos acumulados, el primer trimestre cerró con ingresos por $50.640.483 millones, con una suba del 22,7% interanual, consolidando una dinámica de crecimiento nominal pero con pérdida de poder real.

Desde el organismo recaudador explicaron que el resultado estuvo afectado por la ausencia de ingresos clave: “no hubo ingresos de anticipos de Ganancias de sociedades con cierre de ejercicio de diciembre (el más importante del año) ni anticipo de Ganancias de personas humanas”. Este factor puntual amplificó una tendencia más estructural: la desaceleración de la recaudación en términos reales.

En paralelo, el efecto de la baja de impuestos y retenciones también incidió en el resultado final, reduciendo el flujo de recursos disponibles. Este punto introduce un componente político relevante, ya que la política tributaria no sólo impacta en la macroeconomía, sino también en la distribución de recursos entre Nación y provincias.

IVA y Seguridad Social sostienen, Ganancias se rezaga

El desempeño de los principales tributos mostró un comportamiento heterogéneo. El IVA neto se consolidó como el principal sostén de la recaudación, con ingresos por $5.619.607 millones y un crecimiento interanual del 28,7%. Dentro de este tributo, el componente impositivo avanzó 32,5%, mientras que el IVA aduanero creció 19,1%, evidenciando una brecha entre el mercado interno y el comercio exterior.

Por su parte, el Impuesto a las Ganancias recaudó $2.609.519 millones, con una suba del 17,1%, claramente por debajo del promedio general. La dinámica del tributo refleja tanto la ausencia de anticipos como una menor tracción relativa frente a otros ingresos.

El impuesto a los Débitos y Créditos mostró uno de los mayores incrementos, con $1.304.386 millones y una suba del 38,4%, mientras que los recursos de la Seguridad Social alcanzaron $4.451.245 millones, con un crecimiento del 28,5%, en línea con la evolución de los salarios formales.

A nivel agregado, el subtotal de impuestos avanzó 31,8%, mientras que los recursos aduaneros crecieron apenas 9,5%, confirmando el menor dinamismo del sector externo frente a la actividad interna.

Tensión fiscal y reparto de recursos

La caída real de la recaudación introduce una variable clave en la dinámica política: el margen fiscal del Gobierno se vuelve más estrecho justo cuando necesita sostener equilibrio en las cuentas públicas y, al mismo tiempo, administrar demandas territoriales.

En este escenario, la menor recaudación impacta directamente en la masa coparticipable, lo que tiende a tensar la relación con las provincias. La combinación de baja de impuestos, menor ingreso real y desaceleración económica configura un triángulo complejo para la gobernabilidad fiscal.

Al mismo tiempo, el comportamiento dispar de los tributos refuerza una lectura estructural: el consumo interno —reflejado en el IVA— sigue siendo el principal sostén, mientras que el comercio exterior y los impuestos más vinculados a resultados empresariales muestran menor dinamismo.

RECAUDACIÓN MARZO by CristianMilciades

Un equilibrio en construcción

La dinámica de marzo no redefine por sí sola el rumbo fiscal, pero sí marca un punto de atención. La continuidad de caídas reales en la recaudación obliga a observar de cerca dos variables: la evolución de la inflación y el impacto efectivo de la política tributaria sobre la actividad.

En las próximas semanas, el foco estará puesto en si esta tendencia se consolida o si aparecen factores estacionales o económicos que permitan revertirla. En un escenario donde cada punto de recaudación cuenta, la tensión entre alivio impositivo y sostenibilidad fiscal seguirá en el centro del tablero.

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